Déficit inasumible de la Seguridad Social.

Artículo de Norberto Marchesano en infolibre de fecha 9/3(2018.

La ministra de Empleo y Seguridad Social, durante su comparecencia del 31 de enero de 2017 en la comisión del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados, anunció que en el pasado año se produjo un punto de inflexión en la senda del déficit. Lejos de reconocer la verdadera situación del sistema público de pensiones y fiel a su estrategia de negar lo evidente, declaró: “Hemos iniciado el camino de vuelta al equilibrio del sistema¨. 

Comparando los datos facilitados en su última presentación con el Presupuesto de la Seguridad Social del año 2017, se obtienen conclusiones muy distintas, como puede comprobarse a continuación:

1) El déficit del año 2017 ha crecido hasta la cifra récord de 18.800 millones de euros, superando en más de 200 millones de euros el resultado negativo del año 2016.

2) Es un 14% mayor que la cifra presupuestada por el gobierno como déficit del ejercicio, que se situaba en torno a los 16.500 millones de euros.

3) La relación déficit/PIB que estaba estimada en el 1,42%, se ha elevado hasta el 1,61%, un 13 % más. Los ingresos por cotizaciones sociales han fallado en 1.400 millones de euros respecto de lo presupuestado.

4) El déficit es inasumible y se ha convertido en crónico. En virtud de ello ya está previsto endeudar a la Seguridad Social en 15.000 millones de euros adicionales en 2018, cifra que resultará insuficiente para solventar el quebranto del presente ejercicio.

Se ha venido engañando a la ciudadanía con falsos presupuestos, que fallaron en su ejecución durante estos seis años por un total de 40.600 millones de euros respecto a los ingresos presupuestados por el propio gobierno. La precariedad laboral, la devaluación salarial, las reducciones a las cotizaciones en favor de los empresarios, la tarifa plana para autónomos y falsos autónomos, han generado esta sustancial disminución de ingresos respecto de las previsiones iniciales. Es evidente que la creación de este tipo de empleo, no ha servido, ni servirá, para solucionar el déficit de la Seguridad Social, contrariamente a lo que manifiesta diariamente el Gobierno.

Es incomprensible el optimismo de la señora ministra, y sorprende aún más cuando no duda en mencionar las bondades del incremento anual del 0,25%, ignorando que su aplicación está haciendo perder poder adquisitivo a los pensionistas. Se escuda en la falta de datos actualizados, para no medir el negativo impacto que el Factor de Sostenibilidad provocará en el cálculo de la base reguladora de los nuevos pensionistas, y recurre a la evolución de la pensión media para negar la evidencia de que el 52% de las pensiones resultan inferiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y que existe una profunda brecha en las prestaciones de hombres y mujeres.

Las reformas de 2013.

Las reformas introducidas por el gobierno del PP en 2013 han incidido básicamente en dos elementos fundamentales, el índice de Revalorización de las Pensiones y el Factor de Sostenibilidad.

Se han presentado diversas proposiciones de ley que plantean la necesidad de eliminar o suspender la aplicación del Índice de Revalorización de las Pensiones hasta su eliminación definitiva, volviendo a la fórmula de ajuste a través del IPC previsto y con cláusula de revisión anual en caso de superarse las previsiones iniciales. Incluso se barajan propuestas de implementar un IPC específico, calculado en base a los productos relacionados con el consumo de los trabajadores y pensionistas.

Resulta necesario, asimismo, eliminar el Factor de Sostenibilidad, que contribuirá a disminuir sustancialmente las prestaciones, al incorporar la esperanza de vida como elemento de cálculo de la base reguladora. En este caso, el problema para lograr la uniformidad de criterios reside en las actuaciones previas de los mismos que se podrían oponer a su aplicación. Es evidente que, si bien fue reglamentado en el año 2013 por el gobierno del PP para ser aplicado a partir del año 2019, tiene su antecedente en la ley sobre pensiones del año 2011, que aprobó el gobierno del PSOE con el apoyo de CCOO y UGT, y donde ya se establecía su implementación a partir del año 2027.

Bruselas y el presupuesto de 2018.

El actual gobierno responde en materia de déficit de los Presupuestos Generales del Estado al mandato de Bruselas y del FMI. Las pautas presupuestarias a seguir, que usualmente no se identifican con los intereses generales de la ciudadanía, generarán nuevos recortes sociales por valor de 8.000 millones de euros para 2018, con el objetivo de rebajar al 2,2% la relación déficit/PIB de los Presupuestos Generales del Estado.

Dado que la Seguridad Social no cumplirá con las predicciones presupuestarias del ejercicio 2018, su relación déficit/PIB volverá a situarse en el orden del 1,60%. En consecuencia, resultará equivalente al 73% de la relación déficit/PIB de los Presupuestos Generales del Estado.

Casi tres de cada cuatro euros del déficit total del Estado estará originado por la Caja Única de la Seguridad Social, lo que derivará en nuevas exigencias por parte de los organismos internacionales, para incrementar la edad de jubilación, rebajar las pensiones y promocionar los planes de pensiones privados.

Propuestas para solucionar el déficit.

Se trata entonces, de mejorar sustancialmente las fuentes de financiación para aumentar los ingresos y anular el déficit vigente en la Caja Única de la Seguridad Social y corresponde impulsar de inmediato las medidas necesarias a tales efectos. Los pensionistas y los futuros pensionistas no pueden esperar las conclusiones de la mesa de seguimiento del Pacto de Toledo que, desde hace más de un año, no concreta con rigor propuestas de fondo para solucionar el déficit. El problema es de máximo nivel ya que incide en una de las piezas claves del modelo económico y social de España.

