“Los derechos colectivos deben quedar al margen de la lógica del mercado”

Entrevista de Mónica Andrade en ctxt Contexto y Acción, con fecha 21/2/2016 a Nacho Álvarez / Secretario de Economía de Podemos.

Faltan solo unas horas para la primera reunión entre los partidos de izquierda que sumaron 11,6 millones de votos el 20 de diciembre, y la brecha que separa al PSOE y a Podemos sigue intacta. Los líderes de ambos partidos todavía no se han visto, y los equipos negociadores apenas se han limitado a un intercambio de prolijos documentos en los que coinciden algunas medidas, sobre todo de ámbito social. El líder del PSOE, mientras tanto, se ha reunido con otras fuerzas a su izquierda y a su derecha, en un movimiento que refleja, según Nacho Álvarez (Madrid, 1977), secretario del Consejo Económico de Podemos, “las dos almas escindidas del PSOE, una social y otra neoliberal”.

Doctor en Economía por la Universidad Complutense, Álvarez es un hombre analítico, templado, nada dogmático. Durante esta entrevista con CTXT, realizada el viernes 18 en La Morada, una sede social y cultural de Podemos en el barrio de Arganzuela (Madrid), el coautor del programa de Gobierno explica los planes de su partido para cambiar la política económica y fiscal aumentando el gasto social, y reflexiona sobre la crisis de la socialdemocracia europea, que, según afirma, "ha renunciado a defender los derechos colectivos y ha perdido su vieja voluntad de conflicto”.

Álvarez cree que solo un gobierno de coalición de izquierdas obligaría al PSOE a emprender las reformas necesarias para mitigar la desigualdad y el paro, y considera incompatible esas políticas con las propuestas neoliberales de Ciudadanos: "El PSOE tiene que elegir entre un gobierno con las fuerzas del progreso social o un gobierno a derecha con Ciudadanos que es, en realidad, una suerte de gran coalición".

A día de hoy, ¿en qué punto están los contactos con el PSOE?

En estos momentos no hay ningún canal de negociación abierto con el PSOE. Lo que hemos planteado con IU y Compromís es un marco de negociación a cuatro bandas, y esperamos que en ese marco seamos capaces de sentarnos, por fin, a negociar la posibilidad de un gobierno de coalición.

¿Rechazan un encuentro con Ciudadanos?

Estamos presentando el documento de Gobierno que hemos elaborado a todas las fuerzas políticas, incluido el PP, pero una cosa es eso y otra pensar en un gobierno de coalición estable como el que planteamos. No vemos la posibilidad de que ese gobierno esté integrado por Ciudadanos, no contemplamos un gobierno de geometría variable en el que el PSOE pretenda gobernar a la izquierda en los temas sociales, con Podemos, y a la derecha, en temas económicos, con Ciudadanos. No es viable, y supone volver a la vieja lógica de los años previos a la crisis, en los que el PSOE planteaba una agenda liberal en el terreno económico y a la vez una agenda social, que es incompatible con esa agenda liberal. Ahí no nos van a encontrar.

“No contemplamos un gobierno de geometría variable en el que el PSOE pretenda gobernar a la izquierda en los temas sociales, con Podemos, y a la derecha, en temas económicos, con Ciudadanos”

¿Entonces solo piensan en un gobierno de coalición?

Esa es nuestra propuesta, y creemos que es virtuosa en muchos aspectos porque garantiza la estabilidad política y normaliza el diálogo entre fuerzas políticas en un nuevo contexto donde estamos llamados a entendernos. Creo que es la única que puede dar estabilidad a un gobierno de cambio.

Bruselas advierte que serán necesarios nuevos recortes. ¿Le interesa a Podemos gobernar en ese escenario?

Si a Podemos le interesa gobernar es precisamente para evitar esos recortes. Podemos no va a gestionar recortes. Lo que planteamos es que un gobierno de coalición tiene no solo que evitar nuevos recortes sino revertir, en el curso de la legislatura, los que ya se han realizado. Creemos que es posible. Igual que Matteo Renzi le indica a la Comisión Europea que no va a cumplir con el criterio de déficit que ésta impone, creo que un próximo gobierno de cambio debería trasladar a la Comisión una voluntad política indicando que, al igual que lo que ha sucedido estos últimos cuatro años en nuestro país, tampoco nosotros vamos a cumplir el objetivo de déficit.

Renzi lo ha hecho pero en Grecia tuvo malísimas consecuencias…

Claro, pero porque los márgenes son diferentes. Grecia seguramente no tenía margen, pero Francia, Italia o España se pueden permitir trasladar esa voluntad política a la Comisión, indicando que hay prioridades previas que deben ser atendidas; estos países sí tienen margen para hacerlo.

François Hollande declaró, después de los últimos atentados de París, que el pacto de seguridad estaba por encima del pacto de estabilidad, y luego decretó una emergencia por el empleo, con una tasa de paro del 10,5%. ¿Puede hacer algo parecido España?

Claro. Hay países que declaran una emergencia nacional que es prioritaria, y si Francia puede declarar una emergencia por el empleo, ¿cómo no va a hacerlo España, que tiene todavía más de 5 millones de parados? Nosotros decimos que no debe incrementarse el déficit público pero que el ritmo de reducción tiene que ser más lento. “

 Si Francia puede declarar una emergencia por el empleo, ¿cómo no va a hacerlo España, que tiene todavía más de 5 millones de parados?”

¿Cómo de lento?

A lo largo de la legislatura. Y no para llegar a una situación de superávit, que consideramos absurda desde un punto de vista macroeconómico, sino al cumplimiento del pacto de estabilidad. En estos momentos el BCE garantiza la compra de deuda por 60.000 millones de euros anuales, garantiza primas de riesgo bajo control, garantiza la financiación de los déficit públicos... Y la realidad es que no vivimos momentos de una inestabilidad derivada de esos déficits. No aprovechar esta circunstancia para priorizar otros aspectos, como la lucha contra el desempleo, es lo que Paul Krugman ha denominado muy bien “estupidez económica”.

Podemos propone incrementar el gasto público en 96.000 millones de euros a lo largo de la legislatura. Algunos analistas sostienen que es una locura.

Planteamos un paquete de expansión fiscal de 24.000 millones de euros al año. Al final de la legislatura esto supone que, respecto a la propuesta que hace el PP en su programa de estabilidad, nosotros habríamos incrementado el gasto en 96.000 millones adicionales. ¿Esto es mucho o es poco? Algunos medios se han lanzado contra esto diciendo que es una locura. Pues bien, el incremento del gasto público durante la legislatura de Zapatero 2004-2008 fue de 126.000 millones. El que planteamos nosotros va en esa línea, con objetivos muy distintos porque no se trata de hacer aeropuertos en Castellón, sino de fijar otras prioridades. ¿Es una locura? No. El gasto público no debe recortarse como se ha hecho hasta ahora, no debe tener un crecimiento cero como propone el PP, debe retomar un crecimiento como el que tuvo entre 2000 y 2008, y acompañar al crecimiento económico.“

Incrementar el gasto en 96.000 millones, ¿es mucho o es poco? Algunos medios se han lanzado a decir que es una locura. Pues bien, el incremento del gasto público durante la legislatura de Zapatero 2004-2008 fue de 126.000 millones.”

¿Cómo pretenden financiar ese incremento? ¿No es demasiado optimista confiar en la mejora de la recaudación fiscal?

Creemos que la propuesta es realista. España tiene una diferencia de recaudación fiscal con Europa de 9 puntos del PIB. Hay 90.000 millones de euros de recaudación que España no llega a tener de acuerdo con el tamaño de su economía. Queremos que en la próxima legislatura esa diferencia se recorte a menos de la mitad. Es un esfuerzo realista. Otras propuestas de reforma fiscal para nuestro país se mueven en una magnitud muy similar. Estoy pensando en el informe de Fedea. Creemos que hay que hacer esa reforma reforzando la progresividad, centrando la imposición en las figuras directas y no en las indirectas. La lucha contra el fraude fiscal, por ejemplo, debe traducirse en 12.000 millones adicionales. Es lo que ha conseguido el PP en año y medio, incluyendo la amnistía fiscal. Tenemos una eficiencia recaudatoria muy baja y pretendemos modificar ese retraso histórico.

¿Cómo afectaría esa reforma fiscal a los ciudadanos y las empresas?

