jueves, 19 de noviembre de 2015

La sostenibilidad de las pensiones públicas



Desde una perspectiva de defensa del sistema público de pensiones como pilar de un Estado de Bienestar aún incompleto, consideramos que la fórmula más efectiva para lograr esos recursos adicionales sería la creación de un recurso fiscal específico para la financiación de las pensiones.

Artículo publicado en El Diario.es de Borja Suárez Corujo / Antonio González  González

Hace unos días un editorial de El País aprovechaba la publicación del informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) sobre la revalorización anual de las pensiones para plantear la necesidad de abrir un debate sobre el futuro del sistema público. Dada la extraordinaria sensibilidad de este asunto, las dificultades que actualmente atraviesa la Seguridad Social y la incertidumbre que el desequilibrio de sus cuentas –y su interpretación– están generando a la ciudadanía, parece realmente oportuna esa reflexión. Sirvan estas líneas como una modesta contribución con la que se quieren aclarar algunos aspectos.

I. El problema coyuntural y el reto estructural. Como primera observación, es acertado señalar que el desequilibrio que hoy sufre el sistema de pensiones no deriva de un problema de gastos, sino de ingresos. Quiere ello decir que nuestro país no gasta demasiado en pensiones; al contrario, estamos por debajo de la media de los países de la Eurozona. Se preguntará entonces el lector por qué la Seguridad Social tiene un déficit superior al 1% del PIB desde hace cuatro años. Y la respuesta es sencilla: por el impacto de la crisis económica y por las políticas ‘austericidas’ que han concentrado todo el ajuste en la destrucción de empleo. Por ello, pese a que este desfase no es en absoluto menor –el Fondo de Reserva se agotará en 2017 ó 2018–, no cabe duda de que su naturaleza es coyuntural, como probaría el que ahora las cuentas estarían equilibradas si tuviéramos el número de cotizantes alcanzado antes de la crisis. En todo caso, hay que denunciar la estrechez del planteamiento que pretende hacer creer que la sostenibilidad del sistema de pensiones depende del nivel de ingresos vinculado a las cotizaciones sociales: la clave más bien reside –debería residir– en el volumen de riqueza que la sociedad está dispuesta a dedicar a sus ancianos, lo que exigirá, en su caso, la articulación de otras fórmulas de financiación.

Sin embargo, de nuevo en este punto se plantea un segundo interrogante que vendría a socavar la fiabilidad del actual sistema público de pensiones: la amenaza que deriva del próximo envejecimiento de la población. Frente al caso anterior, aquí la dimensión del reto es, en parte, estructural, puesto que es indiscutible que ese cambio demográfico va a suponer un incremento muy significativo del número de pensionistas a partir de mediados de la próxima década y durante un largo periodo de tiempo con la consiguiente repercusión en el gasto. Precisamente para dar respuesta a esta transformación de la estructura poblacional se aprobó de forma consensuada (Pacto de Toledo y Acuerdo Social y Económico, tripartito) la reforma de 2011. Este conjunto de ajustes paramétricos imponía sacrificios a los pensionistas y trabajadores, pero garantizaba que el crecimiento del gasto asociado a ese fenómeno demográfico no superara –ni siquiera en el momento más crítico, 2050– un nivel que puede considerarse asumible en términos comparados: 14% del PIB. Un nivel inferior al gasto que hoy realizan Francia, Italia o Austria. A pesar de ello, el gobierno ‘popular’ no consideró suficiente el ajuste y volvió a impulsar cambios en 2013 con una contundencia sin precedentes.

II. La magnitud de la reforma de 2013. Difícilmente puede sostenerse, como hace el editorial que hemos mencionado, que la reforma de pensiones llevada a cabo en la presente legislatura (Ley 23/2013) sea “insustancial”. Bien al contrario, cabría afirmar que los dos cambios que impuso de forma unilateral el Gobierno de Rajoy –sustitución del mecanismo de revalorización de las pensiones e introducción de un factor de sostenibilidad vinculado a la esperanza de vida– suponen una ruptura del modelo que hoy (todavía) conocemos. Como reconoce el propio Ejecutivo y avala la Comisión Europea, esas dos medidas habrían de implicar un recorte del gasto en pensiones en 2050 de 3,4% del PIB, lo que daría lugar a unos niveles de gasto muy similares a los actuales. Pero con la significativa diferencia de que el número de pensionistas se habrá prácticamente duplicado.

La entidad del ajuste ya ha comenzado a manifestarse. En concreto, de la información ofrecida la pasada semana por la AIREF  se deduce que la aplicación del nuevo índice de revalorización anual va a implicar una congelación de las pensiones (subida testimonial del 0,25%) hasta bien entrada la próxima década. Tal es el resultado ofrecido por la nueva fórmula de revalorización que ya no persigue la garantía del poder adquisitivo de los pensionistas, sino la estabilidad presupuestaria. Así, el desequilibrio que sufren las cuentas de la Seguridad Social desde 2012 ha de lastrar el mecanismo (de ‘devaluación’) durante al menos seis años más. Con un doble agravante: primero, que aunque mejore la situación financiera de la Seguridad Social el impacto de la jubilación de los baby boomers presionará a la baja la aplicación de la fórmula en el futuro. Y, segundo, que a partir de 2019 la introducción del factor de sostenibilidad supondrá también una reducción de la cuantía inicial de las pensiones.

III. La insostenibilidad social del modelo resultante. A la vista de lo anterior, parece evidente que el modelo resultante de la ruptura de 2013 es insostenible. Pero no porque suponga un gasto excesivo, sino porque condena a los pensionistas a la pobreza, algo que difícilmente cabe en un Estado social en el que los poderes públicos deben garantizar la suficiencia económica a los ciudadanos durante la vejez mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas (artículo 50 de la Constitución).

¿Significa ello que ha de apostarse entonces por un cambio radical de modelo? Hay quien defiende, con diversas variantes y de forma más o menos encubierta, que ha llegado el momento de transformar nuestro sistema de pensiones en uno mixto, limitando el peso del pilar público como vía más efectiva para la extensión del pilar privado. Eso condenaría a la mayor parte de la población –incapaz con sus ingresos de pagarse un fondo privado suficiente– a pensiones casi de pobreza. Nosotros, en cambio, creemos que deben recuperarse las señas de identidad del sistema de pensiones que hemos conocido, para lo cual resulta imprescindible completar las actuales fuentes de financiación.

Durante años el Estado ya financió una parte importante del gasto de la Seguridad Social, junto a los ingresos provenientes de las cotizaciones sociales. El ajuste de la asistencia sanitaria al marco constitucional aconsejó la aplicación de un principio de separación de fuentes por el cual las cotizaciones se dedicaban a la financiación de las prestaciones del nivel contributivo, circunscribiéndose la aportación del Estado –y no totalmente– a la parte asistencial. Ese diseño, que pudo resultar válido para un momento concreto de la evolución demográfica, no lo es para la fase de maduración en la que accederán a la jubilación los baby boomers.

IV. El Estado como garante de la sostenibilidad del sistema de pensiones. Resulta urgente e imprescindible un cambio que lleve al Estado a complementar progresivamente los ingresos del sistema como vía más efectiva para preservar la centralidad de las pensiones dentro de nuestro Estado social.

Semejante acción de reequilibrio de las fuentes de financiación no es ninguna ocurrencia. Cuenta con la misma legitimidad –y pacífico encaje constitucional– con la que la protección por desempleo pasó de financiarse casi exclusivamente a través de cotizaciones sociales antes de la crisis a recibir la mitad de los recursos directamente del Estado durante el periodo más crítico. Y es ciertamente un diseño bien conocido por los países de nuestro entorno.

