Tentaciones peligrosas ante el crecimiento de la deuda.

Artículo de Juan Torres Lopez publicado en su blog La Tramoya con fecha 18/6/2020.

 

La covid-19 tendrá muchas secuelas en nuestras vidas y en la economía, pero posiblemente sea una de ellas la que va a marcar especialmente nuestro futuro: el crecimiento de la deuda.

Si de 2008 a 2019 la deuda global aumentó en 87 billones de dólares, de 168 billones a 226 billones, es fácil intuir la aceleración que va a tener como consecuencia de una pandemia que obliga a realizar muchos más gastos extraordinarios. Tantos, que incluso los más férreos partidarios de recortarlos reclaman que se realicen cuantos sean necesarios y asumen que hay que olvidarse de la estabilidad presupuestaria.

Ante el endeudamiento extraordinario se puede caer en diferentes tentaciones que darían lugar a problemas mucho peores de los que estamos viviendo.

La primera es creer que las economías pueden seguir teniendo a la deuda como motor de la actividad económica por tiempo indefinido. Es un error fatal: si el crecimiento de la economía depende del crecimiento de la deuda se deduce fácilmente que para que crezca la economía debe crecer ... ¡el crecimiento de la deuda! Es decir, que para que no se detenga el crecimiento de la economía debe producirse una aceleración constante de la deuda, algo materialmente imposible.

La segunda tentación es pensar que el crecimiento cuantitativo de la deuda no es lo que realmente importa, sino que hay que prestar atención a la proporción que la deuda representa sobre el PIB. De ahí se deduciría que mientras que se logre que crezca suficientemente el PIB se podrá gobernar la deuda sin problemas. Se trata de otro error importante por varias razones. En primer lugar, porque eso puede ser cierto en valores agregados, pero no cuando se baja a la concreción del endeudamiento. La deuda total no se distribuye homogéneamente entre todos los sujetos económicos, de modo que un determinado porcentaje de deuda sobre el PIB que puede parecernos soportable es en realidad letal para muchas empresas y hogares. En segundo lugar, porque el crecimiento continuado del PIB para sostener la deuda ni es posible permanentemente, como dije antes, ni deseable. En las condiciones en que hoy día se produce y consume, más actividad económica es una amenaza para el medio ambiente que a la postre bloquea no sólo a la propia actividad económica sino a la vida en el planeta. Y, finalmente, porque el porcentaje de deuda sobre el PIB no es por sí mismo indicador de la sostenibilidad de la deuda. Algunas economías, como la japonesa, pueden salir adelante con porcentajes de deuda muy elevados y otras, como la propia española, pueden tener muchas más dificultades a pesar de tenerlo bastante más bajo: el mayor o menor daño de la deuda depende de que haya más o menos pública o privada, de quiénes sean los acreedores o de la estructura de generación de ingresos de cada economía, entre otras razones.

La tercera tentación es creer que la única deuda que genera problemas y a la que hay que hacer frente es la pública. Es otro error grave porque la deuda de los gobiernos incluso puede ser la solución cuando la economía se paraliza, mientras que la deuda privada y especialmente la de las empresas termina frenando la inversión y la creación de actividad económica. De hecho, mientras que en estos momentos la primera es de obligada generación para sacar adelante a las economías, la que están acumulando las empresas en todo el mundo se va a convertir en la principal causa de problemas en los próximos tiempos.

La cuarta tentación consiste en creer que, para frenar el crecimiento de la deuda, y especialmente de la pública, lo que hay que hacer es recortar gastos. Al pensar esto se olvida que el gasto es el motor de la economía y que, cuando se reduce, lo que ocurre es que las economías se frenan, de modo que resulta más difícil disponer de ingresos para pagar la deuda, lo que obliga a endeudarse más todavía, lo que hace que aumente sin cesar. Es la paradoja que encierran las erróneas políticas de austeridad que se aplicaron en Europa para hacer frente a la crisis de 2008 y la que ha dado lugar a que haya millones de empresas zombis (sin beneficios suficientes para pagar su deuda) en la economía mundial.

La quinta tentación es creer, aunque sea sin decirlo, que lo mejor o lo único que se puede hacer frente a la deuda es permitir que la inflación, la subida de precios, "se la coma". Es un error porque así es cierto que se reduce la deuda, pero a costa de otros problemas colaterales, de eficiencia y de equidad, posiblemente peores.

La última tentación es considerar que la deuda es el resultado de que los sujetos económicos viven por encima de sus posibilidades cuando la realidad es otra: la deuda es el negocio de la banca, un negocio que pueden hacer crecer ad infinitum porque el dinero que prestan lo sacan de la nada. El modo de vida que lleva a recurrir constantemente al crédito es el impuesto por la publicidad, la cultura y las políticas de escasez artificial que promueven la banca y los grandes poderes financieros para ampliar su negocio.

Si de verdad se desea acabar con la losa y la esclavitud que genera la deuda hay que entender que ésta se incrementa sin cesar en nuestro tiempo por cuatro razones principales.

La primera causa de crecimiento constante de la deuda es la desigualdad. Mientras que la renta se viene concentrando cada día más en un grupo social muy reducido de población y de empresas, la mayoría de la gente y de las pequeñas y medianas empresas o de los trabajadores autónomos viven en condiciones cada vez más precarias, con ingresos que apenas si llegan a cubrir sus gastos o necesidades, y mucho más cuando la economía se deteriora por cualquier circunstancia, como ahora con la pandemia. No hay manera de disminuir la deuda que no pase por frenar la concentración de la renta y reducir la desigualdad.

La segunda causa que hace que la deuda y los problemas que plantea aumenten sin cesar es la caída en la tasa de rentabilidad del capital productivo que es paralelo al aumento en de la que corresponde al capital financiero. No se puede reducir la deuda sin desincentivar y penalizar la ganancia que produce la especulación financiera e incentivar y proteger a la que genera la actividad económica productiva y ambientalmente sostenible.

