lunes, 30 de abril de 2018

Antesala de la descomposición


El estancamiento suele ser la antesala de la descomposición. Una sociedad en la que los órganos a los que se confía la dirección política del país no ejercen las funciones que tienen encomendadas, está condenada al desorden. Más bien pronto que tarde.
Artículo de Javier Perez Royo publicado con fecha 29/4/2018 en eldiario.es.

Hace ya bastantes años Karl Loewenstein clasificó las Constituciones en la tríada de constituciones “normativas”, “nominales” y “semánticas". Normativas son aquellas constituciones en las que se da una notable coincidencia, identidad es imposible, entre lo que ocurre en la realidad y lo que la Constitución dispone. Son las constituciones propias de las democracias que operan como tales. Nominales son aquellas en las que existe una desviación notable entre lo que la Constitución prevé y la realidad. Semánticas son aquellas en las que el parecido entre lo que la Constitución establece y la realidad es pura coincidencia.
La Constitución española de 1978 ha sido una Constitución normativa desde su entrada en vigor hasta finales de 2015. Desde entonces no ha hecho otra cosa que deslizarse por la pendiente que conduce a la Constitución nominal. En las dos últimas legislaturas, la prácticamente non nata como consecuencia de la imposibilidad de investir a un candidato como presidente del Gobierno y la actual, resultado de la disolución anticipada de la anterior, tienen de legislatura de un Estado democrático el nombre, pero poco más.
España ha sido el primer país europeo occidental después de la Segunda Guerra Mundial en el que se han tenido que repetir unas elecciones generales por la imposibilidad de investir a un presidente del Gobierno. Y en la siguiente legislatura se ha conseguido investir un presidente de Gobierno, pero la “mayoría de investidura” no ha conseguido ser al mismo tiempo “mayoría de gobierno” y, en consecuencia, el Gobierno de la Nación no está siendo capaz de ejercer la tarea de dirección política del país, que es la que tiene constitucionalmente encomendada (art. 97.1 CE). El Gobierno administra, pero no gobierna.
Como consecuencia de ello, las Cortes Generales tampoco están cumpliendo con ninguna de las tres tareas que la Constitución expresamente les atribuye en el artículo 66. 2: la función legislativa, la función presupuestaria y la función de control gubernamental. No ha habido disolución del Parlamento como en la legislatura anterior, pero el Gobierno no gobierna y el Parlamento no legisla, no aprueba presupuestos y no controla la acción de gobierno porque no hay acción de gobierno que controlar. La avería de la democracia parlamentaria no puede ser más expresiva.
Formalmente la Constitución está vigente, pero materialmente está suspendida. El Estado social y democrático de Derecho funciona por inercia, pero sin que haya ningún proyecto de dirección política no ya que consiga abrirse camino, sino que se avance como propuesta. La única estrategia que se está haciendo visible es la estrategia defensiva del Gobierno de evitar que se produzca una revisión de lo que fue su programa de la legislatura 2011-2015, en la que el PP dispuso de mayoría absoluta.
Mariano Rajoy anticipó a finales de 2015 que el PP no dispondría de mayoría en la siguiente legislatura para continuar dirigiendo el país de la forma en que lo había hecho entre 2011 y 2015. Pero también anticipó, con buen olfato, que podría disponer de una minoría lo suficientemente consistente como para torpedear cualquier acción de gobierno que pretendiera revisar la que él había puesto en práctica.
El PP encaró la legislatura posterior a la suya con mayoría absoluta con una estrategia defensiva que en la práctica conducía a la parálisis del sistema político. Ya que no voy a poder seguir gobernando como lo he venido haciendo estos años, que no pueda gobernar nadie y que, en consecuencia, no se pueda revisar mi programa de gobierno. El final de la legislatura 2011-2015 presagiaba la parálisis de la siguiente o de las siguientes.
En esas estamos. El tiempo se ha detenido. El Gobierno no envía Proyectos de Ley al Parlamento y veta las Proposiciones de iniciativa parlamentaria. Se alcanzan acuerdos casi por unanimidad en el Congreso de los Diputados y a continuación el Gobierno maniobra para hacer imposible la ejecución de los mismos. El ejemplo de RTVE es el más expresivo, pero no el único.
El estancamiento suele ser la antesala de la descomposición. Una sociedad en la que los órganos a los que se confía la dirección política del país no ejercen las funciones que tienen encomendadas, está condenada al desorden. Más bien pronto que tarde. Porque sin funcionamiento regular de los órganos constitucionales de naturaleza política y sin perspectiva de futuro la corrupción institucional se hace general. Deja de ser excepción para convertirse en norma, independientemente de las voluntades individuales de las personas que ocupen las instituciones.
Nominalmente la Constitución sigue siendo la misma. Normativamente ha dejado de serlo. En el momento en que se van a cumplir cuarenta años de la entrada en vigor de la Constitución, parece bastante obvio que el pacto constituyente de 1977-78 ya no es el marco político-jurídico que permite que la sociedad española pueda gobernarse democráticamente. Con este marco político-jurídico la sociedad española no es capaz de hacer una síntesis política de sí misma que permita la formación de Gobierno, por un lado, y el ejercicio de las funciones parlamentarias por otro. La Constitución de 1978 ha llegado al final de su recorrido. El edificio está en pie, pero la vida está desapareciendo de su interior.
Y la reforma ni está ni se la espera.