El primer elemento es acercar los tipos nominales de las distintas figuras tributarias a los tipos efectivos. Se dice que queremos subir impuestos, pero tenemos tipos nominales muy altos en relación a Europa. La cuestión es: ¿de qué nos sirve tener un tipo en sociedades del 30% o del 25%, como hay en estos momentos, si el tipo efectivo de las grandes empresas es el 6%? Planteamos la necesidad de acercar esos tipos eliminando las vías de elusión fiscal, que son básicamente las deducciones. Las empresas pueden deducir gastos por endeudamiento, que tiene narices. Por un lado incentivas el sobreendeudamiento de las empresas y por lo tanto su fragilidad, y por otro, generas un agujero de elusión fiscal. Hay que bloquear estos agujeros de elusión en materia de sociedades y de IRPF. El combate contra el fraude fiscal exige dotar a la Agencia Tributaria que, por tamaño, debería ser igual a la italiana. Esto supone contratar a 10.000 personas más durante la legislatura. También exige su reorganización. Si los técnicos nos dicen que el 70% del fraude se concentra en las grandes fortunas, podría ser que el grueso de la Agencia esté trabajando en aspectos que no son la gran fuente de fraude. “

¿De qué nos sirve tener un tipo en sociedades del 30% o del 25%, como hay en estos momentos, si el tipo efectivo de las grandes empresas es el 6%?”

La disparidad fiscal entre los miembros de la Unión Europea ¿dificulta la lucha contra el fraude?

Desde luego, el hecho de que existan paraísos fiscales en la UE, como Luxemburgo, la dificulta. Hay que avanzar hacia la armonización fiscal. Pero en esta misma Europa, países como Francia,

Alemania o Italia tienen modelos de eficiencia recaudatoria mayores. Cuando llega la crisis, España pierde 25.000 millones de euros de recaudación solo por el impuesto de sociedades y eso tiene que ver con la fragilidad de nuestro sistema fiscal, que es muy volátil al ciclo económico y está infra capacitado para captar rentas al margen de las figuras tributarias nominales.

¿Qué coincidencias hay con otras fuerzas en la reforma fiscal?

Con Ciudadanos no coincidimos. Anunció en campaña una reforma tributaria centrada en una rebaja de los impuestos regresiva, que suponía una rebaja fiscal mayor para las rentas más altas que para las rentas más bajas. Estamos en desacuerdo con las rebajas fiscales que nos llevan donde nos han llevado las de Montoro. Por eso con C’s el acuerdo es más que difícil. En relación al ritmo de reducción del déficit, que tanto nos criticaron mucho, resulta que ahora es de común acuerdo. Todos reconocen que es necesario. Bienvenidos sean esos cambios de opinión. Pedro Sánchez tuvo que cambiar en campaña para pegarse a nuestra posición, ahora lo ha hecho Garicano. Con el PSOE hay mayor afinidad en política fiscal pero creemos que las propuestas que hacen son limitadas, poco audaces. Se puede avanzar más y, en todo caso, no van a poder desarrollarse con un acuerdo de geometría variable como el que pretenden con C’s. Eso bloquea la posibilidad de una reforma fiscal. El PSOE tiene que elegir entre un gobierno con las fuerzas que se reclaman del progreso social o un gobierno a derecha con Ciudadanos que es, en realidad, una suerte de gran coalición.

Hablemos de empleo y de reforma laboral. ¿Con quiénes podrían pactar?

Tenemos una discrepancia total con Ciudadanos en cuanto al contrato único, y en ese capítulo el PSOE también discrepaba, porque supone abrir las puertas a la precariedad de todos los contratos. Por eso sorprende que parezca que vayan a poder entenderse en ese ámbito. Asistimos a un PSOE de dos almas, una social y otra económica liberal, escindidas, que piensa que es posible conciliar ambas. Nosotros creemos que la política social y la económica tienen que caminar de la mano. En el documento que presenta el PSOE, que incluye una renta garantizada para los hogares, falta la financiación de las propuestas y por eso no termina de ser creíble. Es la vieja lógica de las dos almas: el papel lo aguanta todo, pero al final terminan gobernando con un corte muy liberal. “

Asistimos a un PSOE de dos almas, una social y otra económica liberal, escindidas, que piensa que es posible conciliar ambas”

Su plan de renta mínima es distinto al del PSOE. ¿A cuántas personas afectaría y cuál es su coste?

A casi ocho millones y medio. Pretende extender a todo el territorio el modelo que ya funciona en el País Vasco y que se ha probado relativamente exitoso para impedir la pobreza y la trampa de la pobreza. Es una propuesta que incentiva el trabajo, que no penaliza esa decisión. Para eso incorporamos el complemento salarial, que no supone la precarización del empleo porque añadimos una subida del salario mínimo. Está planteado para que siempre compense la decisión de trabajar frente a la de no trabajar. Esto tiene un coste de algo más del 1% del PIB, y creemos que es asumible teniendo en cuenta la necesidad de reducir las desigualdades, que es el principal problema que tenemos junto con el desempleo.

¿A cuánto se elevaría el salario mínimo?

A 800 euros los primeros dos años y a 950 al final de la legislatura. Va en la línea de la Carta Social europea, que dice que el salario mínimo tendrá que ser al menos el 60% del salario medio del país.

Podemos se presentó con un plan de emergencia social y da la impresión de que éste ha quedado relegado con respecto a la reivindicación de un referéndum para Cataluña.

Nosotros no hemos incidido tanto en eso. Ha sido la opinión publicada la que ha querido presentar algo que estaba en nuestros documentos y a lo que tampoco podíamos renunciar. Desde el día siguiente a las elecciones, los que quieren impedir un gobierno de cambio han tenido mucho interés en resaltar y dar visibilidad a los aspectos relativos al cambio territorial, a la reforma constitucional frente a otros aspectos. Nosotros no tenemos líneas rojas en la negociación y nuestros documentos tenían, desde el primer momento, los dos elementos, pero algunos han tenido mucho más interés en destacar el tema de la territorialidad. “

Sin el PP no hay reforma constitucional, y creo que sin Podemos tampoco”

¿Siguen apostando decididamente por el referéndum para Cataluña?

Nos gustaría mucho escuchar lo que proponen los demás. Se han centrado en criticar nuestra postura y dicen que no es posible el referéndum. ¿Cuál es la salida? Lo que ha habido son movimientos tácticos para golpear a Podemos. Pero no hay propuestas alternativas de calado que permitan desbloquear el bloqueo territorial, que es muy fuerte. Un referéndum como el que proponemos está perfectamente recogido en nuestra Constitución, en el artículo 92. En el contexto internacional hay experiencias que demuestran sobradamente cómo se pueden resolver los conflictos por esta vía. Pienso en Quebec y en Escocia. Los problemas en democracia se resuelven con más democracia. Pensamos en esa vía y creemos que tiene que ir en paralelo con una reforma constitucional más amplia, que facilite y modifique el conjunto de la Constitución para garantizar y animar a que quieran seguir en España los que en estos momentos no se sienten cómodos. Estaría bien escuchar las propuestas de los demás. Creo que avanzar hacia una España más federal es el camino. Hay debates en los que necesitamos profundizar y con actitudes de cerrojazo y de búnker va a ser complicado…

En el caso de que se formara un gobierno sin Podemos, ¿ustedes colaborarían para reformar la constitución?

Nosotros estamos dispuestos a sentarnos y más para un proyecto de reforma constitucional. Creo que todas las fuerzas tienen que sentarse, pero el PP en este momento tiene capacidad de veto sobre cualquier proyecto de reforma constitucional por su mayoría en el Senado. Sin el PP no hay reforma constitucional, y creo que sin Podemos tampoco.

¿A estas alturas, ve posible un consenso para esa reforma?

Estamos ante un nuevo periodo histórico: el bipartidismo se ha terminado y estamos llamados a una nueva forma de diálogo; ese es en definitiva el mandato que los ciudadanos nos han dado: profundizar la democracia por la vía del entendimiento. Y ese es el desafío. Si hay algo donde cristaliza ese desafío es en la reforma constitucional. Y ahí ya no son cuatro las fuerzas que tiene que entenderse sino muchas más.

Muchos piensan que habrá nuevas elecciones. ¿Usted?

No tiene por qué pasar, no estamos abocados a la repetición de elecciones. “No estamos abocados a la repetición de elecciones.”

Pero el tiempo se agota…

El PSOE no está dispuesto a concienciarse de que tiene que elegir, de que hay dos gobiernos posibles estables para este país. Parece que todo se resume en la investidura. No, no, después hay que gobernar. Y hay dos formas; un gobierno con la derecha, de gran coalición, que tiene que ser avalado por la abstención del PP al final, o un gobierno con Podemos, IU y Compromís. Si el PSOE se decide por esta opción no hay que repetir elecciones: es un gobierno viable, posible y que atendería las necesidades de cambio que tiene el país.

