Ciudadanos y las pensiones de la ciudadanía.

Artículo de Norberto Marchesano Martínez en infolibre de fecha 13/4/2018.

Si nos interesamos por el problema que actualmente preocupa mayoritariamente a la ciudadanía, la sostenibilidad del sistema público de pensiones y la consecución de pensiones dignas debidamente actualizadas, nos encontraremos a Ciudadanos en primera línea, mencionando que estos objetivos resultan la base en las que se sustenta su modelo de convivencia y que deben garantizarse desde el más amplio consenso político en el marco del Pacto de Toledo.

En la práctica, se pone de perfil y no mueve una sola pieza para impulsar el Pacto de Toledo, cuyas negociaciones llevan más de un año de atraso. Se han encontrado muy cómodos apoyando los presupuestos de 2017, y volverán a hacerlo en 2018, ejerciendo su cuota de poder en las decisiones que pueden reportarle algún beneficio electoral.

En realidad apoyar los presupuestos también significa lo siguiente:
 

·        Apoyar el mantenimiento de la ley 23/2013 que implementó el Índice de Revalorización de las Pensiones del 0,25 % y el Factor de Sostenibilidad.

·        Apoyar una administración del Partido Popular, que ha generado en seis años un vaciamiento del patrimonio de la Caja Única de la Seguridad Social de 84.629 millones de euros, convirtiendo además al Fondo de Reserva de las Pensiones en un valor residual.

·        Apoyar una gestión que derivará en un nuevo déficit de 18.600 millones de euros para 2018, sin que se tome ninguna medida de fondo para evitarlo.

·        Apoyar que el Estado haya procedido a endeudar a la Seguridad Social en 10.192 millones de euros en 2017, en lugar de realizar transferencias directas para cubrir definitivamente el déficit del ejercicio.

·        Apoyar un endeudamiento adicional de 15.164 millones de euros en 2018, para continuar hipotecando el futuro de la Seguridad Social.

El Congreso ha tratado una proposición sobre el Factor de Sostenibilidad propiciada desde el PDeCat y compartida por el PSOE, Unidos Podemos y ERC para eliminar su aplicación, tal como fuera implementado en el año 2013 de manera unilateral por el Partido Popular. Ciudadanos se ha puesto nuevamente de perfil y ha votado abstención. “Las leyes no se deben derogar, se deben revisar”, ha sido la excusa. A pesar de la presión popular sobre estos temas, no puede votar a favor de la derogación, porque resultaría incoherente con su ideología.

Es un claro defensor del Factor de Sostenibilidad que por el momento tiene en cuenta la esperanza de vida, e incide negativamente en el cálculo de la base reguladora de los nuevos pensionistas. Pero el Factor de Sostenibilidad también puede utilizarse para activar un mecanismo automático, que permite suspender los incrementos anuales de las pensiones o inclusive lo más preocupante, disminuirlas si no existe un equilibrio entre ingresos y gastos en un ejercicio económico.

Ciudadanos es el precursor del contrato único indefinido, (que ni es único, ni es indefinido, ni siquiera es digno), al abrir un abanico de posibilidades a los empresarios para despedir según su criterio a un trabajador con indemnización de 20 días por año. Un contrato único indefinido, que volverá a todos los trabajadores temporales, y que posibilitará el otorgamiento de nuevas reducciones de las cuotas de la Seguridad Social.

Contrato único que someterá aún más los intereses de los trabajadores a la voluntad del empleador, que continuará deprimiendo los salarios y resultará la puntilla a través de las bajas cotizaciones sociales que genere, a ese proceso de desmantelamiento de la Seguridad Social, emprendido con éxito desde hace seis años por el Partido Popular, y al que Ciudadanos hoy asiste complaciente.

Ciudadanos le ha disputado al PP la medalla de oro en la competición por atribuirse el mérito de ciertas mejoras a los pensionistas, implementadas para aplacar el efecto de sus movilizaciones. Al analizar las medidas aplicadas con detenimiento, se observa el claro vacío conceptual de las mismas, a saber.

·        El Índice de Revalorización de las Pensiones del 0,25 % continúa vigente.

·        El Factor de Sostenibilidad continúa vigente.

·        Las mejoras para los pensionistas son graciables, afectando sólo al año 2018 y en la mayoría de los casos no llegan al incremento del IPC del año anterior.

·        Se utilizan para presionar a otras formaciones políticas en la aprobación de los presupuestos generales del Estado.

Lo increíble es que con estas iniciativas, que han supuesto un gasto cercano a los 1.000 millones de euros, se pretende engañar a toda la ciudadanía. Es necesario mucho más de esa cantidad, para implementar pensiones dignas y para incrementarlas de acuerdo al IPC. No se ha planteado ninguna iniciativa de calado para aliviar el insostenible déficit del sistema público de pensiones.

Con menos de una décima del PIB, no se puede atender las justas reivindicaciones de los pensionistas, que volverán a movilizarse este domingo, 15 de abril, para rechazar esta maniobra del Gobierno y de su fiel apoyo parlamentario.

Los detractores del actual sistema público de pensiones, que niegan los salarios dignos, las pensiones dignas, su justa revalorización anual y el elemental principio de solidaridad intergeneracional, están ajustando su estrategia para desmantelar el sistema vigente. El Fondo Monetario, el Banco de España, los grandes intereses empresariales, los fondos de pensiones de bancos y aseguradoras y los medios de comunicación afines están interesados en acelerar la operación.