jueves, 26 de abril de 2018

POR UNA NUEVA POLÍTICA FISCAL



La política fiscal constituye el tuétano de la política económica. Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) sintetizan, mejor que ninguna otra herramienta, las prioridades políticas de un Gobierno.

Estos Presupuestos, presentados con medio año de retraso y todavía sin los apoyos suficientes para su aprobación, evidencian la debilidad del Ejecutivo de Rajoy. Pero lo que es aún más preocupante, desvelan la ausencia de proyecto que certifica una legislatura perdida en esta materia, incapaz de aprovechar el crecimiento a favor de los cambios que nuestra economía necesita. Esto es así por dos motivos.
En primer lugar, estos Presupuestos siguen sin revertir los recortes en los servicios públicos y la inversión que el Gobierno aplicó en los años de plomo de la austeridad, con costes económicos y sociales muy elevados.

El techo de gasto no financiero contemplado en la propuesta del PP y Ciudadanos para 2018 está 60.000 millones de euros por debajo del que nuestra economía tenía en 2010. Y la inversión pública se encuentra ya en su nivel más bajo desde hace 50 años en proporción al PIB (1,9%), 30.000 millones de euros inferior al que tenía cuando empezó la crisis. Recuperar esta inversión pública y dirigirla a promover un nuevo tipo de crecimiento debiera concretarse en un plan a corto y medio plazo del que no hay señal alguna.

Así, mientras el Producto Interior Bruto se incrementa en este momento en unos 48.000 millones de euros al año, el Gobierno mantiene prácticamente congelado el techo de gasto del Estado, alejándonos de Europa. En la eurozona, la ratio gasto público/PIB se sitúa en el 47%, y en España la política fiscal gubernamental la ha reducido hasta alcanzar, con este proyecto presupuestario, el 40%. En definitiva, la propuesta que PP y Ciudadanos trasladan a la ciudadanía es la de tener un Estado de Bienestar ‘asistencialista’, una Administración incapaz de promover eficazmente la innovación y una inversión pública muy insuficiente para acometer los desafíos que tenemos.

En segundo lugar, los PGE tampoco contemplan medidas que permitan aprovechar el crecimiento actual para afrontar los cambios estructurales a los que el país debe hacer frente.

No se incluyen, por ejemplo, medidas de fondo para trasladar el crecimiento a los hogares, reduciendo la desigualdad y la pobreza monetaria. Tampoco se aborda, más allá de medidas puntuales, el riesgo de erosión que tienen las pensiones en el futuro próximo fruto de su desindexación, tampoco se atajan las preocupantes carencias en Investigación y Desarrollo (I + D), no hay un horizonte claro de recuperación de los niveles de gasto educativo y sanitario en relación al PIB ni se adoptan medidas que sienten las bases de un cambio en nuestro modelo productivo; por ejemplo, en una cuestión tan crucial como la transición energética.

Y todo esto es así porque la prioridad se sigue fijando en un lugar erróneo: continuar con una rápida reducción del déficit público, al tiempo que se siguen aprobando rebajas en diversas figuras tributarias que contribuyen a mantener nuestra capacidad de recaudación muy por debajo de los países de nuestro entorno (hoy en el 38% del PIB, ocho puntos por debajo de la eurozona).

