LA SEGURIDAD SOCIAL PISOTEA A LOS PENSIONISTAS QUE TIENEN UN EMBARGO

 

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), con fecha reciente 13-11-2020, por correo ordinario, enviaba a un número indeterminado de pensionistas, algunas fuentes apuntan a 75.000 jubilados, un escrito comunicándoles que en base al criterio interpretativo vinculante de la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda, procede a revisar, a la baja, el importe que les abonará este mes de noviembre en concepto de paga ordinaria y paga extra.

En concreto el escrito va dirigido a los pensionistas que tengan retenido parte del importe de su pensión por embargo. No específica si por embargo practicado por Hacienda o por cualquier otro acreedor mercantil no dependiente de la Administración.

Este es el texto de la carta recibida por pensionistas afectados, en este caso el más desfavorable al tratarse de un perceptor con derecho a pensión máxima:

“Esta Dirección Provincial le informa que, atendiendo al criterio interpretativo vinculante de la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda sobre cálculo de las deducciones por embargo de sueldos, salarios y pensiones, los límites de embargabilidad (SMI), a que se refiere el artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se deben aplicar sobre el imposte acumulado de la mensualidad ordinaria y extraordinaria (no por separado como se venía aplicando anteriormente), lo que supone un incremento de la deducción a practicar en los meses de paga extra.

Este criterio de imputación no supondrá modificar el importe comunicado del total de su deuda sino una distribución diferente, lo que dará lugar a que se cancele su deuda antes del plazo inicialmente previsto.

La cuantía de la deducción por este concepto en el mes de noviembre de 2020 se eleva a 1.774,87 euros, calculada sobre el importe acumulado de la pensión a abonar en dicho mes (mensualidad ordinaria y extraordinaria).”

Informaciones procedentes del Ministerio de Hacienda han apuntado que no hay una modificación en la forma de actuar, sino la estricta aplicación legal del criterio mantenido en diversas consultas tributarias desde el año 2016 y por la propia Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social en 2018. Esta afirmación es totalmente incierta, pues hasta el mes de la fecha ha venido procediéndose de forma contraria a lo ahora comunicado.

Esta observación nos hace pensar que la Agencia Tributaria pretende recaudar mayor retención en concepto de embargo a resultas de actuación fiscal tributaria, interpretando de forma, entendemos improcedente y errónea, la legislación en vigor al respecto de embargos sobre sueldos, salarios y pensiones contemplada en la Ley de Enjuiciamiento Civil y el Estatuto de los Trabajadores.

Si bien podríamos entender que la Administración Tributaria intente recaudar de la forma más beneficiosa, en cuantía y plazo, las deudas que, en este caso, pueda tener cualquier obligado tributario pensionista, no por ello puede actuar interpretando la Ley a su conveniencia de forma presuntamente ilegal. Cualquier pensionista con deudas ante Hacienda puede no estar de acuerdo con el criterio, por muy vinculante que sea interpretada una consulta, ya que ha de ser un Juez quien determine la correcta aplicación al respecto.

Dicho lo anterior, lo que en ningún caso podemos comprender es que el supuesto criterio vinculante de Hacienda se aplique a pensionistas, como parece ser el caso, a quienes el embargo de parte de su pensión no proceda de deuda con Hacienda, como puede ser el caso de quienes se hallen embargados por sentencia judicial a consecuencia de deudas mercantiles con bancos y otros acreedores.

Sorprende sobremanera, que sea el Órgano de la Administración gestor y tutelante del colectivo pensionista, quien totum revolutum con la forma de actuar del Ministerio de Hacienda, extienda la medida, no solo a aquellos pensionistas que mantengan embargo de dicho ministerio, sino a la totalidad de quienes tengan ordenado embargo por cualquier otro concepto. Curiosa forma de garantizar el derecho a una pensión justa de todo jubilado.

Pasamos a analizar, porqué entendemos que existe error y, por ende, retención indebida en las cuantías de las pensiones afectadas por embargo:    

UNO).- Este proceder del INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, amparándose en criterio vinculante de la Dirección General de Tributos que, por cierto, opina sobre la aplicación de la ley en algo que entiendo, como hemos matizado, que salvo que el embargo sea de la propia Hacienda, y aún así necesitaría la aplicación correcta de las cuantías embargables, no es de su incumbencia por cuanto no afecta a recaudación de tributo de ningún tipo, muy al contrario interpreta a conveniencia de la parte ejecutante de embargo, permitiéndose la licencia de querer hacer ver al ejecutado que es mejor para él porque pagará antes…? Es decir, actúa supliendo al Juez e interpretando de forma arbitraria, en contra de la parte más débil. Más que un criterio de un órgano de la Administración del Estado, parece el criterio de un departamento de cobros bancario.

Reitero, entendería la postura del la Dirección General de Tributos si corrigiese una fórmula que de su interpretación se dedujese mayor o menor ingreso fiscal por retención IRPF, pero no es así, pues lo que hace es tomar parte a favor de quien ejecuta embargo en contra del embargado. Y podría entenderse, aunque no compartirse la fórmula empleada (ignorar que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 950 euros mensuales se aplica a 14 pagas y no a 12 como efectúan) si el actuar así lo fuera porque el embargo objeto de retención lo fuese a instancia de la propia Hacienda por deudas o incumplimiento fiscal.

DOS).- El artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) dice:

1. Es inembargable el salario, sueldo, pensión, retribución o su equivalente, que no exceda de la cuantía señalada para el salario mínimo interprofesional.

 2. Los salarios, sueldos, jornales, retribuciones o pensiones que sean superiores al salario mínimo interprofesional se embargarán conforme a esta escala:

1º Para la primera cuantía adicional hasta la que suponga el importe del doble del salario mínimo interprofesional, el 30 por 100., 2º Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un tercer salario mínimo interprofesional, el 50 por 100., 3º Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un cuarto salario mínimo interprofesional, el 60 por 100., 4º Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un quinto salario mínimo interprofesional, el 75 por 100., 5º Para cualquier cantidad que exceda de la anterior cuantía, el 90 por 100.

3. Si el ejecutado es beneficiario de más de una percepción, se acumularán todas ellas para deducir una sola vez la parte inembargable. Igualmente serán acumulables los salarios, sueldos y pensiones, retribuciones o equivalentes de los cónyuges cuando el régimen económico que les rija no sea el de separación de bienes y rentas de toda clase, circunstancia que habrán de acreditar al Letrado de la Administración de Justicia.

El contenido del apartado 3 del art. 607 no determina una interpretación a favor de la tesis de la reseñada consulta vinculante cuando señala: “Si el ejecutado es beneficiario de más de una percepción, se acumularán todas ellas para deducir una sola vez la parte inembargable.”, dado que la propia literalidad del precepto, del párrafo que le sigue: “Igualmente serán acumulables los salarios, sueldos y pensiones, retribuciones o equivalentes de los cónyuges cuando el régimen económico que les rija no sea el de separación de bienes y rentas de toda clase, circunstancia que habrán de acreditar al Letrado de la Administración de Justicia.”, aparece con claridad que se está refiriendo a percepciones de distinto origen, y no a una parte o concepto de la masa de la pensión que le corresponde por una única actividad.

El criterio interpretativo vinculante de la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda sobre cálculo de las deducciones, en los meses con paga extra, en ningún caso podría interpretar el aplicar una vez el SMI y no dos veces, como corresponde en el caso de 14 pagas, pues iría en contra del RDL 231/2020, de 4 de febrero, ya que actuando con este criterio bajaría el SMI para el año 2020 a la cantidad de 11.400 euros en vez de los 13.300 euros legislados y en vigor.

Las posibles interpretaciones al texto del artículo 607 no pueden alterar los cálculos económicos, sea cual sea la interpretación más ajustada al espíritu de la ley. La pensión de jubilación concede derecho a percibir una cantidad anual, que puede serlo mediante 12 pagas o 14, en función del tipo y requisitos de esta en la legislación vigente.

¿El pensionista percibe algo distinto a la pensión concedida al cobrar junto a la mensualidad la paga extra?

No puede existir diferencia de tratamiento en función de que el pago sea en 12 o en 14 pagas, cuando es el mismo concepto y origen.