Ciudadanos cuenta con ellos y todos ellos cuentan con Ciudadanos.

La República que España necesita.

Artículo de Lidia Falcón en Público de fecha 12 abril 2018.

El 12 de abril de 1931 se celebraron elecciones municipales en toda España y las candidaturas republicanas consiguieron la mayoría en cuarenta capitales de provincia. Los partidos monárquicos únicamente ganaron en nueve: Ávila, Burgos, Cádiz, Lugo, Orense, Palma de Mallorca, Pamplona, Soria, Vitoria. Incluso aquellas que hoy consideramos atrasadas o reaccionarias como las gallegas o las castellanas votaron entusiasmadas por la República.

En palabras del ministro de la Gobernación la tarde de las votaciones, «las informaciones recibidas de los pueblos pequeños acusaban favorables impresiones, pero las de los pueblos importantes eran, como las de las capitales de provincia, desastrosas.» En Vitoria y Pamplona, donde triunfaron los jaimistas (partidarios del infante Jaime, primer hijo de Alfonso XIII), tras la proclamación de la Segunda República se repitieron las votaciones el 31 de mayo, y se obtuvieron sendas victorias republicanas. La corriente antimonárquica había triunfado en 41 capitales de provincia.

En Madrid, los concejales republicanos triplicaban a los monárquicos y en Barcelona los cuadruplicaban. España se acostaba monárquica y se levantaba republicana, y así lo constató el conde de Romanones cuando aconsejó al rey Alfonso XIII que se fuera porque su pueblo no lo quería, a pesar de las consultas que aquel pretendía hacer a su Ejército.

Han transcurrido 87 años y la España que fue republicana, ilustrada, progresista, incluso socialista, acepta la monarquía, al parecer como mal menor, utilizando como chantaje la amenaza siempre presente de otra conflagración civil, cuando ninguna situación actual es comparable con la de 1936 ni existe ninguna justificación a que España, que tanto luchó por la República deba aguantar, sin esperanza de cambio, la saga de los Borbones.

Al parecer hay que cumplir el dicho de que los Borbones siempre vuelven: se echó a Isabel II y regresó Alfonso XII, se echó a Alfonso XIII y aquí tuvimos a Juan Carlos I. Pero para ver la corona nuevamente reinando en Españaeste martirizado pueblo, que, como decía Bernardo López García, “no ha tenido más verdugo que el peso de su corona”,  que ha librado tres guerras civiles para acabar con el feudalismo, los gobiernos corruptos, una Administración anquilosada, el amiguismo y el enchufismo, la explotación de sus trabajadores, las desigualdades de renta y la marginación y la opresión de sus mujeres, tuvo que ser derrotado trágicamente en la última y soportar 40 años de dictadura. Para encontrarse nuevamente con el reinado borbónico que mantiene los mismos privilegios que un siglo atrás.

Las generaciones crecidas en el caldo de cultivo de la dictadura primero y de la democracia después, no solo en los colegios fascistas, jesuíticos y del Opus sino también en esta escuela pública que no enseña nuestra verdadera historia, no saben nada de lo que fue aquella heroica República y los principios que defendía y que aprobó una Constitución que comenzaba diciendo que “España es una República democrática de trabajadores de toda clase,” y cuyo artículo 3 afirmaba que “El Estado español no tiene religión oficial”. Como declaración de principio ratificaba en su artículo 6 que “España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional”. Ya sabemos lo que duró aquella paz y cómo la traicionaron los generales que habían jurado fidelidad a la República.

Aquellos que reclaman la Mancomunidad de sus provincias bajo este Estado monárquico  no parecen saber que el Artículo 10 de la Constitución republicana afirmaba que “las provincias se constituirán por los Municipios mancomunados conforme a una ley que determinará su régimen, sus funciones y la manera de elegir el órgano gestor.” Y que este mismo cuerpo legal fue el que estableció las regiones autónomas y  aprobó el Estatut de Cataluña y el del País Vasco.

Esa Constitución es la primera en España que establece en su artículo 25 que “No  podrán ser fundamento de privilegio jurídico: la naturaleza, la filiación, el sexo, la clase social, la riqueza, las ideas políticas ni las creencias religiosas. El estado no reconoce distinciones ni títulos nobiliarios.” Con tales principios se eliminaban las discriminaciones  que sufría la mujer, los privilegios de la aristocracia, las prebendas  que mantenía la Iglesia católica y en dos años suprimía el mantenimiento económico de esta, así como disolvía las órdenes religiosas.

Era la primera vez también que se reconocía la igualdad de derechos de ambos sexos en el matrimonio y su disolución por mutuo disenso o con justa causa, así como terminaba con la discriminación de los hijos según fueran habidos fuera o dentro del matrimonio. Y sabemos que en ese mismo texto legal se establecía la igualdad para el hombre y la mujer en el derecho al sufragio universal, igual, directo y secreto.

Con enorme valor que rayaba en una ingenua temeridad, la Constitución republicana se atrevía a declarar en su artículo 44 que“Toda la riqueza del país, sea quien fuere su dueño, está subordinada a los intereses de la economía nacional…con los mismos requisitos la propiedad podrá ser socializada.” Lo que permitió que antes de un año las Cortes Republicanas aprobaran la Ley de Reforma Agraria de 1932, promulgada el 9 de septiembre, que pretendía resolver un problema histórico: la tremenda desigualdad social que existía en la mitad sur de España. Pues junto a los latifundios propiedad de unos centenares de familias, casi dos millones de jornaleros sin tierras vivían en condiciones miserables. El método que finalmente se escogió para resolver el problema fue la expropiación con indemnización de una parte de los latifundios que serían entregados en pequeños lotes de tierra a los jornaleros.

