Las finanzas que vienen

Hay diferentes movimientos que buscan alternativas al sistema que nos llevó al caos

 

Artículo de Miguel Ángel García Vega publicado en El País con fecha 8 sept. 2013.

 

Poco a poco, empieza a conocerse el precio del desastre. Entre 2008 y 2010 se perdieron en Estados Unidos al menos 2,6 billones de dólares de la riqueza del país, desaparecieron 19,2 billones de los ingresos de los hogares y se esfumaron cerca de 9 millones de empleos. En Europa, las cifras andan parecidos caminos. ¿Podemos confiar en que el mismo sistema financiero que generó el problema lo resuelva? ¿Utilizar idénticas herramientas? ¿Creer en las mismas finanzas?

Parece difícil profesar tanta fe. “El sistema capitalista actual es frágil y está financializado. Cada vez más y más préstamos e inversiones se dirigen a activos no productivos. Son apuestas sobre derivados, materias primas o divisas. Ninguno genera trabajo ni valor social”, advierte Josh Ryan-Collins, investigador senior en New Economics Foundation (NEF). Y puntualiza: “Solo crean incertidumbre”. Al igual que la genera saber que únicamente el 3% de todas las divisas que circulan en el mundo “existe” en la realidad.

Con este paisaje de fondo se entiende la urgencia del cambio. “Necesitamos un sistema financiero más pequeño, con una banca más sencilla y donde el mercado de derivados tenga un tamaño reducido. Porque si en vez de menguar el sistema sigue creciendo tendremos más crisis”, señala Jesús Palau, profesor de Finanzas de Esade. Da igual. Parece que hacia ella vamos. Gar Alperovit, experto en Política Económica de la Universidad de Maryland, advierte en su libro What Then Must We Do? (Chelsea Green, 2013) que desde el crash los gigantes bancarios estadounidenses en vez de reducir su tamaño lo están aumentando. “Antes de la crisis, los seis mayores bancos del país tenían activos que representaban el 55% del PIB de EE UU. En junio de 2012 ya suponían el 60,1%”, dice Alperovit.

Todas las propuestas tienen en común la vuelta a lo próximo

Preocupada por el lugar hacia el que vamos, una parte creciente de la sociedad reclama unas finanzas distintas. Porque hay otros senderos. El banco sueco JAK lleva 40 años operando sin intereses y crece a un 12% anual. Otra entidad financiera diferente es BankSimple. Este banco estadounidense, que no tiene oficinas físicas, acaba de cumplir un año y ya maneja 1.000 millones de dólares en transacciones. Su modelo pivota sobre una operativa fácil. El cliente recibe una tarjeta de débito Visa con la que puede hacer operaciones online y a través de aplicaciones para los sistemas Android o iOS. Además, no aplica comisiones por mantenimiento o por descubiertos. El negocio de Simple procede de los intereses que recibe de los depósitos de los clientes. “Estamos intentando construir algo nuevo e innovador dentro de una industria fuertemente regulada y reticente al cambio”, reflexiona un portavoz de BankSimple.

Sin embargo, el sector tiene que cambiar con celeridad porque las predicciones apuntan hacia lo oscuro. “Habrá otra crisis financiera a la vuelta de la esquina, ya que no se han resuelto ninguna de las cuestiones que la originaron”, apunta Mark Mobius, presidente de la gestora de fondos Templeton. Y Nouriel Roubini, el economista que predijo el crash, asevera: “Nada ha cambiado, vamos a tener un par de crisis financieras en los próximos diez años”.

Sobre estos augurios, las monedas complementarias (divisas locales que conviven con la oficial) están expandiéndose con fuerza por todo el mundo como respuesta a la incertidumbre. Ahí está el WIR (significa “nosotros”), creada en Suiza en 1934, y que hoy utilizan más de 60.000 empresas de este país. O el éxito del Brixton, una libra que solo se emplea en el barrio homónimo londinense y que ha revitalizado el consumo y el pequeño comercio. Hay más casos. La ciudad de Nantes acaba de crear el sonante y en Nápoles conviven el euro y el napo.

