domingo, 3 de febrero de 2013

BANCO MALO (SAREB)


Lo peor del banco malo

El mal llamado banco malo, Sareb, nace tarde y mal. El deterioro acumulado de las carteras de las entidades financieras es tan acusado, que el precio establecido de traspaso es tan ficticio, como la rentabilidad prometida por el ideólogo del mismo.
1.    ¿Qué es un banco malo?

El llamado banco malo (aquel que el 22 de abril de 2012 no iba a existir, "ni bueno ni malo", según el ministro de Economía, Luis de Guindos) ya es una realidad, desde el pasado 1 de diciembre. La Sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria (Sareb) nace como una de las contrapartidas impuestas a España por la UE para la inyección de un préstamo de 41.000 millones para la recapitalización de la banca española con déficit de recursos propios. El banco malo sigue los precedentes de otras experiencias (bad bank) que tuvieron lugar en EE UU en los años 80, en Suecia, Noruega y Finlandia en los 90 y en Irlanda tras el rescate a fines de 2010. Sin embargo, su estreno adolece de una serie de requisitos que sí tuvieron que cumplir sus homónimos europeos en el pasado. Por un lado, el Estado español ha hecho dejación de funciones a la hora de auditar las entidades intervenidas y nacionalizadas. Ha tenido que ser una supuesta empresa independiente, Oliver Wyman, en la que trabajó el actual Secretario de Estado de Economía, la que haya hecho una auditoria, cuantificando las necesidades de capital de las entidades afectadas. Es decir se ha entregado a una entidad, con posibles intereses creados, el diagnóstico del problema, hurtando a la sociedad española de la información exacta y fidedigna, aún cuando, el coste final de la intervención se va a sufragar con dinero público.

En segundo lugar, los gestores de dichas entidades no han sido juzgados a instancia del propio Estado, quien debería haber sido muy beligerante en apartar directamente a los responsables de la mala gestión que ha devengado en la mayor crisis financiera desde los años 70. Esta ha sido una de las principales diferencias con la solución de la crisis bancaria de Suecia en 1992. Finalmente, la no asunción de quitas de deuda privada, previa a la inyección de capital, es otro elemento diferenciador, que permitió a Suecia transitar hacia una banca saneada con un coste para el contribuyente mínimo.

Su funcionamiento:
Se trata de constituir una sociedad, sin ficha bancaria, que asuma a bajo coste, y con grandes descuentos sobre su valor contable, los bienes inmobiliarios dañados (suelo, viviendas y promociones) en poder de la banca, así como los créditos ligados a esas operaciones que estén en mora y con dificultad de cobro. Se pretende así aliviar los balances de las entidades en dificultades. Al traspasar esos activos al banco malo las entidades con problemas generan liquidez y, aunque asumirán pérdidas al ceder esos activos a bajo precio, se librarán de un lastre que les está consumiendo capital y exigiéndoles dotaciones crecientes, y que ya entrañan de facto pérdidas latentes.

El trasvase de tales activos supone una reducción inmediata de los riesgos de la entidad y, en consecuencia, la disminución súbita de los elevados recursos propios adicionales (capital y reservas) que se le exigen al sector financiero español, en aplicación de los ambiciosos requerimientos impuestos a la banca de forma específica y diferencial respecto a los bancos de otros países.

El banco malo gestionará los activos para su venta, lo que sin duda es un grave error, pues debería ser el instrumento clave para el mercado del aqluier tan raquítico que tiene España. Y deberá hacerlo de forma que obtenga rentabilidad. El esquema parte de la premisa de que tendrá mayores expectativas de lograr beneficios cuanto más barato adquiera esos activos, y en la medida en que una recuperación de la economía y de la demanda inmobiliaria le posibilite recolocar en el mercado a mayor precio el suelo, los locales, las viviendas y las promociones que haya asumido. Estas premisas, dada la situación del mercado, serán casi imposibles de cumplir.