La pregunta entonces es si el esfuerzo presupuestario adicional que se plantea resulta asumible para el Estado. No cabe duda de que el incremento de la aportación estatal sería muy notable, pero es un reto asequible por las siguientes razones. Primero, porque el nivel de gasto en pensiones suprimiendo los cambios de 2013 evolucionaría hacia cotas que hoy ya, con una riqueza menor, sostienen sin problemas otros países próximos. Segundo, porque urge y debe producirse una mejora de los ingresos fiscales que enjuague la grave insuficiencia (casi ocho puntos) que tiene España respecto de los demás Estados europeos. Tercero, porque el esfuerzo de financiación exigido sería progresivo en el tiempo, lo que facilitaría un margen de maniobra para el desarrollo de otras políticas igualmente necesarias para el mantenimiento del sistema de pensiones (política de empleo, inmigración, natalidad…). Y, cuarto, porque se trata de un esfuerzo con una duración temporal limitada, en la medida en que a partir de 2050 se produciría una significativa caída del gasto como consecuencia del agotamiento de los efectos de la jubilación de la generación del baby boom.

Desde una perspectiva de defensa del sistema público de pensiones de reparto como pilar de un Estado de Bienestar aún incompleto, consideramos que la fórmula más efectiva para lograr esos recursos adicionales sería la creación de un recurso fiscal específico para la financiación de las pensiones que, como expresión de un firme y amplio compromiso político –blindaje–,serviría para la preservación del patrimonio social que hemos construido entre todos. Otros proponen soluciones distintas que entrañan un menor gasto público –y un mayor gasto privado– que conduce a pensiones mayoritariamente más bajas. A ellos hay que pedirles que expliquen sus propuestas, pero incluso antes de ello habría que exigirles que aclaren por qué rechazan el actual modelo público de pensiones.

lunes, 2 de noviembre de 2015

¡Basta ya de engaños con las cuentas públicas!


Fernando Luengo
Profesor de economía aplicada de la Universidad Complutense de Madrid.


Artículo en Público.es de fecha 2 noviembre 2015


Hay que recordarlo cuantas veces sea necesario. El origen de la crisis no se encuentra en el desgobierno de las finanzas públicas, sino en la ineficiencia del sector privado. Más concretamente, en el auge desbordante de la industria financiera y en la asunción de riesgos excesivos en busca de rentabilidades excepcionales. Esta industria, y las grandes corporaciones y fortunas que la alimentaron, se beneficiaron de una regulación pública complaciente, cuando no cómplice.

El universo de las finanzas, y la consiguiente economía del endeudamiento, nos llevaron a galope tendido hasta una crisis de proporciones históricas y nos empujaron a la Gran Recesión. El desplome de la actividad económica y la ingente cantidad de recursos destinados a salvar a los bancos –no lo olvidemos, los verdaderos responsables del colapso económico- y  a sanear sus cuentas de resultados provocaron el rápido aumento de los niveles de déficit y deuda públicos.

Oportunidad de oro para dar a la ciudadanía gato por liebre. Las élites políticas y económicas, y los medios de comunicación a su servicio, se lanzaron a un bombardeo mediático incesante con un mensaje que culpaba al sector público de “gastar lo que no tenía, dilapidar los recursos de todos y vivir por encima de sus posibilidades”. Un discurso cínico y tramposo que, a fuerza de repetirlo mil veces, se ha abierto camino, como si formará parte del sentido común, de una verdad indiscutible. Lo cierto, sin embargo, es que el desorden presupuestario ha sido la consecuencia, en absoluto la  causa, de la crisis. Ha sido, asimismo, el resultado de la incursión de los  grandes grupos económicos privados en los espacios públicos, devorando recursos que son de todos y convirtiendo todo lo que tocaban en negocio.

El argumento de la “austeridad presupuestaria” ha resultado muy útil para abrir el grifo de los recursos públicos a la banca y las grandes corporaciones. Lo que tan solo ha sido un  saqueo organizado (¡Cuánta razón tenían los que proclamaban que la gestión de la crisis era una estafa!), se convertía en una estrategia para salir de la crisis. Estrategia que, por cierto, no ha funcionado. Más deuda pública, más desempleo, mas desigualdad, más pobreza, un alarmante deterioro de nuestra capacidad productiva y crecimiento endeble.

Resulta evidente que las políticas de ajuste presupuestario (y de devaluación salarial) han fracasado, pero continúan reivindicándose como el camino a seguir. No solo por los gobiernos, sino también como uno de los cimientos de la zona euro y de la Unión Europea. ¿Cómo es posible tanta ofuscación, cuando el balance de esas políticas  ha sido tan negativo? Será que no lo ha sido tanto… para el poder. No solo se ha asistido a una masiva socialización de los costes de la crisis y a una histórica redistribución de la renta y la riqueza hacia los grupos socialmente más privilegiados. Las políticas de austeridad lanzan, además, un mensaje de calado, al deslegitimar lo público, que queda estigmatizado como ineficiente y despilfarrador; de este modo, alcanzar el equilibrio presupuestario se convierte en el santo y seña de las buenas prácticas en materia de política económica. Otra de las consecuencias de gran trascendencia de las referidas políticas de austeridad es que su implementación ha debilitado financieramente las instituciones cuyo cometido principal era promover la equidad social e impulsar las inversiones públicas. Instituciones que encarnaban un consenso social basado en cierto equilibrio en las relaciones de poder y en la existencia de puentes institucionales que hacían posible las políticas redistributivas.

Por todo ello, las políticas de austeridad, más allá de la coyuntura de la crisis, han llegado para quedarse. Además de haber facilitado un ajuste de cuentas histórico en beneficio de los poderosos, han creado las condiciones para que se hagan realidad un proceso de acumulación por desposesión y la ocupación y mercantilización de los espacios públicos y de la política. Por las mismas razones, hay que reivindicar el gasto público, en su vertiente social y productiva. ¿Porqué hay que recuperar lo perdido durante los años de crisis? Sí. ¿Porqué dicho gasto es una palanca fundamental para la reactivación de la actividad económica? Sí. ¿Porqué un aumento del gasto público en esas partidas se puede financiar introduciendo más progresividad y eficiencia en el sistema tributario, que se encuentran muy por debajo de los estándares comunitarios? También. Pero no perdamos de vista lo fundamental. El corazón de una decidida actuación del sector público en materia social y productiva reside en la defensa de la igualdad de oportunidades y en la necesidad de eliminar privilegios inaceptables, en el convencimiento de que esos gastos son imprescindibles  para un buen funcionamiento de la economía, y  en que ha llegado el momento de poner la decencia, la democracia y la ciudadanía en el centro de la agenda política.

martes, 13 de octubre de 2015

Si queremos pensiones, luchemos


 

Artículo de Edmundo Fayanas Escuer publicado el 13 de Octubre de 2015 en el diario nueva tribuna.es

Las pensiones están sufriendo grandes presiones desde el mundo de los poderosos que solo miran por sus beneficios y no por el bien común.compartir

 

Como vemos día a día, sigue la ofensiva de los medios de comunicación (prensa, radio y televisión), así como los poderes financieros, para cargarse el sistema público de pensiones, anunciándonos la hecatombe venidera. En consecuencia, que mejor solución, que hacerse una pensión privada.

¿Vamos al desastre de las pensiones públicas?

NO. Quién nos va a garantizar mejor las pensiones, que el propio Estado. ¿Creen ustedes que los bancos son más seguros? Vean, que ha pasado con los bancos quebrados o por empresas quebradas como las multinacionales Enron o Worldcom que significó la pérdida de las pensiones privadas de decenas de miles de sus trabajadores.

El gran argumento, que se utiliza es la demografía. Para ello, no dudan en presentarnos pirámides de población de los años 2050 o 2060 y ahí ya nos comunican la hecatombe total.

¿Son fiables estas pirámides poblacionales? No lo son, porque no están hechas de forma científica, sino con la finalidad de conseguir unos resultados para justificar los fines de la privatización de las pensiones públicas.

Recordemos los errores de las pirámides de población elaboradas en el año 1990, que como conclusión nos anunciaban, que para el año 2000, la Seguridad Social estaría quebrada, por la disminución de población. Llegó el año 2000, la población española había crecido y la Seguridad Social tenía superávits.

En el año 2000, nos vuelven a presentar una pirámide poblacional donde nos hablan de que en el año 2010, la población española sería de 39 millones y en consecuencia nos anuncian la hecatombe de la Seguridad Social. La realidad es, que en el año 2010, nuestro país pasó de los 47 millones de habitantes y tuvo un fondo de reserva de las pensiones de 68.000 millones de euros.