Antes de ello, para  solucionar la difícil situación de los jornaleros desde el primer gobierno provisional se tomaron unas medidas en los llamados “Decretos agrarios” de Largo Caballero, en los que se prohibía a los propietarios de tierras que echaran a los campesinos que las arrendaban. Se aplicaba también a los jornaleros la jornada de 8 horas ya conseguidas por los obreros industriales, se obligaba a contratar a jornaleros del propio municipio, y se obligaba a los propietarios a cultivar las tierras bajo amenaza de confiscación, para evitar que los terratenientes boicotearan a la República dejándolas en barbecho. Era evidente que la República no podía sobrevivir ante la feroz ofensiva de los latifundistas que poseían la mayor parte de la riqueza agraria de nuestro país. Y que en alianza con la banca y la gran industria financiaron el golpe de Estado y la Guerra Civil, con las bendiciones de la Iglesia Católica.

Quizá ustedes crean que en la actualidad esa cuestión está resuelta, ya que no se menciona, pero en el día de hoy el 55 por ciento de las tierras cultivables son propiedad de los latifundistas, que son los Grandes de España de la aristocracia, igual que a principios del siglo XX, y que además hoy reciben la mayor parte de las ayudas económicas de la UE en el Plan Agrario Europeo.

  

Por supuesto, el Presidente de la República era “criminalmente responsable de la infracción delictiva de sus obligaciones constitucionales” al que se podía acusar por la comisión de cualquier delito. La impunidad solo es privilegio de reyes.

Y sería bueno recordar cómo se escogía a los componentes del Tribunal de Garantías Constitucionales, que hoy se encuentra en estado de sospecha por su forma de elección, mientras que la República establecía una enorme variedad de participantes, desde los magistrados escogidos por el Parlamento a un representante de cada una de las regiones españolas, dos miembros nombrados por todos los colegios de Abogados de la República y cuatro profesores de las Facultades de Derecho,  que hacía imposible la venalidad o la parcialidad en sus resoluciones.

Ciertamente esa República elegida en 1931 se adelantaba en medio siglo a la de muchos otros países europeos y hoy sería modelo de la que España necesita.

Agitación social, bloqueo político.

Artículo de Fernando Lopez Agudin en Público con fecha 13/3/2018.

Parafraseando a Marx en su análisis sobre las Cortes de Cádiz de 1812 –en la isla de León, ideas sin acción; en el resto de España, acción sin ideas–, cabría describir de forma similar el Congreso de los Diputados en este 2018: en la Carrera de San Jerónimo, ideas sin acción; en el resto de España, acción sin ideas. Basta contrastar las movilizaciones de las mujeres, pensionistas y parados con la retórica bizantina de casi todos los parlamentarios, para  llegar a la conclusión de que la España social poco tiene que ver con la España política.  Parece  bastante evidente que la primavera social en curso precede, paradójicamente, a todo un invierno político en gestación avanzada. Cuanto más alto y claro se habla desde la calle, más bajo y oscuro se habla desde la mayoría de los escaños.

En ese divorcio se mueve a sus anchas un gallego como Rajoy. Tanto que este escenario, repleto de rebeliones sociales, no lleva camino de ser su epílogo sino, por el contrario, su nuevo prólogo en la Moncloa. La fuerza relativa  del PP no radica hoy mismo  en su rapidez de acción o audacia reflexiva – inexistentes en la Moncloa– sino en la vacilación impotente, la lentitud, apatía e indecisión de sus adversarios ante la nueva explosión social que acaba de estallar en la sociedad española.  Rajoy, mientras tanto, se limita a esperar con los brazos cruzados a  ver pasar el cadáver de una alternativa gubernamental al gobierno que viene presidiendo desde hace siete años.

Efectivamente, no hay alternativa al Gobierno de Rajoy, ni se la espera. La mejor carta de la baraja política la maneja hoy día el PP, en la misma medida que el abanico de críticas políticas no termina nunca de cerrarse en un claro programa común alternativo. Tan dudosos son los méritos parlamentarios de la mayoría opositora como indiscutibles su defectos políticos. Aunque, muy probablemente, esta alergia a una moción de censura, debe guardar una cierta relación con la idea de que comparten con Rajoy la representación política de los intereses alemanes.  Pues, ¿  qué les preocupa más, el gobierno  de Rajoy o un gobierno progresista que preste oído a las demandas sociales?

Basta ver como Albert Rivera pierde fuelle  justo hoy,  cuando podía rematar a Rajoy, habiendo ocupado  la calle junto a las mujeres y a los pensionistas. Ni lo uno, ni lo otro. Ni lazo lila, como el que portaba inteligentemente Rajoy, ni subida de las pensiones, sobre las que guardan un significativo silencio sus amigos financieros. En menos de una semana, Ciudadanos, muy crecido volteando la rojigualda, ha retrocedido bastantes pasos atrás en su  rápido camino a la Moncloa. Empieza ya a descender del entusiasmo al afecto, del afecto a la consideración, de la consideración a la indiferencia y, como se descuide, puede pasar de la indiferencia al desprecio.  Su idea de patria es justo la contraria de la de los patriotas que ocupan hoy las calles.

