Vicenç Navarro
Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University
Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University
No hay plena
conciencia ni conocimiento a nivel de la población de que los recortes de gasto
público, incluyendo de gasto público social, son (además de totalmente
innecesarios y contraproducentes para incrementar la eficiencia económica del
país y el bienestar de la población) resultado del enorme poder de lo que se
llamaba antes la clase capitalista (y que en EEUU se llama la Corporate Class,
es decir, la clase de los propietarios y gestores de las grandes corporaciones
financieras, industriales y/o de servicios que dominan la economía del país)
sobre sus instituciones políticas y mediáticas. Esta clase ha adquirido unos
beneficios extraordinarios como consecuencia de unas políticas fiscales que les
han permitido alcanzar unos niveles muy elevados de riqueza, a costa de
empobrecer al Estado, el cual, a fin de cubrir los déficits públicos (resultantes
de la merma de ingresos como consecuencia de los beneficios fiscales a los
miembros de tal Corporate Class) están recortando y recortando el gasto
público, incluyendo el social.
Soy consciente de que
esta observación será inmediatamente ignorada, marginada o definida por los
establishments financieros y económicos (como Fedea y otros centros de
investigación económica financiados por la Corporate Class) como “demagógica”,
el insulto menos hiperbólico de los muchos que utilizan. Pero veamos los datos,
que los que utilizan dicho término sistemáticamente ignoran. Uno de los países
donde la información fiscal es más detallada es EEUU.
El impuesto de
sociedades (el impuesto sobre los beneficios) era en EEUU, como promedio, en
los años 60 y 70 del pasado siglo, el 52% de los beneficios. De cada dólar que
las grandes empresas conseguían como beneficios, 52 céntimos iban al gobierno
federal. En realidad, los ingresos procedentes de este impuesto representaban
el 33% de todos los ingresos al Estado federal. Pero todo esto cambió con la
elección del Presidente Reagan, el gurú de los neoliberales (economistas como
Sala i Martín y los de Fedea). Este Presidente bajó dicho impuesto al 35%, con
lo cual los ingresos al Estado federal procedentes de este tipo de impuesto
bajaron a un 9% de todos los ingresos al Estado federal. Pero además de bajar
los impuestos a los beneficios, Reagan facilitó la desregulación de la
movilidad de capitales, es decir, facilitó que las grandes empresas desplazaran
sus actividades económicas a otros países, con lo cual las empresas dejaron
EEUU en busca de mano de obra barata y también en busca de paraísos fiscales o
países (como Irlanda) con impuestos de sociedades mucho más bajos, como el 12%.
El resultado de todo ello es que las grandes empresas, aunque nominalmente
pagan el 35% (uno de los porcentajes más altos de la OCDE, el club de países
más ricos del mundo) de sus beneficios en impuestos, en la práctica pagan mucho
menos, y algunos de ellos, mucho mucho menos. Entre ellas está Amazon (6%),
Apple (14%), General Electric (16%), Coca-Cola (16%), Sheraton Hotels (8%),
Carnival Cruise (0,6%), Google (17%), Boeing (7%) y un largo etcétera. El
Congreso de EEUU acaba de publicar un informe que ha documentado lo que la
población ya sabe, que es que las grandes empresas no pagan lo que deberían.
Cerca del 70% de la población de EEUU considera que las grandes empresas pagan
muy pocos impuestos (incluso aquellas que están casi cumpliendo lo que se les
exige por ley, como Exxon (37%), Whole Foods (35%), Best Buy (35%), Gap (35%) y
otras). La bajada de impuestos sobre los beneficios iniciada por el Sr. Reagan
significó una gran bonanza para esas compañías y sus accionistas.
Para compensar las
bajadas, el mismo Presidente Reagan subió los impuestos de todos los demás (es
decir, del 99% restante de la población) y lo hizo, no solo una, sino dos veces
(ver James Livingston, “If Companies Are People…”, The New York Times,
14.04.13). Subió los impuestos sobre la renta y muy en especial sobre la renta
derivada del trabajo –a costa de bajar los de la renta derivada del capital- y
también subió las cotizaciones a la Seguridad Social, incrementando en la
práctica la aportación de los trabajadores. El presidente Reagan fue una
bendición para la Corporate Class y una pesadilla para casi todos los demás.
Los impuestos sobre la renta del trabajo pasaron a representar, junto con las
cotizaciones sociales, el 80% de todos los ingresos al Estado.
Estas medidas
incrementaron la regresividad de la política fiscal de una manera muy
acentuada. El Estado pasó a depender en gran medida de las rentas del trabajo,
que contribuyeron de una manera muy marcada a las arcas del Estado a costa de
que las rentas del capital bajaran su contribución muy acentuadamente. Es más,
la carga sobre las rentas del trabajo incrementó también su regresividad, de
manera que las rentas más bajas pagaron porcentajes mayores en impuestos que
las rentas altas. La manera de financiar la Seguridad Social, incluyendo las
pensiones públicas, es a base de cotizaciones sociales sobre el salario del
cotizante hasta una cierta cantidad máxima (113.000 dólares), por encima de la
cual no se paga. Esto explica que, mientras el 20% de trabajadores con salarios
más bajos paga a la Seguridad Social un 7,3% de su nómina, el 1% superior en
salarios paga solo un 0,9%. Todos estos cambios han contribuido al enorme
crecimiento de las desigualdades que ha ocurrido desde el inicio de la era
neoliberal con el Presidente Reagan.
