La desaparición de la ‘hucha’ y el
elevado endeudamiento, el desplome de los salarios y el recorte del empleo
público, la brecha entre cotizaciones y pensiones y el descuadre que generan
las bonificaciones reclaman soluciones para garantizar la viabilidad de la
Seguridad Social.
Artículo de Eduardo Bayona publicado con fecha
18/2/2018 en Publico.
Para la ministra de Empleo, Fátima Báñez, el descuadre de 16.800 millones de
euros (un 1,47% del PIB) con el que la Seguridad Social cerró
el año pasado es un dato positivo que supone comenzar a “revertir el deterioro”
del déficit e iniciar “el camino de vuelta al equilibrio financiero” al ser
inferior al del ejercicio anterior.
Lo dijo, a pesar de que las previsiones apuntan a resultados negativos de
en torno a 15.000 millones para los próximos años y de reconocer que “este
menor déficit se va a producir también en 2018”, ya que en 2017 el gasto, que
lleva años disparado, creció menos que los ingresos.
Sin embargo, los expertos, que discrepan del mensaje optimista de la
ministra, señalan varias amenazas para la sostenibilidad del sistema de pensiones
que ya se vislumbran, mientras la Seguridad Social acumula un déficit de 87.238
millones en seis años.
Desplome de los ingresos y aumento del gasto
La brecha ente los dos grandes componentes del
sistema, las cotizaciones en los ingresos y las pensiones y los subsidios en
los gastos, cierran 2017 con una brecha histórica que ya en noviembre (últimos datos disponibles)
superaba los 25.000 millones de euros: las aportaciones de los trabajadores no
alcanzaban los 100.000 mientras las pensiones (115.600) y los subsidios
(10.000) pasaban de 125.000 a falta de diciembre, mes de paga doble. El de 2010
fue el último ejercicio con saldo positivo entre esos dos factores, con una
recaudación de 105.400 millones y un gasto de 105.300. Y las previsiones apuntan a que esa brecha seguirá creciendo.
Hoy hay 2,33 cotizantes por cada pensionista, pero
comienza a llegar la jubilación de los nacidos en el ‘baby-boom’, entre finales
de los años 50 y principios de los 70, y eso hará que el actual ritmo de
aumento de 150.000 retirados por año (550.000 altas por 400.000 bajas) se eleve
hasta los 250.000. Los 8,5 mayores de 67 años de
2022 habrán pasado a ser 10,6 una década más tarde y 13,1 en la
siguiente, según las Proyecciones de Población del INE (Instituto
Nacional de Estadística).
Paralelamente, la creación de empleo precario ha
tenido un efecto perverso: trabaja más gente pero hay menos
trabajo, y eso hace que la cotización media anual haya
caído de 6.146 a 5.902 euros en cinco años, desde que la reforma
laboral entró en vigor en 2012, mientras las pensiones se revalorizaban unos
2.000. En ese mismo periodo, la pensión media del Régimen General subía de
1.121 a 1.215 euros y la de los autónomos, de 649 a 713. Es decir, un descenso
del 4% en los pagos frente a aumentos del 8,3% al 9,8% en los cobros.
Recortes y bonificaciones que merman la recaudación
Medidas como la tarifa plana de los autónomos, que se aplican con
independencia de los ingresos del beneficiario y que no están generando un
aumento de la afiliación en ese régimen, merman cada año en unos 700 millones
de euros la recaudación de la Seguridad Social, lo que supone casi un tercio de
los 1.800 millones anuales en bonificaciones.
Paralelamente, una medida como el recorte de la
cotización de los desempleados, cuya base se redujo en 2012 del 125% de la
prestación al 100%, ha provocado una merma de casi 4.000 millones de
euros anuales: los 10.388 de 2011 se
habían reducido a 5.509 en noviembre de 2017, ejercicio en el que el presupuesto de esta partida se quedaba
en 6.592.
El desplome de los salarios tira a la baja de esas
bases de cotización, de la que carecen casi la mitad de los desempleados: más
de la décima parte (399.300 de
los 3,7 millones de parados del país no ha
trabajado, mientras al menos uno de cada tres (1,24 millones) ha agotado las prestaciones.
El efecto ilusorio de una medida heredada
Las cifras de afiliación a la Seguridad Social han
mejorado, aunque se trata de una mejora con matices. Los 18,3 millones de afiliados
registrados al cierre de 2017 superan en 1,2 millones a
los inscritos al finalizar 2011. Sin embargo, más
de un tercio de ese aumento no procede de los asalariados del sector privado.
Alrededor de medio millón de las incorporaciones corresponden a nuevos
funcionarios, que desde 2012 pasan al Régimen General, lo que ha maquillado los
efectos que la precarización del empleo privado ha tenido en las cotizaciones.
El sector público, que hoy
ocupa a algo más de 2,5 millones de empleados, se perfila como uno de los que
en los próximos años puede tirar al alza tanto del empleo como de las
cotizaciones, ya que más de 130.000 funcionarios
alcanzan la edad de jubilación en el próximo lustro y una cifra
similar lo hace en el siguiente. Eso puede llevar al Gobierno a levantar las
actuales restricciones sobre la tasa de reposición y aumentar las ofertas de
empleo, algo que suele tener como efecto secundario una subida de los salarios
en el sector privado.
Una deuda de alto riesgo
El sistema español de Seguridad Social carece de medidas de apoyo
financiero más allá de las aportaciones del Gobierno vía transferencia de
fondos, que el año pasado iban a superar los 17.000 millones: 16.475 vía
transferencia corriente y 737 de capital.
Sin embargo, la desaparición de la llamada ‘hucha de las pensiones’,
que pasó en seis años de guardar 70.341 millones cuya inversión generaba
intereses a faltarle 176, ha ido acompañada de un aumento de la deuda hasta los 37.410 millones,
14.223 de ellos en préstamos desvinculados de las emisiones de deuda.
El grueso de esta última partida, un préstamo de 10.193 millones, fue contraído el año pasado.
Y a él se le suma otro de 8.621 procedentes de las mutuas vía Fondo de
Contingencia.
Ese nivel de endeudamiento requiere cada año, además de amortizar las
pólizas que van venciendo, y que suponen entre 8.000 y 10.000 millones al año,
otros 370 para pagar intereses, ya que los tipos reales rondan el 1%. Todo
apunta a que el inminente aumento del precio del dinero por el BCE (Banco
Central Europeo) tirará al alza de esa factura, lo que descuadrará un poco más
las cuentas de la Seguridad Social.
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