En el discurso dominante de las
instituciones de gobernanza de la Unión Europea, tales como el Consejo Europeo,
la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Eurogrupo, así como en la
gran mayoría de gobiernos de los países de la Eurozona, se asume que el euro ha
sido bueno para sus economías, estando mejor con él que sin él. Los testarudos
datos, sin embargo, no siempre avalan esta visión. Si miramos la tasa anual de
crecimiento económico (durante los 12 meses que terminaron en junio de 2016) de
los países de la Unión Europea que tienen el euro como su moneda, podemos ver
que la gran mayoría de ellos (13 de 18) crecieron por debajo de un 2%, mientras
que la gran mayoría de los países de la UE que no pertenecían al euro tuvieron
un crecimiento mucho mayor. Solo 3 de un total de 10 países (incluyendo el
Reino Unido) de la UE que no tienen euro tuvieron una tasa de crecimiento
económico anual inferior al 2%. Como bien señala Joseph Stiglitz en su libro El
Euro. Como la moneda común amenaza el futuro de Europa (2016), no puede
desecharse la observación de que la existencia de tal moneda haya sido una de
las causas de que el crecimiento económico haya sido, dentro de la UE, menor en
la Eurozona que fuera de ella.
¿Es el euro o la manera como este
se estableció el responsable del decrecimiento?
Ahora bien, puede también
argumentarse, como hace John Weeks en la revista Social Europe (22.09.16), que
no es el euro el que es responsable del menor crecimiento económico, sino las
normas que se utilizaron para establecerlo, dentro de las cuales, las políticas
fiscales han sido las mayores culpables de tal enlentecimiento. La reducción
del déficit y la deuda públicos como elemento esencial (supuestamente para
tranquilizar a los mercados financieros) de tales políticas (escritas en piedra
en la Constitución Española por el socialista Zapatero y el conservador
neoliberal Rajoy) ha jugado un papel clave en determinar este enlentecimiento.
En realidad, y tal como algunos hemos estado enfatizando (ver mi libro Ataque a
la democracia y al bienestar. Crítica al pensamiento económico dominante.
Anagrama, 2015), estas políticas de austeridad (se mire como se mire) han sido
sumamente negativas tanto para el bienestar de la población como para la
recuperación económico de los países que han aplicado tales políticas (que son la
mayoría de los países de la UE).
Debería añadirse a esta causa
otra igualmente importante que John Weeks no menciona, y es la disminución
salarial, que junto con las políticas de austeridad que han recortado el gasto
público, han creado un problema gravísimo de falta de demanda doméstica, una de
las mayores causas de la Gran Recesión. Es importante señalar que estas
políticas de austeridad (que han causado un enorme daño al bienestar de las
clases populares de los países de la Eurozona) han tenido un impacto muy menor
en conseguir su objetivo de reducir los déficits públicos. En realidad, de los
27 países de la UE, 23 continúan teniendo déficit público, y 6 de ellos por
encima del 3% del PIB, lo que contraviene las exigencias del Tratado de
Maastricht. De los 420 millones de personas que viven en la UE (si omitimos
Alemania), 407 viven en países con déficits públicos. Y los países de la
Eurozona tienen, como promedio, déficits públicos mayores que los países que no
están en la Eurozona. El mayor crecimiento económico en los países de la
no-Eurozona ha permitido reducir el déficit público (al aumentar los ingresos
al Estado), lo cual no ha ocurrido en los países de la Eurozona, pues han
tenido un bajo crecimiento económico (estimulado por la reducción de la demanda,
resultado de las políticas de austeridad y bajada de salarios).
En estos países de la Eurozona se
ha establecido así un círculo vicioso en el que los recortes de gasto público y
la bajada de los salarios están empeorando la situación, dificultando la
reducción del déficit (y de la deuda pública). España ha sido un claro ejemplo
de ello. La economía ha permanecido estancada en una recesión muy larga
(causada por los recortes y las bajadas salariales), interrumpida ligeramente
por factores externos a la intervención del Estado, que son coyunturales y
temporales, como la bajada del petróleo y el abaratamiento del euro como
resultado de las políticas del BCE de imprimir euros masivamente.
