EL DELITO NO ES EL ÚNICO LÍMITE

Ignacio Escolar, periodista.

publicado en El Periodico, con fecha 21 de julio del 2013 

 

Mentir a los ciudadanos no es delito. Esconderse de ellos tampoco lo es. No está penado por ley incumplir el programa electoral, manipular una rueda de prensa para evitar preguntas incómodas, comparecer a través de un plasma, ocultar un salario como una «indemnización en diferido» o pagar el abogado, la secretaria, el despacho y el coche oficial a un presunto delincuente. Tampoco hay ningún artículo en el Código Penal que prohíba al presidente del Gobierno mandar mensajitos a un imputado por corrupción al que le acaban de encontrar una fortuna en Suiza; no es pecado tampoco pedirle que resista, que sea «fuerte», que «hacemos lo que podemos». Hay quien podría decir que estos mensajes son un serio indicio de los delitos de encubrimiento y obstrucción a la justicia, pero para ello haría falta un juez valiente e independiente, uno que no tema acabar como Garzón.

Cobrar del partido generosos sobresueldos en A no es delito, aunque al mismo tiempo se diga a los ciudadanos que tienen que apretarse el cinturón; aunque los dos o tres salarios que algunos se llevan hasta multiplicar por 10 el sueldo medio de un trabajador tengan como origen el dinero público. Cobrar sobres en B a lo sumo es una falta administrativa que está prescrita. Financiarse ilegalmente desde los tiempos del Betamax también está prescrito. ¿La diferencia entre la Filesa del PSOE y las tres filesas que en esos años usaba el PP: que en un caso hubo condena y en el otro, con Naseiro, un enjuague judicial; que con Filesa hubo un registro de ocho horas en la sede del PSOE y que con Gürtel llevamos cuatro años de investigación, tres jueces distintos y ni siquiera se ha registrado la casa de Luis Bárcenas.

Militar en el PP al mismo tiempo que se resuelven los recursos que este partido presenta en el TC no es ningún delito. Llevar el carnet del PP bajo la boca mientras se ejerce como magistrado «independiente» también es legal, dice ese mismo tribunal. Nombrar para el Constitucional a un exdiputado del PP -Andrés Ollero-, a un ponente habitual de la FAES -Enrique López- o al militante Francisco Pérez de los Cobos tampoco es delito: es solo un ejemplo de esa «despolitización de la justicia» que nos prometió Rajoy. Que el expresidente del Tribunal de Cuentas (ese inútil organismo que vigila las cuentas de los partidos con el éxito que a la vista está) aparezca como donante en los papeles de Bárcenas no es tampoco delito: es el colmo, nada más.

Pretender que el único límite para la política democrática es que no te caiga una condena judicial tampoco es delito: es solo la última falacia argumental con la que el PP intenta vestir de normalidad unos hechos completamente inaceptables, inexplicados y que inhabilitan al presidente para gobernar.

DESAHUCIOS Y AMENAZAS A LA BANCA

Publicado en el blog de Juan Torres López con fecha 15 julio 2013

 

La reacción de las autoridades europeas y del gobierno español contra el decreto de la Junta de Andalucía que pretende limitar el drama social de los desahucios es una de las más miserables y vergonzosas que hemos vivido a lo largo de la crisis. Y eso que hay muchas de este tipo para elegir.

A mi juicio es una reacción miserable y vergonzosa de Europa y del Gobierno de Rajoy justo porque llevan razón en lo que dicen.

¡Claro que ese decreto amenaza a la banca y supone un peligro para la inversión inmobiliaria que predomina hoy día!

Es evidente que -en la situación actual de la banca- si de un día para otro se generalizase la dación de pago o se permitiese que las personas más humildes que han perdido su puesto de trabajo y sus ingresos no tuvieran que hacer frente a sus deudas bancarias en las condiciones pactadas, los balances bancarios se resentirían y que incluso podría provocarse un auténtico caos en el sector.

Tampoco hace falta ser un gran experto en negocios inmobiliarios para entender que la inversión cortoplacista que mueve el dinero buscando simplemente ganancias especulativas se sentiría igualmente amenazada si se obliga a que los derechos de propiedad que lleva consigo respeten una función social de elemental satisfacción humana. Por supuesto que todo es así y que las autoridades que combaten el decreto tratando de que el Tribunal Constitucional lo anule llevan toda la razón: es una amenaza. Pero lo que ocurre es que ese no es el verdadero problema que se debe resolver.