¿Cabe mayor desatino? ¿Han pedido perdón? ¿Por qué insisten cuando saben que se equivocan? Como ven, los intereses económicos de los poderosos están muy por encima de los intereses generales.

Otro de los argumentos, que se emplean es el déficit de la Seguridad Social ¿Tiene déficit la Seguridad Social?

Sí. ¿Por qué lo tiene? Porque los ingresos han disminuido mientras que los gastos crecen, aunque a un ritmo menor.

¿Por qué tiene déficit la Seguridad Social? Es consecuencia de las políticas llevadas por el PP: austeridad, reforma laboral, subvenciones a empresas y bancos... Veamos.

La reforma laboral ha provocado un abaratamiento del despido de los trabajadores y ha permitido una rebaja salarial en torno al 15% del salario que se cobraba. Además, ha provocado un aumento del paro hasta el 25% y el empleo que se está creando es de baja calidad, con poco salario e inestable. Las empresas no suelen cumplir los horarios pactados y los trabajadores hacen horas sin cobrarlas bajo la amenaza de despido.

Nos dicen que la tasa de paro disminuye, pero el déficit de la Seguridad Social no lo hace en el mismo porcentaje ¿Por qué? Entre finales de junio de 2014 y el de 2015, el número de trabajadores contratados fue de 523.501, es decir, ha habido un incremento del 3,2%. Sin embargo, la recaudación sólo ha crecido un 0,8% ¿Por qué esta disonancia? Dos son los motivos, por un lado, la cotización media a finales de junio de 2014 era de 3.023 euros por trabajador, mientras que un año después es de 2.952, es decir, los salarios siguen bajando, a pesar de lo que nos dice el optimista Rajoy.

Por otro lado, como nos han anunciado se han creado 523.501 puestos de trabajo, pero el aumento de horas de trabajo equivalía en este periodo a sólo 310.000 jornadas completas de trabajo (40 horas), por lo que se confirma la gran precarización de los trabajos.

Cuando dejemos de tener una inflación negativa, como la que tenemos los dos últimos años, podremos entender en toda su plenitud, la pérdida de poder adquisitivo que significa la revalorización del 0,25% de las pensiones impuestas por el PP y entenderemos al desastre que nos lleva dicha medida a través de menor valor de las pensiones.

¿Se puede recaudar más para la Seguridad Social?

Sí, pero hay que hacer que los salarios se revaloricen y los empleos sean más estables y que de una vez por todas se luche contra la economía sumergida, que ronda el 24%. Debe hacerse que la recaudación sea más progresiva, haciendo que los salarios más altos paguen más. No es de recibo que por ejemplo la Sra Botín (Santander), Alierta (Telefónica), González (BBVA)… paguen lo mismo, que un trabajador medio de sus empresas.

Es difícilmente entendible, que las políticas activas de creación de empleo, no las paguen los presupuestos del Estado, sino que sea a costa de los ingresos de la Seguridad Social y en consecuencia de las pensiones. Las exenciones empresariales desarrolladas por el PP han supuesto una pérdida de recaudación de unos 2.000 millones de euros anuales en los ingresos de la Seguridad Social.

El Partido Popular plantea, que las pensiones de viudedad y orfandad salgan de la Seguridad Social y dependan directamente del Estado. Actualmente, hay 2.350.932 pensiones y su coste medio es de 8.838,2 euros anuales y hay 339.811 pensiones de orfandad con un coste medio de 5.192,32 euros anuales.

En estas pensiones de viudedad y de orfandad hay unas, que son contributivas y otras que debían ser pagadas por el Estado, pero las paga actualmente la Seguridad Social. No debemos permitir, que estas pensiones salgan de la Seguridad Social pero si lo que se debe hacer, es que aquellas pensiones de viudedad y de orfandad que le corresponden al Estado, éste ingrese ese cantidad a la Seguridad Social. De esta forma seguiremos con una única caja y garantizaremos,  que estas pensiones no dependan de los intereses partidarios, que se vayan dando en cada momento.

Como vemos, las pensiones están sufriendo grandes presiones desde el mundo de los poderosos que solo miran por sus beneficios y no por el bien común.

Si queremos que las pensiones sigan con una estructura como hasta ahora, deberemos pelearlas diariamente y de eso debemos ser conscientes, porque si no nos movilizamos está claro lo que quieren y nos jugamos un bienestar mínimo y el futuro también de nuestros hijos y nietos.

 

martes, 22 de septiembre de 2015

La cara oculta del éxito económico alemán


Artículo publicado por Juan Torres López en su blog La tramoya el 17 septiembre 2015

 

El éxito y gran rendimiento de la economía alemana en los últimos años, incluso en medio de una crisis global tan fuerte como la que hemos vivido, es indiscutible. Y no cabe duda de que se debe a que ha conseguido consolidarse como una gran potencia exportadora.

En estos momentos, Alemania es el tercer exportador mundial (tras China y EEUU) y también el tercer importador. En 2014 representó el 7,2% del comercio mundial (frente al 11,3% y 10,6% de China y EEUU, respectivamente). El porcentaje que representan sus exportaciones sobre el PIB alcanzó el 45,7% en 2014 y las importaciones el 39,1% (frente al 32% y 29,6% de España, por ejemplo). Eso significa que su grado de apertura (medido como el porcentaje del PIB que representa la suma de sus exportaciones e importaciones) es del 84,8%, el más alto de todos los países más ricos del mundo y 23 puntos porcentuales más que el de España.

Alemania tuvo un superávit comercial equivalente al 8% de su PIB en 2014, a diferencia de lo que ocurre en las demás grandes potencias económicas. China, muy por detrás, lo tuvo del 3,5%, pero otras tuvieron déficit, como el Reino Unido (-6%), Estados Unidos (-4,5% del PIB), Francia (-3,4%) o España (-2,4%). La magnitud de este excedente se percibe teniendo en cuenta que desde 2000 hasta finales de 2015, según las últimas previsiones, habrá sumado unos dos billones de euros.

La buena marcha de la economía alemana en su conjunto se manifiesta también en la evolución de la deuda pública que, al contrario de lo que está sucediendo en la casi totalidad de las demás grandes economías, se va reduciendo, habiendo bajado en plena crisis (de 2010 a 2014) cinco puntos y medio (del 80,5% al 74%).

En el imaginario colectivo, los éxitos alemanes se suelen explicar recurriendo a la idea de que su pueblo es especialmente laborioso y ahorrador a diferencia de lo que ocurre con otros, y en especial con los del sur de Europa, de quienes siempre se dice que trabajamos menos, que dependemos de las ayudas alemanas y que gastamos más, viviendo por encima de nuestras posibilidades.

No se suele señalar, sin embargo, que la economía alemana ha llegado a ser una gran potencia gracias a las ayudas y generosidad de otros pueblos. Concretamente, gracias a las deudas que nunca devolvió, es decir, a que cientos de miles de trabajadores de otros países trabajaron gratis para levantar a una Alemania entonces destrozada por su propia responsabilidad. Una generosidad que luego los poderosos alemanes niegan a otros pueblos. Y, sobre todo, se oculta que el éxito de la economía alemana se reparte muy desigualmente entre los propios alemanes, de modo que una gran parte de ellos (y sobre todo de ellas, como mostraré enseguida) soporta condiciones laborales y sociales cada vez peores y menos satisfactorias.

La superioridad de la industria alemana sobre sus competidores se suele explicar por dos tipos de factores. Por un lado, por sus salarios reducidos, algo que se ha podido conseguir gracias a las reformas orientadas a disminuir la capacidad negociadora de los trabajadores que se vienen realizando desde la reunificación; y gracias también a la llamada ley Hartz que consolidó los trabajos basura o minijobs. Por otro, por la mejor relación calidad/precio de las exportaciones alemanas que se deriva de su especialización en productos de alta gama o “nobles”, que se pueden vender incluso aunque su precio aumente. Y, finalmente, porque además de eso la industria alemana externaliza (es decir, produce fuera de sus fronteras) un buen porcentaje de los componentes de su producción (el 52% en 2012).

