martes, 26 de junio de 2018

Ajuste de cuentas de las élites: pasado, presente y futuro


Artículo de Juan Laborda en Vozpopuli de fecha 26/6/2018.
Salvo un tejido espectacular de mediana y pequeña empresa exportadora, nuestro modelo productivo sigue siendo el mismo: camareros, crupieres, meros ensambladores de mano de obra barata.
Los datos son cada día más evidentes. La Gran Recesión fue aprovechada por las élites patrias hispanas, básicamente rentistas, para llevar a cabo su particular ajuste de cuentas contra la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles. La estafa de las propuestas de quienes nos han desgobernado desde la Gran Recesión, 2008, requiere de un debate público, sosegado, abierto y, sobre todo, crítico, con un doble objetivo. Primero, poner de manifiesto el fraude al que se han visto sometidos la mayoría de los ciudadanos españoles, muy especialmente nuestros jóvenes, sin futuro alguno. Hay que analizar las consecuencias finales de las decisiones de política económica tomadas, mediante un estudio econométrico riguroso. Segundo, la situación de fondo, de la que nadie habla, es grave, se está deteriorando a tal velocidad, que ya no valen paños calientes, ni fuegos de artificio. Es necesario un cambio de rumbo radical.
Empecemos hablando de lo más relevante, nuestros salarios, que por obra y gracias de las reformas laborales emprendidas por los gobiernos de turno, PP y PSOE, se han hundido, sin que se registre mejora alguna de nuestra competitividad. La razón es obvia, solo ha supuesto una medida económica de redistribución neo-feudal en favor de los beneficios empresariales, de una remuneración desproporcionada de ciertos consejos de administración, y contra las rentas de los trabajadores españoles. Es curioso observar como ciertas multinacionales incrementan los salarios de los trabajadores de su país, a costa del nivel de vida de los trabajadores de países considerados como meros ensambladores, entre ellos el nuestro. ¡Y los políticos siguen sin entender la importancia de la propiedad del capital!
Es curioso cómo ciertas multinacionales incrementan los salarios de los trabajadores de su país a costa del nivel de vida de los trabajadores de países como el nuestro
Permítanme una pequeña confidencia. Estoy harto de los análisis económicos que hablan de los factores de oferta y de la necesidad de reformas estructurales. Recuerden las conclusiones de un reciente documento de trabajo del Banco Central Europeo, “On the sources of business cycles: implications for DSGE models”, que ya analizamos en un blog previo. Los autores demuestran la existencia de grandes regularidades en los co-movimientos de variables macroeconómicas clave, en múltiples economías, en el análisis de los ciclos económicos. Y encuentran que solo hay una fuente dominante de dichos co-movimientos en términos reales: la demanda agregada, es decir, el gasto. Ello invalida los modelos convencionales -neoclásicos, neokeynesianos o monetaristas- que estudian los ciclos económicos, y que enfatizan las motivaciones del lado de la oferta afirmando que los shocks de demanda son temporales en el mejor de los casos. En definitiva las reformas propuestas desde el lado de la oferta, tan cacareadas a bombo y platillo, no tienen fundamento empírico alguno, obedecen a chascarrillos.
Nuevos datos sobre el nivel de vida de los españoles
Para cuantificar como está España, permítanme compartir con ustedes ciertos datos objetivos. Primero, en un breve y reciente estudio, “Realidades sobre el nivel de vida en España”, mi buen amigo Juan Carlos Barba, nos muestra cómo nuestro nivel de vida real es apenas la mitad de un ciudadano alemán. Y los más sorprendente, China, que tendría unos niveles de desarrollo superiores a lo estimado, se encontraría ya muy cerca de España.