Una pensión tiene una cuantía fija e inalterable, dispuesta en RDL, para todo el año natural, independientemente de que, en función de ser contributiva o no, sea abonada en 12 o 14 pagas.

Como veremos y comprobaremos más adelante, de aplicarlo correctamente, sea cual sea la fórmula para determinar la deducción que nos ocupa, el resultado siempre será el mismo.

TRES).- Partimos de la base que para el presente año 2020, el salario mínimo interprofesional anual (SMI) es de 950 euros mensuales en 14 pagas (13.300 euros). Por tanto, la parte inembargable, de acuerdo al RDL 231/2020 de 4 de febrero por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2020, en sus artículos 1 y 3.1 debe obtenerse distintamente, pero con mismo concepto en cuanto a formulación aritmética se refiere, en función de que el número de pagas anuales sean 12 o 14, a los efectos del cumplimiento legal del mismo.

Resulta evidente que el SMI de 950 euros se aplica a 14 pagas anuales. Por tanto, si las pagas son 12, el SMI a considerar para cada paga será de 1.108,33 euros por cada una de ellas, es decir 13.300 euros entre 12 meses.

CUATRO).- Consideremos, a título de ejemplo comparativo para el año 2020, los cálculos a realizar, en el importe íntegro de una pensión máxima de 37.566,76 euros, que es el caso más desfavorable.

A dicho importe deduciríamos un tipo de IRPF del 18,14%, es decir 6.814,61 euros, siendo la cantidad líquida resultante de 30.752,15 euros, sobre los que procedería aplicar la legislación al efecto sobre cantidades embargables.

Para ello procederíamos a restar de la cantidad anterior lo dispuesto en el artículo 607.1 en concepto de cantidad inembargable, exactamente el SMI anual de 13.300 euros, lo que daría como cantidad susceptible de embargo 17.452,15 euros (30.752,15 – 13.300).

Aplicando el art. 607.2 1º y 2º, obtendríamos la cantidad máxima a retener por este concepto de embargo en 6.066,07 euros anuales (al aplicar una retención del 30% sobre primera cuantía adicional hasta la que suponga el importe del doble del salario mínimo interprofesional y del 50% sobre el resto)

CINCO).- Las pagas extraordinarias, estén prorrateadas o no, son embargables y resultan de aplicación a las mismas los límites y tramos previstos legalmente en art. 607.2 LEC. La forma de aplicar el límite y los porcentajes dependerá de la forma en que se perciban, prorrateadas o no, pero en cualquier caso el resultado siempre será el mismo.

a).- Si las pagas se recibiesen prorrateadas, la cantidad inembargable, como ya hemos dicho, será de 1.108,33 euros al mes, que es la que se corresponde con el SMI anual (950€ x 14 = 13.300€) dividido entre 12 pagas mensuales prorrateadas, siendo de aplicación, a partir de dicha cantidad, los porcentajes de retención establecidos en la ley.

Siguiendo con el ejemplo de pensión máxima del anterior apartado CUATRO, se procedería a lo siguiente:

La cantidad de 37.566,76 euros anual, sería dividida en 12 pagas, obteniendo la cantidad de 3.130,56 euros mensuales. A esta cantidad le deduciríamos la retención del 18,14% en concepto IRPF, en concreto 567,88 euros, lo que nos daría una cantidad líquida a percibir mensual de 2.562,68 euros, susceptible de embargo.

Aplicando el art. 607 LEC, restaríamos la cantidad de 1.108,33 inembargables, y sobre la cifra resultante de 1.454,35, aplicaríamos los tramos y porcentajes dispuestos, obteniendo una retención para embargo de 6.066,12 euros anuales (505,51€ x 12).

b).- Y si las pagas extraordinarias no están prorrateadas, el cálculo de la cantidad a retener puede hacerse de dos formas:

Una es aplicar a cada una de estas 14 pagas anuales el límite inembargable del SMI, y a la cantidad sobrante de cada una aplicar los tramos previstos, como venía haciendo de forma ininterrumpida hasta el mes de octubre de 2020 el INSS. En concreto con esta forma, empleada hasta la fecha la cantidad a retener en concepto embargo son 6.066,06 euros (433,29€ x 14). Cantidad retenida igual a lo obtenido en el ejemplo anterior anual comparativo (punto 4) y en punto CINCO.a).

c).- La otra posibilidad, indicada en la carta enviada a pensionistas con fecha 13-11-2020, es, en los meses de junio y noviembre, donde se perciben la paga ordinaria y la paga extra, sumar la cuantía de ambas, y aplicar a dicha cantidad, como cuantía inembargable, dos veces el SMI mensual (uno por la paga extra y otro por la cuantía mensual).

A la cantidad restante se le aplicarán los tramos y porcentajes legalmente establecidos, pues de no hacerlo así, se incumpliría el RDL 231/2020 de 4 de febrero, al reducir el SMI aprobado de 13.300 euros a 11.400 euros anuales, eliminando 2 pagas de las 14.

Aplicando lo anterior al caso concreto de tener 14 pagas de 2.683,34 euros, resultado de dividir los 37.566,76 entre 14 (siendo 2 de ellas pagas extras), tras deducir, en cada paga, la retención IRPF (art. 607.5) por importe de 486,34 euros, tendríamos 10 percepciones anuales de 2.196,58 euros, correspondientes a los meses ordinarios y 2 percepciones anuales de 4.393,16 euros, que se corresponderían con los meses con paga extra (junio y noviembre) y se procedería de la siguiente forma:

c.1).- Para los 10 meses sin paga extra, se procedería como se viene haciendo hasta la fecha. Es decir, al importe de cada paga de 2.683,34 euros se le descontarían 486,34 euros por retención de IRPF, y de la cantidad líquida mensual de 2.196,58 euros resultante, al ser los primeros 950 euros inembargables, daría como resultado aritmético un importe de 1.246,58 euros, cantidad esta sobre la que aplicar lo dispuesto en art. 607.2 LEC, en cuanto a porcentajes y tramos.

Realizados los cálculos aritméticos, obtendríamos una retención en concepto de embargo de 433,29 euros mensuales, equivalentes a 4.332,90 euros (433,29€ x 10) para el conjunto de estos 10 meses.

c.2).- Para los 2 meses con paga extra de junio y noviembre, se suman las cuantías de ambas pagas (2.683,34€ x 2), deduciendo la retención por IRPF (973,52€), lo que nos da una cantidad liquida de 4.393,16 euros.

A dicha cantidad aplicamos, como límite inembargable, la cuantía de dos veces el SMI, es decir 1.900 euros, (950€ x 2), resultando la cantidad restante de 2.493,16 euros (4.393,16 - 1.900), sobre la que aplicar los tramos y porcentajes de retenciones por embargo.

Como aclaración al procedimiento a seguir, al aplicar los tramos embargables debemos tener en cuenta que al ser la cuantía del primer tramo inembargable de 1.900 euros, al ser doble paga, el doble de este tramo vuelven a ser 1.900 euros, de los que el 30% son 570 euros, y del sobrante para el siguiente tramo, es decir de 593,16 euros, al aplicarle el 50% resultan otros 296,58 euros, que sumados a los del tramo siguiente resulta una retención en concepto de embargo de 866,58 euros para el mes de junio y la misma cantidad para el mes de noviembre, en concreto una retención anual de 1.733,16 euros para las 4 pagas (866,58€ x 2).

Si sumamos la cantidad total retenida practicada sobre los 10 meses de paga ordinaria, en anterior apartado c.1, (4.332,90€), a la cantidad retenida para cada uno de los 2 meses con paga extra, reseñada en apartado c.2 de 1.733,16, volvemos a tener la cantidad de 6.066,06 euros en concepto de embargo anual.

SEIS).- Destacar, como puede apreciarse, que en cualquier supuesto de prorrateo o no de las pagas extraordinarias, el resultado final siempre es el mismo, pues no se entendería que fuese de otra forma.