¿Cabe plantear una nueva política fiscal, alternativa a la que han acordado Ciudadanos y el Partido Popular? Pensamos que sí. Por ello, el grupo parlamentario de Unidos Podemos ha trasladado una propuesta diferente en sus Presupuestos Generales Alternativos, basada en las siguientes cinco prioridades.

1.- Los beneficios del crecimiento económico deben trasladarse al conjunto de los hogares del país. Se deben poner en marcha las primeras fases de un programa de Renta Garantizada similar al que en este momento existe en País Vasco y Navarra, se debe restablecer la indexación de las pensiones de acuerdo al IPC, y es necesario profundizar notablemente las ayudas para un Plan de Alquiler que les facilite a los jóvenes el acceso a la vivienda.

2.- Una nueva política fiscal debe ponerse al servicio de la igualdad entre mujeres y hombres, impulsando tres medidas prácticamente ausentes en los PGE actuales: la progresiva gratuidad de las escuelas infantiles de 0 a 3 años; una financiación correcta para la ley de dependencia, que garantice que las 300.000 personas que tienen reconocido dicho derecho y hoy no reciben ayudas, puedan hacerlo; y la urgente igualación de los permisos (no transferibles) de paternidad y maternidad.

3.- La necesaria reactivación de la inversión pública debe servir para desarrollar un ambicioso plan de transición energética, basado en el desarrollo de las energías renovables, en la mejora de la eficiencia (con la rehabilitación de viviendas e instalaciones) y en la movilidad eléctrica. La transición energética, imprescindible para luchar contra el cambio climático, difícilmente tendrá lugar si la política fiscal no la sitúa en el centro de sus prioridades.

4.- La recuperación de la inversión pública también debería enfocarse al impulso (y gobierno) del proceso de digitalización de nuestro tejido productivo, así como hacia un plan de rescate de la ciencia y la I+D verdaderamente creíble.

5.- Ninguna de estas medidas podrá llevarse a cabo si no se replantean dos ideas preconcebidas sobre la política fiscal que han resultado muy dañinas durante estos años. La primera tiene que ver con el fetichismo del déficit: una vez alcanzados los niveles actuales, seguir reduciéndolo a toda costa carece de sentido, cuando hay prioridades económicas y sociales mucho más importantes en nuestro país que requieren, por ejemplo, recuperar la inversión pública. Pero, además, los PGE deben empezar a construir un suelo de ingresos que nos haga dejar de ser ese país que tiene una brecha de recaudación con respecto a la eurozona de ocho puntos de PIB.

En la dirección de construir este suelo que nos equipare con las economías de nuestro entorno, se pueden adoptar ya medidas con carácter inmediato. La recaudación del Impuesto de Sociedades en proporción al PIB está hoy muy por debajo de su nivel pre-crisis. Las rebajas tributarias de 2015 y 2016 han restado capacidad de recaudación a este tributo, y deben revisarse. Además, deben eliminarse aquellos beneficios y exenciones fiscales que son más ineficientes y regresivos (alcanzan ya los 35.000 millones de euros en el proyecto presupuestario, e incluso crecen este año en 1.300 millones en el Impuesto de Sociedades). Asimismo, nuestro sistema tiene margen para ampliar la tributación de la riqueza (con un verdadero impuesto sobre las grandes fortunas), aproximar el gravamen de las rentas del capital al que hoy tienen las rentas del trabajo y reforzar la progresividad en los últimos tramos del IRPF.

Autor.- Nacho Alvarez Peralta. Secretario Economía Podemos.


lunes, 23 de abril de 2018

Cambios en Podemos, pero sin llegar a una refundación.



El pinchazo en las elecciones catalanas y las encuestas desfavorables alargan la fase de caída de la formación morada y llevan a la dirección a revisar el proyecto.

Artículo de Arsenio Escolar publicado en eldiario.es de fecha 8/1/2018.