La tercera causa que está haciendo que la deuda aumente son los intereses y, en general, los gastos asociados al crédito. Si sólo se considera el tipo de interés oficial o de referencia que fijan los bancos centrales podría creerse que esta factura es muy baja para los hogares y las empresas, pero basta con comprobar el tipo efectivo que se aplica a los préstamos que reciben para comprobar lo que realmente representan los intereses (las operaciones de crédito habituales de la banca española se realizan con tipos efectivos de alrededor del 5% a poco que pasen de un año y las operación aplazadas con tarjeta de crédito puede tener un TAE superior al 50% a pesar de que todas ellas se financian con un dinero que los bancos crean sin coste alguno). Y un coste financiero singular que supone una carga a veces insoportable (especialmente para los Estados) es el que impone la especulación financiera aumentando, muchas veces alentando riesgos que ellos mismos crean, las primas de riesgo o la volatilidad de los productos financieros con que se renegocian sin parar los títulos de la deuda. No se podrá reducir la deuda mientras se mantenga el poder de mercado de los bancos que les permite imponer costes financieros desorbitados y se frene la especulación.

La cuarta razón que explica que la deuda crezca sin parar ya lo he mencionado: es el negocio de los grupos más poderosos del planeta, no sólo económica sino políticamente. Dicho de otro modo, no será posible reducirla sin limitar el poder político de estos grupos. Y como éste proviene del privilegio que les supone poder crear dinero de la nada, sólo se podrá evitar que sigan dominando el mundo a través de la deuda si se acaba con el sistema de reserva fraccionaria que es como se llama técnicamente ese modo de actuar de la banca.

Todo lo que acabo de señalar creo que lleva a una conclusión elemental: puesto que la deuda ha crecido tanto porque se ha convertido en el motor principal de nuestras economías y es el negocio más rentable de quienes tienen la capacidad de tomar las decisiones que guían las políticas económicas, no hay posibilidad real de reducirla sin paralizar la vida económica y provocando, por tanto, un colapso de las economías. Es la paradoja de nuestro tiempo. No se puede arreglar un problema en el motor de un vehículo sin detenerlo. Así que, o dejamos que nuestras economías de deuda sigan avanzando a toda velocidad hacia el precipicio o se toman decisiones de otro tipo, políticas, que son las que siempre se han utilizado para resolver las crisis de deuda cuando éstas han alcanzado puntos de no retorno, como nos ocurre ahora.

No cabe otra posibilidad que poner los relojes a cero o, al menos, en una hora que permita que las economías respiren. No hay otra forma de enfrentarse a la situación a la que hemos llegado que no sea la de diseñar una amortización estratégica de la deuda global mediante reestructuraciones y quitas bien organizadas. Reestructurar las deudas no es algo nuevo en la historia económica. Países que ahora son tan reacios a ellos, como Alemania, no podría haber llegado a donde han llegado en su historia reciente sin condonaciones, modificaciones y quitas diversas de su deuda. Los bancos centrales no pueden seguir poniendo dinero sin límite para salvar a los bancos de los impagos de deuda que su propia codicia y privilegios producen cuando podrían permitir fácilmente que las economías abordaran en óptimas condiciones su reconstrucción y desarrollo para hacer frente a los grandes problemas que tenemos por delante.

Ahora mismo, la negociación a escala internacional de un plan para la eliminación de la deuda como principal problema de las economías puede parecer una utopía. En poco tiempo, será una necesidad acuciante y los banqueros y grandes financieros tendrán que pasar por el aro. Ya han ganado lo suficiente y las economías, las empresas que crean riqueza y empleo y las personas, ya han sufrido bastante e innecesariamente.

 

El papel del Estado en la reconstrucción de la economía.

Artículo de Juan Torres Lopez en su blog La Tramoya de fecha 16/6/2020.

 

La idea de los economistas convencionales sobre la función del Estado en la economía que predomina en los centros de poder es que debe ser lo más liviana posible, limitándose a desbrozar el camino para que la iniciativa privada actúe con la mayor libertad, pues se piensa que sólo el capital privado es el que tiene capacidad para crear valor, mientras que la intervención estatal sería puramente improductiva.

Llevado al extremo, ese principio se ha traducido históricamente en reclamar del Estado una práctica que con ocasión de esta última crisis provocada por la Covid-19 hemos podido comprobar con especial nitidez: la socialización de las pérdidas del capital privado cuando éste las provoca y la privatización del beneficio una vez que el Estado consigue sacarlo a flote. Lo estamos viendo ahora y lo vimos en otras anteriores, como en la última crisis financiera de 2008, cuando los Estados hicieron suya la gigantesca deuda y las enormes pérdidas que había provocado la banca privada.

Esa política se ha impuesto gracias al poder que tienen quienes se benefician de ella y para eso se hace creer que el Estado no puede hacer otra cosa positiva que no sea el quitar las piedras de camino por donde debe discurrir el capital privado. Así se ha generado un mito que hace mucho daño a las economías en su conjunto y, curiosamente, también al capital privado más dinámico e innovador.

La realidad es otra, tal y como han puesto de relieve muchos estudios y en especial los que últimamente viene realizando la economista Mariana Mazzucato. El valor ni lo crea ni puede crearlo por sí solo el capital privado. No es verdad que lo generen exclusivamente, como se piensa, los empresarios o los emprendedores como resultado de su simple acción individual.

En contra de la creencia generalizada, lo cierto es que el valor y la riqueza productiva sólo pueden generarse con el concurso de las instituciones públicas, de los centros de investigación y enseñanza públicos y del conjunto de la sociedad, es decir, del Estado.