Mucho peor es lo de Sánchez. Sin reconciliarse con los enemigos que le defenestraron, ha ido enajenándose poco a poco a los amigos que le votaron en las primarias. Falto de valor para romper las trabas del aparato, ha quedado tan despojado de autoridad que no se atreve ni siquiera a recoger en una moción de censura  la movilización que agita hoy a las calles españolas. Aunque, ciertamente, si quisiera, no podría porque el SPD alemán es algo más que un partido hermano. Nunca mejor que ahora para comprobar como no se sitúa a la derecha o a la izquierda; el PSOE se sitúa en Alemania. Pese a la muy amplia derrota electoral del socialismo germano, los  poderosos intereses a los que sirve, imponen, una vez más, el apoyo a la Merkel.

Alemania apoya a su profeta Rajoy. Igual que la crisis griega frenó lo que parecía el avance imparable de Podemos en aquella primavera de 2016, la crisis italiana de 2018 contribuirá  a consolidar a Rajoy en la Moncloa, salvo algún imprevisto imprevisible. Ya se puede ver en lo político, con la parálisis del PSOE, ya se verá en lo económico, cuando Berlín llegue incluso a permitir al Gobierno del PP algunas alegrías con el déficit público. Solo faltaba la inquietud ante el in crescendo de la movilización social, ese temor a que en otros países europeos se contagien de este mal hispano, para apoyar absolutamente a Rajoy en su tentativa de derivar esta primavera social de hoy en el invierno político de mañana.

"El sistema de pensiones es perfectamente sostenible hoy y dentro de 30 años"

Entrevista de Laura Olías al economista Borja Suarez publicada en el diario.es con fecha 31/3/2018

Borja Suárez, profesor de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social: "Aunque en este país da mucho miedo subir impuestos, la gente lo entendería si es para blindar las pensiones"

"En general las personas que defienden un sistema de pensiones público y privado están vinculadas al sector financiero"

"Lo que ha demostrado la crisis es que la política de pensiones ha sido un éxito, es lo que ha aguantado"

Cuando Borja Suárez Corujo comienza sus clases en el curso de Derecho de la Seguridad Social plantea una pregunta a sus alumnos de la Universidad Autónoma de Madrid. "¿Creéis que vais a tener pensiones?". La pregunta, como la respuesta –"un por supuesto que no"–, dan muestra de un temor instalado en muchos sectores de la población: el sistema público de pensiones está en riesgo y no aguantará en las mismas condiciones en las próximas décadas.

Con cientos de miles de jubilados en las calles para defender unas "pensiones dignas" y una oposición política centrada en el desgaste del Gobierno por su reforma unilateral del sistema en 2013, el profesor de Derecho del Trabajo y Seguridad Social y miembro de Economistas frente a la Crisis ofrece una visión optimista de las soluciones para reforzar el sistema, con ajustes pero que preserven el modelo actual.

Dice que nuestro sistema público de pensiones es sostenible, pero cada vez más gente joven duda de que vaya a tener una pensión suficiente cuando envejezca. ¿Cómo se ha asentado esta idea?

Hay un discurso precioso de Frances Perkins, secretaria de Trabajo de Roosevelt, la verdadera artífice del sistema de Seguridad Social de EEUU y que en su momento fue revolucionario, en el 35. En este discurso de años después, en los años sesenta, decía que lo que se había conseguido había calado de tal manera en la sociedad norteamericana que no puede concebirse una democracia en ese país sin un sistema de pensiones. Esa idea se puede trasladar a España: pensar que van a desaparecer las pensiones públicas, es como pensar que a lo mejor dentro de 30 años no hay democracia. Pues a lo mejor pasa, pero me resulta demasiado utópico o distópico.

¿Y cómo está tan extendida esta visión?

En el sector financiero la apuesta es la de un sistema multipilar: con pensiones públicas pero donde también haya pensiones privadas. ¿Qué interesa? Generar incertidumbre, meter miedo de que el sistema no es sostenible en estos términos para que la gente empiece a contratar planes de pensiones. Esto viene, en general, de personas que trabajan para empresas o instituciones vinculadas a este sector financiero a las que le resultaría muy rentable un cambio modelo. Es triste decirlo así, pero es así.

La mejor prueba de ello es el punto en el que nos encontramos ahora: la reforma de 2013 que hace el Gobierno es casi un calco de la propuesta de la comisión de expertos, donde de los 12 miembros, 9 estaban vinculados al sector de seguros o al bancario. De aquellos polvos estos lodos.

La mayoría de la oposición, los sindicatos y los pensionistas en la calle demandan subir las pensiones con el IPC. ¿Es sostenible revalorizar con los precios con nuestro sistema de pensiones y ante el estado de déficit de las cuentas de la Seguridad Social?

Hay un trabajo reciente de Antonio González en Economistas Frente a la Crisis que utiliza estimaciones para los próximos años. Hay diferentes fuentes, entre ellas datos de la Seguridad Social que ha enviado el Gobierno al Pacto de Toledo. Con un escenario de crecimiento del 2% y un IPC del 1,8%, el gasto en pensiones llegaría al 14% del PIB si se revalorizaran con los precios en su punto más crítico, que es 2045, y luego ya empieza a bajar. Si tomamos un crecimiento medio del 2,4%, que no es ningún disparate, el gasto en pensiones no llega en ningún momento al 13% del PIB.