Las navidades no le han ido nada bien a Podemos. Papá Noel echó a la formación morada un mal resultado en las elecciones autonómicas catalanas del 21 de diciembre pasado y los Reyes le han echado estos días unas encuestas también desalentadoras para unas hipotéticas elecciones generales. Pablo Iglesias, prácticamente en silencio en público desde el fiasco de Catalunya, barajaría una estrategia para intentar darle un nuevo impulso a su liderazgo y al futuro de la formación. ¿Entre otras cosas rebautizando a Podemos, dándole un nuevo nombre al proyecto,  como se acaba de publicar? Él y todas la fuentes consultadas niegan de modo taxativo el cambio de nombre, pero admiten que habrá novedades de otro tipo. 
Las cosas han ido siempre muy deprisa en Podemos, una formación que aún no ha cumplido cuatro años de vida, pues se fundó el 17 de enero de 2014. Tanto las cosas buenas como las malas, las del auge como las de la caída, se han sucedido siempre muy veloces.
La fase del auge fue fulgurante. Los promotores del partido, un grupo de profesores y politólogos vinculados en su mayoría a la Universidad Complutense, lanzaron con éxito el proyecto y la marca en muy poco tiempo. Lograron visibilizar ante la opinión pública muy rápidamente una nutrida nómina de causas sociales, de banderas, y a una larga lista de nuevos líderes políticos. Movilizaron y cargaron de ilusión colectiva a un amplio sector de la sociedad española que hasta entonces o no se había interesado por la política o se había retirado de ella desengañada con los partidos de izquierda clásicos. Trasformaron la indignación ciudadana callejera surgida en 2011 en las acampadas del 15M en movilización política eficaz, que además de protestar en la calle acudía a las urnas y se comprometía en la causa. Dispararon el interés público por su proyecto –y las audiencias de las cadenas de televisión que repararon en ellos– mucho más allá de lo previsible. Consiguieron también muy pronto resultados electorales exitosos y un gran número de cargos electos y de poder institucional en todos los niveles de la administración, entre ellos muchas alcaldías relevantes…
Pero también muy pronto le llegaron a Podemos las dificultades y las señales -pequeñas, medianas y grandes- de fisuras en el proyecto. Como estas: La retirada completa, temprana y voluntaria de uno de los cinco fundadores, Luis Alegre, decepcionado con el rumbo que tomaba Podemos. La retirada de la dirección orgánica interna de otro de ellos, Juan Carlos Monedero, entre polémicas fiscales por sus cobros como asesor de varios Gobiernos latinoamericanos de izquierda. Las purgas parciales y el destierro a segundos o terceros planos de visibilidad y de gestión de otros dos de los fundadores, Íñigo Errejón y Carolina Bescansa, tras la fractura interna y las luchas de poder. La baja nota que Iglesias cosechaba en la mayoría de las encuestas, e incluso el rechazo a su figura en parte del electorado de izquierdas. Las tensiones de la cúpula central con las de algunas de las confluencias de otros territorios, e incluso con las organizaciones periféricas internas propias. La desmovilización de buena parte de las bases, que han pasado en poco tiempo de participaciones altísimas en algunas de las consultas internas a –por ejemplo- solo el 16% del censo en la renovación de la dirección de Madrid, hace menos de un mes. El retroceso electoral tanto en la realidad de las urnas (en junio de 2016, coaligados con IU, un millón de votos menos que en diciembre de 2015 ambas formaciones por separado) como en la virtualidad de las encuestas.
Hechos concretos aparte, tres grandes asuntos políticos parecen los aceleradores del actual ciclo a la baja de Podemos: la gestión de los resultados de las elecciones del 20 de diciembre de 2015; la gestión y la digestión de los resultados internos de Vistalegre II, hace ahora un año; y el posicionamiento y el desempeño de la formación en el conflicto de Catalunya, especialmente en los últimos meses.