6.1).- Existen sentencias judiciales al respecto ratificando lo expuesto, entre ellas, desde la STSJ de Baleares de 30 septiembre 2010, hasta la del Juzgado Contencioso Administrativo nº 1 de León de 29 junio 2018, por cierto, posterior a consultas vinculantes de la DGT invocadas, y en todo caso sentencias firmes contra las que no cabe recurso, donde el Tribunal expone, cito sentencia:

“El contenido del apartado 3 del art. 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no determina una interpretación a favor de la tesis de la Administración cuando señala: “Si el ejecutado es beneficiario de más de una percepción, se acumularán todas ellas para deducir una sola vez la parte inembargable.”, dado que la propia literalidad del precepto, del párrafo que le sigue: “Igualmente serán acumulables los salarios, sueldos y pensiones, retribuciones o equivalentes de los cónyuges cuando el régimen económico que les rija no sea el de separación de bienes y rentas de toda clase, circunstancia que habrán de acreditar al Letrado de la Administración de Justicia.”, aparece con claridad que se está refiriendo a percepciones de distinto origen, y no a una parte o concepto de la masa de la pensión que le corresponde por una única actividad.”

“Para tal caso, en los meses sin paga extra, la cuantía inembargable resultaría del importe del SMI mensual, aplicando los porcentajes del art. 607 LEC sobre la parte de sueldo líquido que exceda de dicha referencia; sin embargo, en los meses con paga extra, la cuantía inembargable habría de ascender al doble del SMI mensual, aplicándose luego los porcentajes del art. 607 LEC sobre la parte del sueldo líquido que en ese mes superase el duplo del SMI.”

“Contra la presente Sentencia no cabe recurso, en cuanto que la cuantía del procedimiento es inferior, en todo caso a 30.000 € a tenor del art. 81.1 de la LJCA.”

6.2).- Sería incongruente que en dos supuestos análogos de dos pensionistas con misma cuantía anual de pensión se les practicase diferente retención en función de percibirla con o sin pagas extras prorrateadas, pues este agravio comparativo sería contrario al espíritu de la Ley.

CONCLUSIONES).-

1.- Cabe concluir que la cantidad a retener en concepto de embargo, obtenida por el INSS, en el caso que explicamos de pensión máxima, de 1.774,87 euros es errónea, al haber partido de un supuesto de falsa posición, al no haber tenido en cuenta que el SMI de 950 euros lo es para 14 pagas anuales y por tanto es de aplicación en el cálculo de los meses con paga extra considerar inembargables los primeros 1.900 euros (2 SMI).

2.- Consecuencia de lo anterior, en este caso, al seguir aplicando lo dispuesto en artículo 607.2.1º el tramo primero embargable vuelve a ser del mismo importe, es decir, debe tenerse en cuenta que la primera cuantía embargable y siguientes vuelven a ser 1.900 euros.

3.- La cuantía correcta de la deducción, en el caso analizado de supuesto correspondiente a una pensión máxima, deben ser, en los meses con paga extra, 866,58 euros, siendo errónea la cantidad de 1.774,87 euros que para este supuesto retiene el INSS. Se causa un perjuicio al pensionista sujeto a embargo, por importe de 908,29 euros en cada uno los meses donde la percepción se corresponde con la paga ordinaria y la paga extra, es decir en junio y noviembre de forma arbitraria e injusta.

4.- Le son retenidos indebidamente un total de 1.816,58 euros anuales (866,58€ en junio y 866,58€ en noviembre) de la pensión a la que tiene derecho tras toda una vida laboral cotizando, y de la que depende, en forma exclusiva su calidad de vida familiar, primando de forma partidista y sectaria a la parte ejecutante de un embargo, sin el consentimiento o conocimiento del Juez que en su día sentenció el oportuno procedimiento.

5.- El cumplimiento del criterio interpretativo vinculante de la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda sobre el cálculo de las deducciones, alegado por el INSS, podría considerarse que vinculara a aquellos embargos ejecutados a pensionistas con deudas o reclamaciones tributarias, nunca para quienes tuvieren embargo proveniente de bancos u otros acreedores, pues si bien pudiera ser comprensible la pretensión de la Administración en recaudar para el Estado, no puede ser entendible que se posicione ventajosamente de parte del acreedor privado, intentando detraer mayor cantidad de retención a un pensionista, en este caso deudor.

Y aún en el primer supuesto no puede en un afán recaudatorio desmedido incumplir la legislación en vigor, por lo que es susceptible de reclamación judicial en todo momento.

Terminar destacando, ante posturas tan contrarias a derecho, que la Administración no puede actuar con tanta falta de empatía, pareciendo esgrimir patente de corso obligando a quien más respeto debiera tener al encontrarse fuera de su vida laboral, como lo es cualquier pensionista, a pleitear con escasos recursos para defender sus derechos.

 

¿Por qué la banca debería ser pública?

 

Artículo de Eduardo Garzón publicado con fecha 16/9/2020 en su blog Saque Esquina.

Muchos economistas insistimos siempre en que el sector bancario es tan sumamente especial que no tiene ningún sentido que haya gente haciendo negocio en su seno. No sólo se trata de un sector absolutamente estratégico para el buen funcionamiento de un país (un argumento que ya podría bastar para defender que estuviese bajo estricto control público) sino que además su propia existencia y supervivencia depende de las autoridades públicas. Por lo tanto, si la banca privada no puede sobrevivir sin el apoyo público, ¿para qué tener banca privada? Para eso mejor ahorrarnos los intermediarios y que el sector público gestione directamente este sector. Vamos a profundizar sobre este tema.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que el negocio bancario no es un negocio cualquiera. No consiste en vender bienes como sillas o servicios como poner una cerveza. No. Es algo muy diferente que no ocurre en ningún otro ámbito de la economía. Los bancos venden créditos, que es capacidad adquisitiva para la gente que lo recibe. Y al contrario de lo que la gente común piensa, esos créditos no los dan porque primero hayan conseguido depósitos de otros clientes. No.

Está ya ampliamente reconocido en la academia (incluso por el banco central del Reino Unido) que los bancos no necesitan tener depósitos para dar créditos. De hecho, al dar esos créditos es cuando se crean los depósitos, y no al revés que es lo que comúnmente se piensa. Es decir, cuando un banco concede un crédito de 1.000 euros, por ejemplo, lo único que hace es teclear para aumentar en esa cantidad la cuenta bancaria de la persona que ha pedido el crédito. Los créditos crean depósitos. O en otras palabras, los bancos crean dinero.

¿Cómo es posible esto? ¿Se están saltando la ley? No. El sistema monetario y bancario está pensado así. Los bancos centrales, que son las instituciones públicas que crean el dinero oficial -como los euros-, dan permiso a los bancos privados para que puedan dar crédito de esta forma (creando dinero). Obviamente les ponen límites: no pueden crear todo el dinero que quieran. Pero aquí la clave del asunto es que sin este permiso, otorgado por una institución pública, la banca privada no podría operar como lo hace hoy día. Ése es el primer punto a tener en cuenta.

El segundo es que cuando los bancos privados tienen algún tipo de problema siempre aparece el sector público para solucionárselo por la cuenta que le trae, ya que si al sector bancario le va mal, también le irá mal a la economía y eso es algo que ningún gobernante quiere. Este apoyo puede ser en forma de ayudas directas, como los más de 80.000 millones del rescate bancario en nuestro país, pero también, y sobre todo, en forma de colchón de liquidez. ¿Qué es esto? Pues que los bancos centrales crean todo el dinero que haga falta para que el sistema bancario pueda seguir funcionando. Por ejemplo, desde el año 2008, el Banco Central de Estados Unidos ha creado más de 6 billones de dólares para inyectarlos en el sistema financiero y asegurar su viabilidad. Por su parte, el Banco Central Europeo ha creado 4 billones de euros y ha anunciado que creará 2 billones más como mínimo. La banca española ha sido de las que más se han beneficiado, obteniendo liquidez por valor de 1,4 billones de euros.

Estamos hablando de billones, con b. Y yo sé que todos nos perdemos con los números grandes, pero para que os hagáis una idea de la enorme cantidad que esto supone, desde el año 0 de nuestra era hasta la actualidad no ha pasado ni 1 billón de segundos. Y fijaos si ha pasado tiempo eh? ¿Y cuándo pasará ese billón de segundos? Pues en el año 32.000 después de Cristo. Es un cálculo muy sencillo que todo el mundo puede hacer. Ahora convertid todos esos segundos en euros, y multiplicadlos por 6, y es el dinero que se ha creado de la nada para sostener el negocio bancario. Si no fuera por esto, todos los bancos privados habrían quebrado. Insisto: todos. Instituciones públicas creando dinero para sostener un negocio privado.