Un estudio reciente muestra concretamente que los bajos salarios explicarían el 40% de la ventaja de Alemania respecto a Francia y las demás razones el resto (France et Allemagne : une histoire du désajustement europeen).

Gracias al establecimiento de condiciones de negociación laboral cada vez más asimétricas, los trabajadores alemanes siguen cobrando como media un 3% menos que en 2000 en términos reales, es decir, teniendo en cuenta la subida de precios, y se ha calculado que gracias a ello la masa salarial ha perdido alrededor de un billón de euros en esos últimos euros, en beneficio lógicamente de las diversas rentas del capital.

Como he dicho, la ley Hartz abrió paso a la generalización de los minijobs, auténtico trabajo basura que disimula la realidad del empleo alemán. Hoy día hay unos 7 millones de este tipo de empleos y unos 4,5 millones trabajadores ganando menos de 450 euros mensuales por 24 horas de trabajo a la semana, con un salario/hora de unos 5,6 euros de media. El 90% de quienes ocupan estos empleos trabajan menos de 20 horas semana y en el 75% de los casos tienen un salario menor a 8,5 euros por hora.

Estos minijobs se caracterizan porque en ellos el salario bruto es igual a salario neto, es decir, que no comportan ningún tipo de cotización y, por tanto, prácticamente ninguna cobertura de derechos sociales. No hay bajas remuneradas por enfermedad ni por cualquier otro tipo de situación. Y los derechos pasivos que generan son ridículos: la pensión a que daría derecho el haber trabajado 45 años en uno de estos minijobs sería de 150 euros mensuales.

Las mujeres soportan de modo especial este trabajo precario. Ocupan las dos terceras partes de todos los minijobs y para tres de cuatro mujeres empleadas en ellos ese empleo es la única fuente de ingreso.

La intensidad del empleo femenino en los minijobs significa que las mujeres son totalmente dependientes de los hombres a la hora de recibir prestaciones sociales. Eso explica que el 84% de las mujeres que sólo tienen estos empleos basura estén casadas (frente al 60% de todas las mujeres alemanas). Y es de destacar también que este tipo de empleo basura tiende a ser permanente, es decir, que frena casi completamente la movilidad social ascendente: un tercio de las personas empleadas en minijobs siguen estándolo después de 10 años y el 50% después de seis años.

Aunque es verdad que los minijobs han hecho que aumente la tasa de empleo de los mujeres (del 62% en 2002 al 71,5% en 2012) lo cierto es que se reparten el mismo volumen de trabajo porque una gran parte están empleadas a tiempo parcial, con una media de 19 horas semanales y con un salario de 5,6 euros de media.

La consecuencia de todo ello es que Alemania se ha convertido en uno de los países europeos con mayor desigualdad y que se alcancen niveles récord de pobreza. Actualmente hay unos 12,5 millones de pobres (que ganan menos de unos 900 euros mensuales), y un millón más de alemanes pobres en 2013 que ocho años antes. Y también destaca en este ámbito el mayor sufrimiento de las mujeres, destacando la situación de las madres no casadas, pues el 40% de ellas son pobres. En una gran potencia económica como Alemania, el 20% del total de sus ciudadanos y los dos tercios de los desempleados no tienen ningún patrimonio.

Pero para garantizar el éxito exportador alemán no sólo ha hecho falta disminuir los salarios de sus trabajadores sino también imponer una regla de moderación salarial a los países de su entorno, bien porque compite con ellos o porque en ellos externaliza parte de su producción, como señalé. Y de esa manera resulta que el “éxito” de la economía alemana se convierte en el principal factor de inestabilidad de la economía europea: al ser una economía excedentaria debería subir salarios y al no hacerlo lo que hace es obligar a que los tengan que bajar los países deficitarios, que necesitarían subirlos para mejorar el rendimiento de su economía.

Para terminar, resulta que Alemania tampoco coloca el excedente que genera en su propia economía y eso no sólo impide limitar la desigualdad y la pobreza, sino que también provoca otras grandes deficiencias en materia de infraestructuras y de capital social. El excedente lo dedica a financiar a los demás países para que puedan comprar sus productos (190.000 millones de euros en 2014) o, como antes de la crisis, a que sus bancos hagan negocio alimentando burbujas especulativas.

En definitiva, el éxito de la economía alemana tiene unos claros paganos: los asalariados alemanes y especialmente las mujeres, sus grupos sociales de rentas más bajas, las economías y países que la rodean y que han sido tan torpes de aceptar el predominio político e institucional de sus grandes grupos económicos y financieros. Y no sólo eso: el modelo que Alemania impone al resto de Europa acabará con el proyecto europeo en su conjunto porque éste no puede sino naufragar cuando se basa en la asimetría y en la divergencia, como viene ocurriendo. Y, sobre todo, porque para favorecer constantemente a los grandes grupos económicos y financieros hace falta desmantelar la democracia.

El éxito económico alemán es la ruina para millones de alemanes y para el resto de Europa y el principio del fin de la democracia en Europa. Y lo lamentable es que esto no es la primera vez que ocurre.

viernes, 21 de agosto de 2015

¿Se benefician los países periféricos de formar parte de la eurozona?

La situación de los países del sur de la eurozona en el actual escenario es a corto plazo muy perjudicial y, a medio y largo plazo, insostenible.

Artículo de Gabriel Flores de fecha 20 de Agosto de 2015 en diario Nueva Tribuna.

 
La eurozona se ha convertido para Grecia en algo muy parecido a un cepo que impide atender las necesidades específicas de su economía y, más importante aún, de su ciudadanía. El Gobierno de Syriza y la mayoría social griega sospechan que salir de la eurozona sería aún peor y se resisten a contemplar tal posibilidad. Si esa situación objetiva y la percepción subjetiva dominante en la sociedad griega se extienden a los otros países del sur de la eurozona damnificados por las políticas de austeridad, la eurozona entendida como parte esencial del proyecto de unidad europea tendría los días contados.

El problema es de tal envergadura y gravedad que la posibilidad abierta por Alemania en el curso de las últimas negociaciones con Grecia de podar o desprenderse de un socio problemático puede llegar a destruir la actual eurozona o, por lo menos, a reducir sustancialmente su composición y alcance. Para dar un nuevo aliento al proyecto de unidad europea, las fuerzas europeístas de izquierdas están obligadas a desarrollar una propuesta política alternativa a la reforma institucional que la derecha europea ha puesto en marcha y que pretende mantener una unión monetaria mínima (sin solidaridad presupuestaria o financiera ni mecanismos explícitos de gobernanza) y blindar la estrategia de austeridad extrema impuesta a los países del sur de la eurozona.

La intensificación de la crisis griega y su desenlace (un tercer rescate tan ineficaz y destructivo como los dos anteriores que no va a contribuir en nada a resolver ninguno de los graves problemas que sufren la economía y la sociedad griegas) han puesto en cuestión para qué le sirve o en qué beneficia a los países periféricos ser miembros de la eurozona, ya que la mayoría de sus teóricas ventajas, como se ha visto en la entrega anterior de esta serie de artículos, no se han concretado, han desaparecido o se han transformado en desventajas.

Tres factores se han sumado en el nuevo dislate provocado por las instituciones europeas al imponer a la ciudadanía griega y a su legítimo Gobierno un mal acuerdo: primero, una coyuntura electoral que ha precipitado una heterogénea alianza interesada en dar una lección al Gobierno de Syriza, debilitar sus apoyos internos y avisar a posibles navegantes conflictivos hasta qué punto, hoy por hoy en la eurozona, cualquiera que pretenda una alternativa a la estrategia de austeridad vigente se adentra en aguas procelosas; segundo, la cerrazón del bloque de poder conservador que gestiona los asuntos europeos a reconocer que la estrategia de austeridad extrema y devaluación salarial impuesta a los países periféricos no ha funcionado y está generando una crisis social y un deterioro de las relaciones entre los socios europeos desconocidos en la ya larga historia del proyecto de unidad europea; y tercero, las debilidades e incoherencias institucionales con las que nació la eurozona y que, en gran parte, se han ampliado tras la crisis global que estalló en 2008.