Tras el 20D, la escasa empatía entre Iglesias y Pedro Sánchez, la falta de habilidad y/o de voluntad de sus respectivas formaciones para llegar a acuerdos y hacerlos compatibles con los que los socialistas firmaban con Ciudadanos y el voto en contra de los diputados morados a la investidura del candidato socialista como presidente del Gobierno acabaron de la peor manera posible para la izquierda: con una nueva cita electoral, el 26 de junio de 2016, que ni supuso el sorpasso al PSOE por parte de Podemos, pese a ir entonces coaligada con IU, ni desalojó a Mariano Rajoy de la Moncloa. En el camino, una crisis interna del PSOE de la que al cabo del tiempo tampoco se ha beneficiado Podemos, al menos por ahora, y un nuevo mandato de cuatro años para Rajoy. Todos los cálculos erraron.
Vistalegre II, la segunda asamblea ciudadana de la formación, supuso el refrendo de Pablo Iglesias en el liderazgo, al imponerse con mucho margen a su rival y hasta entonces número dos Íñigo Errejón, pero también destapó una grave fractura interna, con sus descarnadas luchas por el poder aparejadas, y una visión muy distinta en las diferentes almas de Podemos sobre el papel que había de jugar el partido en la sociedad española. Aunque en la clausura de la asamblea las diferentes almas apelaron a la unidad, casi un año después parte de la fractura interna sigue viva y sangrando no solo entre algunos dirigentes sino incluso entre militantes y entre votantes.
En Catalunya, los intentos de Iglesias de jugar a la equidistancia y de hacer de árbitro entre dos mitades enfrentadas –la independentista y la constitucionalista- han dado un magro fruto. Las recientes elecciones autonómicas han sido doblemente dolorosas para Podemos. Por un lado, las listas de la  formación morada han perdido más de 40.000 votos, 1,5 puntos porcentuales (del 8,94% al 7,45%) y tres escaños (de 11 a 8) respecto a las anteriores autonómicas. Por otro, han encumbrado a Ciudadanos –el que llamaban “partido del Ibex 35”, menospreciado hasta hace muy poco por muchos de los dirigentes de Podemos- no sólo como la formación más votada en Catalunya sino también para una parte de la opinión pública del conjunto de España como el verdadero partido del cambio, de la nueva política que acaba con el bipartidismo, papel que hasta muy poco parecía reservado en exclusiva a Podemos.
Una encuesta reciente ya sitúa a Ciudadanos a nivel nacional no solo dejando muy atrás a Podemos en la pugna particular de los nuevos partidos, sino incluso superando al PSOE en votos y empatando al PP. Al tiempo, a la formación morada la sitúa cuarta y descolgada de la lucha por la cabeza, y muchos puntos porcentuales por debajo del 20,66% del voto que logró con su confluencias en las generales de diciembre de 2015 o del 21,1% de las de junio de 2016 en coalición con IU.
Las cosas han ido tan deprisa en Podemos que hay quien se pregunta si no estaremos ante un 'partido cometa', que con la misma velocidad, vistosidad y fuerza con que surge por sorpresa e ilumina la oscuridad... se apaga poco después y apenas deja un rastro oscuro en la oscuridad que vuelve. Es improbable que así sea. Es más probable, según los consultados para esta crónica, que el partido morado experimente nuevas transformaciones para buscar una nueva fase de auge. Nuevos cambios, incluso algo parecido a “una refundación”, si bien Iglesias matiza el alcance: "Nada tan así...".
¿Cambios cosméticos, cambios medios o cambios profundos? ¿Solo cambio de nombre o también de visión, de misión y de focos?
Lo del cambio de nombre lo descartan prácticamente todos los dirigentes y ex dirigentes consultados, casi una decena.
-¿Y novedades de algún tipo para intentar tomar un nuevo impulso? -pregunto.
-Tendremos -responde una de las figuras más destacadas de la dirección.
-Estamos en ello –ratifica otra, no alineada con la anterior.
-Es posible. Tenemos CCE [Consejo Ciudadano Estatal] este sábado. Quizás allí –agrega una tercera.
-Inventamos o erramos. Como decía el poeta, no vivimos del pasado ni damos cuerda al recuerdo –contesta Juan Carlos Monedero- El PP va a vivir en su 30% y Ciudadanos quiere ser Macron y Le Pen al tiempo. El PSOE es una vieja estrella decadente y Podemos, como en las series, emocionó en el programa piloto, pero necesita que te enganches a la segunda temporada.


