BANCO MALO (SAREB)

Lo peor del banco malo

El mal llamado banco malo, Sareb, nace tarde y mal. El deterioro acumulado de las carteras de las entidades financieras es tan acusado, que el precio establecido de traspaso es tan ficticio, como la rentabilidad prometida por el ideólogo del mismo.

1.    ¿Qué es un banco malo?

El llamado banco malo (aquel que el 22 de abril de 2012 no iba a existir, "ni bueno ni malo", según el ministro de Economía, Luis de Guindos) ya es una realidad, desde el pasado 1 de diciembre. La Sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria (Sareb) nace como una de las contrapartidas impuestas a España por la UE para la inyección de un préstamo de 41.000 millones para la recapitalización de la banca española con déficit de recursos propios. El banco malo sigue los precedentes de otras experiencias (bad bank) que tuvieron lugar en EE UU en los años 80, en Suecia, Noruega y Finlandia en los 90 y en Irlanda tras el rescate a fines de 2010. Sin embargo, su estreno adolece de una serie de requisitos que sí tuvieron que cumplir sus homónimos europeos en el pasado. Por un lado, el Estado español ha hecho dejación de funciones a la hora de auditar las entidades intervenidas y nacionalizadas. Ha tenido que ser una supuesta empresa independiente, Oliver Wyman, en la que trabajó el actual Secretario de Estado de Economía, la que haya hecho una auditoria, cuantificando las necesidades de capital de las entidades afectadas. Es decir se ha entregado a una entidad, con posibles intereses creados, el diagnóstico del problema, hurtando a la sociedad española de la información exacta y fidedigna, aún cuando, el coste final de la intervención se va a sufragar con dinero público.

En segundo lugar, los gestores de dichas entidades no han sido juzgados a instancia del propio Estado, quien debería haber sido muy beligerante en apartar directamente a los responsables de la mala gestión que ha devengado en la mayor crisis financiera desde los años 70. Esta ha sido una de las principales diferencias con la solución de la crisis bancaria de Suecia en 1992. Finalmente, la no asunción de quitas de deuda privada, previa a la inyección de capital, es otro elemento diferenciador, que permitió a Suecia transitar hacia una banca saneada con un coste para el contribuyente mínimo.

Su funcionamiento:

Se trata de constituir una sociedad, sin ficha bancaria, que asuma a bajo coste, y con grandes descuentos sobre su valor contable, los bienes inmobiliarios dañados (suelo, viviendas y promociones) en poder de la banca, así como los créditos ligados a esas operaciones que estén en mora y con dificultad de cobro. Se pretende así aliviar los balances de las entidades en dificultades. Al traspasar esos activos al banco malo las entidades con problemas generan liquidez y, aunque asumirán pérdidas al ceder esos activos a bajo precio, se librarán de un lastre que les está consumiendo capital y exigiéndoles dotaciones crecientes, y que ya entrañan de facto pérdidas latentes.

El trasvase de tales activos supone una reducción inmediata de los riesgos de la entidad y, en consecuencia, la disminución súbita de los elevados recursos propios adicionales (capital y reservas) que se le exigen al sector financiero español, en aplicación de los ambiciosos requerimientos impuestos a la banca de forma específica y diferencial respecto a los bancos de otros países.

El banco malo gestionará los activos para su venta, lo que sin duda es un grave error, pues debería ser el instrumento clave para el mercado del aqluier tan raquítico que tiene España. Y deberá hacerlo de forma que obtenga rentabilidad. El esquema parte de la premisa de que tendrá mayores expectativas de lograr beneficios cuanto más barato adquiera esos activos, y en la medida en que una recuperación de la economía y de la demanda inmobiliaria le posibilite recolocar en el mercado a mayor precio el suelo, los locales, las viviendas y las promociones que haya asumido. Estas premisas, dada la situación del mercado, serán casi imposibles de cumplir.

Tras haber incurrido la sociedad y economía españolas y su sistema financiero en uno de los más descomunales endeudamientos privados del mundo desarrollado en los 15 años anteriores a la crisis (lo que generó la más fastuosa burbuja inmobiliaria del área), las distintas vías que se intentaron desde 2009 para que el sector financiero pudiera depurar por sí mismo los excesos acumulados y su elevada exposición al riesgo del sector de la edificación se demostraron insuficientes. Se ensayaron fusiones, extinción de entidades, bancarización de las cajas, reducciones de empleos y oficinas, inyección de ayudas públicas del FROB, aumentos sucesivos de capital y dotaciones y cinco reformas financieras consecutivas. Pero al final hubo que acudir al rescate europeo. En este punto, merece destacarse que las acciones tanto del gobierno anterior, como del actual, han estado lejos de las mejores prácticas posibles.

