312.135 asalariados menos con la reforma laboral de
Rajoy, ¿de qué recuperación hablan?
El
balance de cuatro años de reforma laboral es que hay menos personas
afiliadas, más personas a tiempo parcial y con contratos temporales y
un aumento de la precariedad.
Con los datos publicados del mes de marzo se puede analizar el primer trimestre, un avance de lo que dirá la EPA. El resultado que ofrece es diferente a la realidad que se nos vende: no ha habido recuperación porque el número de afiliados al Régimen General es inferior al existente en el primer trimestre de 2011: hay 312.135 personas afiliadas menos en el promedio de los tres meses.
Además, el
número de trabajadores con contrato indefinido se reduce un 4,7% y los
temporales aumentan un 1,8%. Con ello, la tasa de precariedad aumenta en
1,5 puntos hasta alcanzar el 37,4%. Sobre la tasa de precariedad hay que
tener en cuenta que los datos son de afiliados al Régimen General, por lo que
no se encuentran los funcionarios públicos encuadrados en Muface. Si
estuvieran, la tasa se aproximaría a la establecida en la EPA. Hay menos
trabajadores, con mucho menos tiempo de trabajo y más precarios: ¿de qué
recuperación se habla?
La
estrategia del PP parece que está dando resultado: no se pone en cuestión la
recuperación, porque la destrucción de empleo que hicieron fue brutal y ahora
hay más empleo. En 2013, con la reforma laboral actuando a todo gas, había
1,2 millones menos. Ahora la pérdida solamente es la cuarta parte y nos lo
venden como si hubiera más asalariados que antes de la reforma laboral, pero no
los hay.
Si la
reforma ha aumentado la parcialidad y la precariedad, también ha modificado la
estructura de edades del mercado de trabajo, expulsando a los de menor edad. Mientras
hay 817 mil personas menos con edad inferior a 45 años, las mayores de esa edad
han aumentado en 518 mil.
Los
jóvenes menores de 30 años han disminuido un 18%. Junto a esa fuerte
disminución, se ha producido un grave aumento de la precariedad y parcialidad.
Ambas tasas han aumentado en 12 puntos. Los jóvenes con contratos para la
formación han experimentado un aumento del 127%. Este aumento se debe a lo
extremadamente precario que ha quedado este tipo de contrato, a la posibilidad
de su utilización reiterada y a su bajo coste de Seguridad Social. No es raro
recibir ofertas de trabajo en la Oficina de empleo en la que se requieren
“aprendices con doce meses de experiencia” para camareros. Pero más que un
aumento es un reemplazo. Se han substituido 622 afiliaciones a tiempo
completo por 117 mil en formación.
Las
personas entre 30 y 44 años han visto cómo se eliminaban 374 mil empleos, un
6,1% de los existentes en 2011, todos ellos indefinidos a tiempo completo. Por
su parte, las personas mayores de 45 años aumentaban en algo más de medio
millón.
El
balance de cuatro años de reforma laboral es que hay menos personas afiliadas
al Régimen General, 312 mil menos, más personas a tiempo parcial, más personas
con contratos temporales y un aumento de la precariedad. Además nos encontramos
con un mercado de trabajo más viejo que ha expulsado a 817 personas de menos de
45 años.
El
segundo pie de la reforma laboral era el recorte de prestaciones. Por un lado
se permitía arrojar al paro a miles de trabajadores con una indemnización
irrisoria, sin el arbitraje de la autoridad laboral o judicial, y por el otro,
se le recortaban las prestaciones. El resultado no podía ser otro que el que se
pretendía: una brutal bajada de salarios.
Los datos
anuales de 2016 se han obtenido proyectando el número de beneficiarios y el
gasto de los dos primeros meses teniendo en cuenta lo ocurrido en 2015. Si
utilizamos la misma manera de proyección en 2015, la diferencia sobre lo
ocurrido es un 1,1% en el gasto y un 4,7% en el número de beneficiarios.