El tercer elemento a tener en cuenta es que los bancos privados se han comprometido a asegurar los depósitos bancarios de los clientes hasta 100.000 euros por titular. Para eso se creó el Fondo de Garantía de Depósitos, para dar tranquilidad a la gente y que nadie corriese a retirar sus ahorros por miedo a perderlos. Pero resulta que este Fondo sólo tiene en la actualidad 3.269 millones de euros, mientras que los depósitos totales de los españoles superan el billón cuatrocientos mil millones de euros. Es decir, que los bancos privados no tienen ni el 0,2% de todos los depósitos que existen. Entonces, si no hay suficiente dinero para cubrir todos los depósitos que hay ¿por qué la gente no corre a retirar sus ahorros? Pues porque todo el mundo sabe que el Estado, como creador de dicho fondo, no se puede permitir el lujo de que eso pase, y que en última instancia correría a completar esa brecha aportando dinero público. En otras palabras, si no fuera por el respaldo implícito del Estado a los depósitos bancarios, la gente se llevaría sus ahorros de los bancos y todos quebrarían. Insisto: todos. De nuevo, negocio privado gracias al apoyo de lo público.

Por si todo esto fuera poco, el Estado está perdonando a la banca privada el pago de impuestos porque de lo contrario no podría ser rentable. Concretamente seis de los mayores bancos españoles (Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia, Sabadell y Bankinter) no han pagado, en conjunto, ni un solo euro por el Impuesto de Sociedades desde el inicio de la crisis económica del 2008, pese a haber ganado 84.000 millones mientras tanto. Esto es así gracias a los denominados créditos fiscales, que es una especie de comodín que el Estado les da a los bancos en determinadas situaciones y que les sirve para no pagar impuestos. ¿A vosotros os dan estos comodines? A mí tampoco, pero a la gran banca sí, porque está extraordinariamente mimada.

Y, por favor, que nadie me venga a decir que las cajas de ahorros eran banca pública y que acabaron fatal por ello. En primer lugar, las cajas de ahorros no eran públicas, por su singularidad jurídica no podían tener propietarios, por lo tanto tampoco el sector público era el propietario. Estaban comandadas por políticos, sí, pero igual que en otros bancos los dirigentes son matemáticos o abogados; esos políticos cuando eran designados consejeros de las cajas de ahorro se convertían en banqueros, y tenían que rendir cuentas al Banco de España como el resto de bancos, no a ninguna comunidad autónoma. De banca pública nada.

En segundo lugar, a las cajas de ahorro no les fue mal por ser gestionadas por políticos. Esto es ridículo cuando vemos que en todo el mundo la banca quebró en 2008 y en ningún sitio había cajas de ahorro, eran todos bancos gestionados por banqueros de pura cepa. Además no a todas las cajas les fue mal, por ejemplo Unicaja, BBK o Kutxabank no tuvieron grandes problemas, y al revés, a muchos bancos les fue mal, con el claro ejemplo del Banco Popular. El problema que tuvieron la mayoría de cajas era doble: por un lado concentraron más su negocio en la construcción, que fue el sector que más sufrió la crisis, y por otro lado por su singularidad jurídica no podían recurrir a ampliar capital, lo que las dejaba vendidas frente a los problemas. La liquidación de las cajas fue una decisión política, se podría haber hecho otra cosa. En cualquier caso las ayudas que recibieron las cajas acabaron en los bolsillos de los bancos que las absorbieron. Pero bueno, la clave es que estas cajas no tenían nada que ver con una banca pública.

En definitiva, la banca privada existe y sobrevive porque el sector público permite que así sea, a través de ayudas directas de todo tipo, de condonaciones de impuestos, de garantía sobre los depósitos y de inyecciones masivas de liquidez. La pregunta es: ¿qué sentido tiene que haya gente haciendo negocio con un sector que, por su propia naturaleza, necesita del apoyo público para sobrevivir? ¿No sería mejor que la banca fuese directamente pública y que comenzase a servir al interés general y no sólo al de unos pocos propietarios multimillonarios que encima se aprovechan del apoyo público? Yo lo tengo claro.

 

Lo que esconde la posición de Holanda contra el sur de Europa.

Artículo de Juan Torres López, en su blog La tramoya de fecha 20/7/2020.

Una vez más, el gobierno holandés se opone a las propuestas que defienden los países del sur para hacer frente a la crisis provocada por la covid-19. Se opuso a suscribir deuda conjunta y ahora defiende que los recursos destinados a los diferentes países se concedan como créditos y no como ayudas o subvenciones.

Para justificar su posición los políticos holandeses insisten en que su país (y otros "frugales" que defienden su misma posición) han hecho los deberes fiscales, que han reducido su deuda, que han sido "hormigas" prevenidas y laboriosas, mientras que los países del sur han sido "cigarras" que gastan demasiado, viviendo por encima de sus posibilidades y sin hacer nada para reducir la deuda. Algunos, como el socialdemócrata Jeroen Dijsselbloem, llegó a decir que Italia o España "se gastan todo el dinero en copas y mujeres y luego piden que se les ayude".

Se trata de un argumentario muy extendido en Holanda pero que no sólo no responde a la realidad sino que esconde los verdaderos motivos que llevan a sus líderes políticos a defender su posición frente a los demás países europeos.

No se puede decir que el Estado español gaste más que el holandés: a finales de 2019, ambos gastaban el 41,9% de su PIB respectivo.

Es verdad que el porcentaje de la deuda pública española sobre nuestro PIB es mayor que el de Holanda, pero tampoco se puede decir que nuestro volumen de deuda sea desproporcionado. Nuestra población representa el 10,5% de la del conjunto de la UE, 2,7 veces más que la holandesa, y el porcentaje de nuestra deuda pública sobre el PIB de la UE (10,9%) es 3 veces mayor que el de la holandesa. Quizá sería deseable tener menos deuda pública pero no se puede decir que nuestro endeudamiento público sea desmesurado y, sobre todo, que ese porcentaje refleje que vivimos por encima de nuestras posibilidades.

Para saber quién vive así, gastando lo que no tiene, no basta con tomar en consideración la deuda pública: hay que contemplar también la de los hogares y la de las empresas, es decir, la deuda privada y la total.

Al hacerlo, resulta que la deuda total de Holanda es del 242% de su PIB (o del 298% si se toman todas las fuentes de deuda, según el Fondo Monetario Internacional), frente al 131% de la de España (195,21% según el FMI). La de los hogares holandeses es el 103% y la de los españoles el 57,4%; y la de las empresas holandesas del 140% del PIB frente al 73% de la que tienen las españolas.

No es verdad, tampoco, que España derroche en servicios públicos o en pensiones, lamentablemente para nosotros. El gasto público per capita es 8.000 euros mayor en Holanda que en España, allí se gastan casi 2,5 veces más euros por habitante en sanidad que en nuestro país y los holandeses tienen unas pensiones mucho más generosas que las nuestras (a pesar de los problemas que mencionaré enseguida) que permiten que haya un riesgo de pobreza entre las personas de más edad mucho más bajo que en nuestro país.

Los holandeses dicen que los españoles somos vagos pero trabajamos, en promedio, 1686 horas anuales frente a las 1.434 de promedio en su país.

Los argumentos del gobierno holandés son falaces y falsos. Puestos a comparar, son los holandeses quienes viven por encima de sus posibilidades generando una deuda privada que es la tercera más grande del mundo (tras la de Irlanda y Chipre), según los datos del Fondo Monetario Internacional.

Holanda es un país más rico que España (aunque una buena parte de su riqueza esté en inversión financiera muy volátil). A nadie le cabe duda. Tiene menores registros de deuda pública que España pero eso no significa que tenga controlada su deuda (sino que la hace descansar directamente sobre los hogares y las empresas), como tampoco el mayor nivel de deuda pública española tiene su origen en el despilfarro o en la falta de voluntad de eliminarlo, y aunque eso no quiera decir que en España no haya habido mala gestión del gasto público.

Y si no se puede decir de España con fundamento lo que dice el gobierno holandés, mucho menos se puede acusar de lo mismo a Italia que, como ya expliqué en otro artículo, ha hecho más sacrificios y reducido su gasto en mucha mayor medida que Holanda en los últimos años (Italia como ejemplo y como advertencia).

