viernes, 21 de agosto de 2015

¿Se benefician los países periféricos de formar parte de la eurozona?

La situación de los países del sur de la eurozona en el actual escenario es a corto plazo muy perjudicial y, a medio y largo plazo, insostenible.

Artículo de Gabriel Flores de fecha 20 de Agosto de 2015 en diario Nueva Tribuna.

 
La eurozona se ha convertido para Grecia en algo muy parecido a un cepo que impide atender las necesidades específicas de su economía y, más importante aún, de su ciudadanía. El Gobierno de Syriza y la mayoría social griega sospechan que salir de la eurozona sería aún peor y se resisten a contemplar tal posibilidad. Si esa situación objetiva y la percepción subjetiva dominante en la sociedad griega se extienden a los otros países del sur de la eurozona damnificados por las políticas de austeridad, la eurozona entendida como parte esencial del proyecto de unidad europea tendría los días contados.

El problema es de tal envergadura y gravedad que la posibilidad abierta por Alemania en el curso de las últimas negociaciones con Grecia de podar o desprenderse de un socio problemático puede llegar a destruir la actual eurozona o, por lo menos, a reducir sustancialmente su composición y alcance. Para dar un nuevo aliento al proyecto de unidad europea, las fuerzas europeístas de izquierdas están obligadas a desarrollar una propuesta política alternativa a la reforma institucional que la derecha europea ha puesto en marcha y que pretende mantener una unión monetaria mínima (sin solidaridad presupuestaria o financiera ni mecanismos explícitos de gobernanza) y blindar la estrategia de austeridad extrema impuesta a los países del sur de la eurozona.

La intensificación de la crisis griega y su desenlace (un tercer rescate tan ineficaz y destructivo como los dos anteriores que no va a contribuir en nada a resolver ninguno de los graves problemas que sufren la economía y la sociedad griegas) han puesto en cuestión para qué le sirve o en qué beneficia a los países periféricos ser miembros de la eurozona, ya que la mayoría de sus teóricas ventajas, como se ha visto en la entrega anterior de esta serie de artículos, no se han concretado, han desaparecido o se han transformado en desventajas.

Tres factores se han sumado en el nuevo dislate provocado por las instituciones europeas al imponer a la ciudadanía griega y a su legítimo Gobierno un mal acuerdo: primero, una coyuntura electoral que ha precipitado una heterogénea alianza interesada en dar una lección al Gobierno de Syriza, debilitar sus apoyos internos y avisar a posibles navegantes conflictivos hasta qué punto, hoy por hoy en la eurozona, cualquiera que pretenda una alternativa a la estrategia de austeridad vigente se adentra en aguas procelosas; segundo, la cerrazón del bloque de poder conservador que gestiona los asuntos europeos a reconocer que la estrategia de austeridad extrema y devaluación salarial impuesta a los países periféricos no ha funcionado y está generando una crisis social y un deterioro de las relaciones entre los socios europeos desconocidos en la ya larga historia del proyecto de unidad europea; y tercero, las debilidades e incoherencias institucionales con las que nació la eurozona y que, en gran parte, se han ampliado tras la crisis global que estalló en 2008.

Los países periféricos de la eurozona están obligados a equilibrar sus cuentas públicas y exteriores mediante políticas extremas de austeridad y devaluación salarial. Por el contrario, las economías que conforman el núcleo o centro de la eurozona muestran cuentas públicas equilibradas y altos superávits por cuenta corriente, pero sus autoridades no parecen dispuestas a impulsar su demanda interna, lo que permitiría la reducción de esos superávits y, al tiempo, favorecería la actividad económica de los países del sur de la eurozona. El exceso de ahorro de los países del norte de la eurozona ha dejado de fluir hacia los países periféricos. Los mercados financieros se cerraron en 2008 para los países del sur de la eurozona y resultan todavía poco accesibles para los agentes económicos públicos y privados sobre endeudados que no pueden lograr los préstamos, inversiones o transferencias públicas que necesitan.