Argumentos que se dan
a favor de las desigualdades
Estas políticas no
podían promoverse con el argumento de que estaban beneficiando a los súper
ricos. Aunque los datos son claros y contundentes, la narrativa liberal no
puede ser tan clara y cruda. De ahí que deba vestirse de seda. Es decir, se
tiene que presentar que estas políticas, aunque beneficien a los ricos (y la
evidencia es tan contundente que no pueden negarlo), benefician también a todos
los demás. ¿Cómo? Las respuestas son varias. Veámoslas una a una y la evidencia
de que la avalen o no la avalen.
1. Las desigualdades
son buenas porque el hecho de que los ricos tengan más dinero quiere decir que
ahorrarán más. Con ello habrá más capital para invertir y crear empleo (lo de “crear empleo”
siempre aparece en letras mayúsculas). La evidencia existente, sin embargo, no
avala este supuesto. En realidad, las tasas de inversión y crecimiento
económico en EEUU fue mayor en la época 1960-1980 que en la de 1980-2000. De
hecho, uno de los periodos con menor ahorro, menor inversión y menor
crecimiento económico fue durante el periodo 2001-2003, cuando el Presidente
Bush redujo de una manera muy acentuada los impuestos del capital y de las
rentas superiores. Mientras, el incremento de las rentas del capital se tradujo
primordialmente en actividades especulativas que configuraron las sucesivas
burbujas, siendo la más importante la inmobiliaria. Por otra parte, estos
recortes de impuestos significaron un enorme agujero en los ingresos al Estado,
determinando el incremento del déficit estructural del Estado federal. Cuando
apareció la crisis, al final de su mandato, tal déficit se intentó reducir a
base de recortar el gasto público, incluyendo el social.
2. La eficiencia
económica requiere un aumento de las desigualdades a fin de estimular e
incentivar el aumento de la productividad. Esta postura que alcanzó niveles de
dogma en la sabiduría convencional, ha perdido su credibilidad. Incluso el
Fondo Monetario Internacional ha terminado aceptando que el elevado nivel de
desigualdades interfiere en la eficiencia económica, obstaculizando el estímulo
económico basado en la demanda doméstica, impulsada por una mayor capacidad
adquisitiva de la mayoría de la ciudadanía, resultado de medidas
redistributivas que transfieran fondos de las clases pudientes con escaso consumo
y elevada especulación hacia las clases populares, cuyas elevadas necesidades
determinan un inmediato consumo en las áreas de la economía productiva. En
realidad, la evidencia muestra que la mejor manera de estimular la economía no
es bajando los impuestos (que por regla general beneficia a las rentas
superiores), sino subiendo los impuestos de estos sectores pudientes y, con los
fondos obtenidos, crear empleo entre los grupos sociales con menor empleo.
3. No hay que
subir los impuestos a los “súper ricos”, pues ellos ya gastan gran cantidad de
recursos en pagar impuestos. Este argumento lo hacen economistas liberales
que, por regla general, muestran en gráficos como el 1% de renta superior (los
súper ricos) ya paga el 20% de todos los impuestos. Hacerles pagar más es un
“expolio” –así lo dicen en sus programas televisivos- donde “dan lecciones de
economía”. Lo que estos autores no dicen es que este 1% posee el 40% de toda la
riqueza del país y más del 20% de toda la renta. Que paguen solo el 20% de
todos los impuestos muestra claramente la regresividad de las políticas
fiscales, pues si estas fueran progresivas, los súper ricos pagarían mucho más
que el 20% de los impuestos.
La situación en España
Una de las áreas donde
hay más opacidad en España es en quién paga impuestos y cuánto paga. Uno de los
indicadores de la baja calidad de la democracia en España es precisamente la
falta de información fiscal. Ahora bien, existen más que indicios de que lo que
he estado describiendo sobre EEUU es incluso más acentuado en España. Así, el
impuesto sobre los beneficios de las grandes empresas es de los más bajos de la
OCDE y mucho más bajo que en EEUU. Es un 30% en lugar de un 35% (. Pero, como
también ocurre en EEUU, la tasa real, a diferencia de la nominal, es incluso
tan baja como la de EEUU (un 10%).
Otra semejanza es que
los gobiernos españoles, incluyendo el del Sr. Zapatero, han bajado los
impuestos creando un déficit estructural que se ha intentado corregir a base de
recortes. Por ejemplo, la bajada de impuestos del 2006 contribuyó al
déficit de casi 27.000 millones de euros de 2008, que más tarde se
intentó reducir a base de recortes. Se congelaron las pensiones para conseguir
1.500 millones de euros, cuando podrían haberse conseguido más recursos (2.500 millones)
recuperando el impuesto de patrimonio o el impuesto de sucesiones (más de 2.500
millones). Algo semejante ocurrió con el gobierno Rajoy, que ha recortado 6.000
millones de euros en sanidad, cuando podría haber conseguido más dinero
anulando la bajada del impuesto a las grandes empresas que facturan más de 150
millones de euros al año, consiguiendo 5.200 millones de euros.
En cada uno de estos recortes se ve que lo que determina que se hagan es el
poder de la clase social que estará afectada con tales recortes. Así de claro.
Y de ello no se habla en los medios de mayor difusión. Y a esto le llaman
“democracia y libertad de expresión”.
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