La razón de que en España o Italia haya mayor deuda pública o niveles de paro más elevados no tiene que ver con las razones demagógicas que utiliza la derecha que gobierna Holanda y otros países europeos sino con el diseño del euro y con políticas europeas que imponen un desequilibrio del que se benefician esos países del norte. Y, entre otras cosas, con la actuación de Holanda como un paraíso fiscal parásito de los demás países de la Unión Europea, como expliqué en otro artículo: Holanda, campeona mundial de la evasión fiscal, tiene por qué callar)

Cuando el gobierno holandés reclama reformas en el sistema español de pensiones o en nuestro mercado de trabajo en realidad está haciendo un discurso dirigido a sus votantes. Reclama que reformemos nuestro sistema de pensiones para ocultar que es el sistema holandés el que se encuentra en una crisis profunda.

Su sistema se basa en tres pilares: una pensión mínima pública, otra procedente de la fondos de inversión gestionados por las empresas y una tercera resultado del ahorro individual.

El segundo pilar ha sido hasta ahora el fundamental y ha dado buenos resultados pero las sucesivas crisis financieras y los bajos tipos de interés han ido reduciendo la rentabilidad de esos fondos, de modo que su disposición de liquidez para hacer frente al pago de las pensiones ha estado y está bajo mínimos. El año pasado se daba por seguro que en 2020 se tendría que reducir la cuantía de las pensiones y la situación se ha agravado con la crisis de la Covid-19: a finales de 2019, alrededor de 70 fondos que afectaban a más de 12 millones de trabajadores tenían índices de cobertura por debajo del mínimo y en lo que va de año se han perdido unos 80.000 millones de euros.

Como el sistema no tiene cobertura suficiente para hacer frente al pago de las pensiones futuras, el gobierno ha tenido que realizar una propuesta de reforma en las últimas semanas que simplemente significa dar un paso en el vacío en una de las cuestiones más sensibles para la población holandesa. En el nuevo sistema que el gobierno propone, la cuantía de las pensiones que recibirán los holandeses no se basará en los índices de cobertura y las tasas de interés oficiales, sino que dependerá aún más de le rentabilidad de los títulos financieros y de la evolución de la bolsa de valores. Es decir, que se refuerza el factor que precisamente ha hecho que el sistema se haya deteriorado y que haya sido necesario cambiarlo.

Cuando el gobierno holandés insiste en que se reforme el sistema de pensiones español lo que está haciendo es tratar de decirle a sus votantes que reivindica el suyo para ocultar el deterioro que sufre por su enorme dependencia de los mercados financieros cada vez más inestables.

Pero la cuestión no termina ahí. La singularidad del caso es que una de las inversiones más rentables que hacen los fondos de los que se nutren las pensiones holandesas son los bonos estatales del sur de Europa. La realidad es que a Holanda le interesa que Italia o España estén altamente endeudadas y, a ser posible, que esa deuda esté sometida a tensiones que eleven su prima de riesgo, para que sus títulos de deuda sea más rentables. Para cerrar el círculo, solo basta imponerles condiciones que garanticen que esa deuda se vaya pagando por encima de todo.

Esto es lo que hay detrás de las políticas de austeridad que Holanda y otros países con sus mismos intereses impusieron en la anterior crisis financiera con el objetivo real pero oculto de que, en realidad, aumente la deuda. Por paradójico que pueda parecer, esto es lo que explica que Holanda se oponga a la mutualización europea de la deuda: la rentabilidad de la española para quienes la suscriban (como sus fondos de pensiones) sería menor, porque los bonos se emitirían a menor interés y no se daría la especulación que los encarece.

Al gobierno holandés le interesa que España o Italia estén cada vez más endeudados, lo mismo que le interesa que lo estén los hogares y las empresas holandesas, porque esa deuda es la que alimenta el beneficio de su economía financiarizada y la que hace que los fondos de pensiones tengan liquidez suficiente para hacerlas efectivas, algo que está cada vez más en peligro.

Su posición frente a la mayoría de los gobiernos europeos no es sólo un capricho ideológico, ni responde a propósito sincero de mejorar la economía europea o la de los países del sur de Europa. No es verdad, como los políticos holandeses le dicen a sus votantes, que Holanda esté pagando la deuda de los países del sur de Europa. Es al revés, imponen unas políticas que generan nuestra deuda para poder pagar con ella sus pensiones, cada día más dependientes de la deuda global y de la especulación financiera.

La economía de Holanda es un parásito peligroso que desestabiliza y pone en peligro a Europa aunque lo sorprendente no es que los holandeses se aprovechen de eso, sino que los demás países lo sigan consintiendo.

 

España y Europa deben repudiar la austeridad fiscal

Artículo de Juan Laborda en su blog de Vozpopuli de fecha 9/7/2020.

Las bases teóricas que han sustentando la política económica de las últimas cuatro décadas son un cuento de fantasía

El problema de fondo no es subir o bajar impuestos, sino acabar de una vez por todas con la austeridad fiscal. Europa, y quien fijó los criterios de Maastricht, francés para más seña, no contempló, ni por asomo, la posibilidad de una recesión de balances, o una financiarización destructiva, cargada de caos y miseria. Lo más lamentable es que muchos responsables de la cosa pública aún siguen sin enterarse de lo básico. Los gobiernos no son ni familias ni empresas. Tienen el monopolio de crear dinero. El entorno actual permite aplicar otras políticas alternativas que no se están utilizando. Los países que disponen de soberanía monetaria, tipo de cambio flotante, y emiten deuda soberana en su moneda pueden dedicar las políticas fiscal y monetaria a garantizar que el gasto doméstico sea el suficiente para mantener altos niveles de empleo. Los gobiernos que emiten sus propias monedas ya no tienen que financiar su gasto, ya que los gobiernos emisores de moneda nunca pueden quedarse sin dinero. Muchos ni se enteran.

Nos llevan engañando demasiado tiempo, pero quienes así actúan, y se jactan de ello, aún no se han enterado de que otros, desde el Golfo de Malaca, les han robado la cartera, de manera que la principal fuerza económica, tecnológica y financiera del mundo ya no es occidental. Pronto no lo será ni tan siquiera militarmente. Todo un ejemplo de reversión a la media histórica. Las bases teóricas que han sustentando la política económica de las últimas cuatro décadas son un cuento de fantasía, mejor dicho, seamos concisos, son un tocomocho, una auténtica 'fake news'. En nuestra querida España el Totalitarismo Invertido en el que vivimos intenta defenderse como gato panza arriba con tal de mantener el statu-quo. Pero su tiempo también se ha agotado.

El balance del Eurosistema

Si analizamos el balance del Eurosistema se observa cómo ha aumentado su tamaño de 4,7 billones de euros a finales de 2019 a los 6,2 billones. Sin embargo, la sorpresa se detecta en su composición. La mayoría del incremento de su activo, en más 900.000 millones de Euros, ha sido préstamos al sistema bancario para evitar problemas de liquidez e insolvencia del mismo. Arrastramos las malas decisiones económicas de la Gran Recesión, donde no se limpió el balance del sistema bancario a costa de acreedores, con las consiguientes quitas de deuda. Por el contrario, la financiación en mercado secundario a los gobiernos se incrementó en una cuantía que apenas llega a los 500.000 millones, insuficiente teniendo en cuenta el destrozo económico que se ha producido. Detrás de ello los temores a que Bruselas acabe exigiendo duros ajustes fiscales en los años venideros.

El problema de fondo es otro, se debe abandonar la austeridad fiscal. El gobierno no es ni se comporta como una familia o como una empresa

Europa sigue trabajando, erróneamente, en el marco de la austeridad fiscal. Y esto empieza a ser un serio problema. La imaginación política es muy escasa y asume el actual paradigma fracasado por encima de todo. Mientras desde las formaciones conservadoras se intenta persuadir al público de la necesidad de austeridad después de que la crisis disminuya; desde las formaciones de izquierda se contrarresta estas propuestas, pero dentro del marco ortodoxo, vía aumentos de impuestos. El problema de fondo es otro, se debe abandonar la austeridad fiscal. El gobierno no es ni se comporta como una familia o como una empresa.

