lunes, 8 de mayo de 2017

¿Atrapados en Europa? Renegociar los tratados o abandonar la UE.


Artículo de Nacho Alvarez de fecha 24/4/2017 en diario Público.



El debate político europeo está hoy marcado por dos preguntas ineludibles: ¿Qué significa terminar con el neoliberalismo en Europa? ¿Qué estrategia política permite caminar en esa dirección cuando uno forma parte de la Eurozona? 

Recordemos que Europa y los países occidentales ya terminaron una vez con el liberalismo. La primera globalización (1870s-1920s) entró en crisis con la I Guerra Mundial, y fue definitivamente desarmada con la Gran Depresión de 1929. Las políticas económicas keynesianas, vinculadas al ascenso de la socialdemocracia y a las conquistas del movimiento sindical, pusieron un punto y aparte en la tendencia a la mercantilización de las distintas esferas económicas y sociales. A partir del New Deal (1932) en EE.UU., y muy particularmente después de la II Guerra Mundial en Europa, “cuerpos extraños” a la lógica del mercado se institucionalizan, dando lugar a una importante desmercantilización de diversos ámbitos económicos (por ejemplo, los sistemas públicos de sanidad, educación o pensiones). 

Sin embargo, la segunda globalización (1970s-2010s), dirigida políticamente por los intereses del capital financiero y culturalmente por el pensamiento neoliberal, no ha experimentado aún una crisis política semejante a la que experimentó la primera globalización. O, mejor dicho, la crisis que atraviesa desde 2008 no ha generado aún una alternativa política e intelectual, cohesionada y con poder institucional, que permita dar respuesta a la pregunta de qué significa hoy terminar con el neoliberalismo. 

La crisis de la segunda globalización ha hecho emerger un “momento Polanyi”, una suerte de “insurrección electoral” de aquellas mayorías sociales que, a un lado y otro del Atlántico, intentan protegerse de las consecuencias desestabilizadoras asociadas a los mercados desregulados: pérdida de derechos laborales, retroceso salarial, recortes en el Estado de Bienestar, desestructuración de las comunidades, etc. Las mayorías sociales, en otro tiempo movilizadas por la socialdemocracia, intentan protegerse hoy con los instrumentos que tienen a su alcance: con un voto anti-establishment que en muchas ocasiones no es progresista. 

Ofrecer por tanto una salida política a la crisis de la segunda globalización exige clarificar qué vectores pueden servir para dar una orientación progresista al “momento Polanyi” actual, que profundice nuestras democracias y evite el reforzamiento de posiciones oligárquicas. 

No nos extendemos aquí, pues la hoja de ruta es relativamente compartida: 

1) Es necesario terminar con la austeridad fiscal y con la sacralización del equilibrio presupuestario, y resituar en el frontispicio de la política económica el pleno empleo como prioridad. 
2) Necesitamos profundizar la recuperación de los derechos colectivos que han sido erosionados (sanidad, educación, pensiones), el desarrollo de otros nuevos (dependencia, infancia, cuidados y atención personal) y la progresiva desmercantilización de esferas económicas esenciales. 
3) Debemos reforzar la capacidad redistributiva y, especialmente, predistributiva de nuestras economías para reducir drásticamente las desigualdades y dotar de recursos suficientes al Estado (reducción del tiempo de trabajo, nuevos marcos de negociación de los incrementos de la productividad, reforma tributaria). 
4) Volver a disfrutar de estabilidad económica y autonomía política exige debatir acerca de cuál debe ser el grado apropiado de movilidad de capitales, dado que la plena movilidad ha entrañado crisis financieras y bancarias recurrentes, y asfixia a la democracia. 
5) Una nueva Economía Política en favor de las mayorías sociales exige la quiebra de los oligopolios y de lo que en nuestro país se ha venido a llamar el “capitalismo de amiguetes”. 

Ahora bien, desarrollar una estrategia política frente al neoliberalismo que tome estas ideas-fuerza como punto de partida, requiere también abordar la segunda de las preguntas anteriormente formuladas: ¿cómo caminar en esa dirección cuando uno forma parte de la Eurozona? 
Los países que forman parte de la Eurozona se encuentran sometidos a un marco institucional que ha petrificado buena parte de los principales dogmas neoliberales. ¿Cómo orientar el “momento Polanyi” actual teniendo en cuenta dicho marco? ¿Es posible poner en marcha una estrategia alternativa al neoliberalismo sin una salida inmediata del Euro? Esta es la pregunta que atenaza a las fuerzas progresistas europeas desde hace casi una década. 

Las fuerzas progresistas y populares europeas viven atrapadas, desde que se inició la crisis, en una suerte de polaridad poco fértil. De un lado, quienes plantean la necesidad de “más Europa” para solucionar los problemas de diseño de la Unión Económica y Monetaria. Así, para quienes así piensan, la clave pasaría por completar la unión monetaria con una unión fiscal que respalde la moneda única y permita superar la “anomalía histórica” de tener una moneda sin Estado alguno que la respalde. 
Del otro lado encontramos a quienes constatan que el diseño político e institucional de la zona euro supone un auténtico corsé para cualquier experiencia política que pretenda impulsar una propuesta alternativa al neoliberalismo, y desconfían de toda posibilidad de reforma. En este segundo caso la conclusión termina siendo la apuesta por salir del euro. 

El riesgo asociado a la primera de las propuestas es evidente. La pretensión de “completar” con una unión fiscal el diseño erróneo que, desde sus inicios, presenta la zona euro apunta en muchas de sus formulaciones hacia un federalismo de corte autoritario, que llega incluso a plantear la existencia de supercomisarios que controlen los presupuestos elaborados por los parlamentos nacionales. Esta propuesta, que parte de la socialdemocracia europea ha hecho suya, profundizaría los déficits democráticos de la UE y reforzaría la idea de que, en el marco de la UE, democracia y política económica se conjugan con tiempos verbales diferentes. 

La segunda propuesta, la ruptura con la UE y con el euro, tiende a no tomar en consideración las especificidades políticas y culturales de los distintos países, así como los aspectos relativos a la construcción de mayorías de cambio en los países periféricos. 
Es cierto que el actual diseño político e institucional de la zona euro supone un rígido corsé para una política económica alternativa. Sin embargo, a nadie se le escapa la enorme dificultad –particularmente en el caso de los países periféricos– de trasladar a la opinión pública cualquier debate sobre un posible abandono unilateral de la moneda común. Esto no hace sino constatar que, en buena medida, son las propias mayorías sociales de los países periféricos las que demandan terminar –de una u otra forma– con la austeridad y el neoliberalismo, sin cuestionar sin embargo las estructuras políticas supranacionales que lo imponen y lo perpetúan. A nadie que realmente pretenda levantar una alternativa a las políticas neoliberales, viable y con voluntad de convocar a las mayorías sociales, se le debería pasar por alto dicha contradicción, que habla más de la necesidad de acompañar procesos que de “adelantarlos”. 

Por otro lado, refugiarse en que una supuesta salida del euro solucionaría los principales problemas económicos, sin evaluar las dramáticas consecuencias económicas y sociales que tendría en un primer momento para la mayoría de la población (empobrecimiento, encarecimiento de la cesta alimentaria y de la energía, crisis cambiaria, default externo…), resta credibilidad a dicha propuesta. ¿Qué gobierno popular podría soportar un coste de esa dimensión sin ser derrotado en pocas semanas o meses, a no ser que una medida como esa fuese asumida como el último recurso posible, después de haber recorrido un largo camino previo? 

Se impone por tanto, desde nuestro punto de vista, la necesidad política de transitar un estrecho desfiladero: evidenciar que incluso en el contexto actual existen ciertos márgenes para la construcción de alternativas progresistas, aprovechar las líneas de fractura institucional para forzar y ampliar dichos márgenes, reclamar la refundación de los Tratados y exigir la democratización de las instituciones europeas y, finalmente, asumir que la disolución del euro puede resultar inevitable en futuras crisis, vista la escasa voluntad de reforma existente. 

Aunque sólo el marco del Estado-nación constituye hoy una base sólida para las instituciones democráticas, son mayoría las personas que en nuestro país constatan que el marco del debate político no es sólo nacional, sino también supranacional. Por eso es necesario ofrecer un programa progresista para Europa, aun a riesgo de bordear un ejercicio de pensamiento ilusorio. 
Ser capaz de convocar a mayorías sociales a una agenda de cambio exige conectar con un sentido común de época, aunque no para reproducirlo sino para redefinirlo. Exige tener un pie donde lo tienen esas mayorías sociales para poder impulsar con el otro pie un movimiento en la dirección deseada. Por ello es necesario recordar, una y otra vez, que hoy podrían adoptase medidas en el marco de la UE –algunas de ellas sin necesidad de hacer siquiera profundas modificaciones de los Tratados– que supondrían mejoras inmediatas en las condiciones de vida de millones de personas y superarían graves déficit democráticos. 

