Quiebra técnica del sistema público de pensiones

Artículo de Norberto Marchesano Martínez publicado en infolibre de fecha 26/1/2018

ANTECEDENTES

Se han cumplido todas las previsiones adelantadas a principios de julio del 2017 en nuestro artículo Números Rojos en la Seguridad Social. El Fondo de Reserva muestra al 31.12.2017 un saldo mínimo de 8.095 millones de euros, insuficiente para solventar el pasivo financiero que la Seguridad Social se ha visto obligada a comprometer con el Estado por 10.192 millones de euros.

El Gobierno del Partido Popular ha castigado en el período 2012-2017 en 84.629 millones de euros las cuentas de la Seguridad Social, sustrayendo del Fondo de Reserva 74.437 millones de euros y endeudando al sistema público en 10.192 millones.

Ha utilizado las aportaciones directas del Estado, los excedentes de las Mutuas Colaboradoras y los intereses generados por las colocaciones en los Bonos del Estado, para cubrir su fallida gestión administrativa.

En estos seis años el gasto en pensiones ha aumentado un 23,5%, con una tasa promedio de incremento interanual del 3,5%, aunque se ha atenuado ese crecimiento en el último año, al 2,99%. Por el contrario, los ingresos totales relacionados con la recaudación obtenida en el año 2011 han disminuido en más de 20.000 millones de euros. No ha existido una política de ingresos destinada a atender el incremento del gasto.

Se ha instalado un déficit crónico en torno a los 18.000 millones de euros anuales que ya se registró en 2016 y que se repetirá en el año 2017. El otorgamiento de un nuevo préstamo del Estado de 15.000 millones de euros para el 2018 que no cubrirá el déficit anual es la prueba definitiva de que su política de empleo no sirve para garantizar el sistema público, como tampoco es útil a los trabajadores que se incorporan al mercado laboral, para evitar la precariedad, la desigualdad y la pobreza.

Es la quiebra técnica del sistema, escenificada por un patrimonio neto negativo y un déficit prolongado y sin solución en el tiempo.
 

INFORME DE LA SEGURIDAD SOCIAL

El informe de la Seguridad Social al 31.12.2017 demuestra que después de seis años de gestión del Partido Popular, y a pesar del crecimiento de los contratos temporales y a tiempo parcial, nos encontramos con que solo se registran por cada pensionista, 2,23 afiliados cotizantes, ocupados y desempleados a la Seguridad Social. Es la peor cifra del siglo XXI y hay que remontarse a 1998, también con un gobierno del PP, para encontrar una relación más paupérrima.

Según el informe, esta relación ha empeorado respecto al año 2016 cuando se situaba en 2,27, es sensiblemente inferior a la del 2011 cuando alcanzaba el 2,47 y resulta muy alejada del índice de 2,71 de diciembre del 2007.

El Gobierno obsesionado con comparar la situación actual del empleo con la del año 2007, no destaca que en ese año, no solo se aseguraba con esa relación del 2,71 la sostenibilidad del sistema público, sino que se aportaba a la Hucha de las Pensiones 10.000 millones de euros, en lugar de generar un déficit de 18.000 millones de euros como ha sucedido en el ejercicio precedente.

Si nada se modifica sustancialmente, si se continua con el déficit desmedido, las advertencias e imposiciones de Bruselas y del FMI convertirán a la Seguridad Social en el problema fundamental del déficit del Estado, lo que permitirá justificar una disminución importante de las pensiones como está planteado ante estos organismos, que también sugieren continuar prolongando la vida laboral e incentivar la contratación de los planes de pensiones privados.
 

EL PACTO DE TOLEDO

Mientras que la presidenta del Pacto de Toledo, del propio Partido Popular, se ha expresado con palabras al menos desafortunadas y sin datos sobre la supuesta existencia de pensionistas que estarían más años cobrando la pensión que cotizando y ha redundado en comentarios en favor de los planes de pensiones privados, el Ministerio de Empleo, en lugar de abocarse a resolver el grave problema que ha creado por la insuficiencia de los ingresos, ha utilizado el escenario para presentar como propia la idea de utilizar para el cálculo de la base reguladora, toda la vida laboral.

Resulta por lo menos insólito que el Gobierno responsable de los contratos temporales y a tiempo parcial que precisamente impiden acumular años de cotización, de los salarios y cotizaciones de miseria que sólo aseguran pensiones de miseria, de disminuir la protección y el tiempo de cotización por desempleo retrasando a los 55 años el derecho al subsidio de los mayores de 52 años, de contabilizar a la baja en un 50% las bases de cotización en períodos no trabajados, de continuar aplicando el Índice de Revalorización del 0,25% perjudicando en 2016 y 2017 el poder adquisitivo de los pensionistas y de adelantar la aplicación del Factor de Sostenibilidad a partir del año 2019, plantee de forma oportunista, ideas que ni de lejos puede compensar los perjuicios ya ocasionados a este colectivo.

