Francisco González de Tena, artículo publicado en nueva tribuna el 13 octubre 2013.
Está claro que este Proyecto de
PGE, en su redacción actual, vulnera de forma
clara principios fundamentales de la vigente Constitución.
Hay que confiar que nuestros mecanismos participativos
sindicales y políticos pueda reconducir este
panorama ruinoso a un terreno social y políticamente normalizado
Es lamentable que se tenga que recurrir a un término que pensábamos ya superado, el de la
caverna para identificar el núcleo duro que maneja los hilos
que han cristalizado en la ruina colectiva de millones de víctimas financieras. Se equivocan, o mejor intentan
confundir a la opinión pública, quienes se empeñan en culpabilizarnos por “haber vivido por encima de nuestras posibilidades”, o apelar a una “herencia envenenada” cuando para herencia en realidad insoportable la que dejarán durante generaciones estas marionetas del poder. Con la
perspicacia que aporta la larga experiencia política
y las ideas claras, tenemos que volver como hace Julio Anguita al plano del
marco legal que tan a menudo esgrimen quienes no lo cumplen en absoluto, la
Constitución de 1978. Lo que sigue es un
retorno al espíritu de ese marco legal que, al
fin y al cabo, solo reproduce parcialmente principios básicos de Macroeconomía que los máximos responsables de aplicar desde el Gobierno se empeñan en ignorar, a pesar de que se escuden en una pretendida
especialización académica cada día más pisoteada por estos impresentables ministros de la cosa.
Artículo 10
1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que
le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley
y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.
2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a
las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos
internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.
Causa sonrojo ajeno comprobar cómo en aspectos esenciales, como es esta idea de la dignidad
de la persona y la apelación significativa a la Declaración Universal de los Derechos Humanos es hoy poco más que humo para los bien pagados representantes de lo Público en España. Desde luego la política Social y Económica que está arbitrando este Gobierno vulnera de forma grosera estos
principios constitucionales. ¿Es respeto a la dignidad de la
persona el dejar sin fondos asistenciales a los más
desfavorecidos, disminuidos, o a las familias expulsadas del mercado laboral, o
condenadas a la mendicidad?
Estamos ante una situación
equívoca que no tiene solución, a pesar de que el Gobierno en pleno asegura
continuamente que estos Presupuestos del 2014 son los de la reactivación económica.
Un ejemplo nos pondrá delante del espejo. Suponemos
que España es una granja en la que ha
existido un cambio del titular, asegurando el nuevo dueño que va a aumentar la productividad lechera de las vacas,
y que al tiempo va a ahorrar ingentes cantidades de dinero en pienso. Para
cumplir su promesa cada día detrae una parte del pienso
con el que se alimentan las vacas, pretendiendo que, al mismo tiempo aumente la
producción lechera y la calidad de la
misma. No hace falta haber estudiado en Oxford para adivinar que al final de un
corto período de tiempo el granjero
intentará ordeñar a las vacas cuando hayan fallecido de inanición.
Parece razonable exigir a los productores de bienes y
servicios, que precisamente obtienen sus ganancias de vender esos productos a
una población determinada, reviertan una
parte de esos beneficios en mantener el nivel económico de esos consumidores para que sus ventas, al menos, se
mantengan. Los impuestos sobre las ganancias persiguen precisamente esa
redistribución para mantener el flujo del
capital circulante en la economía real. Pero si una parte muy
importante de los beneficios se desvían hacia la especulación financiera e inmaterial, el empobrecimiento progresivo de
los consumidores hará resentirse inevitablemente el
consumo, los impuestos y la recaudación inherente al consumo. Si a
eso unimos una Reforma Laboral leonina, que permite el despido libre, la
reducción brutal de los salarios
reales, la disminución progresiva de la recaudación para la Seguridad Social y le unimos un brutal fraude
fiscal por parte de las grandes fortunas y capitalistas especulativos sin
control, la receta no se puede presentar como éxito
en absoluto salvo que consideren imbéciles a los ciudadanos.
En estos momentos las bolsas de fraude a la Seguridad
Social se hacen con total impunidad, incluso cotizando una hora al día (por si por descuido se presenta un inspector despistado)
en trabajadores contratados a tiempo parcial, aunque trabajando en jornadas
incluso superiores a las normales. En este panorama el sostenimiento de las
pensiones es imposible y ha permitido el latrocinio del Fondo de Garantía de las Pensiones para atender otras obligaciones
financieras del Estado.
Esto es lo que dice literalmente la vigente Constitución en ese aspecto.
Artículo 31
1. Todos contribuirán al sostenimiento de los
gastos públicos de acuerdo con su
capacidad económica mediante un sistema
tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que,
en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.
2. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación
y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía.
De un repaso somero del Proyecto de los Presupuestos
Generales del Estado se deducen varias graves discordancias. Aquí, para los fines propuestos, solo se cristalizarán en preguntas que deberían
ser contestadas por los parlamentarios que apoyen este Proyecto.
¿Puede el Gobierno acreditar de
forma creíble que ese 1%, que detenta el
98’80 % de la Renta Nacional, va
a aportar la parte que le corresponde en justicia “mediante un sistema tributario justo, inspirado en los
principios de igualdad y progresividad, al sostenimiento de las Finanzas Públicas?
¿Es equitativo y justo que las
SICAVs coticen el 1%, cuando lo hacen, mientras un trabajador ve gravadas sus
rentas del trabajo casi 25 veces más en algunos casos? Las mafias
de las finanzas, mal llamadas mercados, han hecho realidad la premonición doble de Marx, que el capitalismo lleva en sus genes su
propia ruina (y la de una humanidad consumista) y que el gran chantaje es ese “ejército laboral de reserva”, los parados dispuestos a aceptar cualquier trabajo
esclavo con un salario de hambre, sea una realidad.
¿Es justo y equitativo que la Iglesia Católica (su jerarquía) recibiera 11.000 millones
de euros, libres de impuestos, mientras a los jubilados se nos impone un ridículo incremento del 0’25% para la eternidad,
mientras las patatas suben el 44% y se sacan del IPC los incrementos de
electricidad, del transporte o carburantes?
Es una máxima en un estado de derecho,
para garantizar la seguridad jurídica, que los contratos
obligan a ambas partes cuando son suscritos de buena fe;la premisa conocida
como “buena fe contractual” y que, entre otras cosas, obliga a que sus cláusulas no pueden ser modificadas por una de las partes. Ese
condicionante está reforzado en el caso de los
contratos de seguros. Todo el que empezó su vida laboral cuando estas
condiciones eran la base del tráfico contractual convencional
suscribió con el Estado un seguro que
obligaba a que al trabajador se le detraía de forma automática de su salario una cuota obligatoria para mantener
vigente ese contrato, tanto en sus aspectos sanitarios vitalicios como para
garantizar su futura pensión. La cuantía de esa pensión era reconocida formalmente
en el momento de pasar a clase pasiva, con el compromiso vinculante se
revalorizar anualmente en función del IPC del ejercicio anterior,
lo que quiere decir que eran incrementos de costes ya soportados por los
jubilados y que quedan de esta forma, en aplicación
de ese pacto explícito y literal, incorporados a
la nueva base de la pensión.
Ahora este Gobierno, con prepotencia absolutista, modifica
unilateralmente ese contrato se seguros vitalicios, pensiones y enfermedad,
despreciando la opinión de la otra parte
contratante, es decir los asegurados tanto pensionistas como enfermos, incluso
los crónicos que en muchos coinciden.
Veamos cómo se garantizan estos
derechos en nuestra Constitución.
Artículo 50
Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y
con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales
que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio.
Está claro que este Proyecto de
PGE, en su redacción actual, vulnera de forma
clara principios fundamentales de la vigente Constitución. Está claro que, de imponerse el
rodillo del PP para sacar adelante estos Presupuestos, estaríamos abocados políticamente a su denuncia por
inconstitucionales, lo que pondría al actual Gobierno del PP
frente a su peor alternativa.
EL OLVIDADO, POR RUINA PROVOCADA, CAPITAL HUMANO
Cuando hacíamos nuestras primeras
incursiones en Economía Política, se ponía especial énfasis en que el factor fundamental en la cadena productiva
era el Capital Humano, que junto con el Capital Financiero-Empresarial,
constituía la base imprescindible para
la productividad. Sin un fuerte capital humano, cualificado y constantemente
actualizado en sus conocimientos y técnicas, se consideraba que no
era posible hablar de productividad de la economía
real, la de producción y dinamización de la riqueza de un país.
Embobados con el falso señuelo de la Economía Financiera, que especula con humo (y como tal se
volatiliza a capricho de los grandes manipuladores de los mercados, esencialmente
de los inmateriales) se han despreciado las bases de la economía real, la que inyecta capital sustantivo a la sociedad.
Los departamentos empresariales de Recursos Humanos son un mero adorno, en los
que priman más las componendas imaginativas
y los enchufes que la valoración acreditable de unos
Recursos, los Humanos, que parece que han perdido su valor como armazón real de las empresas y han pasado de ser “valores intangibles”, pero esenciales, a
considerarse “valores inmateriales”, y por tanto invisibles a todos los efectos. Deriva
suicida.