Los países del norte de la eurozona solo están dispuestos a rescatar o atender las necesidades financieras más urgentes de sus socios periféricos en la medida que éstos se comprometan a realizar y apliquen reformas que permitan cuadrar las cuentas públicas a fuerza de recortes brutales en el gasto y la inversión públicos y una desregulación del mercado de trabajo (con el objetivo de hundir los costes laborales) que no ha conseguido flexibilizar su funcionamiento. En realidad, las reformas que denominan de forma poco apropiada como estructurales han conseguido equilibrar las cuentas exteriores y reducir los déficits públicos de los países periféricos por una vía muy diferente a la pretendida, tras generar una gran pérdida de empleos y actividad económica y sin lograr impedir un mayor deterioro de las tasas (en porcentaje del PIB) de deuda pública y deuda externa neta.

La reducción de los costes laborales y la paralela desaparición de derechos laborales no han contribuido a flexibilizar el funcionamiento del mercado de trabajo, a pesar de la intensa desregulación a la que ha sido sometido, ni a sostener el empleo. Consiguieron, en cambio, abaratarlo, parcelarlo en empleos a tiempo parcial, independizarlo de condiciones laborales y contratos dignos y, en definitiva, aumentar el empleo indecente y consolidar la extensa gama de empleos de baja cualificación y remuneración en sectores de escaso valor añadido, reducida capitalización y nula densidad tecnológica. El recorte salarial no se tradujo en disminución del nivel general de los precios en la proporción correspondiente ni repercutió en una reducción significativa de los precios de exportación que permitiera una mejora significativa de la competitividad-precio y cuadrar, gracias al impulso de las exportaciones, las cuentas exteriores.

La presión sobre los costes laborales ha ocasionado un fuerte incremento de los márgenes de beneficios brutos de las empresas sin que el alza de la rentabilidad haya supuesto una mejora suficiente de la inversión privada. Dicho de otra forma, la devaluación salarial, el deterioro de derechos laborales y la disminución de la presión fiscal sobre las grandes empresas ha logrado mejorar rápidamente su rentabilidad, pero no ha reforzado ni modernizado los factores que permiten mejorar el crecimiento potencial, la productividad global de los factores y, como consecuencia, la rentabilidad a largo plazo. La consolidación de especializaciones productivas inconvenientes y las ganancias de competitividad así conseguidas no han permitieron impulsar en la medida necesaria el empleo, la inversión o las exportaciones.

Ha sido la presión sobre la demanda doméstica, recortando presupuestos públicos y salarios reales y alimentando el estancamiento de la actividad económica, la que ha permitido, por un lado, reducir las importaciones y equilibrar las cuentas exteriores y, por otro, recortar el gasto y la inversión públicos con objeto de disminuir el déficit público.

En definitiva, la presión sobre precios y salarios (es decir, la devaluación interna) es siempre insuficiente, porque provoca una deflación por deuda que impide una reactivación sostenida y la reducción de las tasas de endeudamiento. El avance limitado o coyuntural en el equilibrio de las cuentas públicas y exteriores se ha logrado comprimiendo la demanda interna, pero el consiguiente reforzamiento de la tendencia al estancamiento de la actividad económica doméstica, la consolidación de altas tasa de paro y la destrucción de crecimiento potencial acaban agravando el exceso de endeudamiento  público y obstaculizan la disminución de la deuda externa neta.

Además, la devaluación interna no puede hacer nada por el cambio y la mejora de las estructuras productivas de los países del sur de la eurozona (tampoco es posible encontrar tal pretensión entre los objetivos de la estrategia conservadora); por el contrario, consolida y profundiza la especialización en actividades y productos de menor productividad y valor añadido que requieren bajos niveles de cualificación de la fuerza de trabajo. De esta manera, las diferencias o asimetrías coyunturales entre los socios tienden a agrandarse y se consolidan como fragmentación estructural en perjuicio de los Estados miembros de menor nivel de desarrollo. A la postre, el deterioro de las expectativas favorables a la convergencia de los niveles de desarrollo, bienestar y renta pone en cuestión el funcionamiento de la unión monetaria y aumenta los inconvenientes que ofrece dicha unión a los países del sur de la eurozona y, especialmente, a sus sectores sociales con menores recursos.