Segundo, tanto la Encuesta de Condiciones de Vida elaborada por el INE como los análisis del regulador confirman algo que es vox populi. Las condiciones laborales y salariales de los más jóvenes están provocando un auténtico desplome en la adquisición de vivienda por parte de este grupo. Los datos del Banco de España, muestran que la accesibilidad a la compra de viviendas se ha endurecido en los últimos años. En concreto, la medida de esfuerzo, equivalente al precio medio de la vivienda en relación a la renta bruta disponible de los hogares, ha pasado de 6,5 años en 2015 a 7,2 años en el primer trimestre de 2018, lo que explicaría que se esté produciendo un desvío hacia el alquiler. La única razón es laboral, como consecuencia de unos salarios muy bajos. Desde estas líneas venimos advirtiendo como todas las medidas que se toman se hacen contra las generaciones futuras. Por un lado, no son relevantes electoralmente hablando. Por otro, los problemas van aumentando como una bola de nieve hasta que a uno de los gobiernos de turno le acaba estallando, como ocurrió con la burbuja inmobiliaria.
Se están acabando los vientos favorables
¿Y cuáles son estos problemas? Los de siempre, una economía dirigida por rentistas que se forran en la cresta de la ola, pero que no asumen coste alguno cuando vienen mal dadas. Y esto, que ya pasó en 2008, volverá a pasar de nuevo en la Segunda Fase de la Gran Recesión. Los vientos de cola favorables están cambiando y se aproximan turbulencias. El Banco de España, en el Informe Anual de 2016, detalló las razones que había detrás de las sorpresas positivas en nuestra economía. Por un lado, la relajación del ajuste presupuestario. Por otro, la política monetaria de expansión cuantitativa del BCE. Pero además, Banco de España añadía otra relevante, la bajada no prevista del precio del petróleo y otras materias primas.
Un reciente estudio muestra cómo nuestro nivel de vida real es apenas la mitad que el de un ciudadano alemán. Y lo más sorprendente: China se encontraría ya muy cerca de España
Todos y cada uno de estos motivos no es que se estén diluyendo, se están evaporando, y no hemos aprovechado el tiempo extra que hemos tenido, en el período 2014-2018, para poner las bases de un nuevo modelo productivo. Porque nuestro modelo productivo, salvo un tejido espectacular de mediana y pequeña empresa exportadora, surgido allá por los 90, y que ha sido asaltado por capital especulativo foráneo, sigue siendo el mismo: burbujas, camareros y crupieres, y meros ensambladores de mano de obra barata. De ahí nuestros salarios. Nuestro país ha estado experimentando una expansión económica cuyas raíces no se encuentran en procesos de inversión en capital y en el desarrollo de la actividad industrial, sino básicamente en el crecimiento del sector servicios y el incremento de la deuda para ciertos fines espurios. España, con pies de barro.
Permítanme terminar con algo que hemos denunciado desde estas líneas. La cifra de deuda soberana supera ya el 130% del PIB, según el criterio del Flujo de Fondos de las Cuentas Financieras y/o Balanza de Pagos, recogido por Banco de España en el capítulo 2 de Cuentas Financieras. Esta cifra estaba en 2007 en el 40,2%. Además de una recesión de balances, intensificada por no hacer lo correcto, y que ha destrozado a miles familias españolas, a algunos irresponsables les salió muy barato la brutal generación de deuda privada alrededor de humo. Al final se acabó transformando en deuda soberana en un truco de magia que ni el gran Houdini. La política monetaria del BCE ha permitido que el Banco de España sea el principal acreedor del Tesoro español y se pueda financiar la deuda soberana sin problemas. Pero debemos ser conscientes que un cambio de rumbo en la política monetaria haría inviable la refinanciación de nuestro stock de deuda soberana. ¿Qué harían entonces nuestros políticos? Nada, no esperen nada, simplemente un acatamiento de ciertas políticas absurdas dictadas por burócratas. Y para ver las posibles consecuencias, ¡echen una ojeada a Grecia!


viernes, 8 de junio de 2018

Los pensionistas ganaron una batalla, ahora hay que ganar la guerra de las pensiones


Los pensionistas han ganado una batalla pero aún no la guerra, porque la rectificación del gobierno del PP es solo parcial, una prórroga de dos años porque no ha modificado los textos legales de la contrarreforma de 2013.