Este tipo de monedas son “una respuesta a la enorme falta de liquidez que existe en el sistema”, narra Celia de Anca, profesora del Instituto de Empresa (IE). Como afirma Leander Bindewald, experto en monedas complementarias, estas nuevas divisas “pueden ayudar a crear una economía real”. Al fin y al cabo, “la barra libre de la financiación se ha agotado y cada vez resulta más importante evaluar sistemas alternativos”, observa Beltrán Romero, director de Transaction Services de KPMG. Por su parte, el economista José Carlos Díez asegura que en “el futuro, el dinero será con toda seguridad virtual”.

Si todas estas propuestas tienen algo en común es la vuelta a lo próximo. “El retorno a lo local es una reacción psicológica frente a todo lo que vivimos. Es temporal. La clave radica en que esa localización no encierre a unas comunidades frente a otras. No cree espacios de autarquía”, avisa Celia de Anca.

 

Algunas ciudades tienen monedas que conviven con las oficiales

Burnley Savings and Loans es una imagen reflejada en el espejo de este pensamiento. Fundada en 2011 en Lancashire (Inglaterra) por David Fischwick ofrece un 5% de interés en las cuentas corrientes y da préstamos a los comerciantes locales sin recurrir al restrictivo credit scoring. Todos los lunes por la mañana, el propio Fischwick se reúne con quienes solicitan un préstamo y lo concede, o no, en función, dice, “del sentido común”. Burnley sirve a su comunidad. Incluso los beneficios (tras descontar los gastos generales) se destinan a la caridad.

Un modelo nuevo, ¿para un mundo financiero distinto? Sí y no. “Hay que terminar con algunos mitos. En banca no resulta factible la desintermediación total [relación sin peajes entre prestatario y tomador], porque la regulación es muy estricta y las barreras de entrada continúan existiendo”, describe Álvaro Martín, socio de Analistas Financieros Internacionales (AFI). El problema es que muchas de estas experiencias bancarias alternativas se basan en una tecnología puntera que, si se demuestra eficaz, acaba integrándose en las entidades tradicionales, por “lo que será difícil que haya una disrupción muy fuerte”, avisa Álvaro Martín. Dos ejemplos. El mes pasado BBVA entraba en el capital de SumUp, una startup especializada en pagos con tarjeta de crédito a través del teléfono móvil. Y el Santander ha destinado cinco millones de euros a iZettle, que comercializa una tecnología que permite utilizar las tabletas y los teléfonos inteligentes como si fueran un terminal punto de venta (TPV).

Otras propuestas combinan microfinanciación de proyectos (crowd finance), inversores particulares que financian a emprendedores (business angeles) y también el recurso a movimientos como Slow Money (canaliza pequeñas aportaciones de dinero a iniciativas de agricultura sostenible). Es evidente que necesitamos unas finanzas nuevas, pero ¿serán estas? Joan Antoni Melé, subdirector general de Triodos Bank, un banco que lleva el apellido de ético, cree que sí. “Este movimiento es irreversible. Vamos a provocar un cambio en el sistema financiero. Hay una demanda mayoritaria. Esta es mi convicción; y no soy ingenuo, que soy banquero”, zanja.

 

La vía islámica del dinero

La ley islámica o Sharia prohíbe crear dinero sobre dinero. También la usura (Riba), o el pago y cobro de intereses. Estos son los preceptos básicos de las finanzas islámicas.

 Una forma distinta de entender la economía y de relacionarse con el mundo financiero. Sobre todo si desterramos interpretaciones equivocadas. Las finanzas islámicas no es el sistema financiero usado en los países árabes. Excepto en Irán, Pakistán y Sudán, la mayoría del mundo musulmán emplea un método convencional. Sin embargo, en las naciones del Golfo Pérsico y Malasia hay una creciente industria de este tipo de finanzas que opera en paralelo al mercado clásico. Se estima que la banca islámica representa un 2% (680.000 millones de euros) del total de los activos mundiales, y entre 2006 y 2010 creció el 23,46%. Es más, “solo una fracción de la liquidez potencial está invertida en productos islámicos, lo que ofrece grandes perspectivas de crecimiento”, prevé Celia de Anca, profesora de finanzas islámicas del Instituto de Empresa.