A modo de ejemplo, cabe recordar algunas de ellas: se debe eliminar el objetivo de “equilibrio presupuestario estructural” de la norma fiscal europea, para poner punto y final a la austeridad; el Banco Europeo de Inversiones (BEI) perfectamente podría impulsar un amplio plan paneuropeo de inversiones financiado con cargo a la emisión de bonos de deuda del propio BEI, respaldado en los mercados secundarios por el BCE; el Seguro Europeo de Desempleo (ya propuesto por László Andor) constituiría sin duda un avance para los países del sur, con millones de parados; convertir al BCE en prestamista de última instancia de los Estados miembro evitaría la posibilidad de nuevos chantajes políticos como los vividos en el pasado; que dicho banco reestructure la deuda pública que excede el 60% del PIB de los Estados miembro, con cargo a su señoreaje, evitaría nuevos episodios de inestabilidad financiera en el próximo futuro; la formación de una cámara parlamentaria de la eurozona (la conocida propuesta de Piketty), integrada por representantes de los distintos parlamentos nacionales y con verdadera capacidad legislativa (no como el actual Parlamento Europeo), trasladaría a Europa mecanismos democráticos similares a los que operan a escala nacional en los Estados miembros. 

Seguramente haya quien vea estas medidas como “la carta a los reyes magos”; una propuesta naif. Ciertamente, dada la actual correlación de fuerzas existente en la UE, son políticas que hoy difícilmente podrían llevarse a cabo. Pero lo mismo sucede al interior de muchos Estados de la UE y eso no nos exime en el marco de los debates nacionales de plantear alternativas viables y posibles. Porque la política consiste precisamente en visibilizar una y otra vez las alternativas que se descartan cuando se opta por una determinada orientación política. 

Las fuerzas populares y progresistas en España –y conviene ser aquí cauto con lo que sucede en otros países europeos, pues los tiempos políticos nunca con exactamente iguales– deben ser capaces de articular un discurso que impugne el marco político e institucional actual de la UE y que, al mismo tiempo, presente políticas concretas frente al marco burocrático de Bruselas. El debate político también se juega en el plano supranacional, y renunciar a tener alternativas viables en ese ámbito dificulta acompañar el proceso de las mayorías sociales en la construcción de una alternativa al neoliberalismo. Es cierto, en el marco de la zona euro, hoy por hoy, una alternativa al neoliberalismo solo cabría parcialmente. Pero la otra parte de la alternativa, la que hoy no cabe, debe construirse forzando las propias fracturas que presenta la Unión Económica y Monetaria; y para eso siempre hace falta articular propuestas políticas que evoquen legitimidad, dibujen horizontes de progreso y convoquen apoyo social. 

Puede que el debate sobre la permanencia o la salida del euro, o su disolución coordinada entre todos los países, nos sorprenda nuevamente la próxima vez que se presente una crisis asimétrica entre los Estados de la eurozona (¡y todas lo son!). Conviene que cuando ese momento llegue la legitimidad política y social esté del lado de quienes vienen reclamando y planteando alternativas viables, y opuestas a las del establishment. 

jueves, 4 de mayo de 2017

Dos graves problemas de la economía española


El aumento de los desequilibrios de Target2 refleja simplemente los problemas en los sistemas financieros de los Países del Sur para financiarse, nada que ver con la situación de los Estados, familias o empresas de economía real.
Artículo de juan laborda en blog vozpopuli de fecha 5/5/2017


España, nuestra economía, presenta a fecha de hoy dos problemas de fondo graves, que en ausencia de soberanía monetaria nos podrían estallar en cualquier momento. Sí, esa misma ausencia de soberanía monetaria que nos impidió, allá por 2008, haber hecho lo correcto con nuestro sistema bancario. De aquellos barros estos lodos. En primer lugar, una gran parte de nuestro volumen de deuda pública está siendo refinanciado en los últimos años mediante el programa de compra de activos del Banco Central Europeo, mejor dicho por Banco de España. En segundo lugar, la banca española, una vez que se protegió insolidariamente a los acreedores foráneos en el saneamiento de nuestro sistema bancario, éstos lo aprovecharon, como era de esperar, para reducir su financiación a la banca patria. Desde ese momento es Target 2 quién financia las necesidades de nuestro sistema bancario, sobredimensionado.
La Unión Monetaria Europea (UME) es un sistema defectuoso desde sus orígenes
Dependemos, en definitiva, del Banco Central Europeo y de los caprichos de Bruselas, que obviamente nos pueden imponer lo que quieran, como quieran y cuando quieran. Pero el problema de fondo es la ausencia de soberanía monetaria que nos hubiese permitido implementar las medidas correctas desde un punto de vista económico y social allá por 2008. La Unión Monetaria Europea (UME) es un sistema defectuoso desde sus orígenes. Se hizo caso omiso de los informes precedentes (Werner, 1970; MacDougall, 1977) donde se avisaba de la necesidad de una instancia fiscal federal y de los peligros de dejar todo en manos de una Banco Central, como una parte no constituyente del gobierno, y de establecer, en este contexto, unos tipos de cambio fijos entre los estados miembros. Y quienes defendemos esto no somos antieuropeos. Todo lo contrario, los auténticos antieuropeos fueron aquellos que diseñaron erróneamente el Euro pensando exclusivamente en unas élites que han demostrado, y demuestran, ser insolidarias con sus conciudadanos un día sí y otro también.
El origen de todo. La protección a acreedores extranjeros
Remontémonos a 2008. En España el sector privado presentaba problemas de solvencia. La deuda de las familias, empresas, y entidades financieras superaba el 320% del PIB, y el precio del colateral que soportaba la mayor parte de la misma empezaba a desplomarse. Obviamente, la banca española, que de manera irresponsable concedió dicha deuda, empezaba su calvario particular, que luego acabaría siendo el nuestro.
El saneamiento de un sistema bancario insolvente se debería haber hecho a costa de gerencia, propietarios y acreedores
El saneamiento de un sistema bancario insolvente se debería haber hecho a costa de gerencia, propietarios y acreedores. La banca presentaba un problema de solvencia, y se convirtió en un sumidero de dinero público. Era más necesario que nunca, a través de un banco malo, que la gerencia, los propietarios y los acreedores hubiesen pagado los platos rotos. Y después de ello, si hubiese hecho falta, que el Estado hubiera entrado como accionista. Sí, esas palabra que algunos detestan, ¡nacionalización! Siempre que se ha hecho así, las cosas han vuelto a la normalidad con relativa rapidez. Véanse los ejemplos de Suecia 1992 e Islandia 2008. Hubiésemos conseguido dos efectos inmediatos: reestructurar una banca sobredimensionada, reduciendo su tamaño a otro más acorde con la economía real; y no cargar dicha reestructuración al bolsillo de los contribuyentes.
Pero eso no pasó. Al no disponer de soberanía monetaria, les fue fácil a las fuerzas “diabólicas” confabularse, y de qué manera, contra los ciudadanos españoles. El diagnóstico de la salud de nuestro sistema financiero y la solución de sus problemas estuvo sometido a la presión de los acreedores extranjeros, los propios banqueros patrios, y a la vanidad de los políticos de turno. Como consecuencia se rescató nuestro sector bancario a costa de los contribuyentes, la deuda pública se disparó más allá de los estabilizadores automáticos, y además no se limpió adecuadamente el activo de nuestro sistema bancario. Por eso, a fecha de hoy, la banca española sigue estando sobredimensionada, la economía española excesivamente bancarizada y nuestra deuda soberana, sin soberanía monetaria, vulnerable a un aumento de la aversión al riesgo por cualquier razón espuria.
Como consecuencia, aumento de la deuda pública y Target 2
Desde 2008 la deuda privada se ha reducido en casi 764.212 millones de euros, en pleno proceso de desapalancamiento de familias, empresas y entidades financieras. Por el contrario, se ha producido un fuerte incremento de la deuda pública, en casi 1 billón de euros: recesión de balances, estabilizadores automáticos, más rescate bancario.
Los banqueros de nuestro país no querían someterse a un proceso intenso de reconversión como cualquier sector que ha cometido excesos
Los banqueros de nuestro país no querían someterse a un proceso intenso de reconversión como cualquier sector que ha cometido excesos. Para ello contaron con la colaboración, además de nuestra élite política, del Banco Central Europeo, controlado en realidad por estas élites financieras europeas. El BCE, además de proteger a los acreedores foráneos -bancos extranjeros-, se dedicó a inyectar liquidez masiva a los bancos con problemas de solvencia para que siguieran manteniendo el statu quo. Para cerrar este esquema de poder o intereses de clase, los bancos comerciales españoles financiaban al Tesoro. Éste era el acuerdo tácito.
Pero en el momento en el que los bancos de los países del sur ya no podían acumular más deuda soberana en sus balances, se inició el programa de compra de activos, expansión cuantitativa, por parte del BCE. No se engañen, sin mutualizar, ya que al final están en el Balance de Banco de España. A cierre de marzo de 2017 el volumen de compras de deuda, la inmensa mayoría soberana, en Balance de Banco de España es de 243.816 millones de euros. Mientras, la cartera de deuda soberana en manos de las entidades financieras patrias asciende a 593.386 millones de euros, a lo que habría que añadir 92.328 millones de euros de préstamos del sistema financiero a nuestras administraciones públicas.
Este esquema de rescate implicó que el balance nuestro sistema bancario siguiera sobredimensionado
Este esquema de rescate implicó que el balance nuestro sistema bancario siguiera sobredimensionado, y es aquí donde entra en juego Target 2. Como los acreedores foráneos aprovecharon el rescate a costa de los contribuyentes para reducir su deuda bancaria española, ¿quién iba a financiar ese activo sobredimensionado? Pues Target 2. Cuando los depósitos son insuficientes para financiar un activo aún sobredimensionado, y los acreedores foráneos–otros bancos fundamentalmente- ya no financian esa posición, es el Eurosistema quien lo financia. Los bancos centrales del sur de Europa piden prestado a otros bancos centrales para “sus” bancos comerciales. El déficit o necesidades de financiación de la banca patria, vía Eurosistema, alcanzó en marzo los 374 mil millones de euros, superando los niveles récord de 2012, en plena turbulencia financiera.
El aumento de los desequilibrios de Target2 refleja simplemente los problemas en los sistemas financieros de los Países del Sur para financiarse, nada que ver con la situación de los Estados, familias o empresas de economía real. Son una deriva de no haber hecho realmente aquello que se debería haber hecho en 2008: reestructuración de un sistema bancario sobredimensionado a costa de sus acreedores –en su momento bastaba con accionistas y bonistas, ahora lo dudo-. Y en el trasfondo de todo, la ausencia de soberanía monetaria, que impidió hacer lo correcto. La situación ha alcanzado unos volúmenes que en el caso de que aumentara la aversión al riesgo, se desataría la tormenta perfecta, crisis de deuda soberana y crisis bancaria. Obviamente ello limita cualquier política económica y de rentas que se salga de la ortodoxia. Pero de esto nadie hable, ¿verdad?