Ningún sector económico se ha reestructurado sin ayudas públicas y el auxilio por parte del resto de la economía. Se vivió en la minería, la siderurgia, los astilleros, el textil, el sector agrario y otros. La banca no ha sido distinta. Y la creación del banco malo, junto con los recursos procedentes de Europa, más los ya aportados previamente por el Estado a través del FROB, suponen el reconocimiento de que el sector financiero no es una excepción.

Pero además supone también la constatación de una evidencia contraria al sentimiento generalizado en la sociedad española: el mayor endeudamiento español es privado y no público. De aquí que el primer -y por ahora único- rescate de la economía se produce sobre la banca (sector privado) por la desorbitada deuda que contrajeron con ella en las últimas dos décadas empresas y familias (también sector privado).

La sociedad Sareb es una de las dos vías de recapitalización bancaria diseñada en el plan de rescate europeo. El Eurogrupo autorizó el 9 de junio la concesión de 100.000 millones a España para ese fin. Luego, y tras la auditoría realizada a la banca española por Oliver Wyman por encargo de la Comisión Europea, esas necesidades han quedado limitadas a 41.000 millones.

De esta cuantía, 37.000 millones serán inyectados, a través del FROB, a las cinco entidades nacionalizadas; 1.500 millones serán aportados a las entidades consideradas viables pero precisadas de ayudas, y 2.500 millones serán aportados como capital público a la sociedad Sareb. Estos 41.000 millones, concedidos a muy bajo tipo de interés, contabilizarán como endeudamiento público español -en un ejemplo más de socialización de deudas privadas-, porque será el Estado y no la banca el que responda de su devolución al mecanismo europeo de rescate.

2.    ¿Por qué casi nadie quiere ser accionista?

Sareb, cuya sociedad gestora se anunció el 31 de agosto, debería culminar la semana próxima la consecución de accionistas privados que aporten más de 2.500 millones. La ley de creación del banco malo exige que el capital privado tenga mayoría accionarial en Sareb: el 55% frente al 45% del Estado.

Pero el Gobierno se ha encontrado con dificultades extremas para captar accionistas. Grandes fondos de inversión, operadores internacionales, fondos buitres, inversores especulativos, grupos inmobiliarios, ven con recelo la operación. La principal causa de la falta de entusiasmo es que los descuentos a los que Sareb comprará los activos de la banca (una quita media del 63% sobre el valor bruto en libros para activos adjudicados y del 45,6% en préstamos) podrían ser insuficientes para garantizar una futura recolocación a precios de mercado que permitan generar beneficios.

Esta convicción revela la creencia de que, aunque el Gobierno ha dado 15 años de plazo a Sareb para que sea rentable, los inversores siguen viendo con preocupación la evolución de la economía española, y perciben que aún tiene una larga travesía del desierto por delante antes de que pueda reactivar el mercado de la vivienda. El elevado stock de viviendas terminadas y sin salida, sumado a los inmuebles inmovilizados en los balances bancarios y a una morosidad al alza (que amenaza con más desahucios) revelan que España tardará muchos años en digerir tamaña congestión de ladrillo, suelo y préstamos a promotores y familias.

En la cautela de los inversores subyace la intuición de que el mercado inmobiliario español aún no ha hecho las suficientes correcciones a la baja de los precios para que se puedan volver a casar oferta y demanda. Y más cuando, con el paro al alza y con previsiones negativas del PIB para al menos 2013 y parte de 2014, apenas hay demanda. Y máxime cuando no hay facilidades de créditopara quienes quieren y pueden comprar vivienda.

Pero muchos inversores internacionales han creído ver una mayor oportunidad al margen de Sareb a la espera de que las ventas que realice el banco malo y el paso del tiempo contribuyan a una mayor caída de los precios. Parten de la premisa de que los precios no bajaron todavía con la intensidad con que ocurrió en otros países con menos «burbuja» inmobiliaria porque la banca retuvo en sus balances los activos adjudicados para frenar el deterioro de los precios y no tener que aflorar aún mayores pérdidas en sus balances.