¿Qué gobierno preferiría Bruselas?

No lo sé, aunque me lo imagino. Pero el PSOE tiene que decidir.

La postura del PSOE en Bruselas ha sido la de votar las medidas más importantes con el Partido Popular Europeo…

Sistemáticamente, sobre todo en materia económica, en el diseño institucional, el pacto del euro, el de estabilidad... Ese consenso entre socialistas y conservadores evidencia una línea preocupante, y es que la socialdemocracia ha abandonado su espacio histórico y ha renunciado a seguir pensando que es posible blindar a los ciudadanos de los avatares del mercado y garantizar los derechos sociales y colectivos.

¿Cuándo abandonó la socialdemocracia ese papel?

La crisis de la socialdemocracia viene de largo. Es común a los distintos países europeos, aunque se ha profundizado de forma diferente. Sin esa crisis Podemos no estaría aquí, sin ese abandono de las posiciones históricas del Partido Socialista, común a las fuerzas socialdemócratas europeas. La crisis del socialismo tiene que ver con que los socialistas han asumido la agenda neoliberal en el ideario político y económico. “

La crisis del socialismo tiene que ver con que los socialistas han asumido la agenda neoliberal en el ideario político y económico.”

¿Por falta de valentía, por la evolución económica?

Hay dos elementos. La globalización presiona para la realización de determinado tipo de políticas de corte muy neoliberal, que constituyen la agenda del consenso de Washington, el FMI, el BCE y todos los organismos financieros internacionales. Ese contexto internacional pesa, qué duda cabe. Pero creo que hay un segundo elemento que es responsabilidad de las fuerzas socialdemócratas, que es haber renunciado a la socialdemocracia para agarrarse al social-liberalismo, pensar que bajar impuestos es de izquierdas (ésas son las palabras de Jordi Sevilla) y abandonar la defensa histórica de los derechos colectivos. Así la socialdemocracia quedó relegada a la defensa de ciertos derechos civiles y ciudadanos, y la legislatura de Zapatero es un buen ejemplo. Bienvenido sea el desarrollo de esos derechos, pero sin la defensa de los derechos colectivos y sin la profundización democrática difícilmente vamos a poder avanzar hacia una sociedad más abierta, y difícilmente la socialdemocracia va a volver a reencontrar su lugar, por lo menos en Europa.

¿Cree que el PSOE está a tiempo?

La socialdemocracia ha perdido una cosa, que es la voluntad de conflicto. La voluntad de conflicto es una voluntad netamente política: la socialdemocracia construyó durante el siglo XX lo que construyó en parte por una cierta voluntad de conflicto frente a los poderosos. En el momento en el que los poderosos son capaces de unir y vincular intereses a las cúpulas de la socialdemocracia es cuando esta tradición pierde voluntad de conflicto y asume el pensamiento neoliberal; y por lo tanto es ahí donde otras fuerzas políticas y otras realidades emergen para dar respuesta a algo que queda vacío e inerte: la defensa de los derechos de los ciudadanos y la constatación de que estos derechos tienen que estar al margen de la lógica de la rentabilidad. La sanidad, la educación, las pensiones deben ser extirpados de la lógica de la rentabilidad. Ese era el papel histórico de la socialdemocracia, y eso es a lo que han renunciado. Blindar esos derechos frente a la lógica del mercado es la tarea histórica que tenemos por delante, porque nuestro estado de bienestar está todavía muy deteriorado y es muy frágil.

La economía mundial funciona mal

Artículo de Alfredo Serrano Mancilla, Doctor en Economía y director del celag, de fecha 16/2/2016 en diario Público

Cada día es más evidente. La crisis económica es sistémica. No se resolvía, como pretendían algunos, a base de parches. No. La economía funciona mal desde sus propios cimientos. Y como todo volcán, en algunos momentos, expulsa lava. La erupción volcánica es constante. Todo sale a la superficie. Aunque en el fondo, todo se explica por su propia raíz. Su falla es orgánica.

Luego de casi una década, se vuelve a admitir que la economía mundial no está saneada. El derrumbe generalizado en las cotizaciones que afectó a los centros financieros de Europa ha sido una muestra más de que la economía capitalista global no progresa adecuadamente. En esta ocasión, no se puede echar toda la culpa a China, ni a los emergentes, ni tampoco a Grecia ni al sur europeo. La gran banca de la Unión Europea muestra nuevamente síntomas de flaqueza. Deutsche Bank registró una caída del 6% en su cotización; en Francia, Crédit Agricole lo hizo en 6,6% y Société Générale en 12,57%; en Italia, Ubi Banca se cayó en 12,11%; en España, los descensos fueron de BBVA (7,14), Santander (6,87) y CaixaBank (6,74). En clave global, en menos de un año, las bolsas mundiales han visto reducida su capitalización en un valor equivalente al PIB de la eurozona.

“Hay cierto punto de exageración en los mercados”. Así suena la nueva música para explicar lo que está pasando. El mismísimo ministro de finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, expone este argumento para dar alguna razón de lo que pasa también en su propia casa. No hay quien entienda a estos guardianes mundiales de la economía. Lo que ayer era una cosa, hoy es la contraria. Lo que antes era una respuesta de los mercados frente a aquello que no les gusta (véase China, Grecia, España); hoy en día, se torna una exagerada advertencia de los mercados por el futuro de la economía mundial.

Los vasos comunicantes entre las finanzas y la economía real son muy compactos. Desde el inicio de la época neoliberal, la financiarización impuso una relación ultra dependiente entre un ámbito y otro. Lo que pasa en las finanzas tiene gran repercusión en la economía real. Es imposible desligar lo uno de lo otro. La economía no crecerá sostenidamente si no se transforma el andamiaje financiero que la sustenta, y que la subordina. Los inversores buscan la máxima rentabilidad en el menor corto tiempo posible. Las tasas de productividad de la economía real, ni siquiera en el sector tecnológico, no son suficientemente altas para saciar a los nuevos flujos de capitales.

Así que el capital financiero va y viene sin asentarse en ningún lugar. El mundo actual globalizado le facilita maximizar su condición de nómada. Eso condiciona severamente las posibilidades de estabilidad en el crecimiento real de la economía. El capital se ha mal acostumbrado tanto que se le han quitado las ganas de invertir para producir. Prefiere vivir de especular sobre valores futuros y derivados. Y le sigue dando la espalda a la economía real.

Se impone por el momento la hipótesis de Larry Summers (ex secretario del Tesoro de los Estados Unidos, ex economista jefe del Banco Mundial): estamos instalados en un estancamiento secular (‘secular stagnation’). ¿Qué significa esto? Algo muy simple: se ha llegado a un punto de la economía mundial capitalista, en el que el potencial de crecimiento es demasiado bajo, y solo se podría salir adelante mediante burbujas especulativas (puntocom, inmobiliaria, bancaria).

Luego del año 2007-08, después del pinchazo de la última gran burbuja, las diversas salidas han resultado fallidas o insuficientes para hacer crecer a la economía mundial en forma sostenida. Ninguno de los intentos ha resultado fructífero como tractor económico. Ni la política expansiva monetaria en Estados Unidos (mucho menos la política dubitativa del Banco Central Europea) ha logrado crear condiciones para una tasa de crecimiento estable. Buena parte del dinero emitido ha sido más utilizado para recomprar vieja deuda, y no para inyectar inversiones reales en la economía. Sigue imponiéndose la lógica especulativa.

Por ejemplo, en estos últimos años, se observa nuevamente una cantidad considerable de deuda problemática por préstamos concedidos a empresas energéticas, muy golpeadas por la caída del precio del petróleo. El precio del crudo es el soporte del valor de muchos bonos y créditos corporativos. Y comienza a sentirse el azote de su caída en todas las esferas económicas.

Por otra parte, los tipos de cambio se han convertido en una mercancía más, transada en el mercado cambiario de Londres (véase el mercado Swift). La guerra de divisas es un negocio en sí mismo que impide buscar soluciones cambiarias para reactivar los intercambios comerciales a nivel mundial. Además, el endeudamiento global, sobre todo el privado, es excesivo, y no tiene base material que lo sustente.

Así es imposible pensar en un crecimiento económico estable.