Los países periféricos de la eurozona están obligados a equilibrar sus cuentas públicas y exteriores mediante políticas extremas de austeridad y devaluación salarial. Por el contrario, las economías que conforman el núcleo o centro de la eurozona muestran cuentas públicas equilibradas y altos superávits por cuenta corriente, pero sus autoridades no parecen dispuestas a impulsar su demanda interna, lo que permitiría la reducción de esos superávits y, al tiempo, favorecería la actividad económica de los países del sur de la eurozona. El exceso de ahorro de los países del norte de la eurozona ha dejado de fluir hacia los países periféricos. Los mercados financieros se cerraron en 2008 para los países del sur de la eurozona y resultan todavía poco accesibles para los agentes económicos públicos y privados sobre endeudados que no pueden lograr los préstamos, inversiones o transferencias públicas que necesitan.

Los países del norte de la eurozona solo están dispuestos a rescatar o atender las necesidades financieras más urgentes de sus socios periféricos en la medida que éstos se comprometan a realizar y apliquen reformas que permitan cuadrar las cuentas públicas a fuerza de recortes brutales en el gasto y la inversión públicos y una desregulación del mercado de trabajo (con el objetivo de hundir los costes laborales) que no ha conseguido flexibilizar su funcionamiento. En realidad, las reformas que denominan de forma poco apropiada como estructurales han conseguido equilibrar las cuentas exteriores y reducir los déficits públicos de los países periféricos por una vía muy diferente a la pretendida, tras generar una gran pérdida de empleos y actividad económica y sin lograr impedir un mayor deterioro de las tasas (en porcentaje del PIB) de deuda pública y deuda externa neta.

La reducción de los costes laborales y la paralela desaparición de derechos laborales no han contribuido a flexibilizar el funcionamiento del mercado de trabajo, a pesar de la intensa desregulación a la que ha sido sometido, ni a sostener el empleo. Consiguieron, en cambio, abaratarlo, parcelarlo en empleos a tiempo parcial, independizarlo de condiciones laborales y contratos dignos y, en definitiva, aumentar el empleo indecente y consolidar la extensa gama de empleos de baja cualificación y remuneración en sectores de escaso valor añadido, reducida capitalización y nula densidad tecnológica. El recorte salarial no se tradujo en disminución del nivel general de los precios en la proporción correspondiente ni repercutió en una reducción significativa de los precios de exportación que permitiera una mejora significativa de la competitividad-precio y cuadrar, gracias al impulso de las exportaciones, las cuentas exteriores.

La presión sobre los costes laborales ha ocasionado un fuerte incremento de los márgenes de beneficios brutos de las empresas sin que el alza de la rentabilidad haya supuesto una mejora suficiente de la inversión privada. Dicho de otra forma, la devaluación salarial, el deterioro de derechos laborales y la disminución de la presión fiscal sobre las grandes empresas ha logrado mejorar rápidamente su rentabilidad, pero no ha reforzado ni modernizado los factores que permiten mejorar el crecimiento potencial, la productividad global de los factores y, como consecuencia, la rentabilidad a largo plazo. La consolidación de especializaciones productivas inconvenientes y las ganancias de competitividad así conseguidas no han permitieron impulsar en la medida necesaria el empleo, la inversión o las exportaciones.

Ha sido la presión sobre la demanda doméstica, recortando presupuestos públicos y salarios reales y alimentando el estancamiento de la actividad económica, la que ha permitido, por un lado, reducir las importaciones y equilibrar las cuentas exteriores y, por otro, recortar el gasto y la inversión públicos con objeto de disminuir el déficit público.

En definitiva, la presión sobre precios y salarios (es decir, la devaluación interna) es siempre insuficiente, porque provoca una deflación por deuda que impide una reactivación sostenida y la reducción de las tasas de endeudamiento. El avance limitado o coyuntural en el equilibrio de las cuentas públicas y exteriores se ha logrado comprimiendo la demanda interna, pero el consiguiente reforzamiento de la tendencia al estancamiento de la actividad económica doméstica, la consolidación de altas tasa de paro y la destrucción de crecimiento potencial acaban agravando el exceso de endeudamiento  público y obstaculizan la disminución de la deuda externa neta.

Además, la devaluación interna no puede hacer nada por el cambio y la mejora de las estructuras productivas de los países del sur de la eurozona (tampoco es posible encontrar tal pretensión entre los objetivos de la estrategia conservadora); por el contrario, consolida y profundiza la especialización en actividades y productos de menor productividad y valor añadido que requieren bajos niveles de cualificación de la fuerza de trabajo. De esta manera, las diferencias o asimetrías coyunturales entre los socios tienden a agrandarse y se consolidan como fragmentación estructural en perjuicio de los Estados miembros de menor nivel de desarrollo. A la postre, el deterioro de las expectativas favorables a la convergencia de los niveles de desarrollo, bienestar y renta pone en cuestión el funcionamiento de la unión monetaria y aumenta los inconvenientes que ofrece dicha unión a los países del sur de la eurozona y, especialmente, a sus sectores sociales con menores recursos.

Las diferencias estructurales en la UE no son nuevas, ya existían antes del estallido de la crisis de 2008 y antes también de la constitución de la eurozona. Lo nuevo, por consiguiente, no es la existencia de esa fragmentación estructural sino su profundización y la propia conciencia social de su existencia y de su nefasto impacto sobre los países periféricos de la eurozona y sus sectores más vulnerables.

Antes de 2008, los países periféricos practicaron un modelo de crecimiento sustentado en un endeudamiento de los agentes económicos privados (en el caso de Grecia también del sector público) que alentó un mayor nivel de crecimiento del PIB que el de los países del centro de la eurozona y, como consecuencia, permitió cierta aproximación a  los niveles de renta por habitante de los países más ricos. Pero esa convergencia y el modelo de crecimiento en la que se sostenía eran en gran parte ficticios e insostenibles.

Por un lado, los bancos y entidades financieras de los países del norte de la eurozona que ofrecían los créditos no valoraron convenientemente los riesgos que asumían (los mecanismos de mercado realmente existentes no permitieron evaluar correctamente esos riesgos ni facilitaron el ajuste de los tipos de interés a los muy diferentes niveles de solvencia) y se volcaron en buscar un destino rentable a su exceso de ahorro interno; por otro lado, los agentes económicos privados de los países del sur de la eurozona se endeudaron sin medida para financiar proyectos de inversión vinculados a una burbuja inmobiliaria y crediticia que encontró el mejor caldo de cultivo en el despilfarro, la corrupción y la financiación ilegal de estructuras partidistas y campañas electorales que practicaban y amparaban las grandes fuerzas políticas.

La capacidad suplementaria de financiación obtenida por los países periféricos permitió a éstos, a costa de sobre endeudarse, financiar la burbuja inmobiliaria y el fuerte aumento del gasto público corriente, pero el suplemento de crecimiento económico así conseguido no fue el resultado de un aumento de la productividad global de los factores productivos ni de una acumulación de capital productivo que pudieran en el futuro sostener el nuevo tejido económico generado y afrontar el mayor nivel de endeudamiento.

La quiebra en 2008 de ese modelo de crecimiento mostró que no cualquier impulso de la actividad económica es conveniente, que los países del sur de la eurozona deben poner en pie un nuevo modelo sostenible en el que no predominen el endeudamiento o lo especulativo y que la eurozona, en su conformación institucional actual, lejos de contribuir a reducir las divergencias estructurales las intensifica.

La necesidad de la reforma institucional de la eurozona se impone en la agenda de las tareas europeas, pero la hegemonía conservadora y su estrategia de austeridad persisten en retrasar sine díe (o, nunca mejor dicho, ad calendas graecas) los elementos esenciales de esa imprescindible reforma. La situación de los países del sur de la eurozona en tal escenario es a corto plazo muy perjudicial y, a medio y largo plazo, insostenible.

jueves, 20 de agosto de 2015

Las falsedades de Luis de Guindos


Artículo de Juan Laborda, publicado, en su blog, en vozpopuli.com con fecha 19/8/2015

El descaro, la sinvergüencería y las mentiras hace tiempo que se adueñaron definitivamente de los mentideros políticos, económicos y mediáticos patrios. El último ejemplo fue la comparecencia de nuestro inefable ministro de economía Luis de Guindos en el Pleno del Congreso donde se debatía la aportación de España al tercer rescate griego. De acuerdo con el ministro de Economía el único culpable de haber llegado a esta situación es el populismo. Guindos acusó al Gobierno de Syriza de haber llevado al país heleno a una situación límite, al plantar cara a las políticas de ajuste de la Unión Europea. Lo menos que podía hacer es callarse, pasar desapercibido.