Ahora estamos en torno al 11,7%. La media europea es del 12,3%, estamos un poco por debajo. Así que revalorizando las pensiones con los precios, el gasto subiría en 2 puntos y media.

La reforma de las pensiones del 2013 que hace el Gobierno es casi un calco de la propuesta de la comisión de expertos, donde de los 12 miembros, 9 estaban vinculados al sector de seguros o al bancario. De aquellos polvos estos lodos.

¿Y ese crecimiento del gasto es asumible?

Estaríamos en el entorno del 14% y 14,5%. Austria gasta hoy eso. Austria y Portugal. Francia está en el entorno del 15%, Italia está alrededor del 16%. Por cierto, sin ningún tipo de reproche de la Comisión Europea, que es interesante. Ese crecimiento del gasto es perfectamente asumible. ¿Por qué España no puede gastar un 13% o 14% de PIB durante un tiempo determinado? Es que después empezará a caer el gasto a toda velocidad porque se agota el efecto del baby boom. Después delbaby boom viene el baby collapse, generaciones mucho más reducidas. Hay que plantear una reconfiguración del sistema, pero no un cambio radical.

El Gobierno ha insistido mucho en las últimas semanas en destacar que la subida de las pensiones con los precios no ocurre casi en ningún país europeo. ¿Es así?

No es así en absoluto. Ningún país de Europa tiene nada parecido a lo que nosotros tenemos. Y todos los países europeos vinculan la evolución de las pensiones: los menos generosos al IPC y la mayoría, en parte también a los salarios. La OCDE en un informe de 2015 trata el asunto de la revalorización y dice que la de las pensiones se debe hacer y se hace según a dos criterios fundamentales: a precios o a salarios.

El organismo afirma que lo razonable sería vincular a los salarios, porque permiten que los pensionistas, que son trabajadores pasivos, corran la misma suerte que el resto de trabajadores. Y si no es así, como alternativa está el IPC, que permite al menos evitar la pérdida de poder adquisitivo. Además, mantiene que las pensiones mínimas no solo no se pueden revalorizar con el IPC, que eso es insuficiente; se deben revalorizar con el IPC + 0,5.

Celia Villalobos decía el otro día que solo hay que concentrarse en eliminar el déficit de la Seguridad Social para que las pensiones suban por encima del IPC gracias al índice de revalorización (IRP) aprobado por el Gobierno en 2013.

Todos los estudios concretan que el 0,25% durará mucho tiempo: la Airef se queda en 2023 con el 0,25%; el grupo de investigación de Valencia sobre las pensiones, que tiene muy buena información del Gobierno, dice en sus estimaciones que el 0,25% se extenderá hasta 2038; Fedea llega hasta 2060. Así que, cuando dicen que esto es una fórmula que puede dar una cosa positiva o negativa, es mentira. En abstracto es así, pero con la situación laboral que tenemos, el desempleo y la evolución demográfica que vamos a empezar a sufrir no es así.

"Aunque en este país da mucho miedo subir impuestos, la gente lo entiendería si es para blindar las pensiones"

Otro de los elementos más criticados de la reforma de 2013 es el factor de sostenibilidad, que según varias estimaciones va a reducir las cuantías de las pensiones en las próximas décadas. ¿Es inevitable aplicar un factor de sostenibilidad, aunque no sea este, de cara al futuro?

El Gobierno, que lo recuerda siempre que puede, dice que el factor de sostenibilidad ya estaba previsto en la reforma de 2011. Cierto. El factor de sostenibilidad se fijaba para aplicarlos a partir del 2027. Luego ellos decidieron que había que adelantarlo a 2019.  La reforma de 2011 se hizo para dar respuesta a un cambio demográfico, a la jubilación de los baby boomers, vamos a ver qué pasa. Es que empezó a aplicarse en 2013, tiene muy poco recorrido.

El segundo aspecto que defiende el Gobierno es que casi todos los países europeos han introducido un mecanismo de este tipo. Cierto. Pero nosotros hemos aplicado la versión dura del factor de sostenibilidad, la que reduce automáticamente la cuantía. Nuestras pensiones ahora mismo son pensiones menguantes. Si hubiera que introducir algún mecanismo, a mí me parece más equilibrado lo que hacen los franceses, que es vincularlo a los años que se exigen para alcanzar el 100% de la pensión.

En sus trabajos insiste en esta idea: el envejecimiento es un reto, pero menor de lo que se suele destacar ya que sus mayores efectos están acotados en el tiempo.

Fernández Cordón apuntaba recientemente que el alargamiento de la esperanza de vida, que efectivamente está creciendo, lleva creciendo 120 años de forma intensa y de hecho ahora crece de manera más moderada. La tendencia es que siga creciendo, claro que sí, pero es moderado y no es un cambio extraordinario. Lo extraordinario es que a partir de 2023 empieza a jubilarse la cohorte más numerosa de nuestra historia que es la generación del baby boom, los que nacieron entre el 58 y el 77. Eso significa que durante un periodo de tiempo importante, hasta mitad de siglo o un poco antes, va a jubilarse mucha gente y eso va a repercutir en el gasto.

¿Y cómo puede afrontar nuestro sistema público la jubilación de los baby boomers?