En definitiva, las expectativas económicas son malas para este año. Todo indica que estamos en otro capítulo de la Gran Recesión. Los mercados ya no confían ni en ellos mismos. El capital no sabe cómo salir de su propio laberinto para estabilizar la economía global a su antojo. El nuevo orden geopolítico multipolar no se corresponde por el momento con la creciente concentración del capital mundial. Este pulso es indudablemente más determinante de lo que la economía tradicional arguye. Veremos.

Una propuesta para acabar con los déficits públicos y la deuda de los estados sin apenas pagar impuestos.

Artículo de Juan Torres López en Nueva Tribuna de fecha  24 de Enero de 2016

 

La solución de Smith es la que muchos economistas y asociaciones cívicas como ATTAC venimos proponiendo desde hace años: establecer una tasa sobre una parte de la economía que hasta ahora está prácticamente exenta de cualquier tipo de gravamen, las transacciones financieras

Los grandes medios de comunicación solo se suelen hacer eco de los dos o tres candidatos presidenciales que tienen el apoyo de los poderes económicos y financieros de Estados Unidos. Pero cuando se celebran allí elecciones suelen presentarse también otros candidatos a veces con propuestas realmente interesantes, como ahora ocurre con Scott Smith. En su página web hace una propuesta tan fácil como efectiva y revolucionaria para evitar que el gobierno siga generando déficits multimillonarios y una deuda que aumenta cada año sin necesidad de que las empresas y personas físicas sigan pagando impuestos para financiarlos.

La idea, expuesta de la manera más sencilla es la siguiente, tal y como él la expone en su web.

El presupuesto federal de Estados Unidos es de 3,9 billones (españoles, es decir, millones de millones) de dólares.

La renta personal en Estados Unidos es de unos 15 billones de dólares, de modo que tratar de financiar con ella los 3,9 billones del presupuesto obliga a establecer altos impuestos o a incurrir en grandes déficits.

La solución de Smith es la que muchos economistas y asociaciones cívicas como ATTAC venimos proponiendo desde hace años: establecer una tasa sobre una parte de la economía que hasta ahora está prácticamente exenta de cualquier tipo de gravamen, las transacciones financieras.

Las cuentas de Scott Smith para Estados Unidos son muy sencillas.

Según las estadísticas internacionales, el volumen de transacciones financieras de la economía estadounidense era de 4.456 billones de dólares en 2013 (sería fácil demostrar que en realidad es mayor, porque esas cifras suelen estar infravaloradas, pero podemos dejar las cosas así).

Eso significa, por tanto, que para financiar los 3,9 billones del gasto presupuestario haría falta exactamente el 0.0875%del total de las transacciones financieras (esa es la proporción que 3,9 billones representa de 4.456 billones). Es decir, que (redondeando) con una simple tasa del 0,1% sobre todas las transacciones financieras ya no sería necesario que ni las personas ni las empresas pagaran impuestos para financiar el gasto público (compárese ese 0,1% con el porcentaje que cada uno de ustedes paga de impuestos sobre su renta).

Lógicamente, esta misma propuesta se podría aplicar en Europa, en España y para el mundo en su conjunto y su efecto sería inmediato y de una eficacia impresionante. Valgan tres de ejemplos.

– El stock de deuda pública actual en todo el mundo es de 58 billones de dólares.

– El gasto público mundial anual es de unos 20 billones de dólares.

– La financiación establecida en la reciente cumbre de París para hacer frente al cambio climático fue de 100.000 millones de dólares al año.

Por otro lado, de los datos del Banco Internacional de Pagos se deduce, según una estimación bastante conservadora, que el volumen total de transacciones financieras en el mundo es de unos 11.000 billones de dólares.

Eso quiere decir que:

a) Toda la deuda acumulada en el mundo se financiaría con una tasa única (un solo año) del 0,5% del total las transacciones financieras (58 billones/11.000 billones x 100).

b) El gasto público mundial se financiaría con una tasa anual del 0,2% de todas las transacciones financieras (20 billones/11.000 billones x 100) y prácticamente ya no haría falta ningún otro impuesto.

c) La lucha contra el cambio climático se podría financiar anualmente con una tasa del 0,0001% del total de las transacciones financieras internacionales.

Naturalmente, establecer en todo el mundo una tasa de este tipo y sobre una base amplia de las transacciones financieras conlleva complicaciones pero desde luego no mayores que las que implica mantener los sistemas fiscales actuales en todos los países. Además, con ella se ahorraría mucho dinero en personal y en gastos de administración, y nadie podría decir que se está estableciendo una medida confiscatoria o ni siquiera que atente contra el funcionamiento del sistema. Hablamos de un porcentaje verdaderamente ridículo.

¿Por qué no se adopta entonces? El candidato a la presidencia de Estados Unidos Scott Smith dice que es porque hacemos frente a problemas del siglo XXI con instrumentos del siglo XIX. Lleva razón, pero yo creo que también se rechaza porque los poderosos que gobiernan el mundo no quieren ceder ni un céntimo. Lo quieren todo. Y también porque, en realidad, lo que les preocupa no es que haya más o menos impuestos sino que, gracias a la fórmula que acabo de explicar todos los seres humanos pudieran ejercer sus derechos, informarse, estudiar y conocer, el mundo sin ser esclavas día a día de la necesidad.

En cualquier caso, que nadie se confunda. La propuesta que acabo de hacer muestra que los problemas de déficits y deuda pública gigantescos que tienen las economías no se solucionan porque no se quiere pero eso no quiere decir que, incluso si se resolviesen por la forma que propongo, estuviese ya todo solucionado. Seguiría habiendo una predomino letal de la actividad financiera que antes o después acaba con la creación de riqueza que satisface nuestras necesidades y quedaría pendiente resolver otros muchos problemas. Sobre todo el fundamental de cómo generar los ingresos básicos para poder organizar la vida económica sin provocar los desequilibrios e injusticias que ahora hay. Y hay que tener en cuenta, además, que los impuestos no son útiles solo para recaudar sino también para redistribuir la renta y la riqueza y para incentivar o desincentivar determinadas actividades. Pero de eso hablaremos otro día.

No culpen a China de la turbulencia de los mercados

Occidente no aprendió de la crisis de 2008. La única "recuperación" económica que hubo fue construida sobre burbujas

Artículo de Ha-Joon Chang es profesor de Economía en la universidad de Cambridge, publicado en El diario.es de  fecha 23/1/2016.

 

Este inicio de año ha sido el peor en la historia de la bolsa de Estados Unidos. Los mercados de Europa y Japón han perdido casi un 10% y un 15% de su valor respectivamente; la bolsa de China ha reanudado su descenso en picado; y el precio del crudo está en su nivel más bajo de los últimos 12 años, reflejando (y anticipando) una desaceleración económica a nivel mundial.

De acuerdo con el relato económico que predominó en los últimos tiempos, 2016 iba a ser el año en que la economía mundial se recuperaría por completo de la crisis iniciada en 2008, y en el que EEUU sería el abanderado de la recuperación, generando crecimiento y trabajo mediante conservadurismo fiscal y políticas en favor de los empresarios.

Como reflejo del crecimiento sólido de la economía en 2015 y aunque se vieron parcialmente afectados por los problemas del verano en la bolsa de China, los mercados estadounidenses llegaron el año pasado a muy buenos niveles. El desempleo en EEUU había pasado del máximo de 10% tras la crisis de 2008 a un 5% en 2015, el porcentaje de antes de la crisis. En una demostración de confianza y por primera vez en nueve años, la Reserva Federal de EEUU llegó a aumentar el mes pasado la tasa de interés.

Según ese relato, no muy lejos de EEUU se encontraban Irlanda y Gran Bretaña. Si bien la crisis les había pegado más duro, se decía que su recuperación había sido admirable porque no titubearon a la hora de mantener las políticas adecuadas, por mucha antipatía que generaran entre sus ciudadanos: recortar el gasto público, especialmente el dinero derrochado en gasto social, era visto como una forma de generar empleo porque hacía más difícil que algunos vivieran a costa del contribuyente. Irlanda y Gran Bretaña habían tenido además la sensatez de no ceder ante los que piensan que todo es culpa de los bancos y tampoco se pasaron regulando al sector financiero.

Se decía que incluso las economías de Europa continental se estaban recuperando poco a poco después de aceptar la necesidad de la disciplina fiscal, reformar el mercado laboral y reducir la regulación a las empresas. Por fin, el mundo, al menos el mundo desarrollado, estaba listo para recuperarse plenamente.