La aplicación del factor de sostenibilidad va a implicar una reducción del 0,7% en la pensión inicial, una cifra que puede parecer menor pero como se va acumulando con el paso del tiempo llegará hasta el 15% de caída en veinte años.

Artículo de Manuel Lago publicado en nuevatribuna.es de fecha 26/4/2018.
Los pensionistas han derrotado a Rajoy. Es sin duda un enorme éxito de sus movilizaciones, que han conseguido un éxito que hacía mucho tiempo que no veíamos y que demuestra que la movilización puede cambiar las cosas, que se puede obligar a rectificar a los gobiernos, que se puede conseguir un modelo de crecimiento y distribución de la riqueza más justo.
Ahora bien, los pensionistas han ganado una batalla pero aún no la guerra, porque la rectificación del gobierno del PP es solo parcial, una prórroga de dos años porque no ha modificado los textos legales de la contrarreforma de 2013. Y aquí está la clave, porque el gobierno cede en 2018 y 2019 apremiado por la necesidad de un acuerdo presupuestario y por las urgencias electorales, pero la estrategia de fondo de devaluar el sistema público de pensiones sigue en pie.
Por eso hay que seguir denunciando que todas las medidas incluidas en la ley 23/2013 tienen un único objetivo: reducir el importe de las pensiones. Las que cobran los pensionistas actuales, con el índice de revalorización y las de los pensionistas futuros, con el factor de sostenibilidad. Esto es, se pretende conseguir el equilibrio financiero del sistema a costa de bajar las pensiones.
El mal llamado factor de sostenibilidad supone un recorte gradual pero continuado en el tiempo que va a provocar una reducción muy importante de la pensión inicial en comparación con el último salario, lo que se conoce como tasa de reposición. Tiene una lógica perversa: la pensión se reduce en la medida que aumenta la esperanza de vida. Como se va a cobrar durante más años, cada mes se va a cobrar menos. La pensión será menor porque se quiere repartir el mismo importe global entre más años de vida.
La aplicación del factor de sostenibilidad va a implicar una reducción del 0,7% en la pensión inicial, una cifra que puede parecer menor pero como se va acumulando con el paso del tiempo llegará hasta el 15% de caída en veinte años.
Pero el recorte más duro de la reforma de 2013 es el denominado índice de revalorización. Primero porque afecta a todos los pensionistas, tanto a los actuales como a los futuros. Segundo porque condena a una pérdida continuada y acumulativa de poder adquisitivo.
Tal y como está definida la formula el índice de revalorización nunca va a superar el 0,25%, condenando a los pensionistas a un deterioro continuado de su situación económica. Con un incremento del 0,25% en las pensiones y un IPC en el 2% los pensionistas van a perder el 30% de su poder adquisitivo en los próximos veinte años.
Sumando ambos recortes, las pensiones van a sufrir un retroceso del 45% en términos reales. Dicho de otra forma, los pensionistas van a perder el 45% de su poder adquisitivo. Esto es inaceptable, porque de no evitarlo las bajas pensiones de hoy se convertirán en pensiones de miseria mañana. Para que se entienda mejor, es como sí la pensión media actual en vez de 934 euros fuera de 514, la de los autónomos en vez de 647 euros bajara a 356 y la de viudedad a 359 euros al mes.
¿Esto es decente? ¿Puede vivir una persona con esta cantidad? Obviamente no, serán pensionistas pobres, condenados a buscar trabajos en negro, depender de su familia, vender su casa...
Esta condena al empobrecimiento de los pensionistas se justifica con una única razón: que el sistema no puede soportar que las pensiones suban lo mismo que el IPC. Pero esta idea es una falacia, como se demuestra en un informe oficial que el Ministro de Empleo y Seguridad Social entregó en la Comisión Permanente del Pacto de Toledo el 2 de noviembre de 2017, en el que incluye una tabla de cómo evolucionará el gasto en pensiones sobre el PIB hasta 2050.