El Partido Socialista tampoco puede eludir responsabilidades al existir un claro hilo conductor entre la reforma de las pensiones del PSOE del año 2011 y la reforma del PP del 2013. También se verifica en materia de precariedad del empleo y pérdida de derechos de los trabajadores, una continuidad entre la reforma laboral del PSOE del 2010 y la reforma del PP del 2012. Ambas reformas laborales deberían ser derogadas.

El PSOE ha entrado en la guerra de titulares y propuesto un impuesto extraordinario sobre los beneficios de la banca, que aunque copiado de Unidos Podemos, suena muy bien como medida de resarcimiento del rescate bancario. La cifra de recaudación prevista para este impuesto es de 860 millones de euros anuales y representa un 0,60 % del gasto anual en pensiones. No resulta determinante para mitigar el déficit y no alcanzaría siquiera para compensar a los pensionistas de la pérdida de poder adquisitivo respecto de la inflación registrada en 2017 del 1,1%. En consecuencia, presentar esta medida aislada y declinar al mismo tiempo la aplicación de mejoras en la recaudación por cotizaciones sociales, realmente indispensables para afrontar el déficit del sistema, equivale a eludir la solución del problema.

Ciudadanos no está interesado en el actual sistema público de pensiones y apoya sin fisuras la gestión del Partido Popular. Respalda las medidas tendentes a favorecer los contratos con bajas remuneraciones y por consiguiente bajas cotizaciones. Se opone a cualquier propuesta que altere la cómoda posición que mantienen los empresarios en este peculiar mercado laboral y es un claro defensor de los planes de pensiones privados.

Analistas y periodistas afines al Gobierno pretenden convencer a los pensionistas que han sido los más favorecidos durante la crisis, que no han perdido poder adquisitivo y se refugian en los datos de la pensión media del sistema, para evitar mencionar que el 50% de los pensionistas perciben menos de 700 euros mensuales, cifra inferior al salario mínimo interprofesional vigente.
 

PROPUESTAS PARA LA SOLUCIÓN DEL DÉFICIT

Resulta imposible con este Gobierno y llevará su tiempo en circunstancias políticas más favorables, generar un cambio fundamental de la estructura productiva, que permita crear empleo suficiente, estable y de calidad, que reduzca la desigualdad e incremente los salarios y por consiguiente los ingresos de la Seguridad Social.

Se trata entonces, de mejorar sustancialmente y de inmediato las fuentes de financiación para aumentar los ingresos y anular el déficit vigente. En este escenario, sólo los sindicatos, Unidos Podemos y las Mareas de pensionistas, plantean cada uno desde su propio punto de vista, la necesidad de implementar medidas complementarias que requieren de una clara voluntad política, al afectar directamente la cuenta de resultados de los empresarios.

Las propuestas son las siguientes:
 

·        Supresión de los topes máximos de cotización, fijados en 45.012 euros anuales.

·        Las reducciones y bonificaciones como incentivos a la contratación, deben financiarse como fomento de empleo con cargo a los presupuestos generales.

·        Corresponde mejorar el régimen de cotización de los trabajadores autónomos propiciando una cotización más compatible con sus ingresos reales.

·        Los gastos corrientes por bienes y servicios y nóminas del personal de la Seguridad Social deben ser cargados a los presupuestos generales del Estado como ocurre con los distintos organismos de la Administración Pública.

·        Luchar contra el fraude en la Seguridad Social potenciando la gestión de la Inspección de Trabajo en el control de la contrataciones a tiempo parcial y de falsos autónomos.

·        Los déficits puntuales de la Seguridad Social deben atenderse a través de transferencias directas a cargo de los presupuestos generales del Estado, y no por el sistema de préstamos que hipotecan el futuro de la Seguridad Social.

·        No debe excluirse la aplicación de impuestos transitoriospara atenuar los déficits que inicialmente se continúen ocasionando.

·        Eliminar, el Índice de Revalorización de las pensionesvolviendo al sistema de revalorización del IPC, como así también el Factor de Sostenibilidad que afectará negativamente el cálculo de la base reguladora de las nuevas pensiones al relacionarlo con la esperanza de vida. El desarrollo de su fórmula indica que es un factor que en todo los casos restará, ya que la esperanza de vida va siempre en aumento.

Corresponde movilizarse en apoyo de estas propuestas, alentando la idea de que el sistema público de pensiones además de ser sostenible, debe posibilitar el acceso a pensiones dignas y equivalentes entre hombres y mujeres.