domingo, 2 de abril de 2017

La SAREB, enésima chapuza


Artículo de Juan Laborda, publicado en su blog Vozpopuli con fecha 2/4/2017.

En el banco malo no se incluyeron ni préstamos o créditos a particulares, PYMES, Administraciones Públicas o participadas. No se limpió, de una vez por todas, toda la porquería de nuestro sistema bancario. Y de aquellos barros, un sistema bancario cuasi-zombi.

España, ejemplo de Totalitarismo Invertido, país con miedo y sin futuro. La penúltima gota, ese pozo sin fondo que succiona a velocidad de vértigo el dinero de todos los españoles. Nos referimos a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), el banco malo, que registró en 2016, por enésima vez, pérdidas adicionales por valor de 663 millones de euros. La razón, “los altos costes vinculados al mantenimiento de la cartera y la venta de activos en minusvalías”. Parafraseando al novelista, en un lugar de nuestra querida España, de cuyo nombre no quiero acordarme, alguien demasiado listo pronosticó que la SAREB llegaría a dar una rentabilidad del 14%. ¡Y sigue en su puesto!
España, capitalismo de amiguetes. Fueron intereses privados y espurios, con la complicidad del poder político de turno, quienes guiaron el diagnóstico de la salud de nuestro sistema financiero, y las recetas para revivirlo. De ahí viene todo, desde el fiasco de la intervención las cajas de ahorro, hasta el diseño de instrumentos como la SAREB. No permitieron que los funcionarios públicos del regulador hicieran el diagnostico de cómo se encontraba el enfermo, nuestro sistema bancario. Tampoco permitieron que se ejecutaran las recetas correctas, la nacionalización de las entidades insolventes, previo corte de pelo de sus acreedores.
Los grandes banqueros presionaron y presionaron. Los teléfonos de la oficina económica del presidente del gobierno echaban humo por aquellos días. No querían un banco malo “a la sueca”, y mucho menos la implantación del modelo bancario sueco. Solo aspiraban a quedarse con las entidades intervenidas a precio de ganga y que los españolitos de turno les sufragaran casi gratis los activos tóxicos de dichas entidades y si me apuras de las suyas.
Se protegieron intereses espurios
El Ministro de Economía, Luis de Guindos, en la conferencia de prensa del viernes 31 de agosto de 2012, afirmó, sin despeinarse, que "la empresa de gestión de activos debía ser viable y no generar pérdidas y al final no debía tener ningún impacto sobre el contribuyente". Esta afirmación simple y llanamente era falsa porque ambos objetivos eran incompatibles, como ha acabado demostrado la realidad de los hechos. El gobierno tenía que elegir entre sobre pagar por la compra de los activos tóxicos, sin tocar a los acreedores extranjeros, en cuyo caso la fiesta la acabarían pagando los contribuyentes patrios. O, alternativamente, proteger a los ciudadanos españoles, infra pagando en la compra de dichos activos podridos, siendo la gerencia, los propietarios y los acreedores extranjeros quienes asumieran el coste por haber llevado a la insolvencia a nuestro sistema bancario, al tomar todos ellos riesgos excesivos.
Si el banco malo podía obtener un beneficio derivado de la “gestión” de los bienes que compra a los bancos, ¿por qué no podrían los bancos manejarlos ellos mismos? ¿Y qué pintan como accionistas de un instrumento de gestión de activos podridos todos aquellos que los incluyeron en su balance contaminándolo en unos casos, y en otros quebrándolos directamente?
Nuestro gobierno debería haber velado por los intereses de los españoles. Ello exigía obligar a que la Sareb jamás pagara por encima del valor de mercado. Se debería haber aplicado el escenario estresado de la consultora Oliver Wyman en la compra de activos tóxicos, lo que hubiese implicado que las entidades financieras, intervenidas o no, tuvieran que recapitalizarse. Si realmente hubiese velado por el interés de sus conciudadanos deberían haber obligado a que parte de las recapitalizaciones de las entidades intervenidas corrieran a cargo de sus acreedores, más allá de los accionistas. Pero además hubo otros problemas importantes. En el banco malo no se incluyeron ni préstamos o créditos a particulares, PYMES, Administraciones Públicas o participadas. No se limpió, de una vez por todas, toda la porquería de nuestro sistema bancario. Y de aquellos barros, un sistema bancario cuasi-zombi.
Todo estaba inventado
Frente al modélico rescate bancario sueco de 1992, las distintas reformas bancarias emprendidas por los ejecutivos de Zapatero y Rajoy fueron hechas a medida de intereses privados espurios. Son una prueba evidente de que España es un excelente ejemplo de Totalitarismo Invertido. El poder corporativo interfiere en la vida política, a la vez que el Estado se orienta cada vez más hacia el mercado, obviando los intereses de la ciudadanía.
Existen dos modelos para hacer frente a los problemas de solvencia bancaria tras una crisis de deuda provocada por el estallido de una burbuja financiera o inmobiliaria. En el modelo sueco las pérdidas se reconocen hoy; en el japonés, se reconocen conforme los bancos van generando beneficios para absorberlas. España desde 2008 optó por el modelo japonés. Las pérdidas provocadas por los excesos en el sistema financiero solo se reconocen conforme los bancos generaban capital para absorberlas. Ello beneficia a los bancos y su gerencia, ya que se oculta su verdadera situación. Sin embargo, es nefasto para la economía, ya que distorsiona los precios de los activos financieros e inmobiliarios y el acceso al crédito.

Al final, la ausencia de controles ex ante del crédito, el mirar para otro lado, un diagnóstico y diseño externo del problema absolutamente “naive” y erróneo, lo hemos acabado pagando los españoles de a pié. Desahucios, deuda pública, desempleo... ¡Y volvemos a las andadas!

miércoles, 15 de febrero de 2017

Portugal 2017 ¿espejo de la izquierda europea?

Artículo de Felipe Nieto, doctor en Historia, publicado en ctxt del diario Publico con fecha 14/2/2017.

Las reformas del gobierno y sus socios están dando resultados visibles: el déficit público se ha reducido por primera vez en años, la tasa de desempleo se sitúa en el 10,5% y el crecimiento económico se ha hecho realidad, a pesar de una deuda corrosiva.