Las propuestas desde la derecha incluyen la transferencia de los costes de la covid-19 a los pensionistas y a los trabajadores, vía devaluación salarial, retraso de los aumentos del salario mínimo, y recorte del gasto. Estos recortes colocarían gratuitamente la carga financiera sobre los hombros más débiles y nos comprometerían a otro ciclo de austeridad destructiva en el futuro. La izquierda contrarresta estas propuestas, pero sólo dentro del marco ortodoxo. Se admite que es necesario reembolsar el déficit, pero que su coste debe ser asumido por los más ricos, como parte de una reducción general de la desigualdad. Esto sólo busca reorientar la austeridad, en lugar de rechazarla por innecesaria. Al vincular su demanda de mejores servicios públicos con su deseo de hacer frente a la desigualdad, se corre el riesgo de no lograr ninguna de las dos cosas.

El papel de los impuestos

Una descripción operativa del sistema monetario actual es fundamental. Comprender que los préstamos crean depósitos (que a su vez crean reservas, es decir, dinero endógenamente) es un punto de partida mucho más realista que el punto de vista general de que los depósitos crean préstamos. Por ejemplo, conocer que el gasto público crea reservas y reduce los tipos de interés es vital para entender el mercado de bonos de Japón. Por lo tanto, primero es el gasto y, después, el ahorro. En este sentido los gobiernos deciden lo que gastan y seguidamente determinan qué parte del flujo de renta y riqueza generada por los sectores privados se retira del sistema vía impuestos. En definitiva, los contribuyentes no financian nada. Tras decidir primero lo que gastan y, después, el nivel de impuestos, la diferencia nos indicará el nivel de emisión de deuda.

La Teoría Monetaria Moderna (TMM) desde su inicio ha reconocido que el dinero de hoy en día y lo que se llaman recursos reales -bienes y servicios- son dos cosas diferentes, y que el dinero está necesariamente disponible para el gobierno según su voluntad -sin coste o límite- desde el momento que los bancos centrales crean depósitos con pulsar teclas de ordenador. Además, los límites del gasto total radican en la disponibilidad de recursos que se ofrecen a la venta, y el gasto más allá de esos límites se pone de manifiesto en el aumento de los precios (incluidos los salarios), lo que comúnmente se denomina inflación. La TMM debería convertirse en el nuevo consenso.

Los bancos centrales son agentes del gobierno; pueden crear saldos de cuentas -dinero- con sólo pulsar una tecla

Bajo este planteamiento conviene que queden bien claras ciertas aseveraciones. Las obligaciones tributarias crean vendedores de bienes y servicios que desean la moneda del gobierno a cambio. Esto permite que el gobierno se provea a sí mismo mediante el gasto de su moneda, que de otro modo no tendría valor. El gobierno y sus agentes son la única fuente de los fondos necesarios para pagar los impuestos. Los bancos centrales son agentes del gobierno; pueden crear saldos de cuentas -dinero- con sólo pulsar una tecla. Las monedas de hoy en día son los créditos fiscales que exigen los gobiernos para el pago de impuestos. La deuda pública ya es "el dinero" -los saldos de cuenta en el Banco Central gastados por el gobierno que aún no han sido utilizados para pagar impuestos-, y lo que se llama "pago de la deuda pública" no es más que el desplazamiento de esos saldos entre cuentas en el Banco Central.  La capacidad de pago del gobierno no es un problema.  Es enteramente una cuestión de voluntad de pagar.

Los impuestos sí que pueden tener dos funciones usualmente olvidadas: limitar el poder económico de ciertos grupos de presión (esto Frank Delano Rooslvelt lo entendió perfectamente); y orientar el modelo productivo, donde, a diferencia de lo que ocurre hoy en día, se debería castigar fiscalmente a los extractores de renta mientras se favorece la actividad productiva. Las grandes corporaciones en las cuatro últimas décadas han acumulado poder, además de extraernos rentas. ¡Blanco y en botella!

 

Tentaciones peligrosas ante el crecimiento de la deuda.

Artículo de Juan Torres Lopez publicado en su blog La Tramoya con fecha 18/6/2020.

 

La covid-19 tendrá muchas secuelas en nuestras vidas y en la economía, pero posiblemente sea una de ellas la que va a marcar especialmente nuestro futuro: el crecimiento de la deuda.

Si de 2008 a 2019 la deuda global aumentó en 87 billones de dólares, de 168 billones a 226 billones, es fácil intuir la aceleración que va a tener como consecuencia de una pandemia que obliga a realizar muchos más gastos extraordinarios. Tantos, que incluso los más férreos partidarios de recortarlos reclaman que se realicen cuantos sean necesarios y asumen que hay que olvidarse de la estabilidad presupuestaria.

Ante el endeudamiento extraordinario se puede caer en diferentes tentaciones que darían lugar a problemas mucho peores de los que estamos viviendo.

La primera es creer que las economías pueden seguir teniendo a la deuda como motor de la actividad económica por tiempo indefinido. Es un error fatal: si el crecimiento de la economía depende del crecimiento de la deuda se deduce fácilmente que para que crezca la economía debe crecer ... ¡el crecimiento de la deuda! Es decir, que para que no se detenga el crecimiento de la economía debe producirse una aceleración constante de la deuda, algo materialmente imposible.

La segunda tentación es pensar que el crecimiento cuantitativo de la deuda no es lo que realmente importa, sino que hay que prestar atención a la proporción que la deuda representa sobre el PIB. De ahí se deduciría que mientras que se logre que crezca suficientemente el PIB se podrá gobernar la deuda sin problemas. Se trata de otro error importante por varias razones. En primer lugar, porque eso puede ser cierto en valores agregados, pero no cuando se baja a la concreción del endeudamiento. La deuda total no se distribuye homogéneamente entre todos los sujetos económicos, de modo que un determinado porcentaje de deuda sobre el PIB que puede parecernos soportable es en realidad letal para muchas empresas y hogares. En segundo lugar, porque el crecimiento continuado del PIB para sostener la deuda ni es posible permanentemente, como dije antes, ni deseable. En las condiciones en que hoy día se produce y consume, más actividad económica es una amenaza para el medio ambiente que a la postre bloquea no sólo a la propia actividad económica sino a la vida en el planeta. Y, finalmente, porque el porcentaje de deuda sobre el PIB no es por sí mismo indicador de la sostenibilidad de la deuda. Algunas economías, como la japonesa, pueden salir adelante con porcentajes de deuda muy elevados y otras, como la propia española, pueden tener muchas más dificultades a pesar de tenerlo bastante más bajo: el mayor o menor daño de la deuda depende de que haya más o menos pública o privada, de quiénes sean los acreedores o de la estructura de generación de ingresos de cada economía, entre otras razones.

La tercera tentación es creer que la única deuda que genera problemas y a la que hay que hacer frente es la pública. Es otro error grave porque la deuda de los gobiernos incluso puede ser la solución cuando la economía se paraliza, mientras que la deuda privada y especialmente la de las empresas termina frenando la inversión y la creación de actividad económica. De hecho, mientras que en estos momentos la primera es de obligada generación para sacar adelante a las economías, la que están acumulando las empresas en todo el mundo se va a convertir en la principal causa de problemas en los próximos tiempos.

La cuarta tentación consiste en creer que, para frenar el crecimiento de la deuda, y especialmente de la pública, lo que hay que hacer es recortar gastos. Al pensar esto se olvida que el gasto es el motor de la economía y que, cuando se reduce, lo que ocurre es que las economías se frenan, de modo que resulta más difícil disponer de ingresos para pagar la deuda, lo que obliga a endeudarse más todavía, lo que hace que aumente sin cesar. Es la paradoja que encierran las erróneas políticas de austeridad que se aplicaron en Europa para hacer frente a la crisis de 2008 y la que ha dado lugar a que haya millones de empresas zombis (sin beneficios suficientes para pagar su deuda) en la economía mundial.

La quinta tentación es creer, aunque sea sin decirlo, que lo mejor o lo único que se puede hacer frente a la deuda es permitir que la inflación, la subida de precios, "se la coma". Es un error porque así es cierto que se reduce la deuda, pero a costa de otros problemas colaterales, de eficiencia y de equidad, posiblemente peores.