Varoufakis ha detallado como los gobiernos, de los cuales deberían haber esperado un mayor apoyo, se convirtieron en realidad en sus peores enemigos

Solo espero que algún día Yanis Varoufakis saque a la luz las grabaciones que pongan de manifiesto la posición de Luis de Guindos y de nuestro gobierno en las reuniones del Eurogrupo. Varoufakis ya ha detallado como los gobiernos de los cuales deberían haber esperado un mayor apoyo, aquellos cuya principal pesadilla son las ingentes cantidades de deuda, se convirtieron en realidad en sus peores enemigos. Como señala explícitamente, estos gobiernos tendrán que responder algún día ante sus ciudadanos ¿por qué no negociaron pensando en ellos?, ¿por qué no apoyaron una solución justa y eficiente económicamente para Grecia? ¿Cómo es posible que un país como España con una deuda total y externa superior a la de Grecia, y con una expansión de la deuda soberana estratosférica, ni siquiera haya sentido la más mínima empatía por el nuevo gobierno heleno?

No se preocupen, en el caso de que algún día se conozcan ni siquiera se ruborizarán por semejante deslealtad a la ciudadanía española. Para ello contarán con la inestimable ayuda de la maquinaria mediática del Totalitarismo Invertido patrio.

Lo que Guindos no dice de Grecia

Guindos, como nuestros voceros mediáticos, se olvida de lo básico. Quiénes arrastraron a Grecia a la situación actual fueron los gobiernos de Nueva Democracia y PASOK. Ellos fueron quienes crearon una deuda impagable. Parte de la misma, además, era y es ilegítima, al ser contraída con el fin último de financiar a terceros, los bancos. Y otra parte, nada desdeñable, es ilegal, ya que determinadas aves de rapiña indujeron la creación de la misma. Los bonos griegos daban altos rendimientos, muy por encima del activo seguro, lo que implicaba un riesgo de impago implícito, pero ahora esos inversores no quieren saber nada del riesgo que asumieron.

Nueva Democracia, el equivalente al PP, mintió deliberadamente sobre las cifras económicas oficiales de Grecia. Y el PASOK de Papandreu, el equivalente al PSOE, exageró las cifras del déficit público

Nueva Democracia, el equivalente al PP, mintió deliberadamente sobre las cifras económicas oficiales de Grecia –de aquellos barros, estos lodos–. Y el PASOK de Papandreu, el equivalente al PSOE, exageró las cifras del déficit público para que el FMI participara en el sarao del rescate a Grecia. Además ND y PASOK, como PP y PSOE, bajo la cantinela de que griegos y españoles hemos vivido por encima de sus posibilidades, han acatado imposiciones políticas del norte y centro de Europa vergonzosas. Según éstas, griegos y españoles deben sufrir sangre, sudor y lágrimas porque vivieron por encima de sus posibilidades. Lo que no cuentan es que tanto en el país heleno como en nuestra querida España quienes vivieron por encima de sus posibilidades fueron el sector financiero y determinadas sociedades no financieras. Pero lo más ignominioso es como los “mass media” callan sobre las consecuencias de las políticas de austeridad. Dejen ya de hablar de reformas estructurales. El destrozo social es brutal.

Lo que Guindos no dice de España

Las reflexiones de Luis de Guindos sobre los populismos realmente me exacerban, me irritan, me exasperan. Cómo es posible que aquel gobierno que nos ha endeudado como nunca en nuestra historia reciente hable de populismos. Cómo es posible que quienes han aumentado la pobreza de sus conciudadanos a niveles insoportables hablen de populismos. Cómo es posible que aquel ejecutivo cuya reforma laboral ha creado un mercado donde trabajar ya no garantiza salir de la pobreza, donde empleo es sinónimo de precariedad extrema, se erija como ejemplo de buen gobernante. Cómo es posible que el ejecutivo actual, uno de los representantes del Totalitarismo Invertido patrio, muñidor de esa tradición tan hispana de alimentar oligopolios, lobbies, grupos de poder, hable de populismos.

La herencia que nos dejará el gobierno actual –de la mano del anterior– es deuda, deuda, más deuda, sin mejora alguna del aparato productivo

La principal herencia que nos dejará el gobierno actual –de la mano del anterior– es deuda, deuda, más deuda, sin mejora alguna del aparato productivo y de nuestra fuerza trabajo. Los mismos que generaron la mayor burbuja inmobiliaria de la historia nos dejarán como herencia una deuda total y externa récord. La vulnerabilidad de unos pasivos tan elevados frente al exterior se pone de manifiesto al ver que cada año España tiene que captar entre 250.000 y 300.000 millones en el exterior para refinanciar la deuda.

España está altamente endeudada y si no hay una reestructuración ordenada de la misma entrará en un círculo vicioso -crisis de deuda soberana, crisis bancaria, crisis de deuda externa, crisis de Seguridad Social, y reactivación de la recesión de balances privados-. Dos son los posibles catalizadores: la ausencia de un crecimiento nominal estable en el tiempo y/o cualquier incremento de la aversión al riesgo en los mercados financieros. En ese momento, señor De Guindos, ¿nos dirá también que la culpa es de los populismos?

miércoles, 19 de agosto de 2015

Sabotaje a la Seguridad Social


Artículo de Pedro Luis Angosto, en Público de fecha 19 de Agosto de 2015
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La política económica ejecutada por Rajoy lleva inevitablemente a la quiebra de la Seguridad Social y a la privatización de todos los servicios que presta.

Desde que en la década de los cincuenta comenzó a implantarse en los países más desarrollados de Europa como respuesta a la “amenaza soviética”, se conoce como seguridad social al conjunto de servicios públicos destinados a cuidar de la enfermedad, la vejez, el paro, la incapacidad y la exclusión. Aunque los puntos básicos en que se cimentaron la mayoría se los seguros sociales de Europa ya aparecen enunciados en el Manifiesto Comunista de Marx y Engels, no es hasta principios del siglo XX cuando gracias al movimiento obrero y a la Revolución Rusa que aparecen las primeras leyes que limitan la jornada laboral, impiden el trabajo a embarazadas y enfermos y hablan de vacaciones pagadas y jubilaciones al llegar a una determinada edad. Sin embargo, aquellas primeras normas legales tendrían un alcance limitado y no cristalizarían hasta pasadas las dos guerras mundiales.

Es obvio que un sistema de seguridad social tiene que ser público porque el capital privado es tan voluble como volátil y excluyente, además sólo acude a aquellas actividades donde el beneficio es visible y claro. Ni curar un cáncer, ni pagar una pensión, ni asistir a quienes no pueden valerse por sí mismos genera ni generará beneficios jamás, de ahí que para garantizar que todos los ciudadanos sean asistidos en igualdad de condiciones generación tras generación tenga que ser el Estado –es decir el conjunto de los individuos que componen una sociedad mancomunados para precaver el presente y el porvenir de todos y cada uno- quien se haga cargo de las prestaciones esenciales que todo sistema de seguridad social debe asumir. La mayoría de los sistemas existentes en Europa se financian por las cotizaciones que pagan trabajadores y empresarios, pero son muchos los países que aportan cantidades suplementarias vía presupuestos generales para suplir los déficits generados por el envejecimiento de la población, lo que sólo es posible en aquellos Estados que tienen un sistema fiscal proporcional y progresivo, combaten el robo al Erario con dureza y eficacia y en sociedades que tienen en muy alto valor la solidaridad y la fraternidad social. Es decir, que un sistema de seguridad social justo y adecuado a las necesidades de los seres humanos, no es viable –o dejará de serlo en breve- en países que quieren basar su Hacienda en impuestos indirectos medievales como el IVA, en el desmantelamiento del IRPF y en unos salarios cada vez más bajos.