Tras haber incurrido la sociedad y economía españolas y su sistema financiero en uno de los más descomunales endeudamientos privados del mundo desarrollado en los 15 años anteriores a la crisis (lo que generó la más fastuosa burbuja inmobiliaria del área), las distintas vías que se intentaron desde 2009 para que el sector financiero pudiera depurar por sí mismo los excesos acumulados y su elevada exposición al riesgo del sector de la edificación se demostraron insuficientes. Se ensayaron fusiones, extinción de entidades, bancarización de las cajas, reducciones de empleos y oficinas, inyección de ayudas públicas del FROB, aumentos sucesivos de capital y dotaciones y cinco reformas financieras consecutivas. Pero al final hubo que acudir al rescate europeo. En este punto, merece destacarse que las acciones tanto del gobierno anterior, como del actual, han estado lejos de las mejores prácticas posibles.

Ningún sector económico se ha reestructurado sin ayudas públicas y el auxilio por parte del resto de la economía. Se vivió en la minería, la siderurgia, los astilleros, el textil, el sector agrario y otros. La banca no ha sido distinta. Y la creación del banco malo, junto con los recursos procedentes de Europa, más los ya aportados previamente por el Estado a través del FROB, suponen el reconocimiento de que el sector financiero no es una excepción.

Pero además supone también la constatación de una evidencia contraria al sentimiento generalizado en la sociedad española: el mayor endeudamiento español es privado y no público. De aquí que el primer -y por ahora único- rescate de la economía se produce sobre la banca (sector privado) por la desorbitada deuda que contrajeron con ella en las últimas dos décadas empresas y familias (también sector privado).

La sociedad Sareb es una de las dos vías de recapitalización bancaria diseñada en el plan de rescate europeo. El Eurogrupo autorizó el 9 de junio la concesión de 100.000 millones a España para ese fin. Luego, y tras la auditoría realizada a la banca española por Oliver Wyman por encargo de la Comisión Europea, esas necesidades han quedado limitadas a 41.000 millones.

De esta cuantía, 37.000 millones serán inyectados, a través del FROB, a las cinco entidades nacionalizadas; 1.500 millones serán aportados a las entidades consideradas viables pero precisadas de ayudas, y 2.500 millones serán aportados como capital público a la sociedad Sareb. Estos 41.000 millones, concedidos a muy bajo tipo de interés, contabilizarán como endeudamiento público español -en un ejemplo más de socialización de deudas privadas-, porque será el Estado y no la banca el que responda de su devolución al mecanismo europeo de rescate.

2.    ¿Por qué casi nadie quiere ser accionista?

Sareb, cuya sociedad gestora se anunció el 31 de agosto, debería culminar la semana próxima la consecución de accionistas privados que aporten más de 2.500 millones. La ley de creación del banco malo exige que el capital privado tenga mayoría accionarial en Sareb: el 55% frente al 45% del Estado.

Pero el Gobierno se ha encontrado con dificultades extremas para captar accionistas. Grandes fondos de inversión, operadores internacionales, fondos buitres, inversores especulativos, grupos inmobiliarios, ven con recelo la operación. La principal causa de la falta de entusiasmo es que los descuentos a los que Sareb comprará los activos de la banca (una quita media del 63% sobre el valor bruto en libros para activos adjudicados y del 45,6% en préstamos) podrían ser insuficientes para garantizar una futura recolocación a precios de mercado que permitan generar beneficios.

Esta convicción revela la creencia de que, aunque el Gobierno ha dado 15 años de plazo a Sareb para que sea rentable, los inversores siguen viendo con preocupación la evolución de la economía española, y perciben que aún tiene una larga travesía del desierto por delante antes de que pueda reactivar el mercado de la vivienda. El elevado stock de viviendas terminadas y sin salida, sumado a los inmuebles inmovilizados en los balances bancarios y a una morosidad al alza (que amenaza con más desahucios) revelan que España tardará muchos años en digerir tamaña congestión de ladrillo, suelo y préstamos a promotores y familias.