La última tentación es considerar que la deuda es el resultado de que los sujetos económicos viven por encima de sus posibilidades cuando la realidad es otra: la deuda es el negocio de la banca, un negocio que pueden hacer crecer ad infinitum porque el dinero que prestan lo sacan de la nada. El modo de vida que lleva a recurrir constantemente al crédito es el impuesto por la publicidad, la cultura y las políticas de escasez artificial que promueven la banca y los grandes poderes financieros para ampliar su negocio.

Si de verdad se desea acabar con la losa y la esclavitud que genera la deuda hay que entender que ésta se incrementa sin cesar en nuestro tiempo por cuatro razones principales.

La primera causa de crecimiento constante de la deuda es la desigualdad. Mientras que la renta se viene concentrando cada día más en un grupo social muy reducido de población y de empresas, la mayoría de la gente y de las pequeñas y medianas empresas o de los trabajadores autónomos viven en condiciones cada vez más precarias, con ingresos que apenas si llegan a cubrir sus gastos o necesidades, y mucho más cuando la economía se deteriora por cualquier circunstancia, como ahora con la pandemia. No hay manera de disminuir la deuda que no pase por frenar la concentración de la renta y reducir la desigualdad.

La segunda causa que hace que la deuda y los problemas que plantea aumenten sin cesar es la caída en la tasa de rentabilidad del capital productivo que es paralelo al aumento en de la que corresponde al capital financiero. No se puede reducir la deuda sin desincentivar y penalizar la ganancia que produce la especulación financiera e incentivar y proteger a la que genera la actividad económica productiva y ambientalmente sostenible.

La tercera causa que está haciendo que la deuda aumente son los intereses y, en general, los gastos asociados al crédito. Si sólo se considera el tipo de interés oficial o de referencia que fijan los bancos centrales podría creerse que esta factura es muy baja para los hogares y las empresas, pero basta con comprobar el tipo efectivo que se aplica a los préstamos que reciben para comprobar lo que realmente representan los intereses (las operaciones de crédito habituales de la banca española se realizan con tipos efectivos de alrededor del 5% a poco que pasen de un año y las operación aplazadas con tarjeta de crédito puede tener un TAE superior al 50% a pesar de que todas ellas se financian con un dinero que los bancos crean sin coste alguno). Y un coste financiero singular que supone una carga a veces insoportable (especialmente para los Estados) es el que impone la especulación financiera aumentando, muchas veces alentando riesgos que ellos mismos crean, las primas de riesgo o la volatilidad de los productos financieros con que se renegocian sin parar los títulos de la deuda. No se podrá reducir la deuda mientras se mantenga el poder de mercado de los bancos que les permite imponer costes financieros desorbitados y se frene la especulación.

La cuarta razón que explica que la deuda crezca sin parar ya lo he mencionado: es el negocio de los grupos más poderosos del planeta, no sólo económica sino políticamente. Dicho de otro modo, no será posible reducirla sin limitar el poder político de estos grupos. Y como éste proviene del privilegio que les supone poder crear dinero de la nada, sólo se podrá evitar que sigan dominando el mundo a través de la deuda si se acaba con el sistema de reserva fraccionaria que es como se llama técnicamente ese modo de actuar de la banca.

Todo lo que acabo de señalar creo que lleva a una conclusión elemental: puesto que la deuda ha crecido tanto porque se ha convertido en el motor principal de nuestras economías y es el negocio más rentable de quienes tienen la capacidad de tomar las decisiones que guían las políticas económicas, no hay posibilidad real de reducirla sin paralizar la vida económica y provocando, por tanto, un colapso de las economías. Es la paradoja de nuestro tiempo. No se puede arreglar un problema en el motor de un vehículo sin detenerlo. Así que, o dejamos que nuestras economías de deuda sigan avanzando a toda velocidad hacia el precipicio o se toman decisiones de otro tipo, políticas, que son las que siempre se han utilizado para resolver las crisis de deuda cuando éstas han alcanzado puntos de no retorno, como nos ocurre ahora.

No cabe otra posibilidad que poner los relojes a cero o, al menos, en una hora que permita que las economías respiren. No hay otra forma de enfrentarse a la situación a la que hemos llegado que no sea la de diseñar una amortización estratégica de la deuda global mediante reestructuraciones y quitas bien organizadas. Reestructurar las deudas no es algo nuevo en la historia económica. Países que ahora son tan reacios a ellos, como Alemania, no podría haber llegado a donde han llegado en su historia reciente sin condonaciones, modificaciones y quitas diversas de su deuda. Los bancos centrales no pueden seguir poniendo dinero sin límite para salvar a los bancos de los impagos de deuda que su propia codicia y privilegios producen cuando podrían permitir fácilmente que las economías abordaran en óptimas condiciones su reconstrucción y desarrollo para hacer frente a los grandes problemas que tenemos por delante.

Ahora mismo, la negociación a escala internacional de un plan para la eliminación de la deuda como principal problema de las economías puede parecer una utopía. En poco tiempo, será una necesidad acuciante y los banqueros y grandes financieros tendrán que pasar por el aro. Ya han ganado lo suficiente y las economías, las empresas que crean riqueza y empleo y las personas, ya han sufrido bastante e innecesariamente.

 

El papel del Estado en la reconstrucción de la economía.

Artículo de Juan Torres Lopez en su blog La Tramoya de fecha 16/6/2020.

 

La idea de los economistas convencionales sobre la función del Estado en la economía que predomina en los centros de poder es que debe ser lo más liviana posible, limitándose a desbrozar el camino para que la iniciativa privada actúe con la mayor libertad, pues se piensa que sólo el capital privado es el que tiene capacidad para crear valor, mientras que la intervención estatal sería puramente improductiva.

Llevado al extremo, ese principio se ha traducido históricamente en reclamar del Estado una práctica que con ocasión de esta última crisis provocada por la Covid-19 hemos podido comprobar con especial nitidez: la socialización de las pérdidas del capital privado cuando éste las provoca y la privatización del beneficio una vez que el Estado consigue sacarlo a flote. Lo estamos viendo ahora y lo vimos en otras anteriores, como en la última crisis financiera de 2008, cuando los Estados hicieron suya la gigantesca deuda y las enormes pérdidas que había provocado la banca privada.

Esa política se ha impuesto gracias al poder que tienen quienes se benefician de ella y para eso se hace creer que el Estado no puede hacer otra cosa positiva que no sea el quitar las piedras de camino por donde debe discurrir el capital privado. Así se ha generado un mito que hace mucho daño a las economías en su conjunto y, curiosamente, también al capital privado más dinámico e innovador.

La realidad es otra, tal y como han puesto de relieve muchos estudios y en especial los que últimamente viene realizando la economista Mariana Mazzucato. El valor ni lo crea ni puede crearlo por sí solo el capital privado. No es verdad que lo generen exclusivamente, como se piensa, los empresarios o los emprendedores como resultado de su simple acción individual.

En contra de la creencia generalizada, lo cierto es que el valor y la riqueza productiva sólo pueden generarse con el concurso de las instituciones públicas, de los centros de investigación y enseñanza públicos y del conjunto de la sociedad, es decir, del Estado.

Mazzucato ha demostrado con números y análisis de experiencias reales que la innovación privada, los grandes éxitos empresariales y los grandes avances tecnológicos generalmente asociados a la iniciativa o a la búsqueda del beneficio individual no hubieran podido producirse nunca sin la previa intervención del Estado. Sin que las instituciones públicas asuman la investigación básica que a la empresa privada no le resulta rentable, sin la demanda previa de los Estados y sin sus proyectos estratégicos financiados con capital pública es materialmente imposible que cualquier empresa privada desarrolle los productos que hoy día están a la vanguardia de los negocios.

De ahí se deduce, por tanto, que tratar de fomentar la innovación y la creación de valor debilitando cada día más al Estado es un camino que a la postre impide que el capital privado salga adelante.

A nadie le cabe duda de que el capitalismo basado en la iniciativa privada ha sido capaz de lograr los avances tecnológicos más avanzados de la historia de la humanidad o de proyectar la actividad productiva hacia horizontes nunca contemplados. Pero la realidad es que esto sólo se ha podido conseguir con la previa iniciativa del Estado, de las instituciones y la sociedad en general y, por supuesto, con el dinero público como punto de partida.