Las diferencias estructurales en la UE no son nuevas, ya existían antes del estallido de la crisis de 2008 y antes también de la constitución de la eurozona. Lo nuevo, por consiguiente, no es la existencia de esa fragmentación estructural sino su profundización y la propia conciencia social de su existencia y de su nefasto impacto sobre los países periféricos de la eurozona y sus sectores más vulnerables.

Antes de 2008, los países periféricos practicaron un modelo de crecimiento sustentado en un endeudamiento de los agentes económicos privados (en el caso de Grecia también del sector público) que alentó un mayor nivel de crecimiento del PIB que el de los países del centro de la eurozona y, como consecuencia, permitió cierta aproximación a  los niveles de renta por habitante de los países más ricos. Pero esa convergencia y el modelo de crecimiento en la que se sostenía eran en gran parte ficticios e insostenibles.

Por un lado, los bancos y entidades financieras de los países del norte de la eurozona que ofrecían los créditos no valoraron convenientemente los riesgos que asumían (los mecanismos de mercado realmente existentes no permitieron evaluar correctamente esos riesgos ni facilitaron el ajuste de los tipos de interés a los muy diferentes niveles de solvencia) y se volcaron en buscar un destino rentable a su exceso de ahorro interno; por otro lado, los agentes económicos privados de los países del sur de la eurozona se endeudaron sin medida para financiar proyectos de inversión vinculados a una burbuja inmobiliaria y crediticia que encontró el mejor caldo de cultivo en el despilfarro, la corrupción y la financiación ilegal de estructuras partidistas y campañas electorales que practicaban y amparaban las grandes fuerzas políticas.

La capacidad suplementaria de financiación obtenida por los países periféricos permitió a éstos, a costa de sobre endeudarse, financiar la burbuja inmobiliaria y el fuerte aumento del gasto público corriente, pero el suplemento de crecimiento económico así conseguido no fue el resultado de un aumento de la productividad global de los factores productivos ni de una acumulación de capital productivo que pudieran en el futuro sostener el nuevo tejido económico generado y afrontar el mayor nivel de endeudamiento.

La quiebra en 2008 de ese modelo de crecimiento mostró que no cualquier impulso de la actividad económica es conveniente, que los países del sur de la eurozona deben poner en pie un nuevo modelo sostenible en el que no predominen el endeudamiento o lo especulativo y que la eurozona, en su conformación institucional actual, lejos de contribuir a reducir las divergencias estructurales las intensifica.

La necesidad de la reforma institucional de la eurozona se impone en la agenda de las tareas europeas, pero la hegemonía conservadora y su estrategia de austeridad persisten en retrasar sine díe (o, nunca mejor dicho, ad calendas graecas) los elementos esenciales de esa imprescindible reforma. La situación de los países del sur de la eurozona en tal escenario es a corto plazo muy perjudicial y, a medio y largo plazo, insostenible.

jueves, 20 de agosto de 2015

Las falsedades de Luis de Guindos


Artículo de Juan Laborda, publicado, en su blog, en vozpopuli.com con fecha 19/8/2015

El descaro, la sinvergüencería y las mentiras hace tiempo que se adueñaron definitivamente de los mentideros políticos, económicos y mediáticos patrios. El último ejemplo fue la comparecencia de nuestro inefable ministro de economía Luis de Guindos en el Pleno del Congreso donde se debatía la aportación de España al tercer rescate griego. De acuerdo con el ministro de Economía el único culpable de haber llegado a esta situación es el populismo. Guindos acusó al Gobierno de Syriza de haber llevado al país heleno a una situación límite, al plantar cara a las políticas de ajuste de la Unión Europea. Lo menos que podía hacer es callarse, pasar desapercibido.