Mazzucato ha demostrado con números y análisis de experiencias reales que la innovación privada, los grandes éxitos empresariales y los grandes avances tecnológicos generalmente asociados a la iniciativa o a la búsqueda del beneficio individual no hubieran podido producirse nunca sin la previa intervención del Estado. Sin que las instituciones públicas asuman la investigación básica que a la empresa privada no le resulta rentable, sin la demanda previa de los Estados y sin sus proyectos estratégicos financiados con capital pública es materialmente imposible que cualquier empresa privada desarrolle los productos que hoy día están a la vanguardia de los negocios.

De ahí se deduce, por tanto, que tratar de fomentar la innovación y la creación de valor debilitando cada día más al Estado es un camino que a la postre impide que el capital privado salga adelante.

A nadie le cabe duda de que el capitalismo basado en la iniciativa privada ha sido capaz de lograr los avances tecnológicos más avanzados de la historia de la humanidad o de proyectar la actividad productiva hacia horizontes nunca contemplados. Pero la realidad es que esto sólo se ha podido conseguir con la previa iniciativa del Estado, de las instituciones y la sociedad en general y, por supuesto, con el dinero público como punto de partida.

Jibarizar el Estado, limitar sus recursos, cortar las alas de la iniciativa pública o frenar la inversión estatal en ciencia y desarrollo tecnológico, en infraestructuras de todo tipo, en educación y en cualquiera de los servicios públicos esenciales es condenar a las sociedades y a las propias empresas privadas al retraso y al empobrecimiento. No ha habido un sólo caso histórico de una economía cuyo sector privado haya avanzado y se haya consolidado con competitividad y poder económico sin la presencia y el concurso de un Estado económicamente fuerte y dinamizador.

Guste o no, lo cierto es que el emprendimiento que resulta determinante y motor de los demás es el que protagoniza inicialmente el Estado y así ha ocurrido en mucha mayor medida con la revolución tecnológica de los últimos treinta o cuarenta años. La inmensa mayoría de los inventos e innovaciones que luego fueron más exitosos, o que determinaron el éxito en los mercados privados, se han generado inicialmente en el sector militar o en los centros públicos civiles de investigación.

La clave del éxito económico y del progreso de las economías más avanzadas del planeta nunca ha sido la fortaleza de un sólo sector y menos del privado, sino la actuación coordinada del conjunto de los sujetos económicos, de la existencia de un ecosistema que funcione coordinada y sinérgicamente.

Ahora que nos estamos proponiendo reconstruir nuestras economías deberíamos tener muy en cuenta esta realidad. Deberíamos ser muy conscientes de que los mayores daños de esta pandemia se están dando precisamente allí donde los Estados y sus servicios públicos son más débiles, en donde casi han llegado a desmantelarse.

Lo anterior no quiere decir que todos los Estados hayan actuado como motores del emprendimiento y de la innovación. No ha sido así precisamente porque, como dije al principio, se tiende a exigirles que actúen simplemente como apagafuegos del capital privado y porque éste trata constantemente de quitarse de encima el compromiso de contribuir a la financiación del Estado, creyendo erróneamente que sólo le supone una carga innecesaria. Pero la alternativa a un Estado que no desempeña las mejores funciones que pude llevar a cabo no puede ser su desaparición o el reducirlo a la mínima expresión. Se trata, por el contrario, de lograr que asuma la misma función que desempeña en los casos más avanzados y exitosos.

La experiencia nos ha demostrado hasta la sociedad que los mercados pueden proporcionar resultados muy brillantes (aunque no siempre eficientes porque la competencia apenas funciona y es incompatible con la innovación que, por definición, produce diferencias y posiciones de cuasi monopolio). Pero también es evidente que su funcionamiento es espontáneo y que no está orientado, también por definición, a conseguir grandes objetivos sociales. Si estos se quieren conseguir es imprescindible la presencia del interés público, bien sea con carácter singular o bajo cualquier tipo de cooperación entre capital público y privado. Y la cuestión clave radica en que hoy día es imposible o suicida no sentirse concernido o renunciar a objetivos como frenar el cambio climático, proporcionar estabilidad y seguridad a las relaciones financieras, evitar el crecimiento desorbitado de la desigualdad, satisfacer niveles siquiera sea mínimos de las necesidades de toda la población mundial, so pena de padecer crisis sociales de consecuencias impensables; o, sin necesidad de ir más lejos, luchar contra una pandemia como la que estamos viviendo. Nada de ello, como digo, se puede conseguir no ya sin Estado sino con el Estado débil, desvestido, desprovisto de recursos y acomplejado que ha creado el neoliberalismo.

En España deberíamos reconsiderar todo esto en estos momentos y no seguir llevádonos por los cantos de sirena del neoliberalismo. En los últimos años se ha frenado el desarrollo de nuestro sistema de ciencia e investigación y se ha desmantelado todo un sistema público empresarial que funcionaba mucho mejor que el privatizado con decisiones típicas del capitalismo de amiguetes de nuestros días. Las consecuencias están a la vista: nuestra economía se convierte a pasos agigantados en un universo de servicios de bajo coste y valor añadido y nuestras mejores empresas o terminan en manos de otras extranjeras o simplemente desaparecen para dejar su mercado a otras de fuera que, en muchas ocasiones, nos colonizan con el apoyo de sus Estados potentes.

Lo que deberíamos hacer es luchar contra la auténtica ocupación que los grupos oligárquicos vienen realizando desde hace decenios de las instituciones del Estado, despojarlo de cualquier atisbo de parasitismo y ponerlo al servicio de la innovación y la creación de riqueza. En lugar de dedicarlo a ser un siervo del capital privado más rentista, en España deberíamos poner las bases para que el Estado actúe, como un socio de proyectos de innovación y de progreso, tal y como defiende Mazzucato. Con control y rigor, con eficacia y transparencia, con democracia, con inteligencia y fortaleza. Seguir renunciando al Estado y privatizar sin medida, como quiere hacer en España la derecha, sólo nos lleva a la colonización, al empobrecimiento de la mayoría y al enriquecimiento parasitario de unos pocos. No nos dejemos engañar: el Partido Popular, Vox o Ciudadanos están pidiendo que hagamos en España lo contrario de lo que han hecho y hacen las economías que tenemos a nuestro alrededor para lograr ser más fuertes y avanzadas.