¿Qué fue entonces lo que salió mal?

Los que siguen empeñados con ese relato tratan de culpar por adelantado a China de todos los males económicos que se avecinan. El ministro de Hacienda de Reino Unido, George Osborne, está entre los que advierten del "peligroso cóctel de nuevas amenazas", en el que ocupan un lugar destacado la devaluación de la moneda china y el desplome del precio del crudo (ambas situaciones originadas en gran medida por el lento crecimiento económico de China). Si nuestra recuperación descarrilaba, quiso decir, sería porque China no controló bien su economía.

Claramente, China es un actor importante en la economía mundial. En 1978, al comenzar su proceso de reformas económicas, la economía china sólo representaba el 2,5% de la economía mundial. Ahora significa un 13%. Pero no debe exagerarse su importancia. Hasta 2014, EEUU (22,5%), la Eurozona (17%) y Japón (7%) representaban juntos casi la mitad de la economía mundial. La importancia del mundo rico es ampliamente superior a la de China. A menos que la acusación la formule un país en desarrollo cuya suerte dependa de la exportación hacia China, el resto no puede responsabilizar de sus males económicos al lento crecimiento de esa nación.

Lo que verdaderamente ocurrió es que Norteamérica y Europa occidental nunca se recuperaron de verdad de la crisis de 2008. De acuerdo con el FMI, a finales de 2015, el ingreso per cápita ajustado a la inflación (en moneda nacional) era menor que antes de la crisis en 11 de estos países (sobre un total de 20). En cinco de ellos (Austria, Islandia, Irlanda, Suiza y el Reino Unido), fue superior en muy poco: un 0,05% en Austria y un 0,3% en Irlanda. Solo en cuatro países, Alemania, Canadá, EEUU y Suecia, el ingreso per cápita fue considerablemente mayor que antes de la crisis.

Incluso en Alemania, el país con mejores números de entre esos cuatro, la tasa de crecimiento del ingreso per cápita fue solo de 0,8% anual entre su último pico (2008) y 2015. La tasa de crecimiento de EEUU, la mitad: 0,4% anual. Comparemos eso con el 1% anual de la tasa de crecimiento que consiguió Japón durante sus presuntas "dos décadas perdidas", entre 1990 y 2010.

Por si eso no bastara, gran parte de la recuperación se ha debido a burbujas financieras, infladas por compras de deuda pública (expansión cuantitativa) que se convierten en inyecciones de efectivo al sector financiero.

La magnitud de estas burbujas ha sido aún mayor en EEUU y Reino Unido. Ya estaban en niveles sin precedentes en 2013 y 2014 pero en 2015 llegaron aún más lejos: el mercado de valores estadounidense llegó en mayo de ese año a un máximo histórico. Bajó en verano pero ya en diciembre volvió a tener más o menos el mismo nivel. En Reino Unido, el mercado de valores no está tan inflado, tras retroceder casi un 25% después de su máximo de abril, pero la burbuja está en otro lugar: el mercado inmobiliario. Los precios de las propiedades ya sobrepasan en un 7% su máximo de 2007.

Parece entonces que las principales causas de la actual tormenta económica se encuentran en las naciones más ricas, especialmente en las economías dirigidas por el mercado financiero de Estados Unidos y Reino Unido.

Después de 2008, tras rechazar una reestructuración profunda de sus economías, la única forma en la que podían lograr una mejora era creando otra serie de burbujas financieras. En su discurso, los gobiernos y los sectores financieros transformaron una recuperación agónica en una recuperación espectacular. Propagaron así el mito de que las grandes burbujas son signo de economías saludables.

Independientemente de que las actuales turbulencias del mercado lleven o no a una caída continuada o a un derrumbe, son una señal de que hemos desperdiciado los últimos siete años apuntalando un modelo económico en bancarrota. Antes de que todo empeore, debemos reemplazarlo por otro en el que el sector financiero sea menos complejo y tenga mayor paciencia, en el que se estimule la inversión en la economía real con incentivos fiscales y tecnológicos, y en el que se implementen las medidas para reducir la desigualdad para, de este modo, mantener la demanda sin crear más deuda.

Ninguna de estas ideas será fácil de implementar pero sabemos cuál es la alternativa: poco crecimiento, inestabilidad y caída del nivel de vida para la gran mayoría.

Carta abierta a Pedro Sánchez, Secretario General del PSOE.

Artículo de Juan Antonio Molina en Nueva Tribuna de fecha 12 de Enero de 2016.

Los silenciosos deben tener voz, la voz de un partido socialista que retome la ideología de la igualdad, la justicia y la solidaridad. 

Estimado Secretario General:

Jean Cocteau dijo que Víctor Hugo era un loco que creía que era Víctor Hugo. Y no es locura banal ni prescindible aquella que nos hace creer quienes somos en las brumas de una sociedad inauténtica. Hoy España padece, como heridas no cauterizadas, los graves problemas que arrastra largo rato en la Historia que por aplicarles soluciones que no lo eran aventaron el grito desgarrador de Gil de Biedma cuando se lamentaba: “De todas las historias de la Historia / Sin duda la más triste es la de España / Porque termina mal.”

Nuestro país vive hoy, sin duda, una de las horas más determinantes de su historia reciente, pues nunca las perspectivas se presentaron tan inciertas como las que se deparan a la ciudadanía. Y no se juzga fundamentar esta afirmación en análisis más detallados, pues jamás la seguridad y el bienestar material y social, e incluso los propios derechos ciudadanos, estuvieron en tan grave riesgo como lo están en la actualidad. España padece una quiebra sistémica que no sólo atañe a la relación del Estado con la sociedad sino con su propia identidad constitutiva cultural y territorial, con episodios secesionistas.

Sin proyecto de país, sin estímulos éticos, sin fundamentos morales ni políticos de convivencia, el régimen de poder estima que el atrezzo de la propaganda y el discurso unilateral y totalizante producirá la suficiente rutina como para que una absoluta anormalidad en el poder público, como afirmó Ortega y Gasset de otro momento histórico pero de igual calado crítico, se responda como entonces: “volvamos tranquilamente a la normalidad por los medios más normales, hagamos “como si” aquí no hubiese pasado nada radicalmente nuevo, sustancialmente anormal”. Y remachaba así su idea Ortega: “La frase que en los edificios del Estado español se ha repetido más veces es esta: en España no pasa nada.”

Por su parte, el socialismo español no se da cuenta que la rutina intelectual y política ya no sirve. El problema para las fuerzas de progreso ha sido fundamentar su actuación en un proceso de adaptación por arriba, a los condicionantes fácticos del sistema, y no por abajo, es decir, a las demandas de las mayorías que confían en la ideología y no en la praxis, porque las ideas no se difuminan mientras la praxis es, en demasiadas ocasiones, desafecta a los principios que deberían inspirarla por sus constantes desviaciones, rectificaciones y renuncias. Desechando l’esprit est a gauche que proclamaba Sartre, se ha pretendido que la realidad fuera como un continuum de marketing político semejo al maná del desierto, con sabor según pedido del paladar. 

Con el régimen del 78 la derecha retardataria –en España no ha existido otra en doscientos años- había conseguido salir de la urdimbre franquista que ella misma había tejido para, sin tener que asumir el papel de Penélope y destejer influencias, intereses y poderes del caudillaje, crear la fantasmagoría de su homologación democrática con la simple y dolosa prestidigitación de tomar en sus manos el miedo de la gente incubado en el franquismo y mostrarlo.

Siempre sería mejor votar que no votar y no reparar mucho en que una reforma es simplemente un retoque de lo existente y lo existente era lo que era. En realidad, supuso escenificar lo que ya históricamente había fracasado como la Restauración canovista, que el mismo Cánovas definía como un presidio suelto. La política quedaba reducida a recoger los escombros de la continuidad histórica de un régimen de poder oligárquico y cerrado para administrarlo. La centralidad del ecosistema político devino tan excéntrico que la derecha radical pasó por moderada, la izquierda moderada por radical y se inventó la ficción de un centro político para que los progresistas se lanzaran a la conquista de una inexistente sociología y formasen una topera ante su natural sujeto histórico.

