POR UNA NUEVA POLÍTICA FISCAL

La política fiscal constituye el tuétano de la política económica. Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) sintetizan, mejor que ninguna otra herramienta, las prioridades políticas de un Gobierno.

Estos Presupuestos, presentados con medio año de retraso y todavía sin los apoyos suficientes para su aprobación, evidencian la debilidad del Ejecutivo de Rajoy. Pero lo que es aún más preocupante, desvelan la ausencia de proyecto que certifica una legislatura perdida en esta materia, incapaz de aprovechar el crecimiento a favor de los cambios que nuestra economía necesita. Esto es así por dos motivos.

En primer lugar, estos Presupuestos siguen sin revertir los recortes en los servicios públicos y la inversión que el Gobierno aplicó en los años de plomo de la austeridad, con costes económicos y sociales muy elevados.

El techo de gasto no financiero contemplado en la propuesta del PP y Ciudadanos para 2018 está 60.000 millones de euros por debajo del que nuestra economía tenía en 2010. Y la inversión pública se encuentra ya en su nivel más bajo desde hace 50 años en proporción al PIB (1,9%), 30.000 millones de euros inferior al que tenía cuando empezó la crisis. Recuperar esta inversión pública y dirigirla a promover un nuevo tipo de crecimiento debiera concretarse en un plan a corto y medio plazo del que no hay señal alguna.

Así, mientras el Producto Interior Bruto se incrementa en este momento en unos 48.000 millones de euros al año, el Gobierno mantiene prácticamente congelado el techo de gasto del Estado, alejándonos de Europa. En la eurozona, la ratio gasto público/PIB se sitúa en el 47%, y en España la política fiscal gubernamental la ha reducido hasta alcanzar, con este proyecto presupuestario, el 40%. En definitiva, la propuesta que PP y Ciudadanos trasladan a la ciudadanía es la de tener un Estado de Bienestar ‘asistencialista’, una Administración incapaz de promover eficazmente la innovación y una inversión pública muy insuficiente para acometer los desafíos que tenemos.

En segundo lugar, los PGE tampoco contemplan medidas que permitan aprovechar el crecimiento actual para afrontar los cambios estructurales a los que el país debe hacer frente.

No se incluyen, por ejemplo, medidas de fondo para trasladar el crecimiento a los hogares, reduciendo la desigualdad y la pobreza monetaria. Tampoco se aborda, más allá de medidas puntuales, el riesgo de erosión que tienen las pensiones en el futuro próximo fruto de su desindexación, tampoco se atajan las preocupantes carencias en Investigación y Desarrollo (I + D), no hay un horizonte claro de recuperación de los niveles de gasto educativo y sanitario en relación al PIB ni se adoptan medidas que sienten las bases de un cambio en nuestro modelo productivo; por ejemplo, en una cuestión tan crucial como la transición energética.

Y todo esto es así porque la prioridad se sigue fijando en un lugar erróneo: continuar con una rápida reducción del déficit público, al tiempo que se siguen aprobando rebajas en diversas figuras tributarias que contribuyen a mantener nuestra capacidad de recaudación muy por debajo de los países de nuestro entorno (hoy en el 38% del PIB, ocho puntos por debajo de la eurozona).

¿Cabe plantear una nueva política fiscal, alternativa a la que han acordado Ciudadanos y el Partido Popular? Pensamos que sí. Por ello, el grupo parlamentario de Unidos Podemos ha trasladado una propuesta diferente en sus Presupuestos Generales Alternativos, basada en las siguientes cinco prioridades.

1.- Los beneficios del crecimiento económico deben trasladarse al conjunto de los hogares del país. Se deben poner en marcha las primeras fases de un programa de Renta Garantizada similar al que en este momento existe en País Vasco y Navarra, se debe restablecer la indexación de las pensiones de acuerdo al IPC, y es necesario profundizar notablemente las ayudas para un Plan de Alquiler que les facilite a los jóvenes el acceso a la vivienda.

2.- Una nueva política fiscal debe ponerse al servicio de la igualdad entre mujeres y hombres, impulsando tres medidas prácticamente ausentes en los PGE actuales: la progresiva gratuidad de las escuelas infantiles de 0 a 3 años; una financiación correcta para la ley de dependencia, que garantice que las 300.000 personas que tienen reconocido dicho derecho y hoy no reciben ayudas, puedan hacerlo; y la urgente igualación de los permisos (no transferibles) de paternidad y maternidad.

3.- La necesaria reactivación de la inversión pública debe servir para desarrollar un ambicioso plan de transición energética, basado en el desarrollo de las energías renovables, en la mejora de la eficiencia (con la rehabilitación de viviendas e instalaciones) y en la movilidad eléctrica. La transición energética, imprescindible para luchar contra el cambio climático, difícilmente tendrá lugar si la política fiscal no la sitúa en el centro de sus prioridades.

4.- La recuperación de la inversión pública también debería enfocarse al impulso (y gobierno) del proceso de digitalización de nuestro tejido productivo, así como hacia un plan de rescate de la ciencia y la I+D verdaderamente creíble.

5.- Ninguna de estas medidas podrá llevarse a cabo si no se replantean dos ideas preconcebidas sobre la política fiscal que han resultado muy dañinas durante estos años. La primera tiene que ver con el fetichismo del déficit: una vez alcanzados los niveles actuales, seguir reduciéndolo a toda costa carece de sentido, cuando hay prioridades económicas y sociales mucho más importantes en nuestro país que requieren, por ejemplo, recuperar la inversión pública. Pero, además, los PGE deben empezar a construir un suelo de ingresos que nos haga dejar de ser ese país que tiene una brecha de recaudación con respecto a la eurozona de ocho puntos de PIB.

En la dirección de construir este suelo que nos equipare con las economías de nuestro entorno, se pueden adoptar ya medidas con carácter inmediato. La recaudación del Impuesto de Sociedades en proporción al PIB está hoy muy por debajo de su nivel pre-crisis. Las rebajas tributarias de 2015 y 2016 han restado capacidad de recaudación a este tributo, y deben revisarse. Además, deben eliminarse aquellos beneficios y exenciones fiscales que son más ineficientes y regresivos (alcanzan ya los 35.000 millones de euros en el proyecto presupuestario, e incluso crecen este año en 1.300 millones en el Impuesto de Sociedades). Asimismo, nuestro sistema tiene margen para ampliar la tributación de la riqueza (con un verdadero impuesto sobre las grandes fortunas), aproximar el gravamen de las rentas del capital al que hoy tienen las rentas del trabajo y reforzar la progresividad en los últimos tramos del IRPF.

Autor.- Nacho Alvarez Peralta. Secretario Economía Podemos.