 

¿POR QUÉ NO SE NACIONALIZA UNA PARTE DE LA BANCA?

 

El desempleo es el resultado de una dinámica atroz en nuestro sistema por la que el dinero no se mueve: no hay inversión ni crédito. Y esto no se debe a que no haya dinero: en el año 2000, los activos del BCE (esto es, la masa monetaria) equivalían al 7% del PIB de la zona euro. Hoy, exceden el 30%.

Pero el flujo del dinero en España es en los últimos meses aberrante: el dinero que el BCE imprime (esto es una simplificación) se presta a los bancos europeos a bajos, o incluso negativos tipos de interés. Estos financian mayoritariamente la deuda pública del Gobierno, que, a su vez, utiliza la mayor parte del importe de las emisiones de deuda colocadas para repagar bonos y letras que se emitieron incluso hace veinte años. Dicha deuda está en manos de otras (o las mismas) entidades financieras que finalmente depositan los fondos que reciben del Gobierno de vuelta en el BCE o simplemente acumulan liquidez.

El BCE tiene prohibido ejercer como prestamista de último recurso, lo que permitiría financiar directamente deuda pública a los gobiernos sin intermediación de los bancos. Obviamente los bancos no quieren, pues de esta forma se lucran sin hacer nada y sin riesgo alguno. Son la base de su negocio, que se consiente a sabiendas de que los intereses ahogan cada vez mas a todos los Estados.

Al final, no hay crédito y las empresas (especialmente las pymes) no crean empleo. Ninguna institución financiera está dispuesta a financiar proyectos arriesgados de inversión cuando en su lugar se puede invertir en bonos españoles que rinden más y que básicamente no tienen ningún riesgo porque están garantizados por... Alemania (pensad cobertura euro).

¿Por qué no se nacionaliza una parte del sistema bancario? A los banqueros les gusta pensar que la razón por la que no hay crédito en España es porque no hay demanda de crédito. En España con diferencia respecto a otros países europeos, la razón por la que no hay crédito es la falta de oferta, no la falta de demanda.

Es decir, los bancos no han estado ni están dispuestos a facilitar el crédito. Hay varias razones para ello: la burbuja inmobiliaria; los requisitos de capital de Basilea III y IV; las facilidades del BCE para depositar dinero; y que la deuda soberana es una inversión mejor en términos de rentabilidad por riesgo. Nacionalizar el sistema bancario, parece razonable aunque suena a medida comunista casi. Pues las voces más altas en favor de nacionalizar el sistema bancario han venido en Europa de? Gran Bretaña. Se dirá que parte del sistema financiero español ya está nacionalizado. Pero no es así: hemos nacionalizado las pérdidas de los bancos, pero no el modelo de negocio. Si los bancos no quieren dar crédito, habrá que imponérselo. Necesitamos instituciones financieras que estén gestionadas por y para el cliente, y eso en nuestra cultura solamente se puede hacer bajo control estatal. El único banco holandés que no sufrió los efectos de la crisis financiera es Rabobank, en la cima de cuya compleja estructura de propiedad están los propios clientes. Actualmente, la iniciativa privada sería incapaz de organizarse para crear una institución similar.

Ahora bien, un banco público no quiere decir un banco gestionado por políticos. Que quede muy claro.

 

El Partido Popular contra España en Europa.

Artículo de Juan Torres Lopez en su blog La Tramoya de fecha 17/6/2020.

 

Los eurodiputados del Partido Popular llevan unos días haciendo declaraciones en Bruselas con el objetivo de atacar y desprestigiar al Gobierno español sumándose a quienes piden que las ayudas que vengan de Europa estén sometidas a controles severos y a una estricta condicionalidad.

En principio, esa petición no podría ser criticable. Cualquier ciudadano europeo debe reclamar que el uso del dinero público esté sometido al control más riguroso para evitar que se utilice de forma inadecuada.

Lo criticable es que el Partido Popular vincule el posible mal uso de las ayudas que vengan de Europa a la gestión del gobierno que preside Pedro Sánchez, cuando el propio PP ha sido calificado judicialmente como una "organización criminal" y muchos de sus dirigentes, entre ellos algunos de sus actuales eurodiputados, han estado directamente vinculados a escándalos de corrupción y mal uso del dinero público.

Si en España existe el peligro que denuncia el PP no es precisamente porque ahora haya un gobierno progresista. La existencia de numerosos casos judiciales y condenas a dirigentes del Partido Popular son una prueba evidente de la mala y falsa intención de la campaña que este partido ha emprendido contra el gobierno y a la postre contra España en la Unión Europea.

La conducta de los eurodiputados de ese partido no es inmoral sólo porque vean la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Lo es también porque utilizan argumentos que carecen de fundamento y que son materialmente incompatibles con el respeto a las normas más elementales de la democracia.

Lo que piden los países llamados "frugales" (Holanda, Austria, Suecia o Dinamarca, entre otros), con el apoyo de la derecha europea a la que se suma el PP, es que, para recibir las ayudas, se exija a los países del Sur una condicionalidad muy estricta y ligada, según han declarado algunos de sus portavoces, a reformas que mejoren la competitividad y capacidad de resistencia de los países socorridos.

¿Quién se puede negar a eso? Obviamente nadie. Lo que ocurre es que detrás de esas expresiones generales pueden ocultarse circunstancias concretas inaceptables. Valgan tres ejemplos.

