Artículo de Fernando López Agudín de fecha 6/3/2018 en Público.
La revuelta social contra los
que recortan el Estado del Bienestar, iniciada a comienzos de la presente
década por los jóvenes, recobra un extraordinario impulso con la intensa
movilización de los viejos. Buena muestra de ello es el asombro con el que
todos los parlamentarios, con pensiones de lujo garantizadas por vivir
del oficio político, asisten a los cientos de manifestaciones que llenan, un
día sí y otro también, las avenidas, plazas y calles de España, reclamando que
el artículo 50 de la Constitución sea algo más que un papel mojado por la
retórica de los picos de oro del
Congreso de los Diputados. Efectivamente, nada más irritante para cualquier
jubilado que leer ahora mismo en el texto constitucional que “los poderes
públicos, garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente
actualizadas la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera
edad.”
Los leguleyos, al no haber
incluido este artículo 50 en el capítulo de Principios rectores de la política
social y económica, hicieron la trampa a la vez que la ley, que recoge la
Constitución de 1978. Así, impedían que los pensionistas tuvieran un derecho
incuestionable a cobrar pensiones actualizadas, como los titulares de deuda
pública tienen igualmente el de cobrar intereses. Si realmente se hubiera
perseguido que fuese un derecho consolidado, como ahora mismo reclaman los
manifestantes, habría que incluirlo en el capítulo dedicado a Derechos y
Libertades, que permitiría a cualquier ciudadano recabar la tutela ante los
tribunales ordinarios e incluso, si fuese necesario, recurrir al mismo Tribunal
Constitucional. El artículo 50, como otros referentes a derechos sociales, no
es más que un brindis a la galería mediática.
Porque aquí los únicos
jubilados que tienen garantizada la máxima pensión con la mínima cotización, a la que hoy ni un
solo diputado renuncia para sumarse al Régimen General como se sumó en la
anterior legislatura Cayo Lara, son precisamente los que estos días se ven
obligados a tener que responder a la exigencia social sobre la subida de
las actuales pensiones misérrimas, que perciben la inmensa mayoría de los
jubilados. Su muy grave contradicción política es cómo satisfacer esta
amplia demanda social, derivada del artículo 50 de la Constitución, con aquella
reforma de dicho artículo 135, perpetrada con nocturnidad y alevosía, que
establece como obligación prioritaria el pago de la deuda a la señora Merkel y
el señor Macron. Es por ello que los que trabajan desde el gobierno o la
oposición para privatizar las pensiones, insistan en la imposibilidad de
subirlas.
Su problema es que tanto el PP
como el PSOE viven electoralmente de los jubilados. Solo desde la
ceguera del españolismo más cutre, tan presente en la tropa de Rajoy como la de
Sánchez, cabe entender que la ministra Fátima Bañez haya podido pensar que
agitando la rojigualda iba a lograr el trágala del aumento de un 0,25% de las
pensiones. No digamos de la idiotez tecnocrática del gobernador del Banco de
España, Luis Linde, hablando sobre las viviendas de los jubilados. Carrusel de
despropósitos que culmina con un PSOE que intenta apoderarse de la pancarta de
los jubilados sin la más mínima autocrítica, tanto por haber congelado las
pensiones como por haber retrasado dos años la edad de jubilación bajo el
gobierno de Zapatero. Una vez más, en esta batalla sobre la manipulación de los
viejos, el PSOE le sirve en bandeja al PP el próximo debate
parlamentario.
Esta rebelión de los viejos
pone en aprietos a Ciudadanos, que subía como la espuma, a la vez que sorprende a un
Podemos que no había previsto en su tan cantada agenda social, aireada a lo
largo del último trimestre, la movilización de los viejos indignados.
Probablemente, el desconcierto de ambas fuerzas tenga bastante que ver con su
muy escasa incidencia electoral, sobre todo los morados, en el segmento de la
población de mayor de edad. Es bien evidente el deseo de Albert Rivera de
ponerse de perfil, pese a que en su estrategia de cerco político a la Moncloa
le vendría como anillo al dedo la movilización de los jubilados, al erosionar
electoralmente al PP. Pero su inequívoco ADN, tan conectado con los
fondos privados de pensiones, le impide morder a Rajoy en este terreno y en
este momento.
El lastre de Zapatero en el
PSOE junto con las amistades financieras de Rivera en Ciudadanos, van a ser un hándicap
para ambos partidos en la próxima comparecencia del presidente Rajoy en el
Congreso de los Diputados, el próximo día 14 de marzo, sobre la reivindicación
de los pensionistas. La Moncloa no va a dudar, ni un segundo, en el tú más para
intentar convencer al núcleo esencial de su electorado, hoy en la calle contra
el gobierno del PP, de que no hay alternativa a su política económica. Tan
claro como que las movilizaciones de los jubilados son ajenas a todas las
fuerzas políticas o sindicales de la izquierda, es que Mariano Rajoy intentará
que sean un bumerán contra la izquierda. No hay mayor amenaza para el Partido
Popular, hoy por hoy, que esta rebelión de los viejos le haga un roto en ese
colchón electoral del que siempre goza todo gobierno por el mero hecho de pagar
las pensiones.
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