Varoufakis ha detallado como los gobiernos, de los cuales deberían haber esperado un mayor apoyo, se convirtieron en realidad en sus peores enemigos

Solo espero que algún día Yanis Varoufakis saque a la luz las grabaciones que pongan de manifiesto la posición de Luis de Guindos y de nuestro gobierno en las reuniones del Eurogrupo. Varoufakis ya ha detallado como los gobiernos de los cuales deberían haber esperado un mayor apoyo, aquellos cuya principal pesadilla son las ingentes cantidades de deuda, se convirtieron en realidad en sus peores enemigos. Como señala explícitamente, estos gobiernos tendrán que responder algún día ante sus ciudadanos ¿por qué no negociaron pensando en ellos?, ¿por qué no apoyaron una solución justa y eficiente económicamente para Grecia? ¿Cómo es posible que un país como España con una deuda total y externa superior a la de Grecia, y con una expansión de la deuda soberana estratosférica, ni siquiera haya sentido la más mínima empatía por el nuevo gobierno heleno?

No se preocupen, en el caso de que algún día se conozcan ni siquiera se ruborizarán por semejante deslealtad a la ciudadanía española. Para ello contarán con la inestimable ayuda de la maquinaria mediática del Totalitarismo Invertido patrio.

Lo que Guindos no dice de Grecia

Guindos, como nuestros voceros mediáticos, se olvida de lo básico. Quiénes arrastraron a Grecia a la situación actual fueron los gobiernos de Nueva Democracia y PASOK. Ellos fueron quienes crearon una deuda impagable. Parte de la misma, además, era y es ilegítima, al ser contraída con el fin último de financiar a terceros, los bancos. Y otra parte, nada desdeñable, es ilegal, ya que determinadas aves de rapiña indujeron la creación de la misma. Los bonos griegos daban altos rendimientos, muy por encima del activo seguro, lo que implicaba un riesgo de impago implícito, pero ahora esos inversores no quieren saber nada del riesgo que asumieron.

Nueva Democracia, el equivalente al PP, mintió deliberadamente sobre las cifras económicas oficiales de Grecia. Y el PASOK de Papandreu, el equivalente al PSOE, exageró las cifras del déficit público

Nueva Democracia, el equivalente al PP, mintió deliberadamente sobre las cifras económicas oficiales de Grecia –de aquellos barros, estos lodos–. Y el PASOK de Papandreu, el equivalente al PSOE, exageró las cifras del déficit público para que el FMI participara en el sarao del rescate a Grecia. Además ND y PASOK, como PP y PSOE, bajo la cantinela de que griegos y españoles hemos vivido por encima de sus posibilidades, han acatado imposiciones políticas del norte y centro de Europa vergonzosas. Según éstas, griegos y españoles deben sufrir sangre, sudor y lágrimas porque vivieron por encima de sus posibilidades. Lo que no cuentan es que tanto en el país heleno como en nuestra querida España quienes vivieron por encima de sus posibilidades fueron el sector financiero y determinadas sociedades no financieras. Pero lo más ignominioso es como los “mass media” callan sobre las consecuencias de las políticas de austeridad. Dejen ya de hablar de reformas estructurales. El destrozo social es brutal.

Lo que Guindos no dice de España

Las reflexiones de Luis de Guindos sobre los populismos realmente me exacerban, me irritan, me exasperan. Cómo es posible que aquel gobierno que nos ha endeudado como nunca en nuestra historia reciente hable de populismos. Cómo es posible que quienes han aumentado la pobreza de sus conciudadanos a niveles insoportables hablen de populismos. Cómo es posible que aquel ejecutivo cuya reforma laboral ha creado un mercado donde trabajar ya no garantiza salir de la pobreza, donde empleo es sinónimo de precariedad extrema, se erija como ejemplo de buen gobernante. Cómo es posible que el ejecutivo actual, uno de los representantes del Totalitarismo Invertido patrio, muñidor de esa tradición tan hispana de alimentar oligopolios, lobbies, grupos de poder, hable de populismos.

La herencia que nos dejará el gobierno actual –de la mano del anterior– es deuda, deuda, más deuda, sin mejora alguna del aparato productivo

La principal herencia que nos dejará el gobierno actual –de la mano del anterior– es deuda, deuda, más deuda, sin mejora alguna del aparato productivo y de nuestra fuerza trabajo. Los mismos que generaron la mayor burbuja inmobiliaria de la historia nos dejarán como herencia una deuda total y externa récord. La vulnerabilidad de unos pasivos tan elevados frente al exterior se pone de manifiesto al ver que cada año España tiene que captar entre 250.000 y 300.000 millones en el exterior para refinanciar la deuda.