LA ECONOMIA, EL CAPITALISMO Y LA GUERRA

publicado en blog Juan Torres López, el 5 septiembre 2013

“No podemos construir un automóvil decente, ni un televisor… ya no tenemos siderúrgicas, no podemos otorgar servicios de salud a nuestros ancianos, pero eso sí, podemos bombardear tu país hasta hacerlo mierda, especialmente si tu país está lleno de morenos…”. George Carlin

Mucha gente identifica el capitalismo con la existencia de los mercados e incluso de las empresas pero eso es un grave error. Ambos existieron desde mucho antes que el capitalismo y seguirán existiendo cuando desaparezca, aunque sí es cierto que en cada sistema económico funcionan con características y funciones diversas.

El rasgo distintivo del capitalismo es que, primero, incorporó a la órbita del mercado recursos que antes se utilizaban fuera de él, como el tiempo de trabajo y la tierra. Antes se podía comprar o vender a las personas pero no se adquiría su fuerza de trabajo a cambio de un salario y la tierra se conquistaba o transmitía pero no se intercambiaba en mercados como se hace en el capitalismo. Ese hecho, y el que más adelante se hayan mercantilizado incluso hasta las expresiones más íntimas de la vida humana y social, hacen que el capitalismo se distinga no por haber creado, como a veces se cree erróneamente, la economía de mercado, sino la sociedad de mercado. Y, por tanto, someter la vida social en su conjunto al afán de lucro.

La utilización del trabajo asalariado y de grandes volúmenes de capital (físico y dinerario) en el seno de las empresas permite multiplicar la capacidad de producción y generar una gran acumulación que ha derivado, justo es decirlo, en un progreso innegable. Pero, al mismo tiempo, crea fuertes contradicciones y problemas sociales muy graves.

Aunque pueda parecer un simple juego de palabras lo que ocurre en el capitalismo es que para poder obtener beneficios hay que obtener cada vez más beneficios, lo que lleva a producir sin cesar y a hacerlo con cada vez menos coste. Solo con que no crezca la inversión, incluso aunque no caiga, no solo se estancan los ingresos y los beneficios sino que se reducen multiplicadamente.

Pero para obtener cada vez más beneficios produciendo sin parar es preciso reducir al máximo el coste salarial. Eso provoca muy a menudo la falta de sintonía entre el precio que se querría pagar por el trabajo y la posibilidad de vender todo lo que se pone a la venta. Si los capitalistas fuesen tan numerosos como para comprar la totalidad de lo que producen se podría pagar una miseria a los trabajadores, pero si éstos son los que compran la mayor parte de la producción, como en realidad ocurre, resulta que a medida que se les paga menos es menor la capacidad global de la economía para comprar la producción. Eso quiere decir que, lo quieran o no, cuando los capitalistas se ahorran salario puede ser que alguno gane individualmente más pero que, a nivel general, lo que provocan es que se agote la capacidad general de absorber la producción que entre todos generan. Y de ahí vienen la mayor parte de las crisis que de forma recurrente se vienen produciendo desde que el capitalismo existe.

Para evitar eso los capitalistas tienen que recurrir a diversos remedios (que no voy a comentar aquí) y uno de ellos es lograr que su producción se adquiera por quien no depende del salario para poder comprar, concretamente por el sector público. Es otra paradoja más del capitalismo: los capitalistas rechazan la actividad del  Estado pero solo cuando favorece a otros porque constantemente reclaman al sector público que adquiera la mayor parte posible de su producción o que salve a las empresas cuando su estrategia de ahorrar salario produce una crisis.

Una de esas vías es el gasto militar. Prácticamente todas las grandes empresas mundiales sin excepción tienen una buena parte de su actividad dedicada a suministrar bienes o servicios al Estado y más concretamente a sus ejércitos. Es una forma muy rentable y no dependiente de los salarios de realizar su producción. Y no importa que la producción militar a veces simplemente se vaya almacenando o que destruya recursos cuando se utiliza, porque en el capitalismo la producción no se lleva a cabo en función de que sea más o menos útil lo que se produce, sino de que proporcione beneficios.