En este escenario, los Sindicatos UGT y CCOO y el grupo confederal Unidos Podemos –En Comú Podem– En Marea, cada uno desde su propio análisis, abogan por la necesidad de implementar medidas que requieren de una clara voluntad política para su aplicación. Han evaluado y cuantificado las siguientes propuestas que se detallan a continuación:

– Supresión de los topes máximos de cotización, fijados en 45.012 euros anuales.

– Las reducciones y bonificaciones como incentivos a la contratación, deben financiarse como fomento de empleo con cargo a los Presupuestos Generales.

– Corresponde mejorar el régimen de cotización de los trabajadores autónomos propiciando una cotización más compatible con sus ingresos reales.

– Los gastos corrientes por bienes y servicios y nóminas del personal de la Seguridad Social deben ser cargados a los Presupuestos Generales del Estado como ocurre con los distintos organismos de la Administración Pública.

– Extender la lucha contra el fraude en la Seguridad Social potenciando la gestión de la Inspección de Trabajo en el control de la contrataciones a tiempo parcial y de falsos autónomos. Combatir la economía sumergida.

– Incremento del Salario Mínimo Interprofesional hasta el 60% del salario medio, que traerá aparejado un aumento de las cotizaciones sociales.

– El subsidio por desempleo debe volver a aplicarse a partir de los 52 años, mejorando la situación de un colectivo muy castigado en el marco laboral y en sus aportes en cotizaciones que se verán incrementados por esta medida.

– Deben considerarse, además, la aplicación transitoria de impuestos para atenuar los déficits que inicialmente se continúen ocasionando en el sistema.

– No obstante todo lo expuesto, es necesario mencionar que en caso de seguir existiendo déficits puntuales de la Seguridad Social, deben atenderse a través de transferencias directas a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, y no por el sistema de préstamos que hipotecan el futuro de la Seguridad Social.

En consecuencia, corresponde movilizarse, no solo para anular los efectos de la reforma de las pensiones del 2013, sino también para apoyar estas propuestas, que han sido valoradas en más de 25.000 millones de euros.

Se pretende en consecuencia que el sistema público de pensiones de solidaridad intergeneracional vuelva a funcionar sin déficit. Es una primera etapa, pero necesaria para lograr su estabilidad y que los futuros retos demográficos se puedan afrontar con un incremento perfectamente asumibles del Producto Interior Bruto en los próximos ejercicios.

Las medidas están dirigidas a blindar los derechos de los pensionistas mejorando los ingresos, pero sin impedir que el conjunto de derechos sociales que deben mantenerse a través de los Presupuestos Generales del Estado vean disminuidas las partidas destinadas para su atención. Todos los derechos sociales merecen ser blindados.

Por supuesto que es necesaria una reforma fiscal que incremente los ingresos de los Presupuestos Generales del Estado y que estos prioricen los gastos relacionados con las necesidades sociales de la ciudadanía.

Es imprescindible, además, derogar las dos reformas laborales del PSOE de 2010 y del PP de 2012 e implementar una sustancial mejora de las condiciones del mercado laboral para generar un cambio fundamental de la estructura productiva, que permita crear empleo suficiente, estable y de calidad, que reduzca la desigualdad e incremente los salarios y por consiguiente los Ingresos de la Seguridad Social.

La Coordinadora Estatal, motor de las movilizaciones, desencantada de las actuaciones de los gobiernos que han implementado leyes y decretos contrarios a los intereses de los pensionistas, seguramente está en condiciones de apoyar todas estas medidas, pero sostiene la idea de recoger las pensiones como un derecho constitucional con mandato ejecutivo y prioritario, e incluir las mismas íntegramente en los Presupuestos Generales del Estado para financiarlas con el conjunto de Ingresos públicos.

La Caja Única de la Seguridad Social.

Corresponde realizar una reflexión en defensa de la Caja Única de la Seguridad Social. El sistema de reparto y de solidaridad intergeneracional es perfectible pero no ha fallado. Ha fallado la gestión de los recursos, como consecuencia de un Gobierno ineficaz, no previsor, nada transparente, que elude los mecanismos de control parlamentario y resulta contrario a los intereses de los trabajadores y pensionistas. Deben auditarse las decisiones tomadas por el gobierno, especialmente en estos últimos seis años en los que se ha castigado el patrimonio relacionado con la Seguridad Social en 84.629 millones de euros, utilizando el Fondo de Reserva en 74.437 millones de euros y endeudando al sistema público en 10.192 millones de euros. 

Debemos recordar que las prestaciones económicas del sistema son un derecho, amparado por los artículos 41 y 50 de la Constitución y están directamente relacionadas con las aportaciones obligatorias efectuadas por los afiliados y empresarios durante toda una vida de trabajo. Por consiguiente corresponde implementar las medidas necesarias para garantizar la futura solvencia del sistema, manteniendo los principios sociales, jurídicos, y políticos, que sostienen la existencia de la Caja Única de la Seguridad Social, en todo el territorio nacional.

Los dirigentes del PNV han reclamado del Partido Popular la transferencia del Régimen Económico de la Seguridad Social para seguir apoyando los Presupuestos Generales del Estado del 2018. Los trabajadores del País Vasco tienen unos ingresos medios de 28.000 euros anuales, superiores en un 20% a la media de España y el paro es solo del 12,5%. Acceder a sus pretensiones significaría un duro golpe económico para la Caja Única y anularía los principios de una institución que no solo ha asegurado la sostenibilidad del sistema público de reparto y de solidaridad intergeneracional, sino la igualdad de condiciones en la distribución territorial de las prestaciones y en la acción protectora que realiza.