España está altamente endeudada y si no hay una reestructuración ordenada de la misma entrará en un círculo vicioso -crisis de deuda soberana, crisis bancaria, crisis de deuda externa, crisis de Seguridad Social, y reactivación de la recesión de balances privados-. Dos son los posibles catalizadores: la ausencia de un crecimiento nominal estable en el tiempo y/o cualquier incremento de la aversión al riesgo en los mercados financieros. En ese momento, señor De Guindos, ¿nos dirá también que la culpa es de los populismos?

miércoles, 19 de agosto de 2015

Sabotaje a la Seguridad Social


Artículo de Pedro Luis Angosto, en Público de fecha 19 de Agosto de 2015
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La política económica ejecutada por Rajoy lleva inevitablemente a la quiebra de la Seguridad Social y a la privatización de todos los servicios que presta.

Desde que en la década de los cincuenta comenzó a implantarse en los países más desarrollados de Europa como respuesta a la “amenaza soviética”, se conoce como seguridad social al conjunto de servicios públicos destinados a cuidar de la enfermedad, la vejez, el paro, la incapacidad y la exclusión. Aunque los puntos básicos en que se cimentaron la mayoría se los seguros sociales de Europa ya aparecen enunciados en el Manifiesto Comunista de Marx y Engels, no es hasta principios del siglo XX cuando gracias al movimiento obrero y a la Revolución Rusa que aparecen las primeras leyes que limitan la jornada laboral, impiden el trabajo a embarazadas y enfermos y hablan de vacaciones pagadas y jubilaciones al llegar a una determinada edad. Sin embargo, aquellas primeras normas legales tendrían un alcance limitado y no cristalizarían hasta pasadas las dos guerras mundiales.

Es obvio que un sistema de seguridad social tiene que ser público porque el capital privado es tan voluble como volátil y excluyente, además sólo acude a aquellas actividades donde el beneficio es visible y claro. Ni curar un cáncer, ni pagar una pensión, ni asistir a quienes no pueden valerse por sí mismos genera ni generará beneficios jamás, de ahí que para garantizar que todos los ciudadanos sean asistidos en igualdad de condiciones generación tras generación tenga que ser el Estado –es decir el conjunto de los individuos que componen una sociedad mancomunados para precaver el presente y el porvenir de todos y cada uno- quien se haga cargo de las prestaciones esenciales que todo sistema de seguridad social debe asumir. La mayoría de los sistemas existentes en Europa se financian por las cotizaciones que pagan trabajadores y empresarios, pero son muchos los países que aportan cantidades suplementarias vía presupuestos generales para suplir los déficits generados por el envejecimiento de la población, lo que sólo es posible en aquellos Estados que tienen un sistema fiscal proporcional y progresivo, combaten el robo al Erario con dureza y eficacia y en sociedades que tienen en muy alto valor la solidaridad y la fraternidad social. Es decir, que un sistema de seguridad social justo y adecuado a las necesidades de los seres humanos, no es viable –o dejará de serlo en breve- en países que quieren basar su Hacienda en impuestos indirectos medievales como el IVA, en el desmantelamiento del IRPF y en unos salarios cada vez más bajos.

