PENSIONES: REBAJA INJUSTA E INJUSTIFICADA

Antonio Antón
Profesor honorario de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid. Artículo aparecido en Público con fecha 11 junio 2013.

El Gobierno del PP prepara una reforma profunda y regresiva del sistema público de pensiones. El efecto de las medidas fundamentales propuestas en el Informe de ‘su’ comité de expertos es una rebaja drástica, inmediata y generalizada de las pensiones públicas.

El pretexto utilizado es el su ‘insostenibilidad’, cosa que como veremos es falsa. La solución del Informe es la reducción del gasto social previsto en pensiones públicas con un recorte sustancial de los derechos adquiridos de trabajadores y pensionistas. La consecuencia sería menor distribución pública de la renta global con mayor empobrecimiento, inseguridad y desigualdad para la mayoría de la sociedad: pensionistas presentes y futuros. Sí existen algunos desequilibrios entre los ingresos y los gastos, pero al contrario que la opinión del Informe, son resolubles por el incremento de los recursos a medio plazo: más empleo, mayores salarios medios y bajos y, si es preciso, transferencias presupuestarias puntuales. Y a corto plazo se puede utilizar el fondo de reserva.

La propuesta de reforma es insolidaria y no tiene base objetiva

Su justificación es la actual política neoliberal de austeridad, sin impulso a la creación de empleo, con la apuesta por la disminución de costes laborales y la referencia principal del pago de la deuda a los acreedores financieros, consolidada en la reforma constitucional. Por ello, deja al margen y no es capaz de contemplar la alternativa de incrementar los ingresos del sistema para garantizar la suficiencia financiera del sistema público de pensiones. Pero ello es una opción política unilateral en beneficio del poder económico y financiero y frente a los intereses de la mayoría de la sociedad: los trabajadores y pensionistas. Por tanto, es una opción que por su trascendencia e impacto debe ser sometida a debate público y decisión democrática.

Lejos de la apariencia técnica, el citado Informe parte de un diagnóstico interesado: el sistema público de pensiones es insostenible. En ese sentido, dramatiza y amplifica el previsible aumento del gasto en pensiones, particularmente a través del incremento de la esperanza de vida.

Al contrario, no considera que las pensiones en España son bajas: la pensión contributiva media a fin de 2012 no llega a mil euros -955 euros-, solo algo más de la mitad (56%) del salario medio bruto -1.700 euros-. Además, en España, el porcentaje de gasto público respecto del PIB (10,1% en 2010), dedicado a pensiones públicas, es menor que en los principales países de la eurozona (15,3% de Italia, 14,6% de Francia, 12,5% de Portugal y 10,8% de Alemania, e inferior a la media de la UE-27 -11,3%-).

Tal como se detalla en otro libro (ver Antonio Antón –coord.- La reforma del sistema de pensiones, ed. Talasa), en España no hay un ‘exceso’ de gasto en pensiones, su importe no es ‘generoso’, su evolución tampoco es ‘insostenible’ y, por tanto, la actual reforma de las pensiones no tiene fundamento científico y es regresiva. Los planes de reforma impulsados desde la UE constituyen un paso relevante en la reestructuración regresiva del Estado de bienestar y el debilitamiento del modelo social europeo. Sus fundamentos son los intereses de los inversores privados, a costa de la calidad de vida de la población, las prestaciones sociales y las garantías públicas de las ‘personas’. Veámoslo detenidamente.

El ‘factor de sostenibilidad’ como justificación del recorte

Para mantener el equilibrio presupuestario de la Seguridad Social el Informe propone el llamado ‘factor de sostenibilidad’ con dos medidas principales: 1) la no revalorización anual de las pensiones actuales respecto del IPC sino sobre un nuevo índice menor que la inflación, disminuyendo su poder adquisitivo (FRA-Factor de Revalorización Anual); 2) rebajar la pensión media al asociarla a variables demográficas más restrictivas, como la esperanza de vida (FEI-Factor de Equidad Intergeneracional).

Como reconoce el Informe “la aplicación del Factor de Equidad Intergeneracional da lugar a una pensión inicial que irá disminuyendo respecto a su base reguladora” (p. 12). Analicemos brevemente esta variable demográfica. Según el INE-2012, con datos que también recoge el Informe, la esperanza de vida a los 65 años es la siguiente: en el año 2014 es de 20,17 años; en el 2020, 21,14; en el 2030, 22,52; en el 2040, 23,80, y en el 2050, 24,97. Ello supone un incremento porcentual, en cada periodo respectivo, de 4,3%, 6,5%, 5,7% y 4,9%; en total casi cinco años, más de un 20% adicional de la esperanza de vida media que tenemos a los 65 años. Así, según el índice utilizado por el Informe, el resultado de esta última medida es una reducción acumulada y progresiva de aproximadamente un 5% cada década. En concreto, para el año 2030 el recorte de las pensiones sería del 10% y en el año 2050 cerca del 20%, lo que supone en torno a 20.000 millones de euros –de hoy- (2 puntos del PIB).