El decreto de la Junta de Andalucía es una amenaza para la banca porque la actividad que ésta lleva a cabo últimamente es materialmente incompatible con la justicia más básica, con la función económica de financiación a empresas y consumidores que se supone debe desempeñar y con el equilibrio económico elemental que se debe guardar en toda sociedad para que el conflicto no estalle y todo se venga abajo.

Es verdad, como digo, que tratar en estos momentos de evitar que las familias pierdan sus viviendas porque dejan de pagar unos cuantos cientos de euros al mes a los bancos es una amenaza para estos. Pero si eso es así no es porque la pretensión del decreto sea desmesurada sino porque la banca se ha situado por decisión propia, buscando niveles de beneficio desorbitados a través de una multiplicación compulsiva y artificial de la deuda, en una situación de mínimos en cuanto a solvencia y seguridad. Porque ha querido situarse durante demasiado tiempo en el filo de la navaja para obtener ganancias y poder extraordinarios a costa de su propio equilibrio financiero y patrimonial y de la estabilidad de todos y del sistema económico en su conjunto.

La cuestión, pues, no puede consistir en limitarse a constatar, como hacen los dirigentes europeos y los del Partido Popular español que trabajan para la banca, que frenar los desahucios tan injustos que se vienen produciendo es una amenaza. Lo que hay que hacer es determinar por qué la justicia amenaza a la banca y por qué ésta es incompatible con una reivindicación ciudadana tan ampliamente apoyada.

Por el contrario, imponer unilateralmente el principio de que el interés de los banqueros ha de prevalecer sobre la justicia y las preferencias sociales mayoritarias no solo es dictatorial sino algo muy perjudicial para la vida de las empresas y del conjunto de la economía.

Las consecuencias de que los bancos actúen con plena libertad, sin apenas restricción legal o moral alguna, ya las estamos viendo: no solo llevan a situaciones límites a las personas físicas y a las empresas sino que paralizan a las economías porque dedican los recursos a la especulación y a lograr tasas desproporcionadas de beneficio que, para colmo, conllevan un poder político excesivo que tiende a desmantelar las democracias. La banca actual, cuya actividad principal consiste en alimentar la inversión especulativa recurriendo para ello a todo tipo de fraudes, a los paraísos fiscales y a la utilización opaca y delictiva del dinero, es el principal obstáculo para salir de las crisis permanentes y para generar empleo y estabilidad económica. Esa es la verdadera amenaza que hay que evitar.

Por eso, cuando se detecta que un decreto justo, ampliamente deseado por la población (ni siquiera el grupo parlamentario del Partido Popular votó en su contra en el Parlamento andaluz) y que resuelve un grave problema social, amenaza a la actividad bancaria lo que hay que hacer es conseguir que la banca sea compatible con él y no al revés. Es decir, corregir los defectos en la actividad de la banca y no obligar a la sociedad a tener que sufrirlos.

La banca de nuestros días es la que ha provocado las crisis financieras en las que nos encontramos. Es la culpable de que miles de empresas cierren y de que tantas familias pierdan injustamente sus viviendas. Ella misma es la responsable de que los bancos estén quebrados, de que sean auténticos zombis que no hacen nada más que absorber sin descanso miles de millones de euros que entonces no pueden destinarse a crear empleo y bienestar social. Y todo eso lo ha provocado sin necesidad. O mejor dicho, porque gracias al poder político acumulado por los banqueros se ha conseguido convertir en sacrosanta necesidad social lo que simplemente es el interés particular de unos pocos.

Eso es lo que hace que el decreto de la Junta de Andalucía sea una amenaza y, por tanto, la respuesta no puede ser paralizar su aplicación para dejar tranquila a una banca que no funciona y cuya actividad irresponsable paraliza la economía y cada día nos cuesta más dinero.