Ningún ámbito ni atmósfera del Estado se encuentra ahora libre de sospecha: la corrupción generalizada instalada en todos los intersticios de las instituciones, la quiebra del sistema autonómico y las consecuentes tensiones soberanistas, la intromisión política en los órganos judiciales, el descrédito de los partidos sistémicos, la quiebra social, el tratamiento del malestar y el desencanto ciudadano únicamente desde las perspectivas del orden público y la propaganda, el déficit democrático, trazan un escenario de fractura múltiple que lleva a preguntarse si es posible una regeneración endógena del sistema, si el régimen del 78 es capaz, como el barón de Münchhausen, de salir de la ciénaga tirándose de su propia coleta o por el contrario, como afirmó Ortega de la Restauración canovista, es necesario enterrar bien a los muertos.

Este estado de extremaunción de los valores cívicos, de la calidad de la democracia, de la sensibilidad social propiciado por intereses plutocráticos y la ideología más reaccionaria de la derecha produce aquello que definió Jean Baurdrillard  al destacar que en la ilusión del fin a partir de una cierta aceleración produce una pérdida de sentido. La implantación del autoritarismo en los recovecos estatales ha convertido la crisis no sólo en ruina y desequilibrio social, sino en descomposición donde los objetivos son tan poco confesables  que propician una pérdida general de sentido y, como consecuencia, déficit de identidad y habitabilidad en el Estado para ciudadanos y territorios.

Por ello, el Partido tiene que pasar de un socialismo vigilado, donde parece que lo que realmente estorba al difuso proyecto socialista es el mismo socialismo, a un socialismo vigilante donde la razón vuelva a tener ideología. De lo contrario seguiremos declamando, junto a Juan Ramón Jiménez: “Me olvido de ti pensando en ti.” El régimen de poder en España ha desembocado en un universo de frustración y represión. En este sistema y dado que la ausencia de finalidad social es la condición misma de su funcionamiento, el individuo queda reducido a simple instrumento de supervivencia y consumo. Y ante eso, como escribía Michel Rocard  en Questions à l’Etat socialiste, es necesario separar el análisis económico y sociológico para llegar a lo esencial, que es el poder, es decir, el análisis político. Y eso se consigue desde la ideología y  la voluntad de transformación, de forma que para los socialistas y todos los ciudadanos pueda llegar un día en que los años de la ruina sean aquellos en los que vivieron con plenitud porque les dieron la oportunidad de empuñar sus vidas con audacia en lugar de obedecer consignas y someterse a una realidad injusta.

Porque si el Partido Socialista sólo interviene en la vida pública como una organización electoral, por eficaz y necesario que deba ser este comportamiento, le faltará contenido diferenciador frente a cualquier máquina publicitaria, o partido de derechas. Es cuando los factores instrumentales se convierten en objetivos exclusivos y el Partido se torna en una organización burocrática de profesionales de la política, de cargos públicos institucionales, en el Gobierno o en la oposición, que con el pretexto de capacitación o profesionalización orgánica, acaba convirtiéndose en una tecnocracia que sepulta la ideología y los principios. Se habrá extinguido su razón de ser como organización política de ciudadanos que asumen un compromiso de trabajo político por su identificación en un análisis de la sociedad, de sus contradicciones y sus causas, y por su coincidencia con un objetivo transformador de la misma, que supone la concreción de una teoría política y la realización de una acción política fundamental cual es dotar a las mayorías sociales de su principal instrumento de lucha.

Por lo tanto, no hay otro camino que el rearme ideológico en la perspectiva del socialismo necesario para superar la realidad social tan injusta que nos envuelve. Si lo único que interesa a los responsables orgánicos es la lucha por el poder se hace un flaco favor al Partido, a la ciudadanía, al país y a los mismos dirigentes pues no hay nada tan efímero como aquello que se descompone en su propia decadencia. No hay que olvidar, para sobresanarlo, aquello que advertía Tierno Galván cuando afirmaba que el poder impregna de indiferencia todo lo que no es poder. El socialismo tiene que pensar seriamente no tanto en políticas concretas que quiere realizar desde el Gobierno, sino en cómo modificar las relaciones de poder que han permitido que la situación actual sea tan injusta.

Los silenciosos deben tener voz, la voz de un partido socialista que retome la ideología de la igualdad, la justicia y la solidaridad; que aparque la obsesión pragmática porque de lo contrario los propósitos se pueden quedar en puro voluntarismo, sobre todo si ignoramos cómo conseguirlos y si pretendemos alcanzarlos de la misma manera que nos hizo alejarnos de ellos. Ese es el reto del PSOE: consolidar un socialismo libre, justo, solidario, igualitario y sin excusas y cuyo camino para ello es pensar en grande, sacudirse de lo pequeño y proyectarse hacia el porvenir. Buscar nuevos niveles de soberanía popular y nuevos procedimientos para tomar las decisiones democráticamente, en un imperativo contexto donde los espacios económicos, políticos y jurídicos están dolosamente desvertebrados en contra de los más débiles.

La carrera por el poder para los socialistas no puede consistir en, una vez alcanzado, decirle a la ciudadanía, como advertía Largo Caballero, ya veremos qué podemos hacer, sino lo que nos indicó Pablo Iglesias Posse, que los socialistas estamos dispuestos a vencer, no a defendernos, y vencer es la consolidación de un socialismo sin pretextos ni atajos.

La sostenibilidad de las pensiones públicas

Desde una perspectiva de defensa del sistema público de pensiones como pilar de un Estado de Bienestar aún incompleto, consideramos que la fórmula más efectiva para lograr esos recursos adicionales sería la creación de un recurso fiscal específico para la financiación de las pensiones.

Artículo publicado en El Diario.es de Borja Suárez Corujo / Antonio González  González

Hace unos días un editorial de El País aprovechaba la publicación del informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) sobre la revalorización anual de las pensiones para plantear la necesidad de abrir un debate sobre el futuro del sistema público. Dada la extraordinaria sensibilidad de este asunto, las dificultades que actualmente atraviesa la Seguridad Social y la incertidumbre que el desequilibrio de sus cuentas –y su interpretación– están generando a la ciudadanía, parece realmente oportuna esa reflexión. Sirvan estas líneas como una modesta contribución con la que se quieren aclarar algunos aspectos.

I. El problema coyuntural y el reto estructural. Como primera observación, es acertado señalar que el desequilibrio que hoy sufre el sistema de pensiones no deriva de un problema de gastos, sino de ingresos. Quiere ello decir que nuestro país no gasta demasiado en pensiones; al contrario, estamos por debajo de la media de los países de la Eurozona. Se preguntará entonces el lector por qué la Seguridad Social tiene un déficit superior al 1% del PIB desde hace cuatro años. Y la respuesta es sencilla: por el impacto de la crisis económica y por las políticas ‘austericidas’ que han concentrado todo el ajuste en la destrucción de empleo. Por ello, pese a que este desfase no es en absoluto menor –el Fondo de Reserva se agotará en 2017 ó 2018–, no cabe duda de que su naturaleza es coyuntural, como probaría el que ahora las cuentas estarían equilibradas si tuviéramos el número de cotizantes alcanzado antes de la crisis. En todo caso, hay que denunciar la estrechez del planteamiento que pretende hacer creer que la sostenibilidad del sistema de pensiones depende del nivel de ingresos vinculado a las cotizaciones sociales: la clave más bien reside –debería residir– en el volumen de riqueza que la sociedad está dispuesta a dedicar a sus ancianos, lo que exigirá, en su caso, la articulación de otras fórmulas de financiación.

Sin embargo, de nuevo en este punto se plantea un segundo interrogante que vendría a socavar la fiabilidad del actual sistema público de pensiones: la amenaza que deriva del próximo envejecimiento de la población. Frente al caso anterior, aquí la dimensión del reto es, en parte, estructural, puesto que es indiscutible que ese cambio demográfico va a suponer un incremento muy significativo del número de pensionistas a partir de mediados de la próxima década y durante un largo periodo de tiempo con la consiguiente repercusión en el gasto. Precisamente para dar respuesta a esta transformación de la estructura poblacional se aprobó de forma consensuada (Pacto de Toledo y Acuerdo Social y Económico, tripartito) la reforma de 2011. Este conjunto de ajustes paramétricos imponía sacrificios a los pensionistas y trabajadores, pero garantizaba que el crecimiento del gasto asociado a ese fenómeno demográfico no superara –ni siquiera en el momento más crítico, 2050– un nivel que puede considerarse asumible en términos comparados: 14% del PIB. Un nivel inferior al gasto que hoy realizan Francia, Italia o Austria. A pesar de ello, el gobierno ‘popular’ no consideró suficiente el ajuste y volvió a impulsar cambios en 2013 con una contundencia sin precedentes.