El primero: Es muy difícil, por no decir imposible, que los países del Sur puedan llegar a ser más competitivos si a ellos se les exige que ajusten sus desequilibrios deficitarios mientras que a los países del Norte (principalmente Alemania) no se les reclama al mismo tiempo que ajusten los desequilibrios superavitarios que provocan sus políticas nacionales, que es justo lo que está sucediendo desde que se creó el euro.

El segundo: Es muy difícil, por no decir imposible, que los países del Sur aumenten su capacidad de resistencia o resiliencia si se permite que otros del Norte (como Holanda o Luxemburgo) actúen deslealmente como paraísos fiscales que absorben con malas prácticas ingresos fiscales de los primeros.

Por tanto, condiciones sí. Pero para todos por igual.

Tercer ejemplo: No basta con reclamar condicionalidad genérica o basada en condiciones abstractas o generales, sino que hay que poner sobre la mesa las condiciones concretas que se reclaman. Al respecto, ningún responsable de esos países ha mencionado de momento condiciones específicas. Ahora, nadie está reclamando a los demás recortes de gasto, pero supongamos por un momento que estos países fundamentalistas los reclamasen ahora, como hicieron en la crisis de 2008, con el apoyo del Partido Popular y en contra de lo que vienen pidiendo el Banco Central Europeo o el Fondo Monetario Internacional, sin ir más lejos: ¿tendría que aceptar España, por principio, una política de recortes que sería claramente contraria a sus intereses y al sentido común? Si esos países, por ejemplo, reclamaran, con el apoyo del Partido Popular, nuevas recortes y privatizaciones subsiguientes del sector sanitario, como las que hace el PP constantemente allí donde gobierna, para facilitar la presencia de sus empresas en España ¿tendría nuestro país que aceptar como buenos esos recortes, después de lo que hemos sufrido en esta pandemia por culpa de los que ya se han venido haciendo? Todos estamos de acuerdo en que hay que reducir el peso de la deuda en el PIB pero ¿tiene España que aceptar por imposición medidas que se ha comprobado que, en lugar de reducir la deuda, la aumenta?

Por tanto, condiciones sí. Pero poniendo claramente sobre la mesa cuáles son y qué ventajas e inconvenientes tienen.

A diferencia de lo que hacen otros dirigentes europeos que no han mencionado las condiciones concretas que habría que poner, los del Partido Popular sí han hecho referencia a las que creen que se le deben establecer a España. Y ahí es donde se puede deducir claramente que la intención de sus propuestas no es otra que la de atacar de cualquier manera al gobierno español con argumentos francamente descabellados.

La eurodiputada Dolors Monserrat lo ha dicho con toda claridad: "Este dinero no es para derogar la reforma laboral y, por tanto, estas reformas no pueden servirse jamás de ese dinero de Europa. Ese dinero no puede servir jamás para derogar una reforma laboral como quiere el Gobierno de España".

Dolors Monserrat sabe perfectamente que la Unión Europea nunca daría dinero para hacer o dejar de hacer una reforma laboral u otra. Lo daría para conseguir unos determinados objetivos y vigilaría (como debe ser) su utilización y resultados.

O es ignorante Monserrat cuando hace estas declaraciones o malintencionada. El dinero que llegue de Europa, si es finalista, estará vinculado a lo que se haya establecido y el Gobierno de España (sea cual sea) no podrá utilizarlo sino para lo que esté determinado, so pena de ser sancionado o penalizado. Y, si no es finalista, pues podrá utilizarse para que el gobierno lleve a cabo las políticas que considere conveniente porque es el responsable legal y legítimo de gastarlo. Otra cosa es que se controle y se pidan cuentas sobre los resultados que hayan podido producir esas políticas. Que un partido defienda intereses a los que no convenga un determinado cambio legal no es una razón objetiva para negar el acceso a una ayuda con fondos públicos y, mucho menos, cuando ni siquiera se ha planteado la naturaleza de ese cambio. Una mayoría política puede imponer la negativa a conceder ayuda a quien proponga reformar una norma legal pero no porque haya reformas que "no pueden servirse jamás de ese dinero de Europa", como si se tratase de una ley natural e inexcusable, sino porque hay un interés político dominante que lo impide.

Los indicios, en todo caso, no apuntan a que sea el gobierno actual quien vaya a poner en peligro a la economía española por sus decisiones laborales, sino más bien el PP.

Como muy bien se encargó de señalar la ministra de Trabajo en una comparecencia en el Senado, lo que hasta ahora ha hecho el gobierno ha sido modificar lo establecido en las reformas laborales anteriores en materia de ERTEs para flexibilizarlos y crear nuevos tipos que permitieran atender a la situación de emergencia que ha provocado la pandemia. El PP votó en contra de esos cambios, de modo que, si su posición política hubiera sido mayoritaria, las empresas y los trabajadores españoles no se habrían podido beneficiar de esta fórmula de ayuda. Si el PP estuviera gobernando, o hubiera hecho lo mismo que ha hecho el actual gobierno o hubiera provocado la ruina inmediata de miles de empresas y un caos económico. Objetivamente hablando, el peligro para la economía española no han sido sido las decisiones de los partidos progresistas que apoyan al gobierno, sino lo que votó el Partido Popular cuando se negó a flexibilizar y crear los nuevos tipos de ERTEs que propuso el Gobierno.

Todavía más claro que Monserrat ha sido otro eurodiputado del PP, Esteban González Pons. En un artículo publicado hace unos días en El Confidencial afirmó: "El dinero que vendrá de la Unión Europea no es para que Podemos cumpla su programa, es para que lo cumplan las empresas privadas españolas. No se trata de que el endeudamiento europeo sirva para aplicar en España políticas bolivarianas sino para que España converja económicamente con Alemania, Francia o los Países Bajos".