No está haciendo mucho frío en este principio de febrero en Lisboa. Una lluvia, suave e intermitente, me acompaña durante todos estos días. A pesar de eso las calles, las plazas y las riberas marítimas están siempre tomadas por paseantes turistas y por los numerosos viajeros de los trasatlánticos y ferris ultrarrápidos que vuelcan a diario sobre la capital. Atraviesan mares lejanos o recorren a diario, ida y vuelta, este gran mar interior, el Mar da Palha (Mar de la Paja), que forman solidariamente el río Tajo (O Tejo) y el océano Atlántico. En su regazo, río-mar, en su costado norte, se acoge Lisboa. Ya lo dice mucho mejor Manuel Alegre: Este rio que sabe a mar profundo//e dentro da cidade é rua e rio//e em cada rua dá volta ao mundo//e de Lisboa fez nosso navío (Bairro Ocidental, 2015).
Es temporada baja para el turismo. Febrero, se ha dicho, es poca cosa para el comercio y los viajes. Con todo, en Lisboa somos muchos, foráneos y lugareños, a llenar las calles estrechas de, por ejemplo, el Bairro Alto o Alfama, sus comercios, bares y locales más bien angostos, donde por las noches se restauran fuerzas, se bebe y, a veces, se oye cantar fados a las mismas personas que trabajan en la cocina o sirven las mesas.
Y siempre es posible deslizarse sin prisas por las calles y callejas en cuesta, detenerse en tiendas y comercios pequeños o entrar en las numerosas librerías. En este deambular moroso percibimos pronto que no faltan en Lisboa los signos alarmantes que también se aprecian en otras capitales europeas. Las grandes avenidas o vías peatonales nuevas están tomadas por las mismas firmas y las mismas marcas en un espacio urbano que viene a ser siempre el mismo. La desfiguración de lo que fue propio y único por la llegada de lo que es de todas partes y de ninguna, el mismo lujo, el mismo ornato, luces y coloridos idénticos, no deja de causar desazón al viajero nostálgico de tiempos no tan lejanos. Junto a eso, será fácil descubrir espacios vacíos, edificios en estado de abandono y obras en vías de remodelación. Ya terminadas, emergen muchas nuevas construcciones, hoteles, bancos o bloques de apartamentos de luces rutilantes día y noche. Lisboa también está afectada por un proceso de gentrificación mundial, la toma por las élites económicas de los cascos antiguos de las ciudades, degradados o no, para su transformación y revalorización a costa de sus habitantes originarios, población generalmente envejecida y sin recursos, que es desplazada u obligada a vivir en el nuevo entorno hostil para su modo habitual de vida. Irremediablemente, el carácter que  tuvo su ciudad hasta no hace mucho, se perderá para siempre.
He ahí una gran tarea para las nuevas autoridades municipales que pronto serán elegidas. Podrán contar a su lado posiblemente con el Gobierno de la República. Saber cómo funciona, conocer la política que se está ejecutando en Portugal por un gobierno apoyado por todas las fuerzas de izquierdas es lo que me ha traído a Lisboa. Cuento con las aportaciones de un conjunto de políticos, analistas y expertos que generosamente han puesto a mi disposición, en largas entrevistas, sus conocimientos y su tiempo. Espero haber sido fiel a sus ideas y opiniones [1].
Estamos ante una experiencia política de la que no se habla suficientemente fuera de Portugal, al menos así lo perciben pública y privadamente muchos portugueses. Sin embargo, Europa, la izquierda europea, podría mirarse en ella y, quién sabe, plantearse explorar vías similares para sus países. Excepcionalmente, en estos días, está visitando Portugal una delegación del Partido Laborista holandés, interesada en estudiar “el modelo del gobierno” que los socialdemócratas desearían aplicar en su país, a partir de las próximas elecciones de marzo, en las que los pronósticos actuales, muy desfavorables, les sitúan en el octavo puesto. (Público, 30 de enero de 2017)
¿Cómo se llegó a la fórmula de un gobierno de la izquierda, de inmediato calificado por el historiador y entonces columnista del diario Público Vasco Pulido Valente como “gobierno de la geringonça”, en el doble sentido portugués de cosa mal construida, poco sólida y de jerga o lenguaje poco comprensible? La expresión hizo fortuna pronto –ha sido la palabra del año 2016 en Portugal–, primero como expresión despectiva de lo que se reputaba imposible y poco serio (así la utilizó la derecha) y más adelante, asumida irónicamente por los mismos incursos en ella, como un hecho del que felicitarse por la inesperada longevidad y su relativa buena salud.
El gobierno monocolor socialista que encabeza el secretario general del partido, PS, António Costa, se apoya en sus 86 diputados, a los que se suman los 19 del Bloco de Esquerda (BE), los 17 del Partido Comunista Português (PCP), coaligado con el partido de los Verdes y el representante del Partido Personas, Animales, Naturaleza (Partido Animalista en otros sistemas). Los 123 diputados resultantes representan la mayoría absoluta de la Asamblea de la República, formada por un total de 230. Fue suficiente para rechazar y obligar a dimitir al primer intento de gobierno tras las elecciones de octubre de 2015, el continuista presidido por Passos Coelho a propuesta del presidente conservador de la República, Cavaco Silva, que se apoyaba en la minoritaria suma de 107 diputados (los adscritos al Partido Social Demócrata, PSD, y al Partido del Centro Democrático y Social, CDS).
El que fuerzas políticas tan dispares, tradicionalmente enfrentadas, alcanzaran el acuerdo para un gobierno de y desde la izquierda, aunque carece de explicación unánime, puede decirse que es producto de dos fenómenos simultáneos, la decantación de una coalición incubada de lejos contra los gobiernos de la derecha y la convicción de que el acuerdo para poner en práctica políticas de mejora de las condiciones de vida de mucha gente maltratada por las políticas de austeridad y de empobrecimiento del gobierno anterior sería beneficioso, no solo para esos ciudadanos, sino también para quienes suscribieran acuerdos de cooperación política de estas características.
Las izquierdas de Portugal comenzaron las conversaciones para la creación de un gobierno a su medida incluso antes de las elecciones legislativas. El PCP y el BE se mostraron proclives a favorecer un gobierno del partido socialista en solitario. No formarían parte del mismo –renunciaban a asumir esa responsabilidad, a participar en el posible desgaste consiguiente–, pero, a cambio, se comprometían, mediante acuerdos bilaterales firmados con el Partido Socialista y entre sí, en un programa de gobierno de objetivos mínimos para toda la legislatura (2015-2019) que sería compatible con el mantenimiento de los objetivos máximos específicos de cada una de ellos.
El PCP, partido de tradición leninista, sigue fiel a su dogmática ideológica (lucha por el socialismo y el comunismo, contra el imperialismo, se muestra contrario a la pertenencia de Portugal a la OTAN y a lo que llama la sujeción al euro y se declara partidario de la nacionalización de los recursos y sectores estratégicos), pero al tiempo se mantiene firme en su pragmática política tradicional, la apuesta por políticas reformistas de aplicación inmediata en conjunción con el resto de las izquierdas y en continuidad de una consumada práctica sindical reformista y negociadora. El Bloco, por su parte, formado por fuerzas heterogéneas, corrientes marxistas, algunas de orientación trotskista, se puede considerar genéricamente como una fuerza anticapitalista, de rechazo a la globalización vigente. Hace hincapié en las políticas de género (de ahí la importancia de las mujeres en su dirección), en las políticas a favor de los colectivos LGTB y en otras cuestiones de impacto social, las llamadas “questões fraturantes” o post materiales.
Lo característico de la situación es que se ha constituido un gobierno esencialmente parlamentario porque el gobierno minoritario socialista necesita, para la puesta en práctica de los acuerdos programáticos y para las nuevas políticas que sea necesario adoptar, del acuerdo y la negociación constante en la Asamblea de la República. Si este hecho produce sensación de inestabilidad por un lado, por otro pone a prueba la capacidad negociadora de los partidos. Hasta ahora, un año y medio después, los tres han dado muestras de una indiscutible lealtad institucional y de una voluntad de mantenimiento de los acuerdos más allá de las discrepancias surgidas en el camino. Los acuerdos que sustentan el gobierno de izquierdas hacen realidad, por primera vez, el consenso constitucional fundacional de 1976 sobre derechos y libertades individuales y sobre deberes económicos y sociales. Además, desde marzo de 2016, la acción de gobierno se está viendo favorecida por el apoyo moderador y la capacidad de mediación institucional del presidente de la República, el profesor Marcelo Rebelo da Sousa, en contra de lo que muchos temían en principio por haber pertenecido al PDS y por su trayectoria política en diferentes gobiernos de la derecha.
Son muchas y visibles las reformas del gobierno, empezando por una medida social vital, la subida gradual del salario mínimo, fijado en 557 euros en 2017 con el horizonte de los 600 para el final de la legislatura. La decisión no ha estado exenta de tensiones, porque el gobierno pretendió, al mismo tiempo, aplicar un descuento en las cotizaciones de la patronal a la seguridad social en contra del programa de los dos partidos coaligados. Otras medidas sociales muy deseadas y bien acogidas han sido la subida de las pensiones y el aumento de los salarios de los empleados públicos, beneficiados además con la aplicación de una jornada laboral semanal de 35 horas que no todos consideran por igual beneficiosa. Decisiones importantes también han sido la recuperación de la inversión pública, muy retraída en la pasada legislatura, especialmente en Sanidad, lo que se ha traducido en una significativa mejora de Portugal en el ranking europeo de los sistemas sanitarios de 35 países, pues avanza, según criterios de los consumidores, del puesto 20 de 2015 al puesto 14 de 2016, y en educación, con la gratuidad de los libros de texto en educación primaria, la decisión de no sufragar la enseñanza privada allí donde existan centros públicos y una política de incremento de becas y disminución de tasas universitarias, aspectos todavía no resueltos satisfactoriamente. El gobierno también ha acordado reducir el IVA al 13% en la restauración (si bien mantiene porcentajes muy altos para determinadas bebidas). Por último, ha sido considerada muy importante la decisión del gobierno de paralizar las medidas privatizadoras puestas en marcha por el anterior gobierno de la derecha, las de los transportes públicos urbanos, autobuses y metro (gratuitos desde estos días para los menores de 12 años), las redes periféricas y la compañía nacional de aviación, TAP, en la que el Estado vuelve a ser el accionista mayoritario.
La puesta en práctica de las reformas del gobierno y sus socios está dando resultados visibles: el déficit público se ha reducido por primera vez en años, la tasa de desempleados se sitúa en un 10,5% y el crecimiento económico se ha hecho realidad, a pesar de una deuda pública corrosiva, superior a los 8.500 millones de euros, obstáculo para el desarrollo futuro y punto de fricción entre las fuerzas de la izquierda, en lo que hace a su reducción y en lo que implica a la relación con las instituciones europeas. Con la voluntad de no llegar a un enfrentamiento “a la griega” que nadie desea, los políticos portugueses desearían una negociación con el Banco Central Europeo y el Eurogrupo en la que se afrontaran y resolvieran conjuntamente los problemas de las deudas, la italiana muy elevada o la portuguesa de menor cuantía.
Las “cuestiones fracturantes” se han resuelto con relativa facilidad en este primer año de gobierno de la izquierda. Así, se ha admitido el derecho a la adopción por parte de las parejas homosexuales, han desaparecido los obstáculos que puso el gobierno de la derecha a la práctica del aborto –el pago de una cuota y la obligación de recurrir a un psicólogo previamente–. Desde hace unos días ha entrado en trámite parlamentario la propuesta para despenalizar la muerte asistida, o ley para la eutanasia. En todas estas cuestiones, los partidos conceden libertad de voto a sus miembros por lo que los porcentajes de aprobación o rechazo van más allá de la aritmética parlamentaria. La aprobación de estas medidas, hay que reconocerlo, ha contado con amplia aceptación social o, en el mejor de los casos, no ha suscitado reacciones de rechazo estridentes. Era sorprendente oír al taxista, hablando sobre los distintos barrios que atravesábamos en nuestro recorrido matinal, hasta aquí, desde donde usted tomó el taxi, estábamos en la zona de la música de rock, aquí empieza la zona gay… Como yo, de conocimientos elementales del portugués, dudara si estaba entendiendo bien, pedí al amable taxista me ampliara sus comentarios sobre el paisanaje urbano lisboeta. No dejó de subrayar la normalidad con que la sociedad portuguesa ha recibido el descubrimiento de una nueva orientación sexual de muchos conciudadanos próximos, inédita e insospechada hasta ahora. A ello ha contribuido, al parecer, una no alta beligerancia pública por parte de la Iglesia católica.
La frágil estabilidad de los acuerdos de gobierno de la izquierda portuguesa sigue siendo una realidad positiva, cada vez más celebrada por la mayoría de la sociedad y por los implicados. Es el triunfo de un pragmatismo que, por el momento, a todos favorece, como muy bien lo expresó el secretario general del PCE, Jerónimo de Sousa, me recuerda Manuel Alegre. Se trata de mejorar la vida de los portugueses, “Cuanto mejor, mejor”, a diferencia de tácticas oportunistas que explotan el malestar y el descontento para su crecimiento. En el equilibro de fuerzas que hace que ninguna predomine, el interés por la durabilidad del acuerdo se acrecienta. Algunos han observado que se trata de un acuerdo conservador, incluso reaccionario, porque aspira más a conservar o recuperar pasados derechos y posiciones perdidas que a afrontar los nuevos retos de las sociedades contemporáneas. Es un debate abierto. En el futuro inmediato se ha de plantear con toda su extensión. Quedan muchos otros frentes ante los que los partidos de la izquierda presentan estrategias diferentes: la cuestión del saneamiento de la banca con fondos públicos; los diferentes puntos de vista sobre la red energética pública; la potenciación de las fuentes de energía alternativas; la relación con la
Unión Europea, bien para seguir dentro o bien para liberarse de la disciplina del euro; el nuevo mercado de trabajo y una posible mayor flexibilidad laboral; la lucha contra el desempleo, hoy aún muy elevado, y la lucha contra la dañina y creciente precariedad laboral…
Todo ello, ¿es conveniente afrontarlo por medio de un gobierno minoritario como el actual o con uno más fuerte y amplio, integrado solo por dos fuerzas de izquierda, un fortalecido PS y el Bloco, por ejemplo? Nadie se atreve a dar una respuesta categórica a preguntas como esta, que no son meramente retóricas. Lo único cierto es el convencimiento de que en la situación actual los tres partidos de izquierdas ganan ante su electorado –más, quizás, el PS– y por ello todos están interesados en prolongar la situación actual hasta 2019. ¡Nadie lo hubiera dicho tan solo hace un año!
Estas notas no pueden acabar sino con optimismo, como el que me transmitió el último de mis entrevistados, el escritor, el poeta ante todo, Manuel Alegre, a sus 80 años no solo patriarca de las letras portuguesas sino también ejemplo vivo y respetado del luchador desde los tiempos de la dictadura salazarista, lo que le ocasionó cárcel, persecución y un exilio de 10 años. No dejó de sentirse libre, como afirmaba en Praça da Cançao, su primer libro, prohibido y de circulación clandestina: …mas eu sou livre//que não pode morrer não pode ser cativo// quem pela Pátria morre e só por ela vive. Desde la Revolución de 1974, empeñado en la causa de la democracia desde las filas del socialismo, en el ala izquierda del PS, Alegre concluía ante mí, reflexionando sobre los acuerdos de gobierno vigentes, que “han sido y son buenos para la democracia… porque todas las fuerzas implicadas pueden intervenir, pueden hacer política para el bienestar de los ciudadanos…”.
CODA: Parecía inevitable. No ha faltado a la cita ni una sola vez. Será la cercanía con que se viven los asuntos de España en Portugal (¡tan poco recíproca!), será la preocupación por el hondo desacuerdo que viven fuerzas políticas similares a las suyas, lo cierto es que todas las entrevistas, todas sin excepción, han acabado con la misma pregunta, esta vez del entrevistado al entrevistador:
– Y en España ¿qué? ¿Qué sucede en España, no se ponen de acuerdo los políticos para acabar con el gobierno de la derecha?
Mientras improvisaba respuestas para salir de una situación que no puede sino inquietarme, tanto o más que a quienes formulaban la pregunta recurrente, recordé una situación similar de tiempos ya lejanos. Poco después de la Revolución de los Claveles,  los estudiantes de los cursos de doctorado preguntábamos ansiosos al profesor Jover Zamora si él consideraba que la situación revolucionaria de Portugal tendría alguna influencia inmediata en la España de la dictadura franquista. Nuestro respetado profesor esbozó una mueca sonriente, irónica como en él era frecuente, elevó la vista de las notas que tenía ante sí sobre la mesa, como si mirara hacia lo lejos, hacia un pasado de varios siglos atrás, y nos confesó:
– Miren ustedes, yo creo que la historia de España y Portugal ha seguido siempre un curso muy parecido, con cuatro o cinco años de diferencia.
El apotegma del historiador Jover Zamora acabaría cumpliéndose.
¿Y ahora?