La intención del Gobierno es bajar el gasto público actual equivalente al 42,4% del PIB a tan sólo 39,2% en 2020, esto es 3,2 puntos que suponen un recorte de más de 37.000 millones de euros
El resultado es muy revelador: aunque se revalorizan las pensiones con la subida del IPC sí la economía crece el 2% de media el gasto pasaría del 11,8% del PIB actual al 12,8% en 2030 y al 13,9% en 2050.
Esto es, actualizando las pensiones con el IPC, el gasto se incrementaría tan sólo en un punto de PIB dentro de 13 años y en dos puntos dentro de 33 años. Un incremento más que razonable porque va a aumentar el número de pensionistas y por lo tanto lo lógico es dotar con más fondos el sistema público de pensiones.
¿Es posible hacerlo? Rotundamente sí. Porque tenemos treinta años para normalizar la fiscalidad española, corrigiendo el diferencial negativo de 8 puntos de PIB en ingresos que tenemos en comparación con la media de la UE. Bastaría dedicar a las pensiones la cuarta parte de esa mayor recaudación para hacer compatible la sostenibilidad del sistema y la suficiencia de las pensiones.
Si esto es así, que lo es, porque el gobierno se negaba a aceptarlo hasta que la movilización de los pensionistas y sus urgencias presupuestarias y electorales le obligaron? La respuesta a esta pregunta se encuentra en otro documento oficial: el Programa de Estabilidad que cada año tiene el deber de presentar el Gobierno delante de las autoridades europeas para explicar la estrategia presupuestaria y fiscal del Reino de España.
En la página 41 de la última actualización, el Gobierno define una política de ingresos y gastos dominada por una idea fija, casi una obsesión: reducir el tamaño del sector público. La intención del Gobierno es bajar el gasto público actual equivalente al 42,4% del PIB a tan sólo 39,2% en 2020, esto es 3,2 puntos que suponen un recorte de más de 37.000 millones de euros.
Esta es la razón de porqué el gobierno no quiere actualizar las pensiones.  No es por una restricción económica, ni está provocada por la demografía. La razón real es el fundamentalismo neoliberal del gobierno, su obsesión de reducir el gasto público. Las pensiones son más de uno de cada cuatro euros del gasto público en España. Por lo tanto, sí la estrategia es reducir el gasto, el sistema público de pensiones tiene que sufrir duros recortes.
La Constitución Española en su artículo 50 establece un mandato claro para que el Gobierno actualice las pensiones, para que estas permitan tener suficiencia económica y una vida digna a las personas mayores. Por lo tanto el debate no debe ser sí es posible o no actualizar las pensiones, porque eso ya lo decidió el constituyente. El único debate real es cómo lo hacemos.


lunes, 4 de junio de 2018

El deber de Sánchez es el deber de todos


El nuevo presidente no puede defraudar, ni las voces partidarias dentro de su propia formación exigirle mano dura con aquellos que les han apoyado ahora a desbancar al dirigente de un partido manchado por la corrupción.
Artículo de Baltasar Garzón publicado en el diario.es con fecha 4/6/2018.
Vivimos unos momentos vertiginosos. Nuestra vida política y social ha dado un vuelco que hace dos semanas no estábamos en disposición de sospechar. La moción de censura presentada por el PSOE como indignada reacción a la corrupción que afecta y protagoniza, desde hace tiempo, al menos desde 2009, el Partido Popular y muchos de sus más connotados dirigentes de la época de Aznar y de la posterior de Mariano Rajoy, ha llevado a que el sábado día 2 de junio, (curiosamente el mismo que hace 4 años (2014) el rey Juan Carlos I anunció su abdicación), el líder socialista Pedro Sánchez haya prometido su cargo sin biblia ni crucifijo. Solo la Constitución como único libro fundamental al que guardar lealtad. Por fin, el compromiso de un presidente del Gobierno con otro precepto básico de la Carta Magna: el de mantenerse en el ámbito de un estado laico y no confesional. La inquisición, monseñores como Rouco y Munilla, las medallas de honor de la policía a las vírgenes, el canto del novio de la muerte, la imagen de Cristo en alza por varios ministros y tantos otros remakes de épocas oscuras, los ha dejado Sánchez en su justo lugar: en el pasado.