Son unas declaraciones que tienen todavía menos desperdicio que las de su compañera de grupo, por varias razones:

Son corruptas porque incitan al fraude electoral: Podemos, como cualquier otro partido, no sólo tiene el mismo derecho que los demás sino la obligación -como todos- de hacer todo lo que sea legalmente posible para cumplir su programa.

Son antidemocráticas porque poner obstáculos a que un país reciba recursos porque sus ciudadanos han votado legítimamente a un determinado partido o gobierno, al que se le niega el derecho a tratar de cumplir su programa electoral, es claramente antidemocrático.

Son unas declaraciones propias de un ignorante porque es evidente que las empresas no tienen programa sino intereses, legítimos unas veces, otras no tanto y casi siempre contradictorios entre ellos pues compiten en los mercados. Lo que beneficia a la banca, por ejemplo, no suele ser bueno para las empresas de la economía real; lo que interesa a las exportadoras suele ser diferente de lo que desean las que importan; lo que conviene a las más grandes suele ser lo que perjudica a las más pequeñas que le suministran. Y, aunque las empresas privadas españolas tuvieran un programa (que de ninguna manera lo tienen), no serían las únicas con derecho a llevarlo a cabo ¿o es que acaso la democracia sólo sirve si es para satisfacer los intereses de una parte de la sociedad que ni siquiera se presenta a las elecciones?

Son unas declaraciones las de González Pons ignorantes o cínicas porque es igualmente obvio que en España se puede llevar a cabo cualquier tipo de políticas con la sola excepción de las que no encajen en el marco de la Constitución y del resto de las leyes. Si alguna política las violenta serán los jueces quienes las prohíban sin duda, pero no González Pons ni el PP ex ante, cuando ni siquiera se han formulado y, mucho menos, descalificándolas con un simple término vacío de contenido. ¿Cuáles han sido las políticas "bolivarianas" de este gobierno y en qué y cuándo se han salido del marco de las leyes españolas como para ser censurables hasta el punto de justificar que se pongan piedras en el ya de por si difícil camino que España ha de transitar en la Unión Europea? Mientras no las señale en concreto, lamento tener que decir que el señor González Pons se está expresando o como un ignorante o como alguien que carece de honestidad.

Finalmente, las declaraciones de González Pons también son ignorantes o demagógicas porque es un hecho demostrado que han sido precisamente las políticas de ajustes y recortes, las llamadas de austeridad que reclaman los países del Norte, las que justamente han producido divergencia entre ellos y los países del Sur, como España. Y las siguen reclamando justamente porque esa divergencia es obviamente en su favor.

Los dirigentes del Partido Popular llegan a tal grado de exageración y paroxismo que rayan realmente con lo ridículo. Producirían risa si no fuera por el daño que hacen a España. El senador de ese partido Rubén Moreno dijo hace unos días para apoyar la campaña de sus eurodiputados que las instituciones europeas "no se fían" de que el Ejecutivo de coalición cumpla sus directrices presupuestarias. Dejando a un lado que ahora no podrá cumplirlas ningún gobierno, la afirmación es tan malvada que resulta grotesca: la vicepresidenta del gobierno española, Nadia Calviño, es nada más y nada menos que la anterior Directora General de Presupuestos de la Comisión Europea. ¡Cómo no se van a fiar de un gobierno en donde ella esté con ese cargo! Si mañana dimitiera por desavenencias podría entenderse que desconfiaran y si la intención de Pedro Sánchez hubiera sido enfrentarse con los criterios presupuestarios de Bruselas es obvio que ni la hubiera situado de vicepresidenta ni cabe pensar que ella hubiera aceptado estar en ese cargo. Por mucho que le duela al PP, no hay nadie en Europa que haya asimilado mejor las directrices presupuestarias europeas que la vicepresidenta de nuestro gobierno. Y, por cierto, es también una auténtica traición a España que, con tal de combatir al PSOE y a Unidas Podemos, el Partido Popular esté poniendo todo tipo de trabas para impedir que Calviño sea nombrada presidenta del Eurogrupo, lo que vendría muy bien y honraría a España aunque esto al Partido Popular le importa un auténtico pepino.

Que el PP se tire al cuello del gobierno en el interior de España, aunque sea con una crispación y violencia inusitada, podría entenderse pero que lo haga en las instituciones europeas es inaceptable porque es una traición a España pues allí el gobierno de Pedro Sánchez no es sólo el gobierno de unos partidos que al PP no le gustan: es la representación de España en su conjunto. Cuando lo atacan allí de la manera en que lo están haciendo se enfrentan en realidad a España y no al PSOE y Unidas Podemos. Y lo hacen por la misma razón que lleva a la derecha a actuar siempre así: consideran que España es solamente lo que ellos representan y que solamente ellos pueden decidir cuál es el interés de todos los españoles.

Se equivocan. España también somos los demás y deben aceptar con respeto que ahora gobiernen quienes tuvieron mayoría en las últimas elecciones.

Mientras llegan las siguientes, en las que tendrán oportunidad de volver a gobernar, al menos podrían tener el detalle de prepararse bien sus declaraciones y no decir las barbaridades que dicen, impropias de personas cultas, honestas y demócratas. En política, como en la vida, no puede valer todo con tal de acabar con el adversario.

 

Más despropósitos de la patronal.

Artículo de Juan Torres Lopez publicado en su blog La Tramoya de fecha 1/6/2020.

 

El presidente de la Confederación Española de Empresarios (CEOE), Antonio Garamendi, hace un flaco servicio a los millones de empresarios a los que representa cuando antepone sus prejuicios ideológicos a la realidad.

Hace unos días declaró que los empresarios "no quieren una nueva normalidad sino llegar a la de siempre, con rigor presupuestario y ortodoxia presupuestaria".

