Artículo de Eduardo Bayona en Público de
fecha 13/3/2018.
El debate monográfico sobre el futuro de las pensiones de jubilación que
este miércoles se celebra en el Congreso tiene, como la algarabía política y
mediática que le ha antecedido y seguramente la que le seguirá, un punto de
falacia (“engaño, fraude o mentira con que se intenta dañar a alguien”) y otro
de embuste (“mentira disfrazada con artificio”) cuando se pone en entredicho el
futuro del sistema que las garantiza.
En realidad, tanto la Constitución como la
Ley General de la Seguridad Social establecen con claridad unas reglas de juego
que garantizan tanto la sostenibilidad del sistema de
pensiones como un parámetro de calidad mínimode los
subsidios, y que no dejan margen de maniobra político en lo sustantivo: el
Estado está obligado a garantizar su capacidad financiera, lo que reduce el
marco del debate a las fórmulas para cumplir ese mandato y paliar el déficit
actual, que alcanzó los 16.800 millones el año pasado.
Estas son quince
medidas que garantizan la sostenibilidad del sistema y para los
mayores que dependen de él perciban jubilaciones dignas.
1. Cumplir las reglas del juego
La carta magna establece en su artículo 50, uno de los
que regulan los “principios rectores de la política social y económica”, que
“los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y
periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante
la tercera edad”; es decir, que lo público debe asegurar que los ciudadanos que
alcancen la edad de retiro dispongan de recursos suficientes para vivir sin que
pueda afectarles la evolución del coste de la vida.
2. Cumplir la ley y poner lo que falte
¿Y esto cómo se garantiza? Lo explica
el artículo 109 de la Ley General de
la Seguridad Social, que señala como fuentes de ingresos del sistema
las cotizaciones, las sanciones, los rendimientos del patrimonio y “las
aportaciones progresivas del Estado”, que dispone de dos vías para realizarlas:
una concreta y ordinaria, a través de los Presupuestos Generales, y otra más
genérica mediante las remesas extraordinarias “que se acuerden para atenciones
especiales o resulten precisas por exigencia de la coyuntura”. Este mismo
precepto señala que “las prestaciones contributivas, los gastos derivados de su
gestión y los de funcionamiento de los servicios (…) serán financiadas
básicamente con los recursos” anteriores, “así como, en su caso, por las
aportaciones del Estado que se acuerden para atenciones específicas”, lo que
deja poco margen para decidir cómo ha de garantizar el Estado la cobertura de
esa “suficiencia económica” de los mayores: aportando fondos cuando no llegue
el sistema.
3. Nuevos impuestos por 2.500 millones y socorro presupuestario
La clave del debate se encuentra, en
realidad, en cómo aumentar los ingresos ordinarios y determinar una fuente específica
para los extraordinarios, capítulo este último en el que va tomando peso el
establecimiento de nuevos impuestos: el PSOE propone
recaudar 2.500 millones mediante dos impuestos a la actividad bancaria, uno de
ellos sobre las transacciones, mientras el PP apuesta por una medida contable
como sacar del sistema de la Seguridad Social para cargar a los Presupuestos el
coste de las pensiones de viudedad, orfandad, maternidad y paternidad y Podemos
aboga por que el Gobierno vaya asumiendo el déficit de la Seguridad Social vía
Presupuestos Generales del Estado.
4. La hucha de las pensiones: 6.000 millones anuales
El fondo de reserva de la Seguridad
Social, conocido como ‘la hucha de las pensiones’, creado en 2.000 a propuesta
de los sindicatos, fue concebido como un fondo soberano de inversión cuyos
beneficios deberían aportar al sistema unos 6.000 millones anuales a partir de
finales de esta década, cuando comience la jubilación de los nacidos en el
‘baby boom’. Sin embargo, la extracción de una media de casi
10.000 millones por año desde que el equipo de Mariano Rajoy
llegó al poder ha desactivado esta reserva, además de haber fundido el patrimonio del
sistema. Mantener a flote esa ‘hucha’ es, también, un mandato legal. Lo recoge
el artículo 110.2 de la Ley General de la Seguridad Social, que establece que
en su Tesorería “se constituirá un fondo de estabilización único para todo el
sistema” que “tendrá por finalidad atender las necesidades originadas por
desviaciones entre ingresos y gastos”.