Es por eso que se alienta el crecimiento continuado del gasto militar, aunque ya sea tan alto (1,33 billones de euros en 2012) que hasta resulta claramente innecesario, pues con muchísimo menos de esa cantidad sería suficiente para destruir varias veces a todo el planeta. Un gasto tan elevado, irracional y desproporcionado (o mejor dicho, un negocio tan redondo) que solo se puede justificar si se generaliza la idea y se convence a la población de que vivimos en permanente peligro y de que hay múltiples enemigos a punto de atacarnos, cuando en realidad lo que hay de por medio no es otra cosa que el deseo incontrolado de ganar cada vez más dinero de las grandes empresas multinacionales.

Todos sabemos que la inmensa mayoría de los conflictos bélicos que se han producido en la historia de la humanidad se han debido a motivos económicos y también ahora ocurre así. Las últimas guerras de Irak o Afganistan o las que a menor escala se desarrollan en otros lugares del mundo tienen su origen, cada vez con menos disimulo, en intereses económicos. Pero, además de eso, lo que ocurre en el capitalismo es que la guerra y el gasto militar no solo sirven a intereses económicos sino que se han convertido en un interés económico en sí mismos.

En el capitalismo, la guerra no es solo un modo de producir satisfacción y dar poder a quien la gana, como siempre, sino que también se recurre a ella para resolver los problemas que producen el afán de lucro que le es consustancial y las contradicciones que se derivan del intento continuado de reducir el salario.

La conclusión es evidente. Aunque para saber qué hay detrás y el por qué de las guerras siempre ha habido que descubrir con nombres y apellidos a quienes se benefician de ella,  hoy día también es necesario entender cómo funciona una economía que solo busca el beneficio privado de una parte de la sociedad a costa de los ingresos de los demás. Y la predicción subsiguiente es igual de obvia: mientras que ésto último se produzca, mientras perviva el capitalismo y la estrategia económica dominante sea ahorrarse salarios, no dejarán de sonar los tambores de guerra ni se acabarán de contar los muertos que produce.

EL DELITO NO ES EL ÚNICO LÍMITE

Ignacio Escolar, periodista.

publicado en El Periodico, con fecha 21 de julio del 2013 

 

Mentir a los ciudadanos no es delito. Esconderse de ellos tampoco lo es. No está penado por ley incumplir el programa electoral, manipular una rueda de prensa para evitar preguntas incómodas, comparecer a través de un plasma, ocultar un salario como una «indemnización en diferido» o pagar el abogado, la secretaria, el despacho y el coche oficial a un presunto delincuente. Tampoco hay ningún artículo en el Código Penal que prohíba al presidente del Gobierno mandar mensajitos a un imputado por corrupción al que le acaban de encontrar una fortuna en Suiza; no es pecado tampoco pedirle que resista, que sea «fuerte», que «hacemos lo que podemos». Hay quien podría decir que estos mensajes son un serio indicio de los delitos de encubrimiento y obstrucción a la justicia, pero para ello haría falta un juez valiente e independiente, uno que no tema acabar como Garzón.

Cobrar del partido generosos sobresueldos en A no es delito, aunque al mismo tiempo se diga a los ciudadanos que tienen que apretarse el cinturón; aunque los dos o tres salarios que algunos se llevan hasta multiplicar por 10 el sueldo medio de un trabajador tengan como origen el dinero público. Cobrar sobres en B a lo sumo es una falta administrativa que está prescrita. Financiarse ilegalmente desde los tiempos del Betamax también está prescrito. ¿La diferencia entre la Filesa del PSOE y las tres filesas que en esos años usaba el PP: que en un caso hubo condena y en el otro, con Naseiro, un enjuague judicial; que con Filesa hubo un registro de ocho horas en la sede del PSOE y que con Gürtel llevamos cuatro años de investigación, tres jueces distintos y ni siquiera se ha registrado la casa de Luis Bárcenas.