La actual política económica ejecutada por Rajoy lleva inevitablemente a la quiebra de la Seguridad Social y a la privatización de todos y cada uno de los servicios que presta

Hay quien defiende que la seguridad social sólo podrá sostenerse si en un plazo corto de tiempo llegamos a tener veintidós millones de personas trabajando aunque el trabajo sea precario y mal pagado, empero, eso es una falacia porque incluso en una situación de pleno empleo de esas características la seguridad social seguiría siendo deficitaria por la brutal y progresiva mengua de las cantidades aportadas por trabajador, impidiendo además generar un nuevo fondo de pensiones como el heredado por Rajoy del Gobierno Zapatero para tiempos de crisis, fondo que ha permitido hasta hoy no recortarlas de forma drástica y violenta. Por tanto, es evidente  que el gobierno no está por la labor, que si hubiese estado interesado en el mantenimiento del sistema público de seguridad social, habría reunido hace tiempo a todas las fuerzas políticas y sociales para buscar un acuerdo y un plan de viabilidad, habría desarrollado programas de empleo juvenil, combatido la economía sumergida explotadora y parasitaria y apostado seriamente por la aportación de cantidades de dinero crecientes procedentes de los presupuestos generales del Estado. Por el contrario, el actual gobierno neofranquista viene aplicando desde que existe las mismas políticas al respecto que Esperanza Aguirre y Francisco Camps aplicaron en Madrid y Valencia, las mismas que Artur Mas y Boi Ruiz llevan implantando en Cataluña para regocijo, deleite y ventura de los patronos de las clínicas privadas –ahora llamadas también hospitales en los medios afines-, las caixas y los bancos patrióticos de todo el país. Y no cabe engañarse, la apuesta es tan clara como decidida, se trata de desamortizar la seguridad social, de pasar sus prestaciones a empresas privadas nacionales y transnacionales a las que sólo mueve el ánimo de lucro y jamás el interés general, de manera que cada cual sufrague su sanidad y su pensión con arreglo a sus ingresos, quedando para la mayoría que no puede hacerlo un sistema residual parecido a la beneficencia de otros tiempos.

Al igual que en los presupuestos anteriores, el Gobierno Rajoy ha presentado unas partidas dinerarias para la seguridad social en las que los gastos superan a los ingresos confiando el equilibrio de las cuentas a lo que queda en la hucha de las pensiones. De seguir por ese camino, en cuatro o cinco años sería obligatorio para el gobierno que fuese acometer una drástica reducción del gasto en todas las partidas de la seguridad social, provocando una crisis social y humanitaria todavía más cruel que la que hoy padecemos puesto que buena parte de la actual crisis fue derivada con intención a las espaldas de nuestros mayores. No cabe engañarse ni esconder la cabeza bajo el suelo ni mirar para otro lado, la actual política económica defendida y ejecutada por el Gabinete Rajoy lleva inevitablemente a la quiebra de la Seguridad Social y a la privatización de todos y cada uno de los servicios que presta, servicios que en adelante dependerían sólo y exclusivamente del poder adquisitivo individual. El modelo no es nuevo, es el que existe en Estados Unidos y en Chile, el más caro e injusto del planeta, y para implantarlo se han escogido dos vías, una, las listas de espera en hospitales que obligan al acuciado por la enfermedad a recurrir a servicios privados donde se atiende según cuenta corriente; dos, el agotamiento del sistema de pensiones y prestaciones al desempleo por consunción.

Sin embargo, por mucho que los actuales gobernantes presenten su política como la única posible para esconder sus verdaderas intenciones, hay alternativas que permitirían no sólo mantener sino mejorar lo que hoy tenemos. En primer lugar sería necesario que los gobernados fuésemos capaces de elegir a un gobierno que creyese de verdad en la democracia y en el pueblo al que se debe; en segundo lugar aumentar la productividad, no mediante disminuciones salariales sin precedentes sino mediante la inversión en I+D+i  -por ejemplo en las pisoteadas energías alternativas-, inversión que genera un valor añadido muchísimo mayor y, por ello, unos ingresos fiscales crecientes; en tercer lugar, convocar una reunión de Estados en la Unión Europea para forzar una disminución progresiva de la jornada laboral para repartir un trabajo cada vez más escaso y emplear a más gente, y en cuarto, hacer pedagogía, decir claramente a los ciudadanos que hay que pagar impuestos, que es necesario que todos arrimemos el hombro para sostener el que ha sido hasta hace poco uno de los mejores sistemas de seguridad social del mundo, como demuestran el número de trasplantes que se hacen cada año y la esperanza de vida de los hombres y mujeres que habitan esta sufrida y maltratada tierra.