5. Mejorar el mercado laboral para aumentar las cotizaciones
La diferencia entre los ingresos por
cotizaciones, que siguen siendo el principal recurso del sistema, y el gasto en
pensiones y subsidios supuso el año pasado una brecha de más de 25.000 millones de
euros que lleva camino de seguir creciendo por dos motivos
fundamentales: el aumento de la demanda con la jubilación de los ‘babyboomers’,
que elevará de 150.000 a 250.000 el incremento anual de retirados durante tres
décadas y reducirá la actual relación de 2,33 cotizantes por jubilado, y la precarización
del empleo, que en cinco años ha recortado la cotización media de 6.146 a 5.902
euros. Hay varias propuestas en este ámbito, en el que los cuatro principales
partidos coinciden en algo que llevan años sin lograr: la necesidad de mejorar
la cantidad y la calidad del empleo e un país en el que se trabajan 108 millones de horas semanales
menos que antes de la crisis.
6. Cotizar sin tope: 6.800 millones
CCOO y UGT llevan años reclamando, en una
medida que también defiende el PSOE, la eliminación del tope de cotización de
las pensiones, que hace que los sueldos superiores a 3.751 euros brutos mensuales de
media (45.052 anuales con pagas extraordinarias) coticen los
mismos 1.084 euros para cobrar un máximo de 2.625 cuando se retiren. Solo se
beneficia del tope el 7,5% de trabajadores que
quintuplican el SMI (Salario Mínimo Interprofesional), cuyo peso en la masa salarial del país duplica
ese porcentaje. Eliminar el tope aportaría al sistema 6.800 millones al año
solo con la cotización de los casi 700.000 empleados que cobran más de 60.000
euros al año.
7. Bonificaciones de alto coste: 4.000 millones
Podemos centra uno de los ejes de su propuesta en eliminar las
bonificaciones y reducciones de la cotización, entre ellas la tarifa plana de
los autónomos, cuya ineficacia como palanca para el emprendimiento ya casi
nadie cuestiona. La cuantía conjunta de esas rebajas ronda los 4.000 millones
de euros al año.
8. La deducción fiscal en el IRPF
El Ministro de Hacienda, Cristóbal
Montoro, anunció hace unos días una medida de apoyo a los pensionistas
mediante deducciones fiscales en el IRPF por
los “costes inherentes” de la vejez, en una especie de impuesto
inverso que devolviera dinero a los jubilados. Aunque olvidó matizar que solo
podrían beneficiarse de la medida quienes ingresan más de 12.000 euros al año,
ya sea cobrando 14 pagas de 858 euros o más o por tener otras rentas como, por
ejemplo, alquileres o planes de pensiones. Por debajo de esa cifra no se hace
declaración de IRPF.
9. Clases pasivas: varios miles de millones
El Pacto de Toledo tiene sobre la mesa
desde finales de 2010 otra de las ‘patatas calientes’ de la previsión
social: eliminar el sistema de clases
pasivas para los funcionarios estatales y los transferidos a
las comunidades autónomas, algo que el último Gobierno de José Luis Rodríguez
Zapatero implementó a partir de 2010, cuando los nuevos empleados públicos
comenzaron a pasar al régimen general, y que Rajoy no aborda ante su evidente
coste político y electoral. Este sistema, del que se benefician más de 1,5
millones de trabajadores cuyo paso al régimen general dispararía en varios
miles de millones los ingresos anuales del sistema a cambio de lastrar las
cuentas de Gobierno y comunidades, genera pensiones de hasta el 100% del
salario a los 35 años de servicio con aportaciones inferiores a
las de los autónomos y, por supuesto, a las de los asalariados de empresas y
del resto de administraciones.
10. Los autónomos piden tramos: mil millones
En el sector de los autónomos, la
principal reivindicación, liderada por UPTA (Unión de Profesionales y
Trabajadores Autónomos), consiste en adecuar la cotización a los
ingresos reales: tarifa plana de 50 euros para quienes no lleguen a
facturar el Salario Mínimo Interprofesional, situado hoy en 735,90 euros
mensuales (10.302 anuales, con catorce pagas prorrateadas); mantener el sistema
actual de cuota libre en función de las prestaciones para quienes ganan entre
esa cifra y 40.000 euros anuales y, por último duplicar la base mínima para
quienes la sobrepasan. La mayor aportación de los 400.000 últimos y la
posibilidad de aflorar casi dos millones de los primeros inyectaría mil
millones cada año al sistema. El PSOE es también partidario de la cotización
por tramos de ingresos para los trabajadores por cuenta propia.