RECORTE EN
PRESTACIONES
El
gobierno del PP ha recortado el gasto en prestaciones en más de 25 mil millones
de euros en relación con el realizado en 2011. Para valorar este recorte en su justa
medida, es preciso tener en cuenta que la cifra de parados EPA hasta 2015 ha
sido muy superior a la de 2011. El año pasado la media de parados fue de 43 mil
personas más y en el conjunto de los cuatro años ha habido 2,5 millones de
parados más.
En 2016
continúa el recorte y es previsible que, si se continúa con la normativa
actual, el gasto sea cerca de doce mil millones menos que en 2011. En los dos
meses de los que hay datos, ya es inferior en unos dos mil millones de euros.
Este menor gasto va acompañado de una reducción del número de beneficiarios. Si
en los dos primeros meses de 2011 se abonaron algo más de seis millones de
nóminas, en 2016 han sido 1,8 millones menos. La reducción ha sido de un 29% en
el número de beneficiarios y de un 36% en el gasto realizado.
Si
comparamos el gasto con el presupuesto del SEPE, en los dos últimos años han
quedado sin gastar más de diez mil millones de euros. En 2016 serán cerca de
dos mil. Además de la enorme injusticia que supone este hecho y que la tasa de
protección por paro en 2015 haya sido inferior al 30%, el 28,3%, se pueden
hacer unas consideraciones en relación a las últimas bravuconadas del ministro
Montoro.
Del gasto
social que tiene el gobierno del Estado, salvo las pensiones, el que requiere
un mayor volumen de recursos son las prestaciones por desempleo. Es el SEPE quien tiene la
competencia y, por lo tanto, la obligación de proporcionar la protección a los
parados, tal y como le mandata el artículo 41 de la Constitución. Si el SEPE
incumple sus obligaciones, las personas no protegidas por él, en su totalidad o
en una parte, deberán ser atendidas por las rentas sociales de las comunidades
autónomas. El señor Montoro se ufana de no incumplir el déficit que tenía
asignado el Estado y, por ello, recortó el gasto previsto en prestaciones, los
cinco mil millones que quedaron sin gastar, además de los del Programa de
activación. Si se hubieran gastado, el déficit del Estado habría aumentado en
más de medio punto. ¿No tenían otro sitio en donde recortar el gasto?
Las
comunidades se ven obligadas a asumir unas competencias que no son suyas y para
las que no tienen financiación, la contingencia a proteger es el desempleo y
hay que decir una vez más que es estatal. Emplean recursos que no tienen e
incumplen el déficit. Pese a que se carece de datos para poder estimar qué
parte del aumento del déficit de las comunidades se debe a este motivo, es
obvio que al ser un gasto que están realizando sin financiación, es puro
déficit.
Conociendo
esta situación, resulta totalmente indignante ver la expresión cínica del
ministro Montoro sacando pecho por lo bien que lo ha hecho el Gobierno y
“regañando” a las comunidades autónomas que han tenido que invertir, aumentando
su déficit, por la dejación de funciones del Estado.
Pero lo
más importante, más que el déficit, que el señor Montoro, que el Gobierno y que
las comunidades autónomas, es el hecho de que en 2015 haya habido 3.622.392
personas paradas que no perciban prestaciones por desempleo de las que
2.363.062 sean de larga duración que no tienen ninguna cobertura.
Esta
situación de forma inmediata solamente se palia extendiendo la protección del
subsidio a las personas paradas con cargas familiares, a los mayores de 45
años, a las mujeres víctimas de violencia y a las personas con discapacidad. Es
una modificación que operativamente puede asumir el propio SEPE con solo algún
refuerzo de plantilla. Supone una modificación simple de la Ley General de la
Seguridad Social que no requiere ningún procedimiento adicional. Una vez que
esté aprobada, será el momento de definir lo que algunos llaman salario mínimo
vital o renta mínima. Habrá que poner en marcha el procedimiento de aprobación
de cada expediente, organizar y dotar a los órganos que la gestionen, etc.
Mientras tanto, las personas paradas no pueden continuar sin ingresos. La propuesta
de ampliación del subsidio es una salida inmediata a la fecha de su publicación
en el BOE que no requiere demora alguna. La mayoría del Congreso tiene
capacidad de hacerlo, solo precisa de su voluntad política. ¿La habrá?
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