Si la banca española estuviera funcionando bien, si se dedicase a financiar a las empresas y consumidores ayudando a crear empleos, si estuviera actuando al servicio de la creación de riqueza sostenible, entonces quizá alguien podría criticar que un decreto fuese excesivamente socializante (que ni siquiera lo es) o que una sensibilidad social exagerada del gobierno andaluz pusiera en peligro ese funcionamiento. Pero lo que sucede es justamente lo contrario: lo que se busca con este decreto es que la banca cumpla con su función económica y social genuina y que sirva para que la economía funcione como un sistema de satisfacción de las necesidades humanas y no como un cataclismo constante en aras de beneficiar a una proporción ínfima de la población.

Yo sé que se trata de una expresión fuerte, desacostumbrada y que hace que algunos me califiquen de radical o exagerado. Pero es que creo firmemente que lo que sucede es que la banca, además de actuar de forma claramente anti social, anti empresarial y anti económica, se ha convertido en una actividad criminal porque atenta ya contra el bienestar, el patrimonio, la seguridad e incluso la vida misma de millones de personas, de la inmensa mayoría de los seres humanos. Solo eso puede explicar que se sienta amenazada por medidas como las que trata de poner en marcha la Junta de Andalucía. Por tanto, lo que hay que corregir es la naturaleza de su negocio, y no los intentos de paliar el daño que hacen los banqueros.

Finalmente no quiero terminar este artículo sin mencionar que el Tribunal Constitucional deberá pronunciarse próximamente sobre el decreto puesto que éste ha sido recurrido por el gobierno central.

Conociendo cómo se ha elegido a sus miembros y cuáles son su militancia y servidumbres no tengo muchas dudas sobre el veredicto. Quisiera equivocarme, pero me atrevería a aventurar que estamos a la puerta de otro escándalo vergonzoso que supeditará la justicia y la voluntad social a las imposiciones de los banqueros. Hay que esperar a su sentencia pero si finalmente el Constitucional sacrifica el decreto, es decir, si supedita la justicia social al beneficio bancario, tal y como ha pedido la Troika, no quedarán más dudas de que la corrupción se ha adueñado de todas las instituciones y de que es imposible convivir con este régimen institucional y con el sistema financiero que tenemos, en manos de auténticos irresponsables.

Aunque solo sea por dignidad, tenemos que reaccionar

Artículo de Cándido Marquesán Millán | Profesor de Secundaria, publicado en nuevatribuna.es con fecha 08 Julio 2013.

 

Una de las cuestiones que me preocupa profundamente es el que se haya extendido como un tsunami la idea de que las políticas económicas puestas en marcha por el gobierno de Rajoy son inevitables, al ser las únicas posibles. Si alguien tiene la osadía de cuestionarlas puede verse sometido a furibundos ataques desde los grandes medios  de comunicación tanto públicos como privados, en perfecta connivencia con los poderes económicos dominantes, a  los que se prostituyen los poderes políticos. Ese es el gran triunfo del neoliberalismo, el haber negado cualquier posibilidad de alternativa. Obviamente un sistema político sin alternativa no es una democracia, ya que esta presupone la negación del pensamiento único.

 

Pero naturalmente que hay alternativas. Se puede combatir el déficit público en lugar de por la vía de la reducción del gasto por la del incremento de los ingresos, combatiendo el fraude fiscal- para conocer su importancia es muy pertinente la lectura del libro de Roberto Velasco Las cloacas de la economía-  o haciendo una reforma fiscal para que contribuya el capital en el mismo porcentaje que el trabajo-al respecto nos acaba de anunciar nuestra vicepresidenta del Gobierno que un Comité de sabios tendrá para el próximo febrero preparada una. Esperemos que no sea su composición como el Comité de “Expertos” que elaboraron el Informe sobre la reforma de las pensiones públicas. En lugar de reducir el gasto social, se puede reducir el gasto militar. En septiembre de 2012, se aprobó un Real Decreto para aprobar un crédito extraordinario de 1782 millones y así hacer frente a unos compromisos de gastos militares. En unos momentos que se estaban haciendo brutales recortes sociales y que el presidente del Gobierno, y  el ministro de Hacienda nos decían que no había dinero, y lo decían  así, con toda claridad: no había dinero. No había dinero para nada; no había dinero para sanidad, no había dinero para educación, no había dinero para dependencia, no había dinero para políticas activas de empleo, no había dinero para políticas de infraestructuras, pero sí había dinero para el presupuesto de Defensa aumentando un 30%, disparando, nunca mejor dicho, ese presupuesto sin ningún precedente, para eso sí que había dinero.