Jibarizar el Estado, limitar sus recursos, cortar las alas de la iniciativa pública o frenar la inversión estatal en ciencia y desarrollo tecnológico, en infraestructuras de todo tipo, en educación y en cualquiera de los servicios públicos esenciales es condenar a las sociedades y a las propias empresas privadas al retraso y al empobrecimiento. No ha habido un sólo caso histórico de una economía cuyo sector privado haya avanzado y se haya consolidado con competitividad y poder económico sin la presencia y el concurso de un Estado económicamente fuerte y dinamizador.

Guste o no, lo cierto es que el emprendimiento que resulta determinante y motor de los demás es el que protagoniza inicialmente el Estado y así ha ocurrido en mucha mayor medida con la revolución tecnológica de los últimos treinta o cuarenta años. La inmensa mayoría de los inventos e innovaciones que luego fueron más exitosos, o que determinaron el éxito en los mercados privados, se han generado inicialmente en el sector militar o en los centros públicos civiles de investigación.

La clave del éxito económico y del progreso de las economías más avanzadas del planeta nunca ha sido la fortaleza de un sólo sector y menos del privado, sino la actuación coordinada del conjunto de los sujetos económicos, de la existencia de un ecosistema que funcione coordinada y sinérgicamente.

Ahora que nos estamos proponiendo reconstruir nuestras economías deberíamos tener muy en cuenta esta realidad. Deberíamos ser muy conscientes de que los mayores daños de esta pandemia se están dando precisamente allí donde los Estados y sus servicios públicos son más débiles, en donde casi han llegado a desmantelarse.

Lo anterior no quiere decir que todos los Estados hayan actuado como motores del emprendimiento y de la innovación. No ha sido así precisamente porque, como dije al principio, se tiende a exigirles que actúen simplemente como apagafuegos del capital privado y porque éste trata constantemente de quitarse de encima el compromiso de contribuir a la financiación del Estado, creyendo erróneamente que sólo le supone una carga innecesaria. Pero la alternativa a un Estado que no desempeña las mejores funciones que pude llevar a cabo no puede ser su desaparición o el reducirlo a la mínima expresión. Se trata, por el contrario, de lograr que asuma la misma función que desempeña en los casos más avanzados y exitosos.

La experiencia nos ha demostrado hasta la sociedad que los mercados pueden proporcionar resultados muy brillantes (aunque no siempre eficientes porque la competencia apenas funciona y es incompatible con la innovación que, por definición, produce diferencias y posiciones de cuasi monopolio). Pero también es evidente que su funcionamiento es espontáneo y que no está orientado, también por definición, a conseguir grandes objetivos sociales. Si estos se quieren conseguir es imprescindible la presencia del interés público, bien sea con carácter singular o bajo cualquier tipo de cooperación entre capital público y privado. Y la cuestión clave radica en que hoy día es imposible o suicida no sentirse concernido o renunciar a objetivos como frenar el cambio climático, proporcionar estabilidad y seguridad a las relaciones financieras, evitar el crecimiento desorbitado de la desigualdad, satisfacer niveles siquiera sea mínimos de las necesidades de toda la población mundial, so pena de padecer crisis sociales de consecuencias impensables; o, sin necesidad de ir más lejos, luchar contra una pandemia como la que estamos viviendo. Nada de ello, como digo, se puede conseguir no ya sin Estado sino con el Estado débil, desvestido, desprovisto de recursos y acomplejado que ha creado el neoliberalismo.

En España deberíamos reconsiderar todo esto en estos momentos y no seguir llevádonos por los cantos de sirena del neoliberalismo. En los últimos años se ha frenado el desarrollo de nuestro sistema de ciencia e investigación y se ha desmantelado todo un sistema público empresarial que funcionaba mucho mejor que el privatizado con decisiones típicas del capitalismo de amiguetes de nuestros días. Las consecuencias están a la vista: nuestra economía se convierte a pasos agigantados en un universo de servicios de bajo coste y valor añadido y nuestras mejores empresas o terminan en manos de otras extranjeras o simplemente desaparecen para dejar su mercado a otras de fuera que, en muchas ocasiones, nos colonizan con el apoyo de sus Estados potentes.

Lo que deberíamos hacer es luchar contra la auténtica ocupación que los grupos oligárquicos vienen realizando desde hace decenios de las instituciones del Estado, despojarlo de cualquier atisbo de parasitismo y ponerlo al servicio de la innovación y la creación de riqueza. En lugar de dedicarlo a ser un siervo del capital privado más rentista, en España deberíamos poner las bases para que el Estado actúe, como un socio de proyectos de innovación y de progreso, tal y como defiende Mazzucato. Con control y rigor, con eficacia y transparencia, con democracia, con inteligencia y fortaleza. Seguir renunciando al Estado y privatizar sin medida, como quiere hacer en España la derecha, sólo nos lleva a la colonización, al empobrecimiento de la mayoría y al enriquecimiento parasitario de unos pocos. No nos dejemos engañar: el Partido Popular, Vox o Ciudadanos están pidiendo que hagamos en España lo contrario de lo que han hecho y hacen las economías que tenemos a nuestro alrededor para lograr ser más fuertes y avanzadas.

 

¿POR QUÉ NO SE NACIONALIZA UNA PARTE DE LA BANCA?

 

El desempleo es el resultado de una dinámica atroz en nuestro sistema por la que el dinero no se mueve: no hay inversión ni crédito. Y esto no se debe a que no haya dinero: en el año 2000, los activos del BCE (esto es, la masa monetaria) equivalían al 7% del PIB de la zona euro. Hoy, exceden el 30%.

Pero el flujo del dinero en España es en los últimos meses aberrante: el dinero que el BCE imprime (esto es una simplificación) se presta a los bancos europeos a bajos, o incluso negativos tipos de interés. Estos financian mayoritariamente la deuda pública del Gobierno, que, a su vez, utiliza la mayor parte del importe de las emisiones de deuda colocadas para repagar bonos y letras que se emitieron incluso hace veinte años. Dicha deuda está en manos de otras (o las mismas) entidades financieras que finalmente depositan los fondos que reciben del Gobierno de vuelta en el BCE o simplemente acumulan liquidez.

El BCE tiene prohibido ejercer como prestamista de último recurso, lo que permitiría financiar directamente deuda pública a los gobiernos sin intermediación de los bancos. Obviamente los bancos no quieren, pues de esta forma se lucran sin hacer nada y sin riesgo alguno. Son la base de su negocio, que se consiente a sabiendas de que los intereses ahogan cada vez mas a todos los Estados.

Al final, no hay crédito y las empresas (especialmente las pymes) no crean empleo. Ninguna institución financiera está dispuesta a financiar proyectos arriesgados de inversión cuando en su lugar se puede invertir en bonos españoles que rinden más y que básicamente no tienen ningún riesgo porque están garantizados por... Alemania (pensad cobertura euro).

¿Por qué no se nacionaliza una parte del sistema bancario? A los banqueros les gusta pensar que la razón por la que no hay crédito en España es porque no hay demanda de crédito. En España con diferencia respecto a otros países europeos, la razón por la que no hay crédito es la falta de oferta, no la falta de demanda.

Es decir, los bancos no han estado ni están dispuestos a facilitar el crédito. Hay varias razones para ello: la burbuja inmobiliaria; los requisitos de capital de Basilea III y IV; las facilidades del BCE para depositar dinero; y que la deuda soberana es una inversión mejor en términos de rentabilidad por riesgo. Nacionalizar el sistema bancario, parece razonable aunque suena a medida comunista casi. Pues las voces más altas en favor de nacionalizar el sistema bancario han venido en Europa de? Gran Bretaña. Se dirá que parte del sistema financiero español ya está nacionalizado. Pero no es así: hemos nacionalizado las pérdidas de los bancos, pero no el modelo de negocio. Si los bancos no quieren dar crédito, habrá que imponérselo. Necesitamos instituciones financieras que estén gestionadas por y para el cliente, y eso en nuestra cultura solamente se puede hacer bajo control estatal. El único banco holandés que no sufrió los efectos de la crisis financiera es Rabobank, en la cima de cuya compleja estructura de propiedad están los propios clientes. Actualmente, la iniciativa privada sería incapaz de organizarse para crear una institución similar.

Ahora bien, un banco público no quiere decir un banco gestionado por políticos. Que quede muy claro.