Militar en el PP al mismo tiempo que se resuelven los recursos que este partido presenta en el TC no es ningún delito. Llevar el carnet del PP bajo la boca mientras se ejerce como magistrado «independiente» también es legal, dice ese mismo tribunal. Nombrar para el Constitucional a un exdiputado del PP -Andrés Ollero-, a un ponente habitual de la FAES -Enrique López- o al militante Francisco Pérez de los Cobos tampoco es delito: es solo un ejemplo de esa «despolitización de la justicia» que nos prometió Rajoy. Que el expresidente del Tribunal de Cuentas (ese inútil organismo que vigila las cuentas de los partidos con el éxito que a la vista está) aparezca como donante en los papeles de Bárcenas no es tampoco delito: es el colmo, nada más.

Pretender que el único límite para la política democrática es que no te caiga una condena judicial tampoco es delito: es solo la última falacia argumental con la que el PP intenta vestir de normalidad unos hechos completamente inaceptables, inexplicados y que inhabilitan al presidente para gobernar.

DESAHUCIOS Y AMENAZAS A LA BANCA

Publicado en el blog de Juan Torres López con fecha 15 julio 2013

 

La reacción de las autoridades europeas y del gobierno español contra el decreto de la Junta de Andalucía que pretende limitar el drama social de los desahucios es una de las más miserables y vergonzosas que hemos vivido a lo largo de la crisis. Y eso que hay muchas de este tipo para elegir.

A mi juicio es una reacción miserable y vergonzosa de Europa y del Gobierno de Rajoy justo porque llevan razón en lo que dicen.

¡Claro que ese decreto amenaza a la banca y supone un peligro para la inversión inmobiliaria que predomina hoy día!

Es evidente que -en la situación actual de la banca- si de un día para otro se generalizase la dación de pago o se permitiese que las personas más humildes que han perdido su puesto de trabajo y sus ingresos no tuvieran que hacer frente a sus deudas bancarias en las condiciones pactadas, los balances bancarios se resentirían y que incluso podría provocarse un auténtico caos en el sector.

Tampoco hace falta ser un gran experto en negocios inmobiliarios para entender que la inversión cortoplacista que mueve el dinero buscando simplemente ganancias especulativas se sentiría igualmente amenazada si se obliga a que los derechos de propiedad que lleva consigo respeten una función social de elemental satisfacción humana. Por supuesto que todo es así y que las autoridades que combaten el decreto tratando de que el Tribunal Constitucional lo anule llevan toda la razón: es una amenaza. Pero lo que ocurre es que ese no es el verdadero problema que se debe resolver.

El decreto de la Junta de Andalucía es una amenaza para la banca porque la actividad que ésta lleva a cabo últimamente es materialmente incompatible con la justicia más básica, con la función económica de financiación a empresas y consumidores que se supone debe desempeñar y con el equilibrio económico elemental que se debe guardar en toda sociedad para que el conflicto no estalle y todo se venga abajo.

Es verdad, como digo, que tratar en estos momentos de evitar que las familias pierdan sus viviendas porque dejan de pagar unos cuantos cientos de euros al mes a los bancos es una amenaza para estos. Pero si eso es así no es porque la pretensión del decreto sea desmesurada sino porque la banca se ha situado por decisión propia, buscando niveles de beneficio desorbitados a través de una multiplicación compulsiva y artificial de la deuda, en una situación de mínimos en cuanto a solvencia y seguridad. Porque ha querido situarse durante demasiado tiempo en el filo de la navaja para obtener ganancias y poder extraordinarios a costa de su propio equilibrio financiero y patrimonial y de la estabilidad de todos y del sistema económico en su conjunto.

La cuestión, pues, no puede consistir en limitarse a constatar, como hacen los dirigentes europeos y los del Partido Popular español que trabajan para la banca, que frenar los desahucios tan injustos que se vienen produciendo es una amenaza. Lo que hay que hacer es determinar por qué la justicia amenaza a la banca y por qué ésta es incompatible con una reivindicación ciudadana tan ampliamente apoyada.

Por el contrario, imponer unilateralmente el principio de que el interés de los banqueros ha de prevalecer sobre la justicia y las preferencias sociales mayoritarias no solo es dictatorial sino algo muy perjudicial para la vida de las empresas y del conjunto de la economía.