Con ello se ha ganado enemigos nuevos, o mejor dicho los enemigos que siempre han estado ahí, dispuestos a abalanzarse contra él para evitar que alcanzara la posición que hoy detenta. Tan de nuevas es esta situación, tan poco preparados nos ha pillado que este mismo sábado los ciudadanos caíamos en la cuenta de que míticos nombres de nuestras pesadillas diarias (Montoro, Cospedal, Zoido, Catalá…) ya no estaban vigentes. Se acabó. ¡Caput!
No es baladí esta sensación de asombro. El viernes, en sede parlamentaria, asistimos al bochornoso espectáculo del portavoz popular señor Hernando que además de arremeter contra el PSOE, contra Ciudadanos, contra todos los grupos que no son de su cuerda, se permitió la insolencia, cuando no excrecencia, de insultar lisa y llanamente a uno de los magistrados que había firmado la sentencia que condenaba por delitos relacionados con corrupción a varios dirigentes en su día (no tan lejano) del Partido Popular; señalaba la existencia de un sistema institucionalizado de corrupción; una caja B desde los orígenes del mismo; el aprovechamiento de fondos ilícitos y la falta de credibilidad del testimonio, ni más ni menos, que del presidente del Gobierno señor Rajoy en su comparecencia judicial en el juicio en julio pasado. Por siempre quedará estigmatizado este responsable político con la tacha peor que puede haber contra un testigo judicial: que el tribunal diga que no te ha creído.
Las palabras de Hernando fueron hirientes y reiteraban las de otros responsables del mismo grupo político en lo que parece va a ser una línea de acción en lo sucesivo. Mostraban además una desvergüenza, una falta de respeto y una soberbia propias de quienes se han creído durante años dueños de la impunidad, señores de la manipulación, señoritos de un cortijo llamado España que han manejado a su antojo.
Hernando, sus coetáneos populares y muchos de los que les antecedieron, consideran que se encuentran en su derecho de quitar y poner cargos como peones en el tablero de sus intereses, incluidos los jueces y los fiscales. Tan acostumbrados están a hacer lo que les parece mejor saltando sobre la legalidad y el bienestar general que el “popular” ofendió al citado juez desde su posición superior de diputado, amparado por una inmunidad parlamentaria que, desde luego, no debe ser utilizada para injuriar o ultrajar a un miembro de un poder independiente del Estado, como lo es el Poder Judicial, respecto de su actuación concreta en una sentencia. El desprecio a la división de poderes ha sido palmario.
¿Qué hubiera pasado de haberse tratado de un representante de Podemos o de los propios socialistas quienes se hubieran manifestado en tales términos contra un juez conservador en una situación similar? No quiero ni pensar en la retahíla de barbaridades que hubiéramos tenido que escuchar y en la difusión amplificada por sus voceros de la caverna que, por cierto, están también con el paso cambiado a la espera de saber si van a perder los privilegios, la publicidad institucional para sus medios o los ingresos añadidos por aparecer en tales o cuales tertulias aplaudiendo a sus áulicos “empleadores”.