El punto de partida es: no tenemos un problema de gasto. Pero vamos a tener que hacer frente a un incremento de ese gasto y lo que tenemos que hacer es incrementar los ingresos. ¿Qué se puede hacer ahí? Lo primero de todo, ahora mismo el volumen de cotizaciones sociales, que son la principal fuente de financiación del sistema, no es tan grande como debería. La Seguridad Social está pagando con cotizaciones que no deberías pagarlas con ellas; por ejemplo, las reducciones a las empresas, que suponen unos 2.000 millones de euros. También los gastos de personal de la Seguridad Social y otros conceptos, que suman como mínimo otros 2.000 millones. Además, hay otras políticas que tienen que ver con el ámbito agrario, la cotización de sistemas especiales tiene tipos más reducidos y eso tiene un coste de unos 1.000 millones.

Después, hay ingresos por cotizaciones que no se reciben por la base máxima de cotización. Se podría 'destopar'. Hay distintos cálculos sobre esto: CCOO dice que son unos 7.000 millones, los datos que el Gobierno ha aportado al Pacto de Toledo estiman esto en unos 4.600 millones. Al final, empiezas a sumar todo esto y estamos alrededor de 11.000 millones, lo que significaría que ahora mismo ese desequilibrio que tenemos de déficit no es de 18.800 millones, sino de unos 7.000, que es un elemento importante.

¿Hay alguna otra vía para incrementar los ingresos de la Seguridad Social?

Un elemento importante: evidentemente hay que cambiar la política laboral. Es casi milagroso que el país se mantenga con unos niveles de precariedad tan escandalosos. Se puede hacer algo y, en la medida en que tenemos un punto de partida tan deficiente, tenemos una oportunidad de mejora muy favorable. Además, desde una perspectiva de más largo recorrido, hay un elemento fundamental que es un cambio productivo, con la transformación digital, en el que las cotizaciones van a sufrir. Ante elementos de cambio importantes en el mercado de trabajo, esa excesiva dependencia de las cotizaciones sociales es catastrófica. 

Lo que tenemos que hacer es incrementar la aportación que hace el Estado para la financiación de las pensiones. Eso es lo que hacen los países de referencia, no solo porque sean países importantes sino porque tienen sistemas parecidos al nuestro, como Francia y Alemania. La aportación allí es de entre el 20 y el 25%. En España salen de los Presupuestos los complementos a mínimos y las pensiones no contributivas, lo que pasa que esa aportación del Estado está en torno del 8%.

¿Cómo puede pagar España ese incremento sustancial de la aportación del Estado a la caja de las pensiones?

Tenemos un nivel de ingresos fiscales que está en el 34,6% cuando la media europea en el 41,5%. Eso es una anomalía, la estructura fiscal que tenemos tiene múltiples deficiencias. El otro día hablaba con Alberto del Pozo, experto en política fiscal, y me decía que era perfectamente posible mejorar sustancialmente los ingresos del Estado a través de una subida de impuestos sin apretar a la inmensa mayoría que ya paga un nivel de impuestos razonable.

¿Y dónde se carga este refuerzo entonces?

Pues por ejemplo el tratamiento de las rentas de capital. En una economía en la que el peso del capital es cada vez mayor, como consecuencia de ese proceso de digitalización, es razonable equilibrar de alguna manera: no gravar más las rentas del trabajo, que ya están sufriendo, y poner un mayor énfasis en las rentas de capital. Y también en las rentas patrimoniales, porque es un poco disparatado esto de tener desvirtuado un impuesto de patrimonio, de sucesiones…

Me parece interesante la propuesta del impuesto finalista. No estoy pensando tanto en la última propuesta del PSOE, aunque llevaba la idea de impuesto finalista en su programa electoral. Francia recauda a través de esta Contribución Social Generalizada –que es para la financiación de políticas sociales, no solo de pensiones– 90.000 millones al año. De hecho Macron, que tanto le gusta a Ciudadanos, ha subido 1,7 el porcentaje de esta contribución.

¿Es aplicable un impuesto así en España?

Esa fórmula es muy interesante en este caso, porque aunque en este país da mucho miedo subir los impuestos, yo creo que esto la gente lo entiende. Si dices, vamos a crear un impuesto ante el reto del envejecimiento, porque tenemos 25 años por delante en los que tenemos que hacer un esfuerzo importante, y esto es una cuestión central de nuestro modelo de convivencia y sociedad. Así que, para blindar esto vamos a establecer un mecanismo que en función de las necesidades vamos apretando un poco más o menos. Creo que es un mensaje que cualquier partido político puede asumir perfectamente porque creo que la gente lo entiende.

Sobre el conflicto generacional, ese planteamiento de que los pensionistas son unos privilegiados a costa de los jóvenes no es cierto, que no nos confundan. Creo que en este debate falta sensibilidad social.

¿Cree que hay un debate político serio sobre las pensiones y los retos que debemos afrontar para reforzar el sistema? Muchos pensionistas demandaban estos días que el Gobierno les "rescatara" subiendo las prestaciones con el IPC como hace con las autopistas y los bancos, dos cuestiones muy subrayadas por la oposición.

Estas cuestiones son sangrantes y a todos nos avergüenzan. Que congelen las pensiones y no tengan problema para sacar la chequera y rescatar las autopistas… Pero tienen un inconveniente: mezclamos muchas cosas. Y cuando para este asunto tenemos muy buenos argumentos, fundamentos para decir que el sistema que tenemos es perfectamente sostenible con algunos ajustes, que lo hacen sostenible hoy y dentro de 30 años, empezar a meter estas cosas enturbian un poco el debate.