En la cautela de los inversores subyace la intuición de que el mercado inmobiliario español aún no ha hecho las suficientes correcciones a la baja de los precios para que se puedan volver a casar oferta y demanda. Y más cuando, con el paro al alza y con previsiones negativas del PIB para al menos 2013 y parte de 2014, apenas hay demanda. Y máxime cuando no hay facilidades de créditopara quienes quieren y pueden comprar vivienda.

Pero muchos inversores internacionales han creído ver una mayor oportunidad al margen de Sareb a la espera de que las ventas que realice el banco malo y el paso del tiempo contribuyan a una mayor caída de los precios. Parten de la premisa de que los precios no bajaron todavía con la intensidad con que ocurrió en otros países con menos «burbuja» inmobiliaria porque la banca retuvo en sus balances los activos adjudicados para frenar el deterioro de los precios y no tener que aflorar aún mayores pérdidas en sus balances.

Un mayor hundimiento de los precios favorecería a los compradores, pero tendría un efecto empobrecedor adicional sobre los españoles con vivienda en propiedad, las familias que no han terminado de pagar las que habitan, los promotores y constructores(muchos de los cuales tienen construcciones sin vender o en marcha) y los bancos, con activos inmobiliarios ejecutados y con clientes en mora cuyo bien hipotecado pasaría a valer mucho menos que el crédito que se les concedió para la adquisición de ese activo.

Para tratar de combatir esta expectativa de caída adicional de precios que vuelva a dañar al sistema financiero, el Banco de España y el FROB advirtieron de que las quitas que exigirá Sareb a los bancos no son transmisibles al resto de activos análogos que permanezcan en los balances de las entidades. Pero esto quien lo va a decidir es el mercado.

Para solventar esta insuficiencia de inversores internacionales dispuestos a poner dinero en Sareb (se mantienen, no obstante, conversaciones con varios fondos extranjeros), las autoridades han logrado ir reclutando por persuasión o presión a la banca nacional sana y no necesitada de ayudas (y que, por lo tanto, no transmitirá activos al banco malo) y al sector asegurador español, así como a filiales españolas de operadores internacionales de ambos sectores. Pese a ello, existe la creencia de que el Gobierno, se supone que con la anuencia de la UE, podría tener que acabar rebajando su objetivo de participación privada del 55% al 51%. En este caso, el Estado suscribirá el 49% y no el 45%.

Lo que más sorprende es que el segundo banco en importancia español, el BBVA, no ha querido entrar en el capital de Sareb, probablemente por razones más personales y políticas que económicas, pero sí que ha demostrado cierta inteligencia al rechazar entrar a sufragar el coste de la mala gestión y tener que acometer en breve una gran ampliación de capital, pues las necesidades futuras serán manifiestamente mayores.

En ambos casos, la operación es una gran mutualización de la inmensa deuda acumulada por los agentes privados para deglutirla entre todos y desatascar la peligrosa deriva bancaria, el colapso del crédito y el bloqueo económico. Hay precedentes internacionales en los que los «bancos malos» dieron resultados y otros en que no. Y hay experiencias de éxito que generaron beneficios y antecedentes que acabaron en pérdidas. La mejor sin duda, fue la sueca, curiosamente hecha por un gobierno conservador al que no le tembló el pulso para exigir contraprestaciones pecuniarias, e incluso jurídicas, a los malos gestores de entonces.

3.    Expectativas y alternativas

El mal llamado banco malo, Sareb, nace tarde y mal. El deterioro acumulado de las carteras de las entidades financieras es tan acusado, que el precio establecido de traspaso es tan ficticio, como la rentabilidad prometida por el ideólogo del mismo.

En primer lugar, nadie sabe en España cual es el verdadero precio de transacción de los inmuebles, pues las fuentes utilizadas incorporan sesgos difícilmente mesurables.

En segundo lugar, no se puede valorar activos en los que no hay mercado, como es el caso del suelo, especialmente el rústico. Ante esta dificultad, las valoraciones realizadas apenas tienen valor empírico para  poder prever una evolución del banco malo.