viernes, 20 de abril de 2018

Siete propuestas contra los "destrozos" del PP en la sanidad pública



La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública nos trae siete propuestas para paliar las deficiencias acaecidas en la sanidad pública y las formas de financiarlas.
Publicado en Nueva Tribuna (Público) con fecha 13/3/2018.
1.- Recuperar los recursos recortados por el Gobierno de Rajoy, con la excusa de la crisis
Económicos: Recuperar dos puntos en el PIB destinado a Sanidad Pública, lo que supone 20.000 millones de euros, en dos años.
Personal sanitario: Recuperar todos los puestos de trabajo perdidos por la no reposición del personal sanitario jubilado. Priorizar las plantillas de Medicina de Familia y Enfermería (especialmente la Comunitaria). A medio plazo elaborar un Plan de Recursos basado en necesidades asistenciales (Atención Primaria, Salud Pública, Atención a la Dependencia con la colaboración del Ministerio de Sanidad y Educación)
2.- Reintegrar al sistema sanitario público los servicios privatizados:
Plan para reintegrar la gestión pública,  los centros y servicio de financiación y gestión privada (concesiones, PFI, Consorcios ..)
o   No renovar las concesiones, rescatar las incumplidoras y negociar con las concesionarias, las que no tienen vencimiento cercano.
o   Recuperar los servicios externalizados: Historia Clínica. Receta Electrónica, Centrales de Llamadas, Centrales de Información, Logística,  evaluación recursos tecnológicos, auditorias, etc.
Para financiar estas medidas crear un Fondo Especifico para recuperar el sistema sanitario público,  financiado con ahorros en gasto farmacéutico y nuevas tecnologías.
3.- Implementar Programas Estatales y Autonómicos de Investigación, Desarrollo e Innovación  (I+D+i) de financiación, gestión, personal y recursos públicos
Suprimir las actuales Agencias, Cluster, ... de I+D+i. penetradas por la industria y fondos de inversión multinacional que orientan la misma a sus intereses empresariales y al uso intensivo de fármacos y aparatos tecnológicos, en detrimento de la sostenibilidad, la racionalidad y la   salud de la población, potenciando la medicalización sobre las políticas de promoción, prevención y salud pública. Este modelo pone al servicio de los laboratorios farmacéuticos y a las empresas tecnológicas, una enorme cantidad de fondos públicos, los centros sanitarios, los equipamientos diagnósticos, el personal y los enfermos. El sistema público pone la mayoría de los recursos y los productos los patenta y comercializa el sector privado. 
Derogar la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación del 2011, que puso los recursos del sistema público al servicio de las empresas e inversores internacionales. Elaboración de una Nueva Ley I+D+i orientada las necesidades de la población, con  recursos y gestión públicos
Elaborar y poner en marcha un Plan Estratégico  de I+D+i, por el Consejo Interterritorial de Sanidad
o   Fundamentado en problemas y necesidades de salud de la población (Planes de Salud Estatal y autonómicos, elaborados con la participación del personal sanitario y la población)
o   Con recursos, financiación y gestión públicos
o   Personal estatuario y estable  
4.- Racionalizar y mejorar la formación del personal sanitario(a financiar con un  parte del ahorro en gasto farmacéutico)
Formación pregraduada: Incorporar la atención primaria a las universidades, con la creación de asignatura obligatoria y cátedras de Medicina Comunitaria de Familia y Salud Pública, en las Facultades de Medicina y Escuelas de Enfermería. Acreditación (con recursos públicos) de los centros y servicios docentes,  en función de sus resultados en salud
Formación Postgraduada
o   Incentivar el desempeño de la Atención Primaria y Comunitaria con recursos económicos y mejoras de la promoción profesional, para prestigiarla en las pruebas MIR y las especialidades de enfermería
o   Potenciarla, dotándola de recursos suficientes  y reorientando la formación de los Centros Docentes de Medicina Familiar a la promoción, prevención y la salud comunitaria.
Formación continuada del personal sanitario a cargo de recursos públicos. Sacar a la industria farmacéutica y tecnológica de esta actividad.
5.- Diseñar y aplicar una Política de Personal incentivadora que mejore la calidad y la eficiencia de la atención 
Poner fin a la precarización del personal: Contratos basura y e inestables. Acabar con las interinidades y la contratación temporal indefinida, que afecta al 50% de las plantillas.