II. La magnitud de la reforma de 2013. Difícilmente puede sostenerse, como hace el editorial que hemos mencionado, que la reforma de pensiones llevada a cabo en la presente legislatura (Ley 23/2013) sea “insustancial”. Bien al contrario, cabría afirmar que los dos cambios que impuso de forma unilateral el Gobierno de Rajoy –sustitución del mecanismo de revalorización de las pensiones e introducción de un factor de sostenibilidad vinculado a la esperanza de vida– suponen una ruptura del modelo que hoy (todavía) conocemos. Como reconoce el propio Ejecutivo y avala la Comisión Europea, esas dos medidas habrían de implicar un recorte del gasto en pensiones en 2050 de 3,4% del PIB, lo que daría lugar a unos niveles de gasto muy similares a los actuales. Pero con la significativa diferencia de que el número de pensionistas se habrá prácticamente duplicado.

La entidad del ajuste ya ha comenzado a manifestarse. En concreto, de la información ofrecida la pasada semana por la AIREF  se deduce que la aplicación del nuevo índice de revalorización anual va a implicar una congelación de las pensiones (subida testimonial del 0,25%) hasta bien entrada la próxima década. Tal es el resultado ofrecido por la nueva fórmula de revalorización que ya no persigue la garantía del poder adquisitivo de los pensionistas, sino la estabilidad presupuestaria. Así, el desequilibrio que sufren las cuentas de la Seguridad Social desde 2012 ha de lastrar el mecanismo (de ‘devaluación’) durante al menos seis años más. Con un doble agravante: primero, que aunque mejore la situación financiera de la Seguridad Social el impacto de la jubilación de los baby boomers presionará a la baja la aplicación de la fórmula en el futuro. Y, segundo, que a partir de 2019 la introducción del factor de sostenibilidad supondrá también una reducción de la cuantía inicial de las pensiones.

III. La insostenibilidad social del modelo resultante. A la vista de lo anterior, parece evidente que el modelo resultante de la ruptura de 2013 es insostenible. Pero no porque suponga un gasto excesivo, sino porque condena a los pensionistas a la pobreza, algo que difícilmente cabe en un Estado social en el que los poderes públicos deben garantizar la suficiencia económica a los ciudadanos durante la vejez mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas (artículo 50 de la Constitución).

¿Significa ello que ha de apostarse entonces por un cambio radical de modelo? Hay quien defiende, con diversas variantes y de forma más o menos encubierta, que ha llegado el momento de transformar nuestro sistema de pensiones en uno mixto, limitando el peso del pilar público como vía más efectiva para la extensión del pilar privado. Eso condenaría a la mayor parte de la población –incapaz con sus ingresos de pagarse un fondo privado suficiente– a pensiones casi de pobreza. Nosotros, en cambio, creemos que deben recuperarse las señas de identidad del sistema de pensiones que hemos conocido, para lo cual resulta imprescindible completar las actuales fuentes de financiación.

Durante años el Estado ya financió una parte importante del gasto de la Seguridad Social, junto a los ingresos provenientes de las cotizaciones sociales. El ajuste de la asistencia sanitaria al marco constitucional aconsejó la aplicación de un principio de separación de fuentes por el cual las cotizaciones se dedicaban a la financiación de las prestaciones del nivel contributivo, circunscribiéndose la aportación del Estado –y no totalmente– a la parte asistencial. Ese diseño, que pudo resultar válido para un momento concreto de la evolución demográfica, no lo es para la fase de maduración en la que accederán a la jubilación los baby boomers.

IV. El Estado como garante de la sostenibilidad del sistema de pensiones. Resulta urgente e imprescindible un cambio que lleve al Estado a complementar progresivamente los ingresos del sistema como vía más efectiva para preservar la centralidad de las pensiones dentro de nuestro Estado social.

Semejante acción de reequilibrio de las fuentes de financiación no es ninguna ocurrencia. Cuenta con la misma legitimidad –y pacífico encaje constitucional– con la que la protección por desempleo pasó de financiarse casi exclusivamente a través de cotizaciones sociales antes de la crisis a recibir la mitad de los recursos directamente del Estado durante el periodo más crítico. Y es ciertamente un diseño bien conocido por los países de nuestro entorno.

La pregunta entonces es si el esfuerzo presupuestario adicional que se plantea resulta asumible para el Estado. No cabe duda de que el incremento de la aportación estatal sería muy notable, pero es un reto asequible por las siguientes razones. Primero, porque el nivel de gasto en pensiones suprimiendo los cambios de 2013 evolucionaría hacia cotas que hoy ya, con una riqueza menor, sostienen sin problemas otros países próximos. Segundo, porque urge y debe producirse una mejora de los ingresos fiscales que enjuague la grave insuficiencia (casi ocho puntos) que tiene España respecto de los demás Estados europeos. Tercero, porque el esfuerzo de financiación exigido sería progresivo en el tiempo, lo que facilitaría un margen de maniobra para el desarrollo de otras políticas igualmente necesarias para el mantenimiento del sistema de pensiones (política de empleo, inmigración, natalidad…). Y, cuarto, porque se trata de un esfuerzo con una duración temporal limitada, en la medida en que a partir de 2050 se produciría una significativa caída del gasto como consecuencia del agotamiento de los efectos de la jubilación de la generación del baby boom.

Desde una perspectiva de defensa del sistema público de pensiones de reparto como pilar de un Estado de Bienestar aún incompleto, consideramos que la fórmula más efectiva para lograr esos recursos adicionales sería la creación de un recurso fiscal específico para la financiación de las pensiones que, como expresión de un firme y amplio compromiso político –blindaje–,serviría para la preservación del patrimonio social que hemos construido entre todos. Otros proponen soluciones distintas que entrañan un menor gasto público –y un mayor gasto privado– que conduce a pensiones mayoritariamente más bajas. A ellos hay que pedirles que expliquen sus propuestas, pero incluso antes de ello habría que exigirles que aclaren por qué rechazan el actual modelo público de pensiones.

¡Basta ya de engaños con las cuentas públicas!

Fernando Luengo
Profesor de economía aplicada de la Universidad Complutense de Madrid.

Artículo en Público.es de fecha 2 noviembre 2015

Hay que recordarlo cuantas veces sea necesario. El origen de la crisis no se encuentra en el desgobierno de las finanzas públicas, sino en la ineficiencia del sector privado. Más concretamente, en el auge desbordante de la industria financiera y en la asunción de riesgos excesivos en busca de rentabilidades excepcionales. Esta industria, y las grandes corporaciones y fortunas que la alimentaron, se beneficiaron de una regulación pública complaciente, cuando no cómplice.

El universo de las finanzas, y la consiguiente economía del endeudamiento, nos llevaron a galope tendido hasta una crisis de proporciones históricas y nos empujaron a la Gran Recesión. El desplome de la actividad económica y la ingente cantidad de recursos destinados a salvar a los bancos –no lo olvidemos, los verdaderos responsables del colapso económico- y  a sanear sus cuentas de resultados provocaron el rápido aumento de los niveles de déficit y deuda públicos.

Oportunidad de oro para dar a la ciudadanía gato por liebre. Las élites políticas y económicas, y los medios de comunicación a su servicio, se lanzaron a un bombardeo mediático incesante con un mensaje que culpaba al sector público de “gastar lo que no tenía, dilapidar los recursos de todos y vivir por encima de sus posibilidades”. Un discurso cínico y tramposo que, a fuerza de repetirlo mil veces, se ha abierto camino, como si formará parte del sentido común, de una verdad indiscutible. Lo cierto, sin embargo, es que el desorden presupuestario ha sido la consecuencia, en absoluto la  causa, de la crisis. Ha sido, asimismo, el resultado de la incursión de los  grandes grupos económicos privados en los espacios públicos, devorando recursos que son de todos y convirtiendo todo lo que tocaban en negocio.

El argumento de la “austeridad presupuestaria” ha resultado muy útil para abrir el grifo de los recursos públicos a la banca y las grandes corporaciones. Lo que tan solo ha sido un  saqueo organizado (¡Cuánta razón tenían los que proclamaban que la gestión de la crisis era una estafa!), se convertía en una estrategia para salir de la crisis. Estrategia que, por cierto, no ha funcionado. Más deuda pública, más desempleo, mas desigualdad, más pobreza, un alarmante deterioro de nuestra capacidad productiva y crecimiento endeble.