1. José Lamego profesor de la Facultad de Derecho de Lisboa y abogado, ha sido diputado y secretario de Estado de Asuntos Exteriores; Francisco Faraldo, profesor de Lengua Española en el Instituto Español Giner de los Ríos de Lisboa; coronel Aprigio Ramalho, vicepresidente de la Asociación 25 de abril de las Fuerzas Armadas Portuguesas; Carlos Gaspar, profesor, Universidade Nova de Lisboa e Instituto Portuguès de Relações Internacionais; Manuel Loff, historiador, profesor de Historia y de Estudios Políticos Internacionales de la Universidad de Oporto; Ángela Carcedo, arquitecta, residente en Lisboa; Pedro Adão e Silva, politólogo, profesor en el Instituto Universitario de Lisboa y columnista de prensa; Luciano Alvarez, diario Público, periodista, adjunto a la dirección; Bruno Góis, doctorando, Instituto de Ciencias Sociales de Lisboa, del equipo directivo del Bloco de Esquerda; Ângelo Alves, de la Comissao Política del Comité Central do PCP; Manuel Alegre, poeta y novelista, político del PS, candidato a la Presidencia de la República en 2011.

sábado, 4 de febrero de 2017

Estados Unidos, España y la democracia violada

Artículo de Pedro Luis Angosto publicado en Nueva Tribuna con fecha 1/2/2017.