Las consecuencias de que los bancos actúen con plena libertad, sin apenas restricción legal o moral alguna, ya las estamos viendo: no solo llevan a situaciones límites a las personas físicas y a las empresas sino que paralizan a las economías porque dedican los recursos a la especulación y a lograr tasas desproporcionadas de beneficio que, para colmo, conllevan un poder político excesivo que tiende a desmantelar las democracias. La banca actual, cuya actividad principal consiste en alimentar la inversión especulativa recurriendo para ello a todo tipo de fraudes, a los paraísos fiscales y a la utilización opaca y delictiva del dinero, es el principal obstáculo para salir de las crisis permanentes y para generar empleo y estabilidad económica. Esa es la verdadera amenaza que hay que evitar.

Por eso, cuando se detecta que un decreto justo, ampliamente deseado por la población (ni siquiera el grupo parlamentario del Partido Popular votó en su contra en el Parlamento andaluz) y que resuelve un grave problema social, amenaza a la actividad bancaria lo que hay que hacer es conseguir que la banca sea compatible con él y no al revés. Es decir, corregir los defectos en la actividad de la banca y no obligar a la sociedad a tener que sufrirlos.

La banca de nuestros días es la que ha provocado las crisis financieras en las que nos encontramos. Es la culpable de que miles de empresas cierren y de que tantas familias pierdan injustamente sus viviendas. Ella misma es la responsable de que los bancos estén quebrados, de que sean auténticos zombis que no hacen nada más que absorber sin descanso miles de millones de euros que entonces no pueden destinarse a crear empleo y bienestar social. Y todo eso lo ha provocado sin necesidad. O mejor dicho, porque gracias al poder político acumulado por los banqueros se ha conseguido convertir en sacrosanta necesidad social lo que simplemente es el interés particular de unos pocos.

Eso es lo que hace que el decreto de la Junta de Andalucía sea una amenaza y, por tanto, la respuesta no puede ser paralizar su aplicación para dejar tranquila a una banca que no funciona y cuya actividad irresponsable paraliza la economía y cada día nos cuesta más dinero.

Si la banca española estuviera funcionando bien, si se dedicase a financiar a las empresas y consumidores ayudando a crear empleos, si estuviera actuando al servicio de la creación de riqueza sostenible, entonces quizá alguien podría criticar que un decreto fuese excesivamente socializante (que ni siquiera lo es) o que una sensibilidad social exagerada del gobierno andaluz pusiera en peligro ese funcionamiento. Pero lo que sucede es justamente lo contrario: lo que se busca con este decreto es que la banca cumpla con su función económica y social genuina y que sirva para que la economía funcione como un sistema de satisfacción de las necesidades humanas y no como un cataclismo constante en aras de beneficiar a una proporción ínfima de la población.

Yo sé que se trata de una expresión fuerte, desacostumbrada y que hace que algunos me califiquen de radical o exagerado. Pero es que creo firmemente que lo que sucede es que la banca, además de actuar de forma claramente anti social, anti empresarial y anti económica, se ha convertido en una actividad criminal porque atenta ya contra el bienestar, el patrimonio, la seguridad e incluso la vida misma de millones de personas, de la inmensa mayoría de los seres humanos. Solo eso puede explicar que se sienta amenazada por medidas como las que trata de poner en marcha la Junta de Andalucía. Por tanto, lo que hay que corregir es la naturaleza de su negocio, y no los intentos de paliar el daño que hacen los banqueros.

Finalmente no quiero terminar este artículo sin mencionar que el Tribunal Constitucional deberá pronunciarse próximamente sobre el decreto puesto que éste ha sido recurrido por el gobierno central.

Conociendo cómo se ha elegido a sus miembros y cuáles son su militancia y servidumbres no tengo muchas dudas sobre el veredicto. Quisiera equivocarme, pero me atrevería a aventurar que estamos a la puerta de otro escándalo vergonzoso que supeditará la justicia y la voluntad social a las imposiciones de los banqueros. Hay que esperar a su sentencia pero si finalmente el Constitucional sacrifica el decreto, es decir, si supedita la justicia social al beneficio bancario, tal y como ha pedido la Troika, no quedarán más dudas de que la corrupción se ha adueñado de todas las instituciones y de que es imposible convivir con este régimen institucional y con el sistema financiero que tenemos, en manos de auténticos irresponsables.