La verdad es que tiene cierto mérito cometer tantos dislates con tan escasas palabras.

La realidad, por mucho que lo quiera Garamendi, no se elige. Por mucho que lo deseemos, los seres humanos no podemos elegir el momento en el que vamos a vivir ni las circunstancias en las que nos toca hacerlo. Y mucho menos está en nuestra mano escoger la "normalidad" en la que vamos a encontrarnos después de una pandemia. Podemos influir para que tenga algunos rasgos u otros, pero de ninguna manera podemos determinar que sea la de ayer, la de antes de ayer o la de hace cincuenta años.

Parece mentira que alguien con tanta responsabilidad social no sepa esto. Parece mentira que la máxima representación de los empresarios españoles no se haya dado cuenta de que estamos viviendo unos momentos históricos que están cambiando para siempre las condiciones en que vivimos los seres humanos y en las que actúan las empresas.

¿Cómo es posible que el presidente de la CEOE no se haya percatado de lo que está pasando en la economía mundial? ¿No habla con los empresarios para que le cuenten lo que se están encontrando cuando comienzan a abrir sus negocios, no lee ni le llega información de lo que está pasando en el resto del mundo, en los mercados globales?

¿Nadie le ha comentado la estrategia de Alemania o Francia para recolocarse en una economía que (incluso ya antes de la pandemia) estaba cambiando de pautas? ¿No se ha dado cuenta de cómo elaboran estrategias de reforzamiento de sus industrias nacionales porque saben que ya nada será como antes?, ¿No se percata de cómo las grandes economías y empresas tratan de redefinirse y tomar nuevas posiciones en los canales de suministro, que se avecina una especie de neo-globalización que llevará a que las naciones y empresas traten de ganar soberanía y capacidad de decisión para disponer de la certidumbre y seguridad que en tan gran medida habían perdido? ¿No tiene noticia Garamendi de los cambios que ya vienen en la pauta de consumo y que obligan a que las empresas elaboren estrategias de ventas completamente distintas a partir de ahora? ¿No está siguiendo lo que pasa con el ahorro, que se dispara, y que será muy difícil que vuelva a la situación anterior, para convertirse en gasto productivo, de la noche a la mañana?

¿De verdad cree el presidente de los empresarios españoles que, después de que el Estado se haya tenido que gastar docenas de miles de millones para salvar a las empresas a las que él representa, se va a poder volver a la "normalidad" anterior, a las políticas económicas de antes, como si nada hubiera pasado, cuando la deuda va a multiplicarse sin remedio? ¿Piensa Garamendi que se va a seguir aceptando tan fácilmente como antes la idea falsa de que la sanidad privada es mejor que la pública, cuando en realidad es más costosa, o que se sigan desmantelando los servicios públicos, tal y como sucedía en la "normalidad de siempre" a la que desea volver?

¿Cómo puede decir que lo que quieren las empresas es volver a la normalidad anterior cuando miles de empresarios no duermen porque saben que no tienen más remedio que reinventarse y darle la vuelta a sus negocios y que la situación que tienen por delante ya no se parece en nada a la que había cuando cerraron?

¿Cómo se puede creer que tenemos a nuestro alcance volver a la normalidad anterior a la pandemia cuando lo más probable es que suframos un segundo brote, con un peligro muy grande de que sea peor y más dañino que el anterior?

Hacer creer que se puede volver a la casilla de partida como si no hubiera pasado nada, como si esto que hemos vivido y lo que nos queda por vivir en los meses próximos no fuese sino una mala noche que pasa pronto, es una gravísima irresponsabilidad.

Lo que debería hacer Garamendi y otros responsables empresariales de su estilo es analizar la realidad sin anteojeras ideológicas, sin prejuicios y dejando a un lado su combate político. De la situación que hemos vivido y de la que todavía estamos saldrán bien las empresas que sean capaces de rediseñarse, de reformular sus estrategias y de tomar nuevas posiciones en los mercados y en las formas de financiación, suministro y consumo muy diferentes que van a nacer de esta pandemia, las que sean capaces de cambiar y de adaptarse a un mundo nuevo, las que innoven y no traten de agarrarse a lo viejo. Quien se empeñe en sobrevivir enquistándose en lo antiguo, haciendo lo mismo que se hacía antes, está condenándose sin remedio; y a esto es a donde lleva la irresponsable pretensión del presidente de la patronal española.

¿Cómo puede estar al mando de los empresarios españoles alguien que lo que quiere es volver al pasado? ¿Dónde puede acabar cualquier empresa que se guíe por ese principio tan retrógado, tan opuesto a la esencia de espíritu innovador de las buenas empresas?

No menos irreflexiva es su demanda de volver a la normalidad del "rigor presupuestario".

De entrada, es muy cínico y una manera muy estúpida de enfrentar al mundo de la empresa con el resto de la sociedad. Hay que tener muchas agallas, eso sí, aunque también muy poca vergüenza, para reclamar que el resto de la sociedad se endeude durante años y en la cantidad en que haga falta para salvar a las empresas pero que no gaste ni un euro en salvarse a sí misma.

Hay que ser muy desvergonzado para decir que un ingreso mínimo vital para las personas que no tiene nada es hacerlas perezosas e irresponsables y, al mismo tiempo, pedir ayuda sin límite porque las empresas (como es natural) no pueden salvarse por sí mismas en medio de una pandemia.

¿Qué tipo de empresario es el señor Garamendi para proponer que el Estado, se quiera o no el motor más potente de nuestras economías, actúe sin cambiar de dirección cuando cambian las circunstancias?