En tercer lugar, cuando se traspasan activos tóxicos, y no ha parado la tendencia decreciente de los precios, surgen los riesgos de quiebra ante insuficiencias de capital requerido. Como no hay estimación de las caídas adicionales de precio, y por tanto del deterioro adicional de la cartera de Sareb, los posibles inversores extranjeros, pero también nacionales, huirán de este tipo de inversiones, y solo se quedará el Estado y las entidades satélites obligadas por el propio ejecutivo.

La alternativa para que esto funcione, al margen de transparencia y reducción de costes salariales en la cúpula, es que se constituya como una verdadera entidad pública que germine y cristalice la verdadera necesidad social y económica para cumplir con el precepto constitucional de acceso a la vivienda. Que se constituya como un banco público que ejerza de garante del cuidado y financiación de un parque público de vivienda en alquiler, con especial atención al alquiler social y profesional.

Para ello, debería contar con un equipo muy profesional, muy independiente, y sobre todo que se creyese el proyecto desde una óptica de servicio público. Por supuesto, ninguno del Consejo de Administración contratado cumple con estas premisas.

5 comentarios:

  1. La Sociedad de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) registrará unas pérdidas de 5,49 millones en 2012 debido al esfuerzo que ha tenido que hacer para impulsar su puesta en funcionamiento, según han informado a Europa Press fuentes del llamado 'banco malo'.

    La sociedad someterá a votación sus cuentas anuales en la junta general de accionistas que se celebrará el próximo 29 de mayo en primera convocatoria. Estas cuentas responden a un ejercicio "más corto de lo habitual", ya que la Sareb comenzó a funcionar como tal el pasado 28 de noviembre.

    En esta convocatoria también se aprobará el sueldo que ha percibido la presidenta de la sociedad, Belén Romana, en este periodo de tiempo, que asciende a 32.916 euros (su remuneración máxima anual se encuentra en 498.000 euros), y el del director general, Walter de Luna, de 32.083 euros.

    Romana y De Luna no pueden cobrar más de 500.000 euros anuales, el mismo límite de retribución que se ha impuesto a los directivos de entidades que han recibido ayudas públicas. Esta cantidad incluye retribución fija y variable en el caso de los dos altos directivos de la Sareb, por lo que es más "restrictiva" que la que afecta a la banca con ayudas, explican las fuentes.

    Está previsto que la junta apruebe la retribución que reciben los 15 miembros del consejo de administración, que a cierre de diciembre han percibido 142.917 euros. Por su parte, los consejeros no ejecutivos han recibido 7.000 euros de media. Sareb ha precisado que hay dos consejeros (Rodolfo Martín Villa y Remigio Iglesias) que han renunciado a percibir su remuneración.

    Las citadas fuentes han indicado que los consejeros recibirán una cantidad fija anual de 75.000 euros, que ascenderán a 85.000 si están en algún otro órgano y a 95.000 euros sin son presidentes de algún comité.

    Emisión de deudas y cambio de estatutos
    La junta de accionistas también autorizará al consejo de la Sareb a realizar una emisión de deuda por un máximo de 20.000 millones de euros para atender al vencimiento de bonos.

    Por otra parte, en esta convocatoria se llevará a cabo una modificación de los estatutos, en la que se contempla la sustitución de la remuneración fija que perciben los consejeros por una retribución fija aminorada más unas dietas. También se eliminará el punto de los estatutos en el que se contemplaba la posibilidad de prorratear las retribuciones de las vacantes no cubiertas del consejo.

    Finalmente, está previsto que en la junta de accionista se vote la autorización a los miembros del consejo de administración para que puedan dedicarse por cuenta ajena a un género de actividad complementario al que constituye el objeto social de la Sareb.

    El último plan de negocio de la Sareb actualizado en marzo, reelaborado por la consultora KPMG ante las nuevas perspectivas económicas, prevé unas pérdidas netas de 47 millones este año, para no volver a incurrir en 'números rojos' hasta cinco años después, cuando se alcanzarán los 60 millones.