La actual política económica ejecutada por Rajoy lleva inevitablemente a la quiebra de la Seguridad Social y a la privatización de todos y cada uno de los servicios que presta

Hay quien defiende que la seguridad social sólo podrá sostenerse si en un plazo corto de tiempo llegamos a tener veintidós millones de personas trabajando aunque el trabajo sea precario y mal pagado, empero, eso es una falacia porque incluso en una situación de pleno empleo de esas características la seguridad social seguiría siendo deficitaria por la brutal y progresiva mengua de las cantidades aportadas por trabajador, impidiendo además generar un nuevo fondo de pensiones como el heredado por Rajoy del Gobierno Zapatero para tiempos de crisis, fondo que ha permitido hasta hoy no recortarlas de forma drástica y violenta. Por tanto, es evidente  que el gobierno no está por la labor, que si hubiese estado interesado en el mantenimiento del sistema público de seguridad social, habría reunido hace tiempo a todas las fuerzas políticas y sociales para buscar un acuerdo y un plan de viabilidad, habría desarrollado programas de empleo juvenil, combatido la economía sumergida explotadora y parasitaria y apostado seriamente por la aportación de cantidades de dinero crecientes procedentes de los presupuestos generales del Estado. Por el contrario, el actual gobierno neofranquista viene aplicando desde que existe las mismas políticas al respecto que Esperanza Aguirre y Francisco Camps aplicaron en Madrid y Valencia, las mismas que Artur Mas y Boi Ruiz llevan implantando en Cataluña para regocijo, deleite y ventura de los patronos de las clínicas privadas –ahora llamadas también hospitales en los medios afines-, las caixas y los bancos patrióticos de todo el país. Y no cabe engañarse, la apuesta es tan clara como decidida, se trata de desamortizar la seguridad social, de pasar sus prestaciones a empresas privadas nacionales y transnacionales a las que sólo mueve el ánimo de lucro y jamás el interés general, de manera que cada cual sufrague su sanidad y su pensión con arreglo a sus ingresos, quedando para la mayoría que no puede hacerlo un sistema residual parecido a la beneficencia de otros tiempos.

Al igual que en los presupuestos anteriores, el Gobierno Rajoy ha presentado unas partidas dinerarias para la seguridad social en las que los gastos superan a los ingresos confiando el equilibrio de las cuentas a lo que queda en la hucha de las pensiones. De seguir por ese camino, en cuatro o cinco años sería obligatorio para el gobierno que fuese acometer una drástica reducción del gasto en todas las partidas de la seguridad social, provocando una crisis social y humanitaria todavía más cruel que la que hoy padecemos puesto que buena parte de la actual crisis fue derivada con intención a las espaldas de nuestros mayores. No cabe engañarse ni esconder la cabeza bajo el suelo ni mirar para otro lado, la actual política económica defendida y ejecutada por el Gabinete Rajoy lleva inevitablemente a la quiebra de la Seguridad Social y a la privatización de todos y cada uno de los servicios que presta, servicios que en adelante dependerían sólo y exclusivamente del poder adquisitivo individual. El modelo no es nuevo, es el que existe en Estados Unidos y en Chile, el más caro e injusto del planeta, y para implantarlo se han escogido dos vías, una, las listas de espera en hospitales que obligan al acuciado por la enfermedad a recurrir a servicios privados donde se atiende según cuenta corriente; dos, el agotamiento del sistema de pensiones y prestaciones al desempleo por consunción.

Sin embargo, por mucho que los actuales gobernantes presenten su política como la única posible para esconder sus verdaderas intenciones, hay alternativas que permitirían no sólo mantener sino mejorar lo que hoy tenemos. En primer lugar sería necesario que los gobernados fuésemos capaces de elegir a un gobierno que creyese de verdad en la democracia y en el pueblo al que se debe; en segundo lugar aumentar la productividad, no mediante disminuciones salariales sin precedentes sino mediante la inversión en I+D+i  -por ejemplo en las pisoteadas energías alternativas-, inversión que genera un valor añadido muchísimo mayor y, por ello, unos ingresos fiscales crecientes; en tercer lugar, convocar una reunión de Estados en la Unión Europea para forzar una disminución progresiva de la jornada laboral para repartir un trabajo cada vez más escaso y emplear a más gente, y en cuarto, hacer pedagogía, decir claramente a los ciudadanos que hay que pagar impuestos, que es necesario que todos arrimemos el hombro para sostener el que ha sido hasta hace poco uno de los mejores sistemas de seguridad social del mundo, como demuestran el número de trasplantes que se hacen cada año y la esperanza de vida de los hombres y mujeres que habitan esta sufrida y maltratada tierra.

lunes, 13 de julio de 2015

Grecia se hunde, Europa no gana, Alemania impera.


Artículo de Juan Torres Lopez, en Público de fecha 12 julio 2015.

Cuando escribo estas líneas no se sabe qué ocurrirá finalmente con la nueva propuesta griega al Eurogrupo pero sus consecuencias, sea lo que sea, me parece que están bastante claras. El Gobierno griego prácticamente ha renunciado a sus ideales y aspiraciones iniciales pero Europa le pide más, como seguiría ocurriendo si Tsipras volviera a renunciar y presentase una nueva propuesta. Cuanto mayores sean sus renuncias, más le van a exigir, tal y como decía en sus memorias Rosa Parker que le ocurría a los negros en Estados Unidos: “Cuanto más obedecimos, peor nos trataron”.

En primer lugar, quizá no sea exagerado decir que el euro ya ha muerto, al menos tal y como lo hemos conocido hasta ahora. No fracasará cuando salga un país sino que lo ha hecho ya, desde el momento en que no ha sido capaz de evitar la quiebra y la destrucción de economías que lo conforman (y mucho más cuando no se trata precisamente de las más grandes y difíciles de controlar). Suceda lo que suceda en las próximas semanas, será inevitable que se adopten medidas de reforma monetaria y un replanteamiento profundo de las instituciones y las reglas de la unión. No estoy seguro, sin embargo, de que sea para mejor.

Las potencias europeas no van a dejar que Grecia salga del euro, por mucho que amenacen con ello. Alemania, porque es la principal beneficiaria de que países como Grecia, Portugal o España formemos parte de una unión monetaria conscientemente mal diseñada para que actúe en su favor. Y también porque sabe que después de un periodo de sufrimiento (incluso quizá no mayor del que ya ha pasado) Grecia recobraría su economía y niveles de bienestar, mostrando así a otros países que, más allá del euro alemanizado, hay otro mundo más satisfactorio económicamente y con menos problemas para la gente –esto último se podría lograr a muy corto plazo, por cierto, con una moneda complementaria al euro dedicada a realizar pagos del circuito económico interno–. Pero, a pesar de ello, tampoco se puede descartar que Alemania tense al máximo la situación para reforzar su imagen de potencia europea todopoderosa e incluso para empujar a Grecia hacia Rusia y obligar así a que Estados Unidos potencie el flanco militar europeo en beneficio alemán. Por eso Francia y los demás países se opondrían a que los alemanes acosen en exceso a Grecia, pues quieren evitar que a su potencia económica e institucional se sume un papel aún mayor como gendarme y potencia militar europea que ya sabemos cómo utilizó en otras ocasiones.

Desgraciadamente para todos, el único plan y la única alternativa con la que juega la mayoría del Eurogrupo es imponer su solución al Gobierno griego aunque para ello tenga que hacer saltar por los aires los resortes más básicos de la estabilidad financiera, económica y social del país heleno. Los grandes grupos económicos no quieren otra cosa y los dirigentes europeos y los políticos, los economistas y los periodistas que conforman los valores y la opinión pública en Europa, no saben pensar de otro modo. No entienden que haya otro camino y, aunque quisieran y les agobie la situación, su ceguera les impedirá encontrarlo.

Syriza sabe que están dispuestos a destruir a su país y que pueden hacerlo, así que lo más seguro es que termine aceptando lo que le imponga el Eurogrupo. El cual, además, tratará de hacerlo con la mayor humillación posible y con el máximo desgaste político de Syriza, pues las políticas de austeridad no se aplican solamente para conseguir distribuir la renta y la riqueza a favor de los más ricos sino también para someter y disciplinar a la población.