Resulta evidente que las políticas de ajuste presupuestario (y de devaluación salarial) han fracasado, pero continúan reivindicándose como el camino a seguir. No solo por los gobiernos, sino también como uno de los cimientos de la zona euro y de la Unión Europea. ¿Cómo es posible tanta ofuscación, cuando el balance de esas políticas  ha sido tan negativo? Será que no lo ha sido tanto… para el poder. No solo se ha asistido a una masiva socialización de los costes de la crisis y a una histórica redistribución de la renta y la riqueza hacia los grupos socialmente más privilegiados. Las políticas de austeridad lanzan, además, un mensaje de calado, al deslegitimar lo público, que queda estigmatizado como ineficiente y despilfarrador; de este modo, alcanzar el equilibrio presupuestario se convierte en el santo y seña de las buenas prácticas en materia de política económica. Otra de las consecuencias de gran trascendencia de las referidas políticas de austeridad es que su implementación ha debilitado financieramente las instituciones cuyo cometido principal era promover la equidad social e impulsar las inversiones públicas. Instituciones que encarnaban un consenso social basado en cierto equilibrio en las relaciones de poder y en la existencia de puentes institucionales que hacían posible las políticas redistributivas.

Por todo ello, las políticas de austeridad, más allá de la coyuntura de la crisis, han llegado para quedarse. Además de haber facilitado un ajuste de cuentas histórico en beneficio de los poderosos, han creado las condiciones para que se hagan realidad un proceso de acumulación por desposesión y la ocupación y mercantilización de los espacios públicos y de la política. Por las mismas razones, hay que reivindicar el gasto público, en su vertiente social y productiva. ¿Porqué hay que recuperar lo perdido durante los años de crisis? Sí. ¿Porqué dicho gasto es una palanca fundamental para la reactivación de la actividad económica? Sí. ¿Porqué un aumento del gasto público en esas partidas se puede financiar introduciendo más progresividad y eficiencia en el sistema tributario, que se encuentran muy por debajo de los estándares comunitarios? También. Pero no perdamos de vista lo fundamental. El corazón de una decidida actuación del sector público en materia social y productiva reside en la defensa de la igualdad de oportunidades y en la necesidad de eliminar privilegios inaceptables, en el convencimiento de que esos gastos son imprescindibles  para un buen funcionamiento de la economía, y  en que ha llegado el momento de poner la decencia, la democracia y la ciudadanía en el centro de la agenda política.

Si queremos pensiones, luchemos

 

Artículo de Edmundo Fayanas Escuer publicado el 13 de Octubre de 2015 en el diario nueva tribuna.es

Las pensiones están sufriendo grandes presiones desde el mundo de los poderosos que solo miran por sus beneficios y no por el bien común.compartir

 

Como vemos día a día, sigue la ofensiva de los medios de comunicación (prensa, radio y televisión), así como los poderes financieros, para cargarse el sistema público de pensiones, anunciándonos la hecatombe venidera. En consecuencia, que mejor solución, que hacerse una pensión privada.

¿Vamos al desastre de las pensiones públicas?

NO. Quién nos va a garantizar mejor las pensiones, que el propio Estado. ¿Creen ustedes que los bancos son más seguros? Vean, que ha pasado con los bancos quebrados o por empresas quebradas como las multinacionales Enron o Worldcom que significó la pérdida de las pensiones privadas de decenas de miles de sus trabajadores.

El gran argumento, que se utiliza es la demografía. Para ello, no dudan en presentarnos pirámides de población de los años 2050 o 2060 y ahí ya nos comunican la hecatombe total.

¿Son fiables estas pirámides poblacionales? No lo son, porque no están hechas de forma científica, sino con la finalidad de conseguir unos resultados para justificar los fines de la privatización de las pensiones públicas.

Recordemos los errores de las pirámides de población elaboradas en el año 1990, que como conclusión nos anunciaban, que para el año 2000, la Seguridad Social estaría quebrada, por la disminución de población. Llegó el año 2000, la población española había crecido y la Seguridad Social tenía superávits.

En el año 2000, nos vuelven a presentar una pirámide poblacional donde nos hablan de que en el año 2010, la población española sería de 39 millones y en consecuencia nos anuncian la hecatombe de la Seguridad Social. La realidad es, que en el año 2010, nuestro país pasó de los 47 millones de habitantes y tuvo un fondo de reserva de las pensiones de 68.000 millones de euros.

¿Cabe mayor desatino? ¿Han pedido perdón? ¿Por qué insisten cuando saben que se equivocan? Como ven, los intereses económicos de los poderosos están muy por encima de los intereses generales.

Otro de los argumentos, que se emplean es el déficit de la Seguridad Social ¿Tiene déficit la Seguridad Social?

Sí. ¿Por qué lo tiene? Porque los ingresos han disminuido mientras que los gastos crecen, aunque a un ritmo menor.

¿Por qué tiene déficit la Seguridad Social? Es consecuencia de las políticas llevadas por el PP: austeridad, reforma laboral, subvenciones a empresas y bancos... Veamos.

La reforma laboral ha provocado un abaratamiento del despido de los trabajadores y ha permitido una rebaja salarial en torno al 15% del salario que se cobraba. Además, ha provocado un aumento del paro hasta el 25% y el empleo que se está creando es de baja calidad, con poco salario e inestable. Las empresas no suelen cumplir los horarios pactados y los trabajadores hacen horas sin cobrarlas bajo la amenaza de despido.

Nos dicen que la tasa de paro disminuye, pero el déficit de la Seguridad Social no lo hace en el mismo porcentaje ¿Por qué? Entre finales de junio de 2014 y el de 2015, el número de trabajadores contratados fue de 523.501, es decir, ha habido un incremento del 3,2%. Sin embargo, la recaudación sólo ha crecido un 0,8% ¿Por qué esta disonancia? Dos son los motivos, por un lado, la cotización media a finales de junio de 2014 era de 3.023 euros por trabajador, mientras que un año después es de 2.952, es decir, los salarios siguen bajando, a pesar de lo que nos dice el optimista Rajoy.

Por otro lado, como nos han anunciado se han creado 523.501 puestos de trabajo, pero el aumento de horas de trabajo equivalía en este periodo a sólo 310.000 jornadas completas de trabajo (40 horas), por lo que se confirma la gran precarización de los trabajos.

Cuando dejemos de tener una inflación negativa, como la que tenemos los dos últimos años, podremos entender en toda su plenitud, la pérdida de poder adquisitivo que significa la revalorización del 0,25% de las pensiones impuestas por el PP y entenderemos al desastre que nos lleva dicha medida a través de menor valor de las pensiones.

¿Se puede recaudar más para la Seguridad Social?

Sí, pero hay que hacer que los salarios se revaloricen y los empleos sean más estables y que de una vez por todas se luche contra la economía sumergida, que ronda el 24%. Debe hacerse que la recaudación sea más progresiva, haciendo que los salarios más altos paguen más. No es de recibo que por ejemplo la Sra Botín (Santander), Alierta (Telefónica), González (BBVA)… paguen lo mismo, que un trabajador medio de sus empresas.

Es difícilmente entendible, que las políticas activas de creación de empleo, no las paguen los presupuestos del Estado, sino que sea a costa de los ingresos de la Seguridad Social y en consecuencia de las pensiones. Las exenciones empresariales desarrolladas por el PP han supuesto una pérdida de recaudación de unos 2.000 millones de euros anuales en los ingresos de la Seguridad Social.

El Partido Popular plantea, que las pensiones de viudedad y orfandad salgan de la Seguridad Social y dependan directamente del Estado. Actualmente, hay 2.350.932 pensiones y su coste medio es de 8.838,2 euros anuales y hay 339.811 pensiones de orfandad con un coste medio de 5.192,32 euros anuales.

En estas pensiones de viudedad y de orfandad hay unas, que son contributivas y otras que debían ser pagadas por el Estado, pero las paga actualmente la Seguridad Social. No debemos permitir, que estas pensiones salgan de la Seguridad Social pero si lo que se debe hacer, es que aquellas pensiones de viudedad y de orfandad que le corresponden al Estado, éste ingrese ese cantidad a la Seguridad Social. De esta forma seguiremos con una única caja y garantizaremos,  que estas pensiones no dependan de los intereses partidarios, que se vayan dando en cada momento.

Como vemos, las pensiones están sufriendo grandes presiones desde el mundo de los poderosos que solo miran por sus beneficios y no por el bien común.

Si queremos que las pensiones sigan con una estructura como hasta ahora, deberemos pelearlas diariamente y de eso debemos ser conscientes, porque si no nos movilizamos está claro lo que quieren y nos jugamos un bienestar mínimo y el futuro también de nuestros hijos y nietos.