¿Cómo se puede hablar en serio de competitividad, incluso como
recurso último de una exportación de calidad competitiva en los mercados, cuando el capital
que la hace posible, el capital humano, es degradado hasta niveles de pura
supervivencia y los trabajadores pasan de acumular un valor cualificado (que se
traducirá en un producto de valor añadido) a ser simples números intercambiables de valor
residual? ¿Cómo sepuede tener la osadía
de apelar a incrementos fantasmales de salarios que, en realidad, están siendo reducidos a su mínima
expresión con la absurda falacia de
que así, por la vía de la degradación salarial (le llaman “contención”, cuando de lo que hay que contenerse es de no mandar a la
mierda a estos fantoches) se va a llegar a un futuro desahogado, que solo los
embaucadores están avizorando en un horizonte
de cincuenta años? En una reducción real de los salarios del 4% y un incremento del coste de
la cesta de la compra de los productos básicos (no de caviar ni de
yates) que supera con mucho el 10% ¿cómo se le puede aplaudir a un ridículo ministro que se permite hablar de “moderado incremento salarial”
cuando se está preparando otras vueltas de
tornillo para depreciar las pensiones (después
de vaciar la caja del Fondo de Reserva para esos fines) y la destrucción intencionada de industrias enteras generadoras de
riqueza, cultural y real?
Hay conceptos, como el de empresa, que implica a
trabajadores con una sólida cualificación, empatía con su empresa (de la que se
sienten parte sustancial) a cuyo lado el papel del empresario es el de un mero
gestor, muchas veces un especulador coyuntural poco o nada interesado en la
conservación de esa actividad que, por el
contrario, es vital para un capital humano del que en realidad desconoce
incluso en su potencial.
Hay que confiar que nuestros mecanismos participativos
sindicales y políticos pueda reconducir este
panorama ruinoso a un terreno social y políticamente normalizado.
Y una apelación final a quien ha defraudado
completamente a los votos recibidos en base a unas falsas promesas no solo
incumplidas sino giradas negativamente en redondo:
Señor presidente del Gobierno de
España, usted juró, en su toma de posesión todo lo solemnemente que
pudo y supo cumplir y hacer cumplir la Constitución.
Uno de los principios fundamentales de esa Constitución implica respetar la dignidad de los ciudadanos; ¿es digno el trato que los trabajadores, las amas de casa,
los consumidores, los contribuyentes, los asalariados, la Cultura, la Docencia,
los pacientes y, salvo las clases privilegiadas, están recibiendo? ¿Está siendo el Estado, del que
ustedes son ahora los ejecutivos (parece que en realidad son los
ejecutores/liquidadores del Estado de
derechos sociales que esa Constitución consagra) un eficiente
redistribuidor de las rentas disponibles, tal como consagra también esta Constitución que solo usan como ariete
contra los que no secundan sus políticas reactivas/liberales? El
incremento, por otro lado ridículo, del empleo precario y
esclavo a salarios de hambre ¿es todo lo que su maldita
Reforma Laboral ofrece? Con los datos reales en la mano su estrategia lo único que ha traído a este país es más pobreza y un incremento
brutal de la brecha entre el 1% más rico y el 99% de la ciudadanía, que además es la que está soportando el saneamiento de la banca a coste cero para
los privilegiados, los rentistas y los fondos buitre internacionales. Usted ha
elevado la Deuda Pública española desde el 56% al 100% actual. Ese es su verdadero legado
insoportable para el futuro inmediato. Y desvalijar de forma impune el Fondo de
Garantía de las Pensiones sin dar
ningún tipo de explicación convincente.
Sí, señor presidente, en España hay dinero a pesar de sus
lamentaciones y las de sus plañideras oficiales, pero está en las manos equivocadas.
Si usted, sus ministros y esa mayoría de comparsas que le acompañan
en el Congreso, no son capaces de afrontar con la dignidad propia que esta
Constitución consagra, tiene la obligación urgente de disolver las Cámaras
y convocar de inmediato elecciones generales. El pueblo no soporta ni un día más su inutilidad para resolver
los problemas urgentes de la ciudadanía. Y, por favor, no vuelva a
cometer la torpeza de creer que una mayoría de los ciudadanos somos
ingenuos; en este pueblo sabio hay más inteligencia de la que se
imagina y de la que sus asesores le convencen con encuestas, que señalan a una mayoría dócil dispuestos a otorgarle una confianza que en absoluto
merecen, como demuestran a diario. Por encima de los sobres y los números hay personas con inteligencia y ética, mucha más de la que las proyecciones
parecen señalar.