Ganadores y perdedores

También me parece que está claro quién pierde y quién gana en todo este proceso que estamos viviendo.

Sabemos que Grecia pierde porque las medidas económicas que se le imponen forman parte de un protocolo de actuación que se ha aplicado docenas de veces en todo el mundo desde hace años y cuyos efectos están perfectamente estudiados. Isabel Ortiz y Matthew Cummins, por ejemplo, han estudiado lo que ha ocurrido en 181 países después de aplicar medidas de austeridad como las que exige el Eurogrupo a Grecia (The Age of Austerity: A Review of Public Expenditures and Adjustment Measures in 181 Countries).  Gracias a su estudio sabemos que la disminución de salarios públicos se ha llevado a cabo en 74 países de bajo ingreso y en 23 de alto; la reducción o eliminación de subsidios, en 78 países de bajo ingreso y 22 de alto; el incremento de impuestos al consumo, en 63 de bajo ingreso y 31 de alto; la reforma de las pensiones y de los sistemas de salud, en 47 de bajo ingreso y 39 de alto; las reformas en los sistemas de protección social orientadas a limitar su alcance, en 55 países de bajo ingreso y 25 de alto, y la flexibilización del mercado de trabajo, en 32 países según el FMI o en 40 según la OIT…

Y de su estudio se concluye que, en contra de lo que ahora dice el Eurogrupo que se va a conseguir con ellas en Grecia, lo cierto es que esas medidas nunca han promovido el empleo estable, ni el crecimiento, ni han mejorado el nivel de vida ni la cohesión social sino que, por el contrario, están empeorándolos y que son las que llevan a nuevas recesiones y al aumento de la desigualdad.

Y como no es posible que en Grecia suceda ahora un milagro, después de aplicar las medidas que impone el Eurogrupo, de privatizar sin medida, de recortar derechos, de reducir salarios, de bajar impuestos a las rentas y patrimonios elevados y subirlos a las bajas, y de destruir el sector público educativo, entre otras cosas, lo que ocurrirá allí será exactamente lo mismo que en todos los casos anteriores: una enorme destrucción de actividad económica y empleo, una gigantesca transferencia de renta y riqueza hacia los grupos ya de por sí más poderosos y ricos y mucha más fragilidad de la economía ante nuevos impactos de crisis que además serán cada vez más recurrentes. Cuando salga adelante después de diez, quince o veinte años lo hará con una gran dependencia y sin recursos endógenos para generar ingreso, con un porcentaje elevadísimo de la población al margen de la actividad y totalmente excluida, y con una sociedad dividida y destrozada.

Europa tampoco gana con el empeño de sus dirigentes en seguir aplicando políticas de austeridad que han sido un completo fracaso, que destruyen millones de empleos y aumentan la deuda, que sólo proporcionan satisfacción a los grandes grupos económicos y financieros y que no hacen frente al auténtico barril de pólvora en el que está asentada la Unión Europea: un sistema bancario podrido hasta los tuétanos y que acumula un riesgo letal y una unión monetaria mal diseñada que reproduce los desequilibrios previos y produce otros nuevos generando una tensión estructural que hace inevitable que antes o después salte por los aires.

Europa en su conjunto no gana nada hundiendo a Grecia y lo veremos en los próximos tiempos, más pronto que tarde. En el proceso hay, sin embargo, un ganador, Alemania, pues es quien impone las condiciones a los demás socios y ahora a Grecia.

Es una terrible paradoja que el país europeo que más deudas ha dejado de pagar (incluido a Grecia) reclame ahora que las pague todas un país asfixiado que sólo pide aire para poder hacerles frente; que el país que sobrevivió a la ruina y se convirtió en potencia gracias a la generosidad de los demás (incluida Grecia) rechace ahora cualquier muestra de solidaridad; que el país en donde las políticas de austeridad prendieron la mecha del mayor desastre de la historia europea y que produjo millones de muertos (muchos de ellos griegos) se empeñe ahora en imponerlas a pesar de que todas las evidencias demuestran su inutilidad; que el país que se vio humillado y arruinado por la exigencia absurda de quienes le imponían reparaciones impagables tras la Primera Guerra Mundial, luche ahora para exigir condiciones imposibles de cumplir a los griegos; que el país que dejó que sus bancos cometieran una de las mayores irresponsabilidades financieras de la historia (dedicar el inmenso excedente alemán a financiar burbujas) y que ampara en silencio a uno de los bancos con mayor basura y riesgo financieros acumulados (el Deutsche Bank) reclame responsabilidad a los demás.

Pero por mucha que sea la paradoja, Alemania es efectivamente quien vence porque es quien obliga y quien manda en Europa. Aunque, eso sí, es una vencedora sólo aparente, porque la política de imposiciones de Merkel y de su Gobierno no beneficia a toda Alemania. Es verdad que el poder imperial que Alemania ejerce sobre el resto de Europa y las políticas que impone Merkel le vienen permitiendo obtener grandes excedentes comerciales y beneficios, pero éstos no se distribuyen equitativamente entre su población. Lo mismo que empobrecen a otros países, empobrecen también a sus compatriotas. Desde hace años, la tasa de pobreza no deja de aumentar por sus políticas y Alemania es el país de Europa donde la riqueza se distribuye más desigualmente.

También hay otro vencedor en Europa, el fanatismo. Hasta un gran maestro y persona de inteligencia tan preclara y de inmensa y brillante cultura como el filósofo Fernando Savater escribía ayer sobre Grecia (Respuesta) como si fuera un simple hooligan, concluyendo que lo que está en juego es el resultado del enfrentamiento entre la verdad (la suya) frente a la mentira (la de quienes no piensan como piensa él).

No son así de simples las cosas ni es verdad la verdad que están defendiendo sin pruebas ahora contra Grecia y desde hace mucho tiempo contra los pueblos.

–No es verdad que Syriza, que lleva unos meses gobernando, sea la responsable de los males de Grecia. Lo son los gobiernos conservadores, socios del Eurogrupo a la hora de reclamar nuevas medidas de austeridad, los que permitieron a los bancos endeudarse irresponsablemente y los que cargaron al Estado con deudas ilegítimas, por no llamarlas criminales por la forma en que fueron gestadas.

–No es verdad que la Unión Europea haya sido un sujeto pasivo de los males de Grecia y actúe ahora como su benefactora. Fue cómplice de los desmanes de aquellos gobiernos y guardó silencio cuando los cometieron.

–No es verdad que los problemas de Grecia provengan de su deuda pública por muy elevada que ésta fuera (que lo fue, por las razones que acabo de señalar) sino de la conversión en pública de la deuda privada y de la manera en que se financió.

–No es verdad que Grecia no haya aplicado las medidas impuestas por la Troika, pues ha sido el país, después de Noruega, en donde más se redujo la deuda de 2011 a 2014 y el que ha realizado el recorte de gasto y de instituciones públicas de todo tipo quizá más amplio y más rápido de los últimos tiempos.

–No es verdad que las medidas de austeridad que impuso la Troika hayan sido positivas, sino que provocaron un mayor desastre en la economía griega. Fue la reestructuración y quita de la deuda lo que permitió reactivar algo la economía y generar ingresos adicionales.

–Es verdad que la actividad del sector público griego ha sido casi siempre muy ineficaz y corrupta, como consecuencia de su clientelismo hacia los grandes oligarcas, la Iglesia o las grandes empresas, pero no es cierto, sin embargo, que eso hubiera redundado en los derechos sociales desorbitados que se critican (como, por ejemplo, que tiene las pensiones más altas de Europa, lo que simplemente es mentira).

Hace bien Savater recordando a Erasmo cuando habla de Grecia y de Europa (“El espíritu del hombre está de tal modo constituido que la mentira tiene en él 100 veces más influencia que la verdad”). Pero Europa necesita más rigor, equidistancia y prudencia, y menos fanatismo a la hora de reconocer las mentiras y de enfrentarlas a las verdades.