    Las pérdidas netas en 2018 se explican en la caída del ritmo de las ventas (al pasar de 3.448 millones de euros en 2017 a 2.989 millones) y los gastos por la comercialización de activos. El 'banco malo' se anotará un récord de beneficio en 2016, hasta 762 millones de euros.

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  2. Manuel Lago: “¿Por qué la banca no quería el banco malo?”

    Más que un proceso de saneamiento a lo que estamos asistiendo es a un intenso proceso de concentración de poder en el sistema financiero que pasa por una dura reestructuración del sector, con un elevado coste económico, cierre de oficinas y pérdida de miles de empleos, que está configurando un oligopolio financiero con muy pocos jugadores.

    En el interesante trabajo de Alejandro Inurrieta echo en falta la formulación, y por lo tanto la respuesta, a una pregunta que en mi opinión es muy relevante pero que sin embargo no ha tenido cabida ni en este texto ni en el debate general sobre la reestructuración del sistema financiero español.

    La pregunta es ¿porque las entidades financieras españolas, al menos las más importantes del sector, se han opuesto a la creación del banco malo? No me refiero a sus reticencias a participar en el capital social de la SAREB, algo que está muy bien explicado en el texto, sino a la propia creación del banco como lo que es, un instrumento para el saneamiento del balance de los bancos que, casi inevitablemente, se transformara en un proceso de socialización de pérdidas.

    De forma reiterada y durante casi cuatro años, la oligarquía bancaria se ha opuesto a realizar un proceso de reestructuración pública y ordenada del sector. Era esta oligarquía la que hablaba por la boca de Zapatero cuando se afirmaba que el sistema financiero español era el más sólido del mundo, lo que venía a decir que no hacía falta ningún proceso de reestructuración del mismo, algo que si se estaba produciendo en todos los países de la UE y en EE.UU.

    Y el ministro de Guindos prestaba su voz para decir todavía el 22 de abril de 2012 que el banco malo no iba a existir nunca en España, como bien recuerda Inurrieta en su texto.

    En la mayoría de los análisis críticos el banco malo es el vehículo, el instrumento, para la socialización de perdidas, algo que también dice Inurrieta en su texto cuando plantea que la falta de interés de los inversores en la SAREB se debe a que los descuentos con los que compró los activos pueden ser insuficientes para generar beneficios en el futuro.

    Dicho de otra forma, es más que probable que la SAREB comprara los activos por encima de su precio real (decir de mercado es un poco arriesgado en este momento) y esto es socializar pérdidas para beneficiar a las entidades que se desprenden de estos activos inmobiliarios.

    Pues a pesar de esto, el banco malo era rechazado por el sector y tanto el gobierno de Zapatero como el de Rajoy se plegaron ante esta decisión. Porque el banco malo solo se creó cuando lo impuso la Comisión Europea como condición a su aportación de fondos, en realidad préstamos a bajo tipo de interés, para el saneamiento de las entidades españolas con dificultades.

    Quiero terminar con una aproximación a esta en principio sorprendente posición de la banca española. Más que un proceso de saneamiento a lo que estamos asistiendo es a un intenso proceso de concentración de poder en el sistema financiero que pasa por una dura reestructuración del sector, con un elevado coste económico, cierre de oficinas y pérdida de miles de empleos, que está configurando un oligopolio financiero con muy pocos jugadores.

    Si en el comienzo de la crisis se hubiera realizado un plan de reordenación del sector, con participación pública, dirigido por el gobierno, con un banco malo ”bueno”, es más que posible que las entidades nacionalizadas/liquidadas hubieran podido continuar en solitario, algunas incluso seguir siendo cajas, y no haber pasado a engordar a los tres gigantes del sector.

    Y a lo peor aquí está la clave del rechazo: impedir la viabilidad de entidades para quedarse con ellas por 1 euro y un esquema de protección de activos que garantiza su negocio.