Acabamos utilizando elementos que, aunque sean malos ejemplos de gestión, en realidad no te resuelven los problemas de fondo del sistema de pensiones. Y es que aquí, aunque suene soberbio, los hechos nos dan la razón a los que defendemos el sistema público de pensiones.

Hay también un debate generacional abierto sobre este tema. Se ha dicho mucho que los pensionistas han soportado mejor la crisis que otros grupos de población. Sin embargo, muchos de los jubilados que salían en las manifestaciones de estos días decían que pasaban apuros porque con sus pensiones estaban manteniendo a sus hijos en paro, pagando sus hipotecas, los estudios de sus nietos… ¿Han soportado las pensiones las deficiencias de nuestro Sistema de Bienestar?

Yo soy el primer sensibilizado con los jóvenes, pero una cosa es eso y otra la situación de los pensionistas. La cuestión clave cuando hablamos de este tema es: ¿cuál es nuestro nivel de gasto social público? Estamos en el 24,5%, cinco puntos por debajo de la media europea. Cuando estemos al nivel europeo, tal vez podremos plantearnos que estamos sobreprotegiendo algunos y a otros no.

Lo que ha demostrado la crisis económica es que la política de pensiones, seguramente por el Pacto Toledo, ha sido un éxito. Ha llegado la crisis económica y ¿qué es lo que ha aguantado? El sistema de pensiones, que ha sido un pilar fundamental para el sostén del conjunto de la sociedad. Este planteamiento de que los pensionistas son unos privilegiados a costa de los jóvenes no es cierto, que no nos confundan. El problema de los jóvenes tienen que ver con unas políticas con unos efectos muy negativos para este grupo, eso es lo que hay que rectificar, donde hay que poner recursos pero no a costa de quitarlos de otro sitio.

Hay un dato que está ahí: el 60% de los pensionistas reciben menos de 800 euros. Creo que en este debate falta sensibilidad social, se pretende presentar de una manera muy técnica, pero la sensibilidad social se echa en falta en muchas ocasiones.

Que los robots coticen y ayuden a pagar las pensiones y una renta básica universal

Un informe que augura que el 34% de los empleos actuales estarán en peligro en 2030 en España por la automatización hace revivir un debate que ya afrontó en parte el Parlamento Europeo hace un año

Pepe Álvarez, líder de UGT, cree que hay que reflexionar sobre si las máquinas que sustituyen a empleados tienen que tributar. Bill Gates cree que sí, que hay que ponerle impuestos a los robots de la automatización.

Artículo de Arsenio Escolar en eldiario de fecha 12/3/2018.

Los robots podrán ocupar la mitad de empleos de Japón en 2030, según un informe 

Las plataformas de pensionistas que el  pasado 22 de febrero, jueves, sorprendieron a Gobierno, oposición y sindicatos al tomar las calles de 86 ciudades españolas van a volver a ellas el próximo sábado, 17 de marzo. Los jubilados no estarán esta vez solos. Han convocado sus nuevas movilizaciones para un sábado para que puedan acompañarlos sus hijos, sus nietos y todo aquel que, activo o no activo, con empleo o sin empleo, esté preocupado por el presente y por el futuro de nuestro sistema público de pensiones.

Tras la gigantesca movilización feminista del pasado jueves 8, el Gobierno apenas ha reaccionado por ahora con un gesto mínimo: un lazo morado en la chaqueta del presidente, Mariano Rajoy, gesto que fue tachado de oportunista y cínico entre la oposición y que ha sido polémico incluso dentro de las filas del PP. Tras las movilizaciones de pensionistas de hace casi un mes, y la exhibición de fuerza delgrey power, el Ejecutivo sólo ha reaccionado por ahora con una ocurrencia del ministro de la caja de caudales, Cristóbal Montoro, que habló de manera inconcreta de bajarles el IRPF a algunos pensionistas de edad “muy avanzada”.

Este miércoles, en el pleno monográfico sobre las pensiones que celebrará el Congreso de los Diputados, tendrán Rajoy, el Gobierno y el PP una nueva oportunidad para afrontar el problema con algo más que una ocurrencia. ¿Cederán a la presión de la calle y de la oposición parlamentaria y cambiarán su propia ley para que la revalorización anual de las pensiones sea superior al 0,25% que fija la norma, paupérrima subida que ha sido uno de los detonantes de las protestas? ¿Irán incluso más allá, y admitirán que algunas pensiones se paguen desde los Presupuestos Generales del Estado, vía impuestos? 

Sea ahora, sea un poco más adelante, en el PP previsiblemente se reaccionará con mayor convicción cuando vean que la marea de la calle les inunda los graneros de votos y deja alguno de ellos muy deteriorado. Puede estar empezando a pasar. Un dato: en el Barómetro del CIS de enero de 2017, el 34,6% de los encuestados de 65 años o más decían directamente que votarían al PP. Un año después, en el Barómetro del CIS de enero de 2018 -cuando los pensionistas ya sabían que la recuperación económica tan cacareada por el Gobierno les ha dado este año una subida de la pensión del 0,25%; es decir, 1,5 euros más al mes a muchos de ellos-, ese porcentaje ha bajado al 28,8%. Casi seis puntos porcentuales de caída en doce meses y ello pese a que cuando se hizo el campo del Barómetro de enero pasado aún no habían empezado las grandes movilizaciones de los pensionistas. 