 

En lugar de las actuales políticas de austeridad -que según un estudio del FMI sobre 173 casos de austeridad fiscal registrados en los países avanzados entre 1978 y 2009 confirmaba que las consecuencias fueron mayoritariamente negativas: contracción económica y aumento del paro- existe una opción  por las de crecimiento. Podríamos poner otros ejemplos. Por ello, me sorprende que la sociedad acepte sumisa las políticas dominantes. Mas todo tiene una explicación. Desde arriba a la gran mayoría la han inoculado unas dosis inmensas de miedo, lo que desactiva cualquier espíritu crítico y  reivindicativo. Es un miedo aterrador, propiciado por el bombardeo de continuos mensajes en los medios de comunicación. "Rajoy: "Lo que viene es muy difícil". "Estamos en el 27% de parados”". "La Seguridad Social ha tenido que hacer uso del fondo de reserva para poder hacer frente a la paga extra de los pensionistas". “Hay que modificar el sistema de pensiones públicas, de lo contrario hará crack”. "El miedo regresa a los mercados". Así se entiende que todos estemos atemorizados por nuestro futuro, cada vez más negro. Se esfuman todas las certezas, ya no tenemos garantía de nada, todo supone precariedad y desasosiego.

 

Bauman habla de sociedad líquida, la sociedad contemporánea es aquella en la que nada permanece; todo es precario, vacilante e incierto. Hay un temor generalizado: los que tienen un trabajo a perderlo y a no tener garantizada una pensión en el futuro; los parados a no tenerlo nunca; y los que quieren tenerlo  tienen que aceptar cualquier condición impuesta por el empresario-hoy a nadie que vaya a una entrevista de trabajo le pasa por la cabeza el preguntar cuánto va a cobrar-, los jubilados a no poder mantener el nivel adquisitivo de sus pensiones; y todos a la perdida de las prestaciones del Estado de bienestar. Ya no existe confianza en el Estado para protegernos de los ataques implacables de un mercado desbocado, ni tampoco en los partidos políticos ni en los sindicatos.

 

 Además nos han impuesto y lo hemos interiorizado un sentimiento de culpabilidad, como si fuéramos los únicos responsables de la crisis actual. Esto nos pasa por "haber vivido por encima de nuestras posibilidades". Nosotros somos los culpables: el parado por no buscar trabajo o no aceptar un salario de miseria, el desahuciado de su vivienda por haber suscrito una costosa hipoteca. Somos los culpables, y tenemos que pagar por ello. Tenemos que hacer penitencia por nuestros pecados. Y así cualquier medida que nos impongan por dura que sea, se acepta con el argumento “todavía podía haber sido peor”. También nos han generado y hemos asumido la insolidaridad y un egoísmo individualista, del "sálvese quien pueda", viendo en los otros a unos peligrosos rivales que nos pueden perjudicar nuestro nivel de vida. El que trabaja en la empresa privada se alegra de la reducción del sueldo o del despido de los empleados públicos; los que trabajan o los pensionistas se quejan del subsidio de desempleo para los parados; estos ven como rivales a los emigrantes. La construcción de un enemigo exterior nos impide ver que los intereses de unos y otros, de los inmigrantes, de los trabajadores, de los parados y de los pensionistas son comunes y así no surge una conciencia de solidaridad entre ellos. Por ende, se ha desactivado cualquier conato de lucha o de reivindicación para mantener nuestra situación, a mejorarla hace tiempo que hemos renunciado.

Mientras el miedo lo tengamos los de abajo, los de arriba están tranquilos. Lo ha dicho muy bien  el gran maestro de historiadores Josep Fontana,  en su reciente libro El Futuro en país extraño. Una reflexión sobre la crisis social de comienzos del siglo XXI “, aunque ya lo dijo en 1994 en otro libro suyo Europa ante el espejo “Desde 1789 hasta el hundimiento del sistema soviético las clases dominantes europeas convivieron con unos fantasmas que atormentaban su sueño: jacobinos, carbonarios, anarquistas, bolcheviques…, revolucionarios capaces de ponerse al frente de las masas para destruir el orden social vigente. Este miedo, infundado o no, estaba ahí, les obligó a hacer concesiones que en la actualidad, como no hay ninguna amenaza que les inquiete- todo lo que puede ocurrir son pequeñas escaramuzas fáciles de controlar- no tienen que mantener”. Esto es tan claro como el agua cristalina.