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  3. Gabriel Flores: “Después del banco malo”

    PARTE 1

    La puesta en marcha del banco malo puede aliviar en algo la situación, pero no aporta ninguna solución al racionamiento del crédito ni a los altos costes financieros que soportan empresas y hogares. En todo caso, va a facilitar un proceso de oligopolización del sector bancario y un impulso del ajuste de plantillas y sucursales que concluirán en un mayor dominio, si cabe, de los grandes grupos.
    Acertado y completo artículo de Alejandro Inurrieta sobre la Sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria (Sareb). Nada que objetar a lo escrito. Añadiré algún acento sobre la escasa utilidad del banco malo para mejorar la economía real y sobre la necesidad de depurar responsabilidades e imputar los costes políticos, económicos y penales que procedan a los responsables del desastre.

    El día después de la puesta en marcha del banco malo, la situación patrimonial del conjunto del sistema bancario sigue siendo muy frágil. A pesar de su recapitalización, el crecimiento del desempleo va a continuar degradando la solvencia de las entidades. La socialización de las pérdidas, mediante el traspaso a la Sareb de los activos vinculados al ladrillo que han sufrido los mayores deterioros de valor, no va a impedir que los créditos bancarios de dudoso cobro, que ya suponen en torno al 12% del total de préstamos concedidos, sigan creciendo al ritmo que marque una situación económica que en el corto plazo es de recesión y en el medio plazo se verá afectada por la pérdida de crecimiento potencial.

    La mejora experimentada por los mercados financieros de la eurozona a partir del pasado verano es evidente, pero esa relativa calma no es suficiente ni permite presagiar que vaya a ser duradera. La situación de la economía real no acompaña la mejor situación de los mercados financieros ni va a acompañarla en un futuro próximo previsible (años 2013 y 2014).

    Los créditos bancarios al sector privado muestran tasas negativas de crecimiento desde 2009 y los costes financieros que soportan las empresas españolas siguen siendo muy altos (superiores al 5% a tipo fijo), con un diferencial respecto a las empresas francesas de dos puntos porcentuales y de medio punto respecto a las italianas.

    La persistencia de tasas medias de interés a largo plazo muy superiores al crecimiento real del PIB produce consecuencias muy negativas. En primer lugar, hace que el proceso de desendeudamiento de agentes económicos públicos y privados sea muy lento y costoso, tanto en términos económicos como sociales. En segundo lugar, alienta el retroceso de la inversión productiva y, como consecuencia, destrucción de tejido empresarial y pérdida de cualificaciones laborales que debilitan el crecimiento potencial y aumentan el desempleo estructural. Y en tercer lugar, supone un impedimento añadido para la recuperación de la demanda de bienes de consumo.

    sigue parte 2.

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  4. Gabriel Flores: “Después del banco malo”

    PARTE 2

    La deuda pública española va a seguir creciendo, al menos hasta finales de 2014 (fecha en la que alcanzará, en el escenario más favorable, una cuantía próxima al 100% del PIB). Y a ese aumento de la deuda pública hay que sumar la elevada correlación que existe entre riesgo soberano y riesgo bancario y su previsible aumento como consecuencia de los más que probables nuevos procesos de recapitalización de los bancos con fondos públicos (diversas estimaciones señalan que las necesidades de capitales suplementarios del sector bancario español en los próximos dos años podrían alcanzar hasta 25.000 millones de euros) y del notable nivel (197.000 millones de euros al acabar el año 2012) de deuda pública española que mantienen en sus activos los bancos españoles.

    La puesta en marcha del banco malo puede aliviar en algo la situación, pero no aporta ninguna solución al racionamiento del crédito que sufren empresas y hogares ni a los altos costes financieros que soportan los agentes económicos. En todo caso, va a facilitar un proceso de oligopolización del sector financiero y un impulso del ajuste de plantillas y sucursales que concluirán en un mayor dominio, si cabe, de los grandes grupos bancarios.