Respecto del otro factor (revalorización anual) no se concreta, pero alude a tener en cuenta un periodo anterior y posterior al año de referencia (para evitar cambios coyunturales muy pronunciados). También se consideran las previsiones de ingresos y gastos del sistema. Todo ello lleva abandonar la referencia del IPC como garantía de mantenimiento del poder adquisitivo, aunque la tendencia actual ya era su distanciamiento progresivo respecto de la evolución del salario medio que incorporaba, salvo en estos años, una pequeña parte del aumento de productividad. Con el nuevo índice, el resultado posible es, al menos, una pérdida de un punto anual de poder adquisitivo; es decir, en un periodo medio de cobro de 20 años la pensión final terminaría perdiendo un 20% del poder adquisitivo de la pensión inicial, con una reducción media del 10% en el conjunto del periodo.

Sumando el impacto de las dos variables tenemos que la rebaja de la pensión para el año 2050 puede rondar el 30% respecto de los derechos actuales; es decir, en torno a unos 30.000 millones de euros –de hoy-, cerca del 3% del PIB. Pero, además, según los datos del anterior Gobierno socialista, el impacto de su reforma de las pensiones, aprobada en el año 2011 y aplicada desde primeros de este año 2013, cuando se desarrolle totalmente para el año 2050, supondrá una reducción de unos 3,5 puntos de PIB, es decir, se retraerán del sistema unos 35.000 millones de euros, respecto del gasto previsto con los derechos anteriores. Si le añadimos la repercusión presupuestaria de la reciente restricción de la jubilación parcial y anticipada (calculada oficialmente en unos 5.000 millones, el 0,5% del PIB), tenemos que el conjunto de estas reformas, cuando se apliquen totalmente, van a detraer al sistema público de pensiones unos 70.000 millones de euros.

Frente a la pérdida de derechos, incremento de los ingresos

No es de extrañar esta cifra, de recorte de gasto público del 7% del PIB. En algunas previsiones oficiales (por ejemplo, de la Comisión Europea) el gasto estimado en pensiones en España, para el año 2060, antes de la reforma del año 2011, se situaba en el 17,7% del PIB y ahora, deduciendo el impacto de la reforma en vigor, lo cifra en el 13,7%. Pues bien, el objetivo institucional de gasto público en pensiones parece que se sitúa entre el 9% y el 10% del PIB, similar al de de estos últimos años. Es decir, que este gasto, el mayor de todos los gastos sociales, se pretende contener y reducir los derechos de los trabajadores y jubilados para que encajen en ese nivel distributivo. Así, aunque haya más pensionistas, vivan más tiempo y la cuantía de las pensiones que se dan de alta en el sistema sean mayores que las que se dan de baja, el total de la tarta a repartir sería el mismo; o sea, mensualmente tocaríamos a menos.

Los objetivos económicos y políticos de la derecha son la contención del gasto público social en detrimento de la seguridad de los jubilados, la prioridad a los compromisos de pago de la deuda a los acreedores financieros (la confianza de los mercados) y el impulso de una nueva oportunidad de negocio para el sector financiero al estimular los fondos privados de pensiones. Pretende imponer la pérdida de derechos y calidad de vida de la mayoría social, para defender los privilegios distributivos privados. Sus resultados son el empobrecimiento de los pensionistas y la subordinación de la mayoría de la sociedad, el retraimiento del consumo de la población y la consolidación de la desigualdad distributiva y el poder empresarial. Todo ello favorece el estancamiento económico y del empleo y la prolongación de la crisis socioeconómica.

Pero la alternativa, particularmente para los sectores progresistas, debiera ser la clásica protección social suficiente a la vejez. Existen recursos para ello y la justificación social y económica es clara. Si aumenta la esperanza de vida (un logro civilizatorio) es normal que la sociedad aumente los recursos necesarios para evitar el deterioro de la calidad de vida de los ancianos. Si el nivel de riqueza y rentas del conjunto de la sociedad se incrementa, al igual que los beneficios de la productividad del trabajo y, por tanto, la suficiencia presupuestaria y de impuestos, sería lógico que se arbitrara un nuevo acuerdo intergeneracional, con un amplio debate social, que beneficie a toda la sociedad jóvenes, adultos y ancianos. Es un principio básico para garantizar la cohesión social. El obstáculo es que la mayor parte de la tarta, y cada vez más y de forma insaciable, la quiere para sí las capas ricas y el sistema financiero. El resultado es que se somete al deterioro económico y la subordinación e inseguridad a la mayoría de la sociedad cuestionando los pilares de la solidaridad social y su bienestar.

En definitiva, para  consolidar el sistema público de pensiones y para remontar también la crisis económica hay que incrementar el empleo decente (cotizantes), las rentas salariales (bases de cotización) y la suficiencia presupuestaria con una reforma fiscal progresiva para ampliar nuestro débil Estado de bienestar y mejorar nuestra democracia. Estamos ante una pugna distributiva y democrática: las opciones están entre si la prioridad son los mercados financieros o es el bienestar público y la seguridad social. Lejos de una discusión técnica estamos ante un debate ético y sociopolítico que va a definir la calidad social y democrática de nuestra sociedad.