Hace unos días, Donald Trump dio la orden fascista de deportar a las personas que no tuviesen papeles en regla y de prohibir la entrada en su país a los nativos de otros que él considera demoniacos. Ayer, Mariano Rajoy rindió homenaje institucional a Rita Barberá, Alcaldesa de Valencia con todos sus concejales imputados y volvió a hacer uso de las puertas giratorias al nombrar a Fernández de Mesa, ex director de la Guardia Civil, consejero de Red Eléctrica, sector al que tienen querencia especial los políticos que creen que la democracia es un sistema hecho a su imagen y semejanza para medrar, engordar sus ingresos y patrimonio a costa del interés general. Entre tanto, la reina Isabel II de Inglaterra y su ministra principal preparan las alfombras rojas para recibir con todo el boato del mundo al Presidente más imbécil –ya es difícil- de la historia de Estados Unidos.
No recurriré en esta ocasión para dar una definición acertada de Democracia a paradigmas ideológicos más próximos a mí pensamiento, me limitaré a reproducir en su integridad –es corto- el discurso que Lincoln pronunció el 19 de noviembre de 1863 en Gettisburg, en plena guerra civil norteamericana, un discurso que contiene en su parte final la célebre frase que muchos aprendimos de críos y todavía no hemos olvidado:   “Hace ocho décadas y siete años, nuestros padres hicieron nacer en este continente una nueva nación concebida en la libertad y consagrada al principio de que todas las personas son creadas iguales. Ahora estamos empeñados en una gran guerra civil que pone a prueba si esta nación, o cualquier nación así concebida y así consagrada, puede perdurar en el tiempo. Estamos reunidos en un gran campo de batalla de esa guerra. Hemos venido a consagrar una porción de ese campo como último lugar de descanso para aquellos que dieron aquí sus vidas para que esta nación pudiera vivir. Es absolutamente correcto y apropiado que hagamos tal cosa. Pero, en un sentido más amplio, nosotros no podemos dedicar, no podemos consagrar, no podemos santificar este terreno. Los valientes hombres, vivos y muertos, que lucharon aquí lo han consagrado ya muy por encima de nuestro pobre poder de añadir o restarle algo. El mundo apenas advertirá y no recordará por mucho tiempo lo que aquí decimos, pero nunca podrá olvidar lo que ellos hicieron aquí. Somos, más bien, nosotros, los vivos, los que debemos consagrarnos aquí a la tarea inconclusa que, aquellos que aquí lucharon, hicieron avanzar tanto y tan noblemente. Somos más bien los vivos los que debemos consagrarnos aquí a la gran tarea que aún resta ante nosotros: que, de estos muertos a los que honramos, tomemos una devoción incrementada a la causa por la que ellos dieron hasta la última medida completa de celo. Que resolvamos aquí, firmemente, que estos muertos no habrán dado su vida en vano. Que esta nación, Dios mediante, tendrá un nuevo nacimiento de libertad. Y que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo no desaparecerá de la Tierra”.
Gettysburg, 1863, Lincoln, gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Quitada la carga teológica que siempre caracterizó a una nación que hizo de la Biblia un tratado de estrategia bélica y comercial, la frase del Presidente norteamericano sigue teniendo todo el poder de las palabras bellas, sabias y liberadoras y, sin ambigüedades, puede ser aceptada por cualquier ciudadano libre y responsable para saber qué es y qué no es Democracia. Pero, ¿qué ha sido de ellas? ¿Acaso en Estados Unidos existe el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo? ¿Qué ocurre con los ochenta millones de yanquis que no tienen derecho alguno a la sanidad ni a la educación ni a la vivienda ni a los más imprescindibles derechos sociales porque no se los pueden pagar? ¿Qué ocurre con las industrias y los lobys que ponen y quitan presidentes de acuerdo con el favor que vayan a prestar a sus intereses? ¿Qué clase de gobierno del pueblo promueve la pena de muerte, la tortura, el racismo, la incultura, la guerra, la necesidad, la explotación, el hambre y la desigualdad en todas las formas habidas y por haber? ¿Qué democracia bombardea sistemáticamente países que sus naturales ni siquiera saben situar en el mapa? ¿Qué pueblo educado y culto puede justificar ante su Dios o ante los hombres la existencia de ese campo infernal que ahora cumple quince años en la colonia de Guantánamo? No, en Estados Unidos, hace tiempo que el pueblo no gobierna ni nadie gobierna para el pueblo ni por el pueblo. Y sabiendo eso, que lo sabemos desde que aquí comenzamos a respirar tras las primeras elecciones, cuando todavía era lícito gritar “yankees go home”, algunos de entre nosotros, salidos del averno del franquismo sin renunciar a él, guardando su legado como si fuese el “brazo incorrupto de Teresa de Ávila”, conscientes de que el apoliticismo es la negación del aserto de Lincoln, quisieron y quieren imponernos ese modelo político caduco, un modelo fracasado que ha convertido al hombre en un objeto incapaz de decir esta boca es mía, manipulable, falso, hipócrita, acomodaticio y cruel, cruel hasta ser capaz de cometer en su propio país y en cualquier país del mundo las mayores barbaridades que imaginarse puedan, en nombre del dios del Sinaí, en nombre de la libertad falsaria, en nombre del capital y de quienes lo acaparan aun a costa del presente y del futuro de la Humanidad.
En España hubo una ilusión democrática. Vano es negarlo. Pero desde la llegada de Aznar a la presidencia del Partido Popular –que mientras no se demuestre lo contrario fehacientemente, es un partido franquista-, esa ilusión fue sustituida por la moral perversa del nuevo rico sin que ni los partidos ni los diversos colectivos de izquierda mostrasen una oposición contundente y brava a ese cambio de valores que suponía suprimir los valores. Desde entonces, tal vez antes porque nunca rompimos las cuerdas que nos ataban bien atados al régimen fascista español, el apolítico es quién decide gobiernos y modos de vida, obligándonos a los demás a vivir contra la ética y contra la estética, envueltos en un mar de simpleza, mediocridad y miseria moral que amenaza nuestra supervivencia.

Pero no nos perdamos por las ramas, son muchas y es fácil pasarse de árbol sin saber siquiera cómo era ese del que hablábamos. La democracia española no ha condenado todavía el franquismo, por tanto, subsisten entre nosotros las prácticas, esencias, modos y maneras de aquel nefasto régimen que nos separó del mundo civilizado hace más de setenta años. Debido a esa trágica herencia, el español fue siempre refractario a la militancia política y sindical, registrándose una afiliación real tan pobre como mínima es la presencia de la sociedad civil en cuantas cosas le atañen. Esa dejación, en la que participamos muchos, permitió que la política se dejase en manos de ineptos, de logreros y ganapanes, pero sobre todo de incapaces y sinvergüenzas que jamás supieron de la citada y célebre frase del presidente yanqui. Contamos con una ley electoral en la que priman los territorios sobre las personas, de modo que el voto del pueblo es violado sistemáticamente en cada proceso electoral; la casta política –dios, en quien no creo, me libre de condenar a los políticos en general: sin los que lo son de verdad estaríamos a machetazo limpio-, no se rige por las mismas leyes que el resto de los mortales, sus sueldos son mucho más elevados, hacen leyes especiales para que sus pensiones rompan los topes máximos que afectan al común y, además, se permiten el lujo de querer salvarnos contra nosotros mismos, elaborando normas que favorecen, como ocurre en Estados Unidos, a las minorías más poderosas y oprimen a quienes no forman parte de ellas, es decir a casi todos. La inmunidad parlamentaria, que fue un logro de la clase obrera en los albores del siglo XX, se ha convertido en una patente de corso que dilata hasta la prescripción los procesos judiciales en que se ven inmersos algunos de los llamados representantes del pueblo, generando una sensación de inseguridad jurídica, de privilegio, de impunidad y de nausea colectiva que contradice de lleno los principios democráticos más incuestionables. Por si fuera poco todo lo dicho, el poder político, los poderes públicos, carentes del sustento que da una sólida formación ideológica y ética, ayuno de la presión de un pueblo educado y culto capaz de hacerse respetar utilizando los instrumentos que sean menester para ello, se han sometido sin rubor alguno al poder de los mercados, eufemismo bajo el que se esconden los dueños del dinero, de vidas, almas y haciendas, olvidando que no hay poder en la Tierra superior al que emana del pueblo y que todos, absolutamente todos los individuos, corporaciones, entes regionales, nacionales, internacionales y celestiales están sometidos al imperio de la ley y al mandato del pueblo soberano.
La política es la evitación de la guerra y el arte más sagrado de cuantos el hombre ha creado para manejarse y defenderse de las fuerzas del pasado. Es menester regresar a la frase de Lincoln, a la de tantos y tantos que pidieron a gritos regeneración y expulsar de ella a quienes han suplantado a la voluntad popular para cuidar de intereses particulares, como sea. De no hacerlo viviremos durante mucho tiempo en algo parecido a la oligocracia, que no es el gobierno de unos pocos, sino el de unos oligofrénicos indecentes que nos convertirán, gracias a nuestro silencio, en súbditos y esclavos. Ningún gobierno que gobierne contra el pueblo, contra el interés público, contra la dignidad y los derechos del hombre, es legítimo.

 

viernes, 27 de enero de 2017

No hay 535.671 personas paradas menos; hay 535.671 emigrantes más

Artículo de Enrique Negueruela publicado en Nueva Tribuna con fecha 27/1/2017.

 Volvemos a la situación de los años cincuenta o sesenta. Los jóvenes y los no tan jóvenes, han tenido que hacer la maleta y emigrar. Esta es la verdadera bajada del paro.

 
Hay 535.671 personas que, al no ser capaces de proporcionarles un empleo, han optado por irse a buscarlo a otros lugares

Publicados los datos del cuarto trimestre, se puede hacer una valoración del Gobierno del PP en lo relativo al empleo. Lo primero que hay que destacar es la absurda alegría porque baje el paro. La bajada de paro que hemos tenido, hay 535.671 personas paradas menos, no deja de ser la constatación del fracaso estrepitoso que como Estado se está produciendo.

Hay 535.671 personas que, al no ser capaces de proporcionarles un empleo, han optado por irse a buscarlo a otros lugares. Han considerado que el derecho al trabajo promulgado en el artículo 35.a de la Constitución, no es más que papel mojado, que no se le podría garantizar en este Estado y se van a buscarlo a otros sitios. Volvemos a la situación de los años cincuenta o sesenta. Los jóvenes y los no tan jóvenes, han tenido que hacer la maleta y emigrar. Esta es la verdadera bajada del paro. Resulta absolutamente indignante que los mismos que deberían haber garantizado su empleo, se jacten ahora de la bajada del paro y pretendan sacarle rentabilidad política.

También se ufanan del ritmo de creación de empleo. Más que de creación de empleo, habría que decir del ritmo de hacer pedazos los puestos de trabajo. Entre 2016 y 2011, en medias anuales, se ha producido una pérdida de 88.274 personas ocupadas y de 164.072 asalariadas. Si miramos las horas habitualmente trabajadas y las traducimos en puestos a tiempo completo de 37 horas y media, la pérdida aumenta a 591.341 personas ocupadas y a 415.772 asalariadas. De una pérdida del 0,5% de personas, pasamos a otra del 3,3% de volumen de trabajo. No parecen cifras como para sacar el pecho y ufanarse de cómo se han hecho las cosas.