    Los últimos gobiernos de España podrían haber hecho mucho para disminuir la intensidad de esos problemas, sobre todo si se compara con lo muy poco que han hecho hasta ahora y los muy malos resultados obtenidos. Pero, qué duda cabe que la solución definitiva a los problemas de segmentación de los mercados financieros de la eurozona, fuerte heterogeneidad de las condiciones de financiación del sector privado entre los Estados miembros y extrema debilidad de los flujos de capitales privados hacia los países del sur de la eurozona requieren una solución comunitaria vinculada al desarrollo de formas de federalismo y mutualización de la deuda que por ahora no cuentan en la Unión Europea con apoyos políticos y sociales suficientes.

    La constitución del banco malo no puede servir para borrar u olvidar los errores y delitos cometidos por los responsables de la desastrosa situación del sector bancario. Existe un gravísimo problema político asociado a la pésima gestión realizada por gobiernos y máximas autoridades del Banco de España. No se trata tan sólo de que las acciones emprendidas hayan “estado lejos de las mejores prácticas posibles”. Me parece excesivamente piadosa o prudente esa crítica a los responsables de decisiones que, lejos de preservar la solvencia del sector bancario, han desembocado en el rescate financiado por la Unión Europea y la socialización de las pérdidas generadas por equipos directivos incompetentes y corruptos.

    La corrupción y unas acciones permisivas, escasamente éticas y, en ocasiones, delictivas atraviesan toda la década anterior al estallido de la burbuja inmobiliaria y los cinco años de crisis. Afectan directamente a gestores de las entidades bancarias que, como recuerda el artículo de Inurrieta, no han sido juzgados, y a los directivos de las cuatro grandes empresas auditoras y de buena parte de las sociedades vinculadas a la construcción y el sector inmobiliario. También a partidos políticos y autoridades que, ahora se sabe bien, además de alentar el pelotazo y la corrupción, construyeron sistemas de financiación fraudulenta que, como acaba de poner de manifiesto por enésima vez el apestoso caso Bárcenas, terminaron cuajando en una extensa tipología delictiva relacionada con blanqueo de capitales, apropiación indebida, saqueo de fondos, cohechos y un largo etcétera de acciones ilícitas.

    sigue parte 3.

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  5. Gabriel Flores: “Después del banco malo”

    PARTE 3


    La corrupción y unas acciones permisivas, escasamente éticas y, en ocasiones, delictivas atraviesan toda la década anterior al estallido de la burbuja inmobiliaria y los cinco años de crisis. Afectan directamente a gestores de las entidades bancarias que, como recuerda el artículo de Inurrieta, no han sido juzgados, y a los directivos de las cuatro grandes empresas auditoras y de buena parte de las sociedades vinculadas a la construcción y el sector inmobiliario. También a partidos políticos y autoridades que, ahora se sabe bien, además de alentar el pelotazo y la corrupción, construyeron sistemas de financiación fraudulenta que, como acaba de poner de manifiesto por enésima vez el apestoso caso Bárcenas, terminaron cuajando en una extensa tipología delictiva relacionada con blanqueo de capitales, apropiación indebida, saqueo de fondos, cohechos y un largo etcétera de acciones ilícitas.

    Una tarea central de la izquierda, si pretende representar las aspiraciones de la ciudadanía a moralizar la vida pública, es depurar responsabilidades, también las que son de su incumbencia, exigir y garantizar la restitución de los fondos desviados por parte de individuos y colectivos infractores y promover una sanción moral y, en su caso, penal de todos los implicados en actos delictivos o irregulares.

    La desconfianza que muestra la mayoría de la población en las instituciones, muy especialmente en los partidos políticos, debe ser superada con autocrítica, sanciones reales y actuaciones que refuercen efectivamente la trasparencia, la democracia interna y el control público de sus presupuestos. Todo lo que se haga en este sentido será poco. No es éste un problema menor. La regeneración democrática exige acabar con la insoportable impunidad de la que parecen gozar algunas instituciones y personas que están siendo señaladas, con sobradas razones, por los medios de comunicación y la ciudadanía. No se puede pasar página.

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