Racionalizar la gestión del personal homogeneizando las situaciones laborales, dando estabilidad laboral, un acceso y trato.
Unificar en un solo Estatuto de Personal Público a todas las formas  y Categorías (funcionarios, laborales y estatutarios)
Desarrollar instrumentos de incentivación:
o   Económicos (ligados al cumplimento de objetivos de salud, rendimiento y calidad)
o   Profesionales extendiendo a todo el personal una Carrera Profesional que incentive la dedicación, la formación y el compromiso con la asistencia sanitaria pública 
6.- Reorientar el sistema sanitario a la equidad y a la mejora de la salud
Desarrollar las Áreas Sanitarias dotándolas de instrumentos de dirección y gestión participativa, que garanticen la integralidad de la atención y garanticen la  coordinación de los recursos de salud pública, atención primaria y hospitales. Control de los procesos asistenciales por la AP (justo lo contrario de lo que ocurre ahora)
Potenciar la Atención Primaria garantizar su autonomía de gestión y acabar con su sometimiento a las gerencias hospitalarias a través de las Entidades de Gestión Integrada. La responsabilidad de la gestión de los Procesos Asistenciales debería recaer en la AP que tiene una orientación integral de los mismos (y no los jefes de servicios hospitalarios que la tienen parcelar por su propia naturaleza). Incrementar su participación en el gasto sanitario del actual 15% al 25%, mediante una progresiva asunción de responsabilidades asistenciales ampliando plantillas, equipamiento y eliminando las limitaciones de acceso a los recursos diagnósticos. Redefinir las competencias y responsabilidades de cada nivel asistenciales   
Promover la elaboración conjunta (AP y servicios hospitalarios) de programas, protocolos, guías clínicas, basadas en la evidencia  científica, que unifiquen y racionalicen la practica clínica (que hacer, donde y quien), para darles un enfoque integral y garantizar la continuidad asistencial.
Recuperar la Planificación de Salud (dándole un carácter participativo incorporando a profesionales y población), para poder identificar los problemas y necesidades de salud, establecer las prioridades de intervención y definir los recursos e intervenciones necesarias para afrontarlos.
Diseñar y poner en práctica Planes y Programas de salud dirigidos a las mujeres con orientación de género para acabar con la combatir las desigualdades de salud.
Controlar las actividades de marketing de los laboratorios farmacéuticos y de las empresas fabricantes de equipamiento tecnológico, mediante las que condicionan la prescripción y el uso de los recursos diagnósticos y terapéuticos
Desarrollar instrumentos de participación social en la planificación, actividades, programas y evaluación de la actividad de los organismos de dirección del sistema, las áreas y centros sanitarios.
Potenciar los Servicios de Salud Pública y mejorar  su coordinación con el resto de niveles asistenciales en las áreas sanitarias. Sus orientaciones deberían se de obligatorio cumplimiento.
 7.- Racionalizar el sistema
Garantizar una gestión eficiente del Sistema:
o   Trasformar el Consejo Interterritorial de Salud (CIS) que integra a todos los Servicios de Salud Autonómicos. El Consejo debería transformarse en el órgano de gobierno del SNS, que garantice la coordinación de las actividades y programas, garantice la equidad mediante el reparto racional y equitativo de los recursos.
o   Consensuar un Nuevo Modelo de Financiación Sanitaria de carácter finalista y equitativo, basado en las características especificas de cada Comunidad Autónoma (población y principales necesidades de salud, detectadas en los Planes de Salud Participativos). Este Modelo debería ser aprobado mediante consenso general  y contar con Fondos de Cohesión (en los prepuestos del Estado) necesarios para garantizar la equidad. La creación de una Agencia Central de Compras permitiría la compra de medicamentos y equipamiento tecnológico beneficiándose de la economía de escala.  
o   Aprobar Planes Integrales  para Racionalizar las Listas de Espera basados en la trasparencia, con criterios basados en indicadores e la gravedad, la trascendencía de las patologías, para garantizar la equidad y la utilización racional de los recursos. Suprimir las listas de espera no estructurales que permiten a las administraciones ocultar a miles de pacientes.
Implementar una política de medicamento basada en:
o   El control de las actividades de promoción de medicamentos de los laboratorios dirigidas a facultativos prescriptores y organizaciones de pacientes.  