Un mayor hundimiento de los precios favorecería a los compradores, pero tendría un efecto empobrecedor adicional sobre los españoles con vivienda en propiedad, las familias que no han terminado de pagar las que habitan, los promotores y constructores(muchos de los cuales tienen construcciones sin vender o en marcha) y los bancos, con activos inmobiliarios ejecutados y con clientes en mora cuyo bien hipotecado pasaría a valer mucho menos que el crédito que se les concedió para la adquisición de ese activo.

Para tratar de combatir esta expectativa de caída adicional de precios que vuelva a dañar al sistema financiero, el Banco de España y el FROB advirtieron de que las quitas que exigirá Sareb a los bancos no son transmisibles al resto de activos análogos que permanezcan en los balances de las entidades. Pero esto quien lo va a decidir es el mercado.

Para solventar esta insuficiencia de inversores internacionales dispuestos a poner dinero en Sareb (se mantienen, no obstante, conversaciones con varios fondos extranjeros), las autoridades han logrado ir reclutando por persuasión o presión a la banca nacional sana y no necesitada de ayudas (y que, por lo tanto, no transmitirá activos al banco malo) y al sector asegurador español, así como a filiales españolas de operadores internacionales de ambos sectores. Pese a ello, existe la creencia de que el Gobierno, se supone que con la anuencia de la UE, podría tener que acabar rebajando su objetivo de participación privada del 55% al 51%. En este caso, el Estado suscribirá el 49% y no el 45%.

Lo que más sorprende es que el segundo banco en importancia español, el BBVA, no ha querido entrar en el capital de Sareb, probablemente por razones más personales y políticas que económicas, pero sí que ha demostrado cierta inteligencia al rechazar entrar a sufragar el coste de la mala gestión y tener que acometer en breve una gran ampliación de capital, pues las necesidades futuras serán manifiestamente mayores.

En ambos casos, la operación es una gran mutualización de la inmensa deuda acumulada por los agentes privados para deglutirla entre todos y desatascar la peligrosa deriva bancaria, el colapso del crédito y el bloqueo económico. Hay precedentes internacionales en los que los «bancos malos» dieron resultados y otros en que no. Y hay experiencias de éxito que generaron beneficios y antecedentes que acabaron en pérdidas. La mejor sin duda, fue la sueca, curiosamente hecha por un gobierno conservador al que no le tembló el pulso para exigir contraprestaciones pecuniarias, e incluso jurídicas, a los malos gestores de entonces.

3.    Expectativas y alternativas

El mal llamado banco malo, Sareb, nace tarde y mal. El deterioro acumulado de las carteras de las entidades financieras es tan acusado, que el precio establecido de traspaso es tan ficticio, como la rentabilidad prometida por el ideólogo del mismo.

En primer lugar, nadie sabe en España cual es el verdadero precio de transacción de los inmuebles, pues las fuentes utilizadas incorporan sesgos difícilmente mesurables.

En segundo lugar, no se puede valorar activos en los que no hay mercado, como es el caso del suelo, especialmente el rústico. Ante esta dificultad, las valoraciones realizadas apenas tienen valor empírico para  poder prever una evolución del banco malo.

En tercer lugar, cuando se traspasan activos tóxicos, y no ha parado la tendencia decreciente de los precios, surgen los riesgos de quiebra ante insuficiencias de capital requerido. Como no hay estimación de las caídas adicionales de precio, y por tanto del deterioro adicional de la cartera de Sareb, los posibles inversores extranjeros, pero también nacionales, huirán de este tipo de inversiones, y solo se quedará el Estado y las entidades satélites obligadas por el propio ejecutivo.

La alternativa para que esto funcione, al margen de transparencia y reducción de costes salariales en la cúpula, es que se constituya como una verdadera entidad pública que germine y cristalice la verdadera necesidad social y económica para cumplir con el precepto constitucional de acceso a la vivienda. Que se constituya como un banco público que ejerza de garante del cuidado y financiación de un parque público de vivienda en alquiler, con especial atención al alquiler social y profesional.

Para ello, debería contar con un equipo muy profesional, muy independiente, y sobre todo que se creyese el proyecto desde una óptica de servicio público. Por supuesto, ninguno del Consejo de Administración contratado cumple con estas premisas.