Si nos fijamos en cómo se ha distribuido la pérdida de empleo entre las personas asalariadas, observaremos que el trabajo realizado con contratos temporales ha aumentado en el equivalente a 2.558 puestos, un 0,1% y el realizado mediante una relación indefinida ha caído un 3,7%, el equivalente a 418.330 puestos a tiempo completo.

Régimen General y del Carbón

Haciendo un paréntesis en la EPA, pero es uno de los datos que nos permite ver más claramente lo que pasa, se podrá analizar tres datos de la afiliación al Régimen General y del Carbón, también en medias anuales. La media anual de personas afiliadas a fin de mes ha aumentado en 19.736 personas, un 0,1%. En 2016 se han producido 43.141.291 movimientos de altas y bajas a ese mismo Régimen, 9.444.024 altas y bajas más que en 2011. El aumento de movimientos ha sido del 28,03%. Cada afiliado en que ha aumentado la media anual, ha precisado de 479 altas y bajas. Al mismo tiempo las personas afiliadas con un contrato a tiempo parcial se incrementan en 487.717 personas, un 17,6%. Aunque se carezca de estadísticas de duración de la jornada, es obvia la pérdida de volumen de trabajo.

Una vez más es preciso resaltar el diferente reparto por edades que se ha producido. Los jóvenes menores de 30 años han perdido en 25,5% del trabajo asalariado, el equivalente a 656.092 puestos a tiempo completo. Las personas entre 30 y 44 años pierden el 6,9%, 490.225 puestos. Por el contrario, quienes tienen una edad entre 45 y 54 años, ganan 296.235 y quienes están entre 55 y 64 años, ganan 434.309 puestos. Mientras los menores de 45 años, las personas en edad fértil, pierden 1.146.316 empleos a tiempo completo, los mayores de 45 ganan 730.545. Con estos datos, el Gobierno que lo ha provocado y no toma medidas extremas para solucionarlo no puede poner cara de perro pachón y decir que la natalidad es un grave problema. No tiene derecho a decir que el envejecimiento y la falta de natalidad es uno de los mayores problemas que hay, quien legisla permitiendo que las personas en edad fértil sean precarizadas, parcializadas y privadas de medios de ganarse la vida y construir su futuro.

Recorte del número de personas que perciben prestaciones

Tres de cada cuatro personas paradas carecen de protección y son 3.252.014 quienes no perciben nada estando paradas

Para presionar más y conseguir que baje el paro como lo ha hecho, mediante la emigración, la otra línea de presión ha sido recortar el número de personas que perciben prestaciones y su cuantía. La tasa de protección por paro es del 27,3%. Es decir, tres de cada cuatro personas paradas carecen de protección y son 3.252.014 quienes no perciben nada estando paradas. Esta situación les fuerza a optar por otras salidas y la única que muchas encuentran es emigrar. El gasto en prestaciones al mes de noviembre ha disminuido en 10.430 millones de euros sobre el realizado en 2011. Si en vez de recortarlo, se hubiera destinado en proteger a las personas con cargas familiares, a las mayores de 45 años y a los otros colectivos más vulnerables con un subsidio continuado, podría haber 2.225.677 personas protegidas que ahora no lo están. En ese caso la tasa de protección por paro alcanzaría el 77% y tres de cada cuatro personas paradas estarían protegidas.

Es urgente dar la vuelta a las medidas que ha ido tomando este Gobierno y, como se ha visto, no han servido para que quienes carecían de empleo lo encuentren, sino para que emigren; tampoco ha creado más trabajo, sino que lo ha recortado, troceado y precarizado y, además, ha provocado que quienes carecen de trabajo, carezcan también de protección por desempleo.

Estas medidas, al cebarse especialmente en las personas en edad fértil, nos condena a un Estado sin futuro. Este es el legado de este Gobierno. Cuando se presentan los datos de empleo, es preciso analizarlos conjuntamente no se puede hablar de cuánto baja el paro sin decir qué ocurre con el empleo, porque en vez de ser un dato positivo, es la constatación de un desastre. 

 

lunes, 5 de diciembre de 2016

Europa empieza a dar asco

Artículo de Juan Torres López, publicado con fecha 4/12/2016 en ctxt del diario PUBLICO.


Los dirigentes europeos parecen empeñados en que no pase un día sin que las personas corrientes tengamos que sentir algo más que vergüenza de lo que hacen en materia económica (por no hablar de otras decisiones en temas incluso de mayor calado humano como el de los refugiados).
Se siente vergüenza cuando se empecinan en aplicar políticas que son un manifiesto fracaso pero se siente algo peor cuando se comprueba que no lo hacen por error sino como una farsa gigantesca para poder darles todavía más a los que ya lo tienen casi todo.
Se dijo por activa y pasiva que los recortes sociales y las ayudas multimillonarias a la banca eran la condición necesaria para recobrar la actividad y el empleo, para reducir la deuda y para asegurar definitivamente el sistema financiero. Pero lo cierto es que desde que empezaron a aplicarse en la Unión Europea al estallar la crisis hay unos siete millones menos de empleos a tiempo completo, seis millones más de parados, otros casi seis millones más de empleos no voluntarios a tiempo parcial (en la UE28), cinco millones más de personas en riesgo de pobreza y 35 puntos más sobre el PIB de deuda pública (en la Eurozona). Y los bancos se siguen encontrando en insolvencia y muchos de ellos a punto de estallar de nuevo en cualquier momento. Pero eso no es solo un fracaso o un error sino un engaño porque eran multitud los economistas que habían advertido que esto era justamente lo que iba a ocurrir cuando las autoridades decían a los ciudadanos que sus políticas frente a la crisis eran seguras, las adecuadas y plenamente infalibles.
Se siente algo mucho peor que vergüenza cuando se tiene noticia de propuestas como la que acaba de lanzar  la comisaria europea de Mercado Interior, Elzbieta Bienkowska, como siempre de modo sibilino y completamente al margen de las instituciones representativas y del debate democrático.
Según ha dejado caer la comisaria, la Comisión Europea pretende promover un amplio programa de gasto militar que quedaría exento a la hora de calcular el déficit público que, como se sabe, no debe superar el 3% del PIB de cada economía.
Como he explicado en el libro que acabo de publicar (Economía para no dejarse engañar por los economistas. Ediciones Deusto), este criterio del tres por cien no tiene  base científica ninguna. No hay nada, absolutamente nada que lo justifique. Se podría haber puesto el 1, el 5 o el 30 por ciento con el mismo fundamento económico, es decir, con ninguno. El criterio del 3% del PIB como límite del déficit público se lo inventó un funcionario francés, Guy Abeille, cuando su jefe le pidió alguna norma para que el recién elegido presidente Mitterrand pudiera frenar las demandas de más presupuesto que le hacían sus ministros. En unos minutos tuvo que inventarse algo siendo plenamente consciente de que no había ningún economista ni teoría económica alguna que proporcionaran algo así. Pero como tenía que ofrecer rápidamente una solución a sus superiores se decidió por el 3%.
Tal y como reconoció el propio Abeille años después, el 1% o el 2% le parecía demasiado poco mientras que “el tres es una figura sólida que tiene detrás de él precedentes ilustres [...], un amplio eco en la memoria común: las tres Gracias, la Trinidad, los tres días de la Resurrección, los tres órdenes de la alquimia, la triada hegeliana, las tres edades de Augusto Compte, los tres colores fundamentales, el acuerdo perfecto..., la lista es infinita…”.
Aunque pueda parecer mentira, esa y no otra es la teoría o la ciencia económica que hay detrás del criterio del 3% del PIB que se impone como límite del déficit público a las naciones europeas. Ninguna. Un engaño que hasta el que fue presidente del Instituto Monetario Europeo, Alexandre Lamfalussy, reconoció sin tapujos: “Los gobernadores son gente demasiado honesta y que saben que los criterios son arbitrarios. Yo jamás habría aceptado cifras de este género”.
El criterio del 3% es una arbitrariedad, una farsa, pero, además, algo completamente inútil para lo que aseguraban que iba a servir, es decir, para reducir la deuda: cuando comenzó a utilizarse como criterio de cumplimiento obligatorio para todos los países la deuda era aproximadamente de un 55% del PIB, como media de los países europeos, y ahora, como he señalado, supera el 90%. 
La prueba de que se trata de una cifra completamente arbitraria, que no se establece así porque sea mejor o peor para la economía o para reducir la deuda, sino como recurso de los dirigentes europeos para disciplinar y someter a los gobiernos y para anular su capacidad de maniobra, es que se puede incluir o dejar de incluir dentro de ese porcentaje lo que le venga en gana a quien lo impone. Si de verdad fuese imprescindible que el déficit público no sobrepase el 3% del PIB daría igual que fuese a causa del gasto militar o del gasto en educación porque no hay ninguna razón que pueda justificar que el gasto militar sea inocuo desde el punto de vista de la deuda que genere y cualquier otro no. Y si no hay ningún problema para dejar fuera del cómputo del déficit el gasto militar, con el exclusivo propósito de que los grandes grupos industriales hagan negocio con el dinero de la gente ¿por qué no se deja fuera el gasto social, que es imprescindible para evitar que millones de personas vivan en la indigencia, pierdan su vivienda, carezcan de recursos y formación o incluso mueran por falta de atención? ¿dónde está escrito que la economía no se resienta si (al margen de ese 3%) se incrementa el gasto militar y que, por el contrario, sí sufra si aumenta el gasto social que se necesita para que la inmensa mayoría de la población sobreviva y disponga de bienes y servicios esenciales para su sustento diario? ¿qué argumento económico justifica que se pueda “perdonar” el déficit que genere el gasto militar y no el gasto necesario para salvar vidas humanas o el empleo y los ingresos de millones de personas y empresas?
No se cansen: no hay respuesta para esas preguntas. O, al menos, no hay respuesta económica, científica o razonable. Se permite el gasto militar y no cualquier gasto social o humanitario, o incluso de apoyo a la vida empresarial que crea riqueza efectiva, porque el criterio del 3% solo busca amedrentar a los gobiernos y a la ciudadanía para conseguir lo que efectivamente se viene logrando con él: que los más ricos y poderosos lo sean cada vez más.
Decía hace unos días el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, que la integración europea se había debilitado en los últimos tiempos por los populismos. Una opinión que demuestra que las autoridades europeas han perdido completamente el norte y que no entienden el sentido de las cosas que están pasando y de las que se encuentran ya a la vuelta de la esquina en Europa. Eso que llaman los populismos no es lo que debilita la integración europea sino la consecuencia de haber querido integrar a Europa a base de mentiras y de políticas que constantemente han dado como resultado lo contrario de lo que se decía que traerían consigo.
Cuando se ha hecho sufrir a millones de personas y cuando han muerto miles a causa de los recortes, cuando se han deteriorado los servicios públicos y no se han atendido las necesidades básicas de la población porque, según se decía, había que cumplir a rajatabla la norma del déficit, y de pronto se dice que no hay límite para comprar armamento, carros de combate o minas, ¿tienen también culpa los populismos del asco o de los negros fantasmas que comienzan de nuevo a recorrer  Europa?