¿Es posible que la máxima representación de los empresarios españoles tampoco se haya enterado de que el prejuicio de la estabilidad presupuestaria ha sido el desencadenante más potente de la deuda en los últimos años, lo que ha frenado la actividad económica y, por tanto, la buena marcha de la inmensa mayoría de las empresas? ¿De verdad no sabe el señor Garamendi que Italia ha tenido más rigor presupuestario que Alemania en los últimos años y que, precisamente por ello, le ha ido peor, a su economía en conjunto y a sus empresas?

Basta hacer una búsqueda rápida de declaraciones en cualquier navegador para comprobar que el señor Garamendi reclama constantemente bajadas de impuestos, así que no cabe deducir sino que el rigor presupuestario que reclama es el que consiste en reducir el gasto que hace el Estado, un gasto que se traduce en un incremento final de renta multiplicado y, sobre todo, en inmediato ingreso para las empresas. ¿De verdad cree la máxima representación de los empresarios españoles que las empresas españolas (como las de cualquier otra economía) podrían sobrevivir sin el gasto del Estado, sin las infraestructuras que financia, sin salud o educación públicas, sin investigación básica, sin buena administración de justicia, sin seguridad... ¿está seguro el señor Garamendi de que lo que de verdad necesitan las empresas españolas es un Estado fallido?

La estabilidad presupuestaria es deseable, lo mismo que puede serlo el superávit o el déficit, esto es, en función de las circunstancias, pero no como un fin en sí misma. ¿Qué empresa sobreviviría si no se endeuda cuando debe o le conviene hacerlo? Pues lo mismo le pasa al Estado.

En lugar de reclamar lo imposible (volver a "la normalidad de siempre") o dejarse llevar por prejuicios ideológicos que la realidad va a dejar en la cuneta en poco tiempo (la estabilidad presupuestaria siempre y en toda condición), un dirigente empresarial como el señor Garamendi podría reclamar o denunciar otras actuaciones que harían que las empresas y la economía en su conjunto funcionen mucho mejor.

¿Por qué no propone un compromiso de Estado apara acabar con la corrupción de la que se aprovechan las grandes empresas pero que supone un sobrecoste para miles de ellas y para la sociedad en su conjunto? ¿Por qué no reclama normas que garanticen la competencia en los mercados y que limiten el poder de las oligopolios que perjudica o incluso expulsa de los mercados a las pequeñas y medianas empresas? Si quiere reducir la presión fiscal, como yo creo que es deseable ¿por qué no reclama que las grandes empresas españolas hagan una contribución semejante a la que hacen las pequeñas y medianas, en lugar de financiar informes que manipulan los datos para tratar de demostrar que eso no ocurre en España? ¿y por qué no reclama que las empresas que obtienen beneficios en España contribuyan por lo que España les proporciona para que puedan obtenerlos, aliviando así la presión que soportan las empresas que sí cumplen con sus obligaciones? ¿Por qué no exige que las empresas de mayor poder no sigan imponiendo condiciones draconianas a las pequeñas y medianas que le aprovisionan, apropiándose de los márgenes y arruinando así a muchas de ellas u obligándolas a operar bajo mínimos? ¿Por que no denuncia lo que están haciendo los bancos con miles de empresas, obligándolas a cambiar sus pólizas y a amortizar en condiciones muy desfavorables las ayudas que ha dado el Estado? ¿Por qué no ha denunciado o denuncia a las empresas que se endeudan para distribuir beneficios, generando una ineficiencia fatal en todo el sistema que perjudica a la mayoría de las empresas? Si quiere rigor presupuestario, ¿por qué no denuncia los contratos públicos privilegiados de los que se aprovechan las grandes empresas constructoras para construir lo que no tiene más utilidad que proporcionarles beneficios con el dinero de todos? Si quiere ayudar a las empresas españolas en general y no sólo a las más poderosas, ¿por qué no reclama planes y pactos para salir de la dependencia del turismo y el ladrillo? ¿por que no pone sobre la mesa una estrategia de reindustrialización y de apropiación del valor añadido que generamos? ¿Por qué no denuncia las manipulaciones del mercado, el freno a la innovación y los fraudes de las compañías eléctricas que elevan innecesariamente los costes de las empresas? ¿Por no reclama a las empresas españolas que dediquen más recursos a la investigación e innovación para ser competitivas? Si quiere eficiencia, progreso empresarial y más competitividad ¿por qué no denuncia a las empresas que hacen competencia desleal incumpliendo las normas legales y por qué no propone un plan de lucha contra los fraudes y la economía sumergida? ¿Por qué no hace propuestas que puedan aumentar la eficiencia del mundo empresarial español y la productividad, como la de repartir los dividendos en tres partes destinadas a los accionistas, a los trabajadores de la empresa y a la reinversión, algo que no propuso Lenin sino el presidente Nicolás Sarkozy en 2009? ¿Por qué no es valiente y dice, como decimos muchos economistas de izquierdas o derechas, que lo fundamental en estos momentos es dar a las empresas toda la ayuda que necesiten y durante el tiempo que haga falta, pactando las condiciones más favorables para todos y asumiendo el endeudamiento que será necesario para ello como un compromiso patriótico y no como un arma arrojadiza contra el gobierno, como si este estuviera gastando ese dinero en su propio beneficio? ¿Y por qué no, en lugar de sumarse a la guerrilla de la derecha extrema, no se une a quienes reclamamos a la Unión Europea más sensatez, no favores, y menos "sálvese quien pueda" para hacer frente a la emergencia en la que nos encontramos, por ejemplo, pidiendo un plan europeo de reestructuración de la deuda que permita mantener las ayudas a las empresas todo el tiempo necesario? Y, sobre todo, ¿por qué no deja a un lado los prejuicios ideológicos, el discurso de partido y el servilismo hacia las empresas que dominan el mercado y piensa en las pequeña y medianas que no tienen su influencia, en los trabajadores autónomos, que necesitan pragmatismo y ayudas efectivas y no rifirrafe político?