Reacciones rápidas y medidas a corto plazo aparte, la reflexión sobre el futuro de las pensiones ocupa cada vez más tiempo en instituciones públicas, partidos, sindicatos y think tanks. Entre las ideas que ahora se barajan, una que ya comenzó a debatirse hace un par de años: que los robots que están sustituyendo a personas en algunos empleos coticen a la Seguridad Social o que al menos aporten vía impuestos al erario cantidades significativas que permitan completar las políticas sociales, entre ellas el sostenimiento y mejora del sistema público de pensiones. Se sumó a ella hasta Bill Gates, el fundador de Microsoft, una de las grandes compañías aceleradoras de los procesos de automatización. "S i una persona hace un trabajo valorado en 50.000 dólares en una fábrica, esa cantidad es sometida a impuestos sobre la renta, impuestos de la Seguridad Social y todas esas cosas. Si un robot viene para hacer el mismo trabajo, pensarías que habría que ponerle un impuesto del mismo nivel ", comentó Gates.

La idea ha vuelto al primer plano del debate tras un estudio reciente sobre el impacto de la automatización en el empleo. Se titula 'Will robots really steal our jobs'  (¿Realmente robarán los robots nuestros empleos?), lo ha hecho la consultora PwC y analiza la situación en 29 países. Las conclusiones, para el nuestro, son bastante inquietantes: en 2030, la automatización mediante robots de muchas tareas hará que el 34% de los empleos actuales estén entonces en peligro, pues se podrán hacer con máquinas inteligentes. Los empleados con menor formación y los sectores de transporte, logística e industria –y en menor medida los de alimentación y distribución- son los que mayor riesgo corren. El estudio de PwC confirma en gran medida lo que apuntaba otro de la OCDE que en 2016 situaba a España como el tercer país de entre los 21 de la organización analizados, tras Alemania y Austria, al que más afectaría la sustitución de empleados por máquinas con inteligencia artificial. 

En octubre de 2016, poco después del estudio de la OCDE, Pepe Álvarez, recién llegado entonces a la secretaría general de UGT, planteó en un acto sindical en Asturias que las empresas compensaran a la Seguridad Social, mediante una cotización o alguna otra medida similar, por la pérdida de empleos que se producía con los avances tecnológicos en las cadenas de producción. "Que los robots paguen a la Seguridad Social por los trabajadores que no están en las empresas", resumió Álvarez. 

El asunto no era nuevo. Por aquel entonces, en el Parlamento Europeo ya se trabajaba en una iniciativa similar, impulsada por los grupos de izquierda. Un texto aprobado en la comisión parlamentaria señalaba que "considerando que el desarrollo de la robótica y la inteligencia artificial puede dar lugar a que los robots asuman gran parte del trabajo que ahora realizan los seres humanos sin que puedan reemplazarse por completo los empleos perdidos" debería "estudiarse la posibilidad de someter a impuesto el trabajo ejecutado por robots o exigir un gravamen por el uso y mantenimiento de cada robot" para financiar el reciclaje profesional de las personas que perdieran su puesto de trabajo. En el pleno del Europarlamento, ya en febrero de 2017, los grupos de derecha rebajaron el texto. Se instaba a la UE a que legislara sobre robots y automatización, pero se eliminaban las referencias al impacto de la robotización en el mercado laboral y a los posibles impuestos para compensarlo.

Ahora, tras el informe de PwC, Pepe Álvarez, el líder de UGT, insiste, y con más convicción. “Mantengo lo que dije. El debate está abierto, hemos de reflexionar sobre ello. Al PSOE no lo he convencido, a algunos dirigentes de Podemos sí”.

Su idea no la comparte su homólogo en Comisiones Obreras, Unai Sordo: “Nosotros más bien pensamos que si la robotización se implanta en las empresas es para mejorar la productividad, y que lo que hay que gravar es el beneficio empresarial con un funcionamiento mucho más activo del impuesto de sociedades”. El líder de Comisiones considera que “no hay que desincentivar la inversión tecnológica porque es necesaria para mejorar el tejido productivo español”. “Nuestra forma de buscar ‘la cotización de los robots’ es hacer que más empresas paguen realmente los impuestos que tienen”, concluye Sordo.

En CEOE tampoco están a favor de que los robots paguen impuestos. Consideran que hay que afrontar antes otras cuestiones derivadas del cambio tecnológico que en su opinión están afectando más que la automatización a la caja de la Seguridad Social: “La llamada ‘economía colaborativa’, que en ocasiones no es colaborativa, crea competencia desleal y no aporta cotizaciones sociales o cotiza muy poco”, en palabras de un dirigente de la patronal.

En sus conclusiones, el informe de PwC llega incluso a relacionar el auge de los robots y de la inteligencia artificial con los ingresos públicos y con un reparto también social de la riqueza generada. Propone que “además de invertir en educación, capacitación e infraestructura" se invierta "en redes de seguridad social más fuertes para aquellos que no son capaces de adaptarse fácilmente a la automatización".

PwC lleva incluso el debate más allá, al recoger también en sus conclusiones una idea "más radical" que "ha ganado fuerza en Silicon Valley y en otras partes del mundo en los últimos años como una manera potencial de mantener los ingresos de aquellos que salen perdiendo en la automatización". La idea de crear con parte de los beneficios extra generados por la robotización "una renta básica universal". ¿Por generosidad, por altruismo, por justicia social? No solo. Porque -dice el informe- "el consumo es importante para mantener la economía en marcha".