 

El Estado de bienestar instaurado en buena parte de Europa occidental tras la II Guerra Mundial, se explica por el temor a una revolución social, en el Este estaba “el modelo comunista”, y en el oeste, los partidos comunistas de Francia o Italia, eran cada vez más potentes. Hoy la clase dominante no tiene ningún fantasma que la inquiete. Por ello no hay necesidad de hacer concesiones. De esta minoría que se enriquece cada vez más a costa del empobrecimiento de muchos otros, no cabe esperar nada para una mejora del conjunto de la sociedad. Y es así porque como pronosticó ya en 1996 Christopher Lasch en su libro La rebelión de las élites y la traición a la democracia, los grupos privilegiados del ámbito político y financiero, han decidido liberarse y despreocuparse de la suerte de la mayoría y dan por finalizado unilateralmente el contrato social suscrito tras la II Guerra Mundial que les unía como ciudadanos, aunque no lo hicieron por sentido de solidaridad, sino por miedo a la rebelión de los trabajadores.

 

Hoy las élites han perdido la fe en los valores, mientras que las mayorías han perdido interés en la revolución. Hoy aquellas andan crecidas, nada más hay que oír a empresarios que todavía hablan de flexibilizar más las relaciones laborales. Casi dos millones de trabajadores se van a quedar sin convenio, por lo que quedarán a los pies de los caballos de los empresarios. Y todavía quieren más.  En la misma línea acaba de decirlo Rafael Poch  “De momento es obvio que la oligarquía se ríe de la calle. Su goleada es total. Le basta y sobra con la guardia urbana. Por eso sus trucos y discursos se repiten con una desvergüenza insultante. Y esa desvergüenza dice mucho de lo sobrada que va. En España un “comité de sabios” dictamina sobre las vías para reducir las prestaciones de las pensiones. Su desvergüenza se asienta sobre la pasividad de la mayoría que consiente y no ejerce su legítimo derecho a desobedecer al robo”. Me sorprende la escasa preocupación que por esta cuestión muestran las encuestas de opinión y la pasividad de las asociaciones de jubilados.

 Esta es la situación. Han sido extraordinariamente hábiles los que han diseñado esta estrategia. Mas debemos tener claro que, como la voracidad de esas élites es insaciable, lo peor aún estar por llegar. No caben ante esta situación anteriormente descrita mas que 2 opciones: o la sumisión o la rebelión. Personalmente me inclino por la segunda, lo que hace imprescindible, aunque también es difícil,  eliminar el miedo desmovilizador, recuperar la capacidad crítica y el sentido de solidaridad perdidos en estos momentos. Soy bastante escéptico que puedan liderar esta ingente tarea los actuales partidos políticos, más preocupados por los réditos electorales que de los problemas de los ciudadanos. De ahí su gran descrédito entre la ciudadanía.

 

Entiendo que la intelectualidad tiene un papel muy importante, y dentro de ella la vinculada a la disciplina de la historia. La Historia es una llamada a la acción, para despertar las conciencias, tal y como la entiende Josep Fontana.: "Desde 1945 a esta parte, la historiografía se ha dedicado a convencer a la gente de que todo intento de cambiar las reglas sociales conduce al desastre, lo cual es una lección de resignación incomparable”. Pero eso no es lo que la historia debe hacer, en algún momento debe mover hacia el cambio”. Y por supuesto, la sociedad tiene que salir de este sopor, tiene que organizarse, tiene que rebelarse a nivel civil y sindical para evitar esta regresión que nos retrotrae a los años 30 del siglo pasado. Tiene que hacerlo si le queda algún vestigio de dignidad. ¡Qué menos que dejar a las generaciones futuras los mismos derechos que nos legaron las que nos precedieron!  En nuestras manos está.