No es cierto que se esté
intentando estimular la economía europea
Otra de las falsedades que el
establishment europeo está promoviendo es que ya se están estimulando las
economías a través del Plan Juncker (presidente de la Comisión Europea),
afirmación que se hace (con gran resonancia en los medios) con gran contundencia
por parte de los dirigentes de tal establishment. El famoso EU Infrastructure
Investment Plan (Plan de Inversiones en Infraestructuras), que se inició en
2014 y está programado hasta el año 2022, es, sin embargo, totalmente
insuficiente, tanto en su cantidad como en su composición. De desarrollarse
según las cantidades programadas (lo cual ya es en sí incierto, pues los fondos
incluyen dinero privado todavía no comprometido), el total significaría un
gasto de 30.000 millones de euros, que es una cantidad muy inferior a la que ya
se gasta en inversión pública el gobierno alemán (que es de los que invierten
menos en infraestructuras en la Eurozona). Como punto de comparación, la
candidata Clinton está proponiendo invertir, para una población menor que la UE,
más de 270.000 millones de dólares (equivalentes a algo más de 240.000 millones
de euros), y el Sr. Trump el doble (ver mi artículo “El Banco Central Europeo
cambia algunas de sus propuestas neoliberales sin excusarse por el daño que han
causado”, Público, 06.10.16).
No son los países periféricos de
la Eurozona (mal llamados PIGS), sino los Estados centrales liderados por
Alemania los que merecen ser sancionados
Estamos viendo hoy, una vez más,
cómo el establishment europeo está amenazando de sancionar a España por tener
un déficit público por encima de lo tolerado. Y ello responde a una política
que ya se ha mostrado errónea y profundamente dañina, y que enlentece el
crecimiento económico de España. En cambio, no se penaliza a los gobiernos
cuyas políticas públicas están dañando el crecimiento económico de todos los
demás países de la UE. Me estoy refiriendo al excesivo saldo positivo de la
balanza de pagos del gobierno alemán, que tiene un enorme impacto negativo en
el crecimiento económico de la UE. Me explico.
El canciller socialdemócrata del
gobierno alemán, el Sr. Schröder, estableció como prioridad para su país dar
una máxima preferencia al sector exportador (por el cual está ahora trabajando
en su vida privada), a costa de limitar y desfavorecer la demanda doméstica,
estableciendo las reformas de la Agenda 2010 que redujeron los salarios. Su
Ministro de Finanzas, Oskar Lafontaine, se opuso y dejó el Partido
Socialdemócrata para establecer el partido La Izquierda, Die Linke. Estas
medidas deterioraron el mercado de trabajo alemán y de todos los países de la
Eurozona, pues todos ellos tuvieron que competir con Alemania haciendo lo
mismo: reduciendo los salarios y la demanda doméstica para prioriza el sector
exportador, que hoy rige la Eurozona.
Hay que ser conscientes, pues, de
que los excesivos saldos positivos comerciales determinan los saldos negativos
de los otros países. De ahí que se considere que, de la misma manera que el
Tratado de Maastricht exigía que los déficits públicos no llegaran a ser más del
3% del PIB, se deba establecer que el saldo positivo exterior no pueda ser
mayor que el 6%. Pues bien, hay seis países, liderados por Alemania, que tienen
un saldo mayor que tal porcentaje, sin que hayan sido penalizados. ¿Por qué?
Pues porque el gobierno alemán tiene excesivo poder en la UE. Y quiere
penalizar a España, imponiendo medidas (que el gobierno Rajoy aplicará con todo
entusiasmo, pues es lo que le gustaría hacer incluso sin que hubiera el euro)
que harán un daño enorme a las clases populares de España, a fin, en teoría, de
mejorar la competitividad del país, bajando los salarios y el gasto público,
tal como ha ocurrido en Alemania a costa del bienestar de sus clases populares.
Lo que se requiere en la Eurozona es una alianza de las clases populares de los
distintos países frente a la alianza ya existente de las clases dominantes de
cada país.
Para ello se requiere un cambio
radical de las normas que guían la gobernanza del euro, con el establecimiento
de políticas fiscales de sentido opuesto al realizado, y el desarrollo todavía
inexistente de la Europa Social. Lo que no puede aceptarse ni tolerarse es la
continuación del austericidio actual, que significa el ataque más frontal
conocido durante la época democrática al bienestar de las poblaciones en este
continente. El euro actual debe cambiarse, tanto en su gobernanza como en su
desarrollo, complementándose con una política social y fiscal hoy inexistente a
nivel de la Unión Europea y de la Eurozona. Lo que no puede tolerarse es que la
situación continúe tal como está. El coste humano y económico para la calidad
de vida y el bienestar de las clases populares es excesivo e inaceptable. Así
de claro.
No hay comentarios:
Publicar un comentario