o   Centrales de Compras Únicas que permitan negociar a las administraciones y garantizar políticas escala en los precios
o   Programas y protocolos del uso racional de medicamentos basados en resultados científicamente comprobados que garantice la eficacia, la  efectividad y eviten el daño a los pacientes (iatrogenia).
o   Evaluación de la eficacia, riesgos y necesidad del equipamiento tecnológico antes de su generalización en los centros del sistema mediante la creación de una oficina de gestión pública vinculada al CIS y al Ministerio de Sanidad.
o   Recuperar las medidas de impulso de los genéricos por las administraciones sanitarias (frenadas en los últimos años). Pasar del 40% al 60% de la media europea en la prescripción de estos medicamentos   supondría un ahorro anual de 1.500 millones. 
o   Reconsiderar la aprobación de Novedades Terapéuticas, cada vez más costosas y que representan la segunda causa del aumento del gasto farmacéutico, y establecer preciso basados en costes reales y no en posiciones de monopolio. Únicamente el 10% de estos medicamentos son calificados como innovadores por las propias autoridades sanitarias.
Crear una Oficina Nacional de Evaluación e Investigación de Tecnología y Servicios del SNS, vinculada a Consejo Interterritorial (Servicios de Salud) que:
o   Unifique la función de evaluación de las nuevas tecnologías antes de su generalización en el sistema. Muchas de las innumerables agencias autonómicas actualmente existentes tienen problemas de calidad y racionalidad en su funcionamiento.
o   Acabe con la irracionalidad, la burocratización y politización de las decisiones, basándolas en criterios científicamente demostrados.
Creemos que todas las propuestas que hacemos son perfectamente viables en nuestro país, dado su potencial económico y social, y son necesarias para garantizar un servicio sanitario público de calidad para toda la población, que es la mejor garantía de la protección de su salud.
Como financiar estas propuestas:
No es la tarea de la federación en defensa de la sanidad pública el encontrar fuentes de financiación de las actuaciones en el sistema sanitario, pero si lo es señalar que existen muchas vías concretas para mejorar la financiación de los servicios públicos y que solo se precisa voluntad política para hacerlo. Entre otras señalamos las siguientes:
1.- Combatir el fraude fiscal: El fraude fiscal en España, según los técnicos de Hacienda (GESTHA),  asciende a unos 70.000 millones de euros al año, alrededor del 23% del PIB, lo que equivale al presupuesto total del sistema sanitario español (el IVA dejado de ingresar en 2016 fue 18.000 millones de euros). Las grandes fortunas y las grandes empresas evadieron 42.711 millones de euros en 2010 (suponen el 71% del total del fraude en España).
2.- Perseguir la corrupción en la contratación de las obras públicas: La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) estima los sobrecostes en obras públicas en 40.000 millones. Los fraudes en los concursos suponen unas desviaciones medias en los costes del 25%.
3.- Recuperar los capitales en  paraísos fiscales: en torno a los  144.000 millones de euros, que representa un fraude fiscal de 7.400 millones.
4.- Anular la reforma fiscal de 2012, redujo los ingresos fiscales en de 12.400 (entre el 2015 y 2016)
5. Dentro del propio sistema sanitario podrían realizarse considerables ahorros racionalizando la política farmacéutica y mejorando la utilización de recursos tecnológicos.
2.- Algunas medidas:
o   Incrementar el Impuesto de Sociedades a las grandes empresas que tienen un  tipo efectivo del 6,9%, frente al tipo efectivo medio del 21,3% (en los últimos años este impuesto se ha reducido un 60%).,
o   Incrementar y recuperar los Impuestos de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, cuyos recortes benefician  solo a las grandes capitales.
o   Incrementar la  vigilancia de grandes fortunas, que son las potenciales defraudadoras junto a las grandes empresas.
o   Incrementar la dotación de personal de la Agencia Tributaria
o   Recuperar la parte pendiente de cobrar por Hacienda de los beneficiarios de la amnistía fiscal, 2.800 millones
o   Replantear la fiscalidad medioambiental
o   Eliminar duplicidades en las administraciones
o   Incrementar el gravamen a bancos y entidades financieras del 30 al 40%  (1.160 millones de euros anuales)
o   Poner en marcha la recomendación de Gestha de acometer una reforma fiscal integral del sistema tributario español.