Mientras tanto ¿dónde está la indignada respuesta del órgano de gobierno de los jueces? El consejo General del Poder Judicial no ha hecho público de inmediato acuerdo alguno exigiendo al diputado que se retracte. No se ha reunido de urgencia, ni en Pleno ni en Comisión Permanente. Tal retraso contrasta con la velocidad con la que el presidente Carlos Lesmes convocó aquella para evitar que el mismo juez acudiera a la vistilla que debía decidir sobre la situación de prisión o libertad de los sentenciados y sobre otros asuntos relacionados con la resolución que es habitual adopten los jueces que llevaron a término el proceso. Sin olvidar que hubo un empate entre los cuatro vocales y que finalmente se optó por impedir la presencia del magistrado gracias al voto de calidad del muy conservador Lesmes.
Ojalá que en el terreno de la justicia ese cambio de gobierno sirva también para dejar que los tribunales trabajen sin interferencias ni presiones. Esa es una encomienda primordial. Y que la Fiscalía no acuda a traducir en querellas – como en los últimos años ha ocurrido- los peores delirios de los gobernantes populares. Es decir, que una pelea de bar no se convierta en una resurrección impostada de ETA (así lo ha establecido una sentencia); que insultos y zafiedades no se traduzcan en intención de enaltecer el terrorismo. Y, ya puestos, es misión fundamental liberar a banderas e himnos del secuestro a que los tienen sometidos unos y otros, del mismo modo que es preciso rescatar el concepto de Patria de la apropiación indebida a que la someten el Partido Popular y su aprendiz Ciudadanos.
Son tareas más complejas sin duda que las meramente materiales. Resulta evidente, en este sentido, que la principal obligación que tiene ahora el presidente Sánchez es la de gobernar, pero sobre todo, debe ser consciente de todo lo que se le ha cedido para que ocupe la presidencia. Seamos objetivos: muchos, al votar a favor de la moción, han retirado o consentido planteamientos hasta ese momento irrenunciables, cosas tales como el apoyo del PSOE al 155, un artículo pactado en su día con Ciudadanos, partido que, por cierto, en base a sus intereses electorales ha preferido esconderse en un momento histórico quedando de parte de la corrupción, cuando estaba en juego la dignidad política y la credibilidad de un sistema democrático altamente cuestionado por tal lacra. Otros han renunciado a polémicas y posiciones de ataque e incluso han ofrecido apoyo. Sin olvidar también a los que se han arriesgado a perder los presupuestos.
El nuevo presidente no puede defraudar, ni las voces partidarias dentro de su propia formación exigirle mano dura con aquellos que les han apoyado ahora a desbancar al dirigente de un partido manchado por la corrupción. Sánchez no ha traicionado a nadie en el PSOE. Ha tenido por el contrario la valentía de beber el cáliz amargo de una situación política endiablada para sacar adelante el país, librarle del bucle de la podredumbre e intentar resolver la fractura de la convivencia que el Partido Popular ha llevado al límite en casos como el de Cataluña.
Lo visto en estos días es reflejo de los tiempos que estamos viviendo y que suele ser muy común en nuestro país. El nuevo presidente no ha comenzado su andadura y ya le estamos despedazando y exigiendo lo que en casi siete años se ha consentido al saliente. Sin embargo, echo en falta la prudencia y la mesura que se debería reclamar a quienes no son más que servidores públicos y cuya misión y obligación, mientras estén en el cargo, es tomar las decisiones políticas necesarias para que la concordia esté a salvo, la economía sea social y equitativa, la seguridad lo sea jurídica, la pluralidad y la libertad queden garantizadas entre quienes integramos un país diverso. Esto sí que habrá que exigírselo al presidente y a sus ministros y ministras desde el minuto uno de su mandato.
Sánchez ha prometido sobre la Constitución velar por los españoles. Hay que ayudarle. Frente a las injurias de Hernando que es el arquetipo de la mala intención, el rencor y la desesperación que viven hoy los populares, hay que contraponer la buena voluntad para el entendimiento. Son horas de dialogo, momentos claves para la democracia, tiempos de cambio, de coaliciones y de espacios amplios progresistas que otorguen esperanza a la ciudadanía y en los que la transversalidad es cada vez un elemento más presente. Ese es el deber de Sánchez y es el deber de todos.