11. Recuperar la cotización de los parados: 4.000 millones
Una de las primeras medidas que el Gobierno de Mariano Rajoy tomó en 2012
fue recortar la base de cotización de los desempleados del 125% al 100% de su
subsidio, algo que, unido al desplome de las ayudas derivado de la precariedad
laboral, ha reducido en casi 4.000 millones de euros los ingresos de la
Seguridad Social por este concepto en menos de seis años, de más de 10.000 a
apenas 6.000.
12. Modificar el periodo de cómputo
Para calcular una pensión se tienen en
cuenta varios factores como la superación de un periodo mínimo, que en el
Régimen General es de 15 años y en el de los autónomos alcanza los veinte; las
cuotas pagadas a lo largo de los últimos 21 años (25 en 2022) y el tiempo que
falta o ha pasado de la edad de jubilación (65 años y medio hoy) y del periodo
que da derecho al máximo subsidio, que hoy es de 36 años y medio. El Gobierno
propuso hace unas semanas que el cálculo de la pensión se basara en el conjunto de la vida laboral,
algo que UGT y CCOO rechazan por considerarlo un parche.
13. Revalorizar el subsidio con el IPC
En la práctica, y salvo que cambien las
reglas, no van a subir más de un 0,25% en muchos años como
consecuencia del nivel de endeudamiento y déficit del sistema. Incluso
comenzarán a bajar una media del 0,5% a partir del año que viene al empezar a
aplicarse el “factor de sostenibilidad”,
que las recorta en función de cómo evoluciona la esperanza de vida y de las
previsiones demográficas; es decir en previsión de que más gente (por el retiro
de los babyboomers) vaya a cobrar más tiempo (al envejecer
cada vez más). Tanto Unidos Podemos como
el PSOE piden derogar ese factor. Ambos coinciden con Ciudadanos en reclamar
que se revaloricen con el IPC, algo a lo que se opone el PP.
14. Consejo Económico: mínimo vital con complementos
Este es uno de los debates que no se
llegan abordar en los foros políticos, pese a los intentos por abrirlo de
organismos como el Consejo Económico y Social (CES), cuyo informe “Políticas públicas para combatir la pobreza en España” cuestiona
el propio sistema de pensiones, cuyo planteamiento considera “propio del
contrato de seguro”, y pone sobre la mesa “la inexistencia en nuestro país de
un sistema propiamente dicho de garantía de rentas mínimas en situaciones de
carencia o insuficiencia de recursos”. El CES propone, con la vista puesta en
las carreras de cotización de mujeres y autónomos y con un horizonte que
engloba a las personas en riesgo de pobreza en general, fijar una pensión
retributiva mínima con complementos para “garantizar un nivel de subsistencia”
a sus perceptores. Y, en este sentido, recuerda cómo las instituciones europeas
llevan tiempo debatiendo sobre la necesidad de determinar los “bienes y
servicios que una familia de un tamaño y composición determinados necesita para
vivir con un nivel determinado de bienestar” para “garantizar un nivel de
suficiencia” mediante las transferencias económicas.
15. Explorar el salario indirecto
Economistas como Eduardo Garzón se
pronuncian en una línea similar cuando llaman la atención sobre las
posibilidades de trabajar con el “salario indirecto”,
facilitando a la tercera edad servicios y suministros que reduzcan sus
necesidades monetarias, determinar qué porcentaje del PIB requiere su atención
y comenzar a estudiar cómo trasvasar al ámbito de la atención de los mayores
recursos de servicios públicos cuya demanda va a descender en los próximos
años, como la educación. “No solo hay que hablar de dinero sino también de cómo
se garantiza desde lo público la atención de las necesidades de los mayores
–explica-. Lo importante es la renta que se genera en el país, cómo se
distribuye y cómo se organizan los servicios”.
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