jueves, 1 de diciembre de 2016

El sistema más cruel

Artículo de Pedro Luis Angosto en Nueva Tribuna de fecha 30/11/2016.

 
En el capítulo II del Manifiesto Comunista, Marx y Engels exponían la necesidad de que los partidos obreros luchasen para imponer, entre otras cosas, impuestos fuertemente progresivos y la creación de un banco estatal que centralizase el crédito. Cuando estalló la gran estafa capitalista que ha dado lugar a esta crisis, muchos creyeron llegada, por fin, la hora de enterrar para siempre las políticas económicas neoconservadoras y retomar otras que apartasen al hombre del camino de la jungla y lo recondujeran al de la justicia social, un camino dónde nadie necesitase ni fuese capaz de pisar a nadie para ser alguien, para sobrevivir con dignidad. El sueño del eterno retorno a la senda del progreso, entendido tal como se hacía hace un siglo, habitó de nuevo entre nosotros por unos meses cuando todo parecía irse al carajo y los Estados enterraban billones de euros en las criptas de los bancos de todo el mundo para evitar el colapso total y conseguir que todo siguiese el rumbo que Dios, que es todopoderoso y el más listo de la clase, tiene señalado en ese cuaderno de bitácora que algunos dicen inescrutable y escrito sobre renglones torcidos, pero que es el más diáfano y comprensible de cuantos ser humano o divino haya escrito: El rumbo de la explotación creciente.

Cuando se llevan años andando por el desierto, los espejismos se hacen cada vez más evidentes, más claros, más reales, y aquellos deseos, aquella furia por volver a leer a Marx y Engels, a Bakunin y Kropotkin, incluso a Piketty o Bauman, han quedado en eso solamente, en un deseo evanescido al contacto con la realidad que imponen los incontestados dueños del mundo. Era un sueño, un anhelo, una necesidad que latía en el pensamiento de cuantos ansiamos ver desaparecer un sistema esencialmente injusto, cruel y despótico, un sistema  basado, sin eufemismos de ningún tipo, en la explotación de la inmensa mayoría de los hombres por una minoría de desalmados. Hoy, cuando algunos hablan de recuperación económica, de salida del túnel, de brotes verdes, son de nuevo legión los políticos, periodistas y teóricos de la economía que vuelven a hablar de las recetas antiguas, de aquellas recetas que inventó el hombre de Atapuerca y que cobran de nuevo vigor al calor de la indiferencia de los trabajadores, divididos en castas irreconciliables según el nivel de sus ingresos o su posición social, y de la credibilidad que le otorgan los grandes medios de comunicación. Después de lo ocurrido, escuchar a determinados doctores de la iglesia neoconservadora asegurar que la política del actual gobierno es maravillosa porque predica la desregularización total del mercado laboral, la reducción del papel del Estado a la mínima expresión, es decir a la del Estado policía al servicio de los más pudientes, o la bajada de impuestos que inevitablemente conlleva privatizaciones y drásticos recortes en las prestaciones sociales básicas, es para liarse a montar barricadas en Cibeles, en Canaletas o en la calle Mayor de mi pueblo, que se llama Caravaca y tiene por patrona a la Santísima Cruz del Castillo. Yo estaría dispuesto a ir con mis maderos, mis sacos terreros y mis adoquines, pero mucho me temo que nos veríamos unos cuantos, como siempre ocurre, contra las fuerzas del orden y la ley vieja, deseosas de acabar con su trabajo cuanto antes para hacer lo que hace la buena gente: Ver el furbó nuestro de cada día, que es una de las pocas cosas que une a los trabajadores de todas las clases y territorios. De modo que mientras unos cuantos estaríamos a merced de las porras y las armas reglamentarias de la pasma por aquello de la revolución social, los otros, que son los más y, como decía Cervantes, saben que Dios ayuda a los malos cuando son más que los buenos, acallarían nuestros gritos indignados con la euforia inconteniblemente exteriorizada que provocan los goles de Messi, Ronaldo, Griezmann  o Vitolo, verdaderas nuevas divinidades de un mundo ateo-confesional que confía la educación de sus hijos a un clero cada día más reaccionario y lerdo.

Y no es que uno sea pesimista respecto al proceso histórico, quiá, ni mucho menos, todo lo contrario. Lo mismo que las especies evolucionan contrariando a Ratzinger, Trump, Rajoy, Lara, Hernando o Kiko Argüello, también lo hacen las sociedades y aunque se pasen periodos abúlicos como el actual, es indudable que dentro de unos años todo esto parecerá un mal sueño y esta etapa todavía primitiva y salvaje de la historia del hombre se verá superada por otra mucho más justa, libre y generosa. No quita esta reflexión para que uno se niegue a ver la realidad en la que vive y afirme, sin ningún género de dudas, que no estamos, ni mucho menos, en vísperas revolucionarias sino todo lo contrario: Pasados ocho años del huracán que barrió el mundo esparciendo los depósitos de las letrinas del capital entre todos nosotros, después de haber leído a tanto cándido, bienintencionados unos y malintencionados otros, anunciando el comienzo de una nueva era, de un modelo de sociedad más justa, las cosas han vuelto a su cauce, pero a un cauce diseñado de nuevo por los neoconservadores con los márgenes mucho más estrechos y limitados, un cauce que pretende que cada país tome las medidas que le vengan en gana y saque delantera a los demás aplicando recetas que supongan el traspaso masivo de rentas del trabajo a las del capital, es decir que permitan un aumento exponencial de la explotación de los trabajadores. Así las cosas, y sin dejar de escribir, mientras tenga un sitio dónde hacerlo, ni de luchar por conseguir un mundo más justo, pienso que es preciso poner los pies en la tierra y como decía en otro artículo, centrar los objetivos de quienes defendemos un cambio radical de sistema político, económico, social y cultural en unos cuantos puntos. El primero de ellos, qué duda cabe, es el de la educación: No hay cambio si el pueblo no lo quiere y un pueblo analfabeto, como en buena parte lo es el europeo de hoy por muchos títulos universitarios que posea, no quiere cambios de ningún tipo ni saber nada de sus semejantes; el segundo sería, pelear por conseguir un sistema impositivo verdaderamente proporcional y progresivo que acabe con los paraísos fiscales, con las SICAV, con el inmenso fraude provocado por profesionales, empresarios y autónomos, colectivos que declaran unos ingresos medios ridículos que nada tienen que ver con la realidad, y que transforme el IVA en un impuesto también progresivo sobre el valor añadido, es decir sobre el precio que se va añadiendo a las cosas en los diferentes tramos de las cadenas de producción y distribución, consiguiendo de ese modo que deje de ser una alcabala, una sisa, un impuesto regresivo y se transforme en un instrumento útil para la redistribución de la riqueza. Sinceramente les digo que con el cumplimiento de esos tres objetivos en los próximos quince años, uno se daría con un canto en los dientes. Sería una verdadera revolución. Luchemos por ello y no nos dejemos llevar nunca por el desistimiento ni los castillos en el aire que permiten que señores como Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, se lleve, con la ayuda de dios y de los hombres sumisos, más de cuarenta mil euros diarios mientras una anciana muere quemada por las velas que le daban luz al haberle cortado una multinacional el